La Diputación Permanente del Congreso se reunirá este miércoles para debatir y votar si deben comparecer de urgencia este mes el presidente Pedro Sánchez y tres ministros –Justicia, Interior y Economía– para aclarar los últimos pactos alcanzados con Junts, y si ha de citarse también a los titulares de Exteriores y Defensa para esclarecer los planes del Gobierno sobre la participación española en la operación militar desplegada en el Mar Rojo. Será la primera reunión de la Diputación Permanente del Congreso para votar propuestas de comparecencia este legislatura, en este caso, todas registradas por el PP. Este órgano, que preside la propia Francina Armengol, sustituye al Pleno cuando las Cortes están disueltas o en los periodos inhábiles, como es el mes de enero o los de julio y agosto. En concreto, el primer partido de la oposición defenderá que se convoque un Pleno extraordinario para que Sánchez aclare los pactos que alcanzó con Junts a cambio de la abstención del partido del expresidente Carles Puigdemont en la convalidación de tres decretos ley y la aprobación de la senda de estabilidad presupuestaria hace dos semanas. Los ‘populares’ solicitaron la presencia de Sánchez un día después de que Junts salvara la convalidación de dos decretos –un tercero decayó por el voto en contra de Podemos– y de los objetivos de déficit. Aquel día los independentistas catalanes anunciaron de manera genérica el pacto ‘in extremis’ que habían cerrado con el Gobierno y, por eso, el PP se apresuró a reclamar que el presidente acudiera al Congreso a aclarar el alcance de los mismos. SUPRESIÓN DE UN ARTÍCULO DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL Entre otras cosas, Junts aseguró haber acordado con el PSOE la supresión del artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, a su juicio, ponía en peligro la amnistía. Para esclarecer el alcance de ese acuerdo, el PP también intentará que la Diputación Permanente acuerde la comparecencia del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Los de Míriam Nogueras también dijeron haber arrancado al Gobierno la promesa de reformar la ley de sociedades de capital para revertir el real decreto aprobado por el PP en 2017 y facilitar la vuelta a Cataluña de las empresas que se fueron por el ‘procés’. Con el objetivo de saber en qué va a consistir esa reforma, los ‘populares’ el PP demanda la presencia del nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ante la comisión del ramo. Asimismo, Junts explicó que el acuerdo afectaba a otras materias e incluía la publicación inmediata de las balanzas fiscales, el reconocimiento de los ‘derechos históricos’ de Cataluña en materia de régimen local, que el aceite pase a ser alimento esencial con un IVA del 0%, quintuplicar el dinero previsto para la digitalización de la administración de Justicia en Cataluña –que pasaría de 1,2 millones de euros a 6,2 millones– y que el Estado asuma la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público. DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN INMIGRACIÓN Con todo, el aspecto más polémico fue el relativo a la transferencia de las competencias en inmigración. Junts anunció un acuerdo para la «delegación integral» de las mismas mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución, a través de una ley orgánica específica por Cataluña. Después el propio jefe del Ejecutivo dejó claro que el control de fronteras y la lucha contra la inmigración irregular son competencias exclusiva del Estado que no se pueden transferir, pero sí abrió la puerta a delegar a Cataluña las relativas a la ordenación e integración de las personas migrantes. Para obtener más detalles sobre esta delegación de competencias, el PP reclama que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, comparezca en una sesión extraordinaria de la comisión del ramo, donde también quiere que dé cuenta de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que considera ilegal la repatriación de menores realizadas desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021. NEGOCIACIÓN CON BILDU POR LOS PRESOS DE ETA Además, los ‘populares’ han solicitado un Pleno extraordinario para que Marlaska rinda cuentas por las «negociaciones» de su ministerio con Bildu sobre «la situación de los presos de la banda terrorista ETA» en cárceles españolas. El PP también propone que antes de febrero comparezcan en la Comisión de Exteriores, el titular del ramo, José Manuel Albares, y la de Defensa, Margarita Robles, para que informen de la posición de España ante la misión desplegada por Estados Unidos y Reino Unido en el Mar Rojo, respondan a las «contradicciones» mostradas por el Ejecutivo sobre la misma y dejen claro si va a suponer un desplazamiento de militares españoles al exterior para lo que habría que solicitar permiso al Gobierno. EL VOTO DE PODEMOS, CLAVE Esta legislatura la Diputación Permanente, está integrada por 69 miembros, incluida la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol. El reparto de asientos se lleva a cabo entre los nueve grupos en función del peso de cada uno en el Pleno. Así, hay 27 diputados del PP, 25 del PSOE, seis de Vox, otros seis de Sumar, y uno de cada grupo restante (ERC, Junts, Bildu, PNV y Mixto). La representación del Mixto la ejerce Podemos, como fuerza mayoritaria de este conglomerado y, en concreto, su secretaria general, Ione Belarra, cuyo voto será clave a la hora de aprobar comparecencias extraordinarias de miembros del Gobierno.