La Audiencia de Valladolid sienta este lunes en el banquillo al empresario de origen marroquí Albdelkarim I, quien fue detenido en 2022 por la Policía Nacional acusado de explotar a trabajadores extranjeros en el ámbito agrícola y a los que mantenía hacinados en viviendas insalubres y sin luz. En concreto, en el marco de la operación ‘Saigo’, los agentes detuvieron al encausado, de 40 años y con un antecedente policial, como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores por el que la Fiscalía de Valladolid solicita, con carácter provisional, una condena de cuatro años de cárcel, multa de 4.500 euros y el pago a una de sus víctimas de una indemnización de 5.000 euros por daños morales, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas. La investigación se inició la investigación durante los meses de febrero y marzo de 2022 y las pesquisas se centraron en un empresario que reside en la ciudad de Valladolid desde hace más de diez años y que constituyó una empresa individual en el año 2013 para dedicarse a la prestación de servicios en el ámbito agrícola. Concretamente, proporcionaba mano de obra para la realización de labores agrícolas intermediando muchas veces entre los jornaleros y los propietarios de las fincas. Para ello, localizaba y contactaba con posibles trabajadores en diferentes puntos de España y los integraba en cuadrillas formadas por ciudadanos extranjeros en situación irregular, asegurándose así la sumisión a las condiciones laborales impuestas, al tratarse de personas en situación de necesidad o vulnerabilidad por no poder acceder a un empleo legal remunerado. MÁS DE DIEZ HORAS Las víctimas realizaban jornadas «maratonianas» de más de diez horas diarias, llegando incluso a trabajar de noche si la prestación del servicio agrícola lo requería. Sus víctimas no tenían derecho a descansos ni vacaciones. El acusado tenía dos viviendas arrendadas sin condiciones de habitabilidad e higiene, una en la calle Hospital Militar de Valladolid y la otra en la calle Eras de Íscar, en las que daba cobijo a sus trabajadores. En la primera convivían 14 personas y en la segunda hasta cuarenta en condiciones insalubres, sin luz eléctrica e incluso dormían en colchones sobre el suelo. La Tesorería General de la Seguridad Social de Valladolid y las Inspecciones Provinciales de Trabajo de Valladolid y Ávila habían realizado numerosas actuaciones con la empresa unipersonal del detenido, por lo que en el año 2021 el encartado constituyó una nueva Sociedad Limitada figurando como socio y administrador único pero dedicándose a la misma actividad bajo otra denominación con la finalidad de tratar de eludir la actuación inspectora. El detenido aumentaba exponencialmente su beneficio económico por no cubrir el pago de sus trabajadores, a los que solo entregaba mínimas cantidades de dinero para poder subsistir. En algunos casos llegó a adeudar a los trabajadores importes que ascendían a más de 4.000 euros y las gestiones de investigación concluyeron que la nueva empresa del detenido había facturado más de 300.000 euros. El detenido, tras prestar declaración en dependencias policiales, fue puesto en libertad con cargos tras una operación realizada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Valladolid.