La consecuencia más dramática de la crisis -el creciente nivel de pobreza e indigencia- no estuvo en el centro de la campaña pasada, no asomó como eje en los discursos iniciales de la gestión de Javier Milei y no provocó respuestas concretas de la CGT, al menos durante el gobierno peronista/kirchnerista. El paro dispuesto para este miércoles tampoco coloca el foco real en ese terreno, sino en la disputa política que escribe su primer capítulo en el Congreso. Es, de mínima, llamativo: se trata de un pésimo espejo para los jefes sindicales y de la principal prueba económica y social para el Gobierno.

La protesta organizada por la conducción cegetista expresó, de entrada, la reacción frente al rubro laboral del súper DNU y luego se extendió al megaproyecto de reformas. El decreto incluye varios tramos considerados, con razón, por encima de los límites constitucionales y, como era previsible, ya acumulan medidas judiciales. Sin embargo, la movida sindical tuvo un giro, imaginable y superador.

A un mes y medio de la asunción de Milei, el impacto no se agota en la condición temprana de la protesta de la CGT. Es, sobre todo, la primera demostración de la dureza que impulsa el kirchnerismo, con el objetivo de ocupar el liderazgo opositor y contener las internas del peronismo.

Por esa misma razón, es eludida cualquier reflexión sobre responsabilidades cercanas: la crisis es presentada como una realidad virtualmente ajena. En esa línea, no se esperaría ni siquiera el paso del tiempo. Lo expone sobre todo la desconsideración sobre algunas cifras concluyentes de la economía. Y los números, como se verá, exponen procesos, no un fenómeno atribuible exclusivamente a los primeros pasos o los planes de la presidencia de Milei.

El ejemplo más notorio es la inflación. Diciembre marcó un pico del 25,5%, combinación del proceso previo, los desajustes de campaña, el cambio de gobierno y la nueva devaluación, entre otras razones no sólo técnicas. La escalada registrada por el INDEC apenas era contendida, algún mes, por las presiones acordadas en campaña por Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner y, relegado pero necesario para la ejecución, Alberto Fernández.

El segundo semestre del año pasado mostró la trepada del IPC, con el consiguiente impacto en los ingresos. Marcó 6,3% en julio y anotó 12,8% en noviembre. Es decir, duplicó la cifra a pesar de las medidas repetidas para tratar de contener o pisar precios. Sumado el dato de diciembre, el año pasado cerró con un 211,4%.

Una tendencia similar describieron los registros de las canastas Básica Alimentaria, que marca la línea de indigencia, y Básica Total, tomada para medir pobreza. Con un agravante: en los dos casos, registraron marcas por encima del IPC durante el segundo semestre del 2023. El mes pasado, la CBA llegó al 30,1% y la CBT, al 27%.

Está lejos de haber sido un fenómeno sorpresivo o atribuible a un factor inesperado, como la pandemia. De hecho, esa ilusión fue alimentada por la línea estadística de la pobreza hasta mediados del 2022. Había alcanzado un punto muy alto como derivación de la enorme cuarentena, con una marca del 40,6% en la primera mitad del 2021. A partir de allí, bajó hasta los 36,5 puntos porcentuales, pero en el final del 2022 y en los primeros seis meses del 2023 volvió a escalar: 39,2 y 40,1.

Es cierto, como recomiendan los especialistas en la materia, que las comparaciones deben ser realizadas entre iguales períodos. Eso mismo, va a marcar el agravamiento del deterioro social. Las estimaciones para fines del año pasado son más graves de lo que podría suponerse.

Los cálculos fueron empeorando en noviembre y diciembre, según se desprende de evaluaciones realizadas por áreas especializadas de la UCA y de la Universidad Torcuato Di Tella. Se terminaron de deshacer algunos intentos de recomposición -en los comienzos de la campaña y durante el proceso eleccionario- y todo indica que el 2023 habría terminado con 43% de pobreza o tal vez algo más.

Este proceso pareció ignorado por la CGT, si se mide por acciones concretas y, en primer lugar, por la ausencia de paros nacionales. Y eso mismo contribuye a descalificar la protesta de este miércoles, antes que el sólo hecho de la primera medida de fuerza apenas transcurrido un mes y medio con Milei presidente.

Semejante contraste no niega el debate abierto por el megaproyecto de reformas impulsado por el Gobierno y el DNU. El problema, para la condena que expresaría el paro, es otra vez la negación en anteriores gestiones.

El decreto y la ley ómnibus no constituyen un dato original, nunca visto en la historia reciente, sino que transitan y profundizan el camino marcado por las gestiones del kirchnerismo. Hay medidas inconstitucionales, que podrían ser frenadas en la Justicia, pero alarma más la tendencia a la concentración de poder.

En estas horas, desde el círculo más estrecho del oficialismo y desde el kirchnerismo, además de algunos jefes sindicales, se alienta una confrontación reducida a intentos de demostración de fuerza. Frases fuertes, como las que giran en torno de quién podría “caminar por la calle” sin problemas. Y desafíos, desde el alcance de la movilización del aparato sindical y de los socios de la protesta, hasta las advertencias sobre el protocolo “antipiquetes”.

Mauricio Macri tuvo un acierto, que lo condenó, al sostener que la gestión presidencial debería ser evaluada finalmente por los índices de pobreza. Terminó su mandato con el 35,5%, por encima del final de CFK, estimado más o menos en el 30%, porque ya se había pasado del manejo de las mediciones a la supresión de la estadística oficial por parte del INDEC.

El mandato de Alberto Fernández terminó con cifras peores. Reprobó por mucho: como se ha dicho, su tramo último habría registrado no menos de 43 puntos. Es el espejo que los jefes cegetistas prefieren ignorar. Y en la lógica de la prueba de Macri, resulta el desafío principal también para Milei, en un cuadro social agravado por la profundidad de la crisis.