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El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó 135 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales para 18 departamentos judiciales. El gobernador Axel Kicillof acordó con la UCR y Pro para conformar la lista y las iniciativas tuvieron apoyo mayoritario, también de una parte de los senadores que ingresaron por La Libertad Avanza y luego se alejaron.

La sesión, prevista para las 15, comenzó pasadas las 16.30, luego de un primer llamado en el que no se reunió el quorum. Finalmente, con 45 senadores (sobre 46), el debate se inició. Tras una larga lectura de los 135 cargos en juego, la votación insumió unos pocos segundos y, a las 18.52, todos los pliegos fueron aprobados. Ahora resta la designación oficial por parte de Kicillof.

Para llegar a la aprobación, los pliegos tuvieron un camino sinuoso. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, el senador camporista Emmanuel González Santalla, le pidió por carta a la vicegobernadora Verónica Magario (titular del Senado) que girara las candidaturas a la comisión, trámite que se había demorado. Es que, luego de un trabajoso proceso de audiencias de los más de 120 candidatos por la Comisión de Acuerdos, el dictamen quedó inexplicablemente frenado en la presidencia de la Cámara alta provincial.

Finalmente, y luego de una reunión entre Magario y el ministro de Justicia de Kicillof, Juan Martín Mena, los pliegos llegaron a la comisión. Eso sí, fue con el agregado de nueve candidatos: ocho del Departamento Judicial La Matanza, donde Magario y Fernando Espinoza concentran su poder.

Las tratativas del peronismo con la oposición se mantuvieron bajo llave, aunque trascendió que Juntos por el Cambio tuvo incidencia en los pliegos de Mar del Plata, por ejemplo.

Los candidatos que concentraban mayor oposición eran el fiscal general interino de Lomas de Zamora, Carlos Baccini (postulado para hacerse de ese puesto de modo definitivo), y el juez de garantías Nº8 de ese mismo departamento judicial, Gabriel Vitale, candidato a juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús. El bloque denominado “La Libertad Avanza 1″, integrado por Carlos Curestis, Joaquín de la Torre y Florencia Arietto, los cuestionó. La senadora (que pasó de Juntos por el Cambio a La Libertad Avanza en abril, junto a De la Torre) presentó pedidos de juicio político contra ambos.

A la hora de la votación, Arietto fue una de las pocas que se opuso a aprobar los pliegos –Betina Riva, del bloque Buenos Aires Libre, fue la otra–. Curestis levantó la mano. De la Torre estuvo ausente.

Cuando terminaba la sesión, y pese a que la votación ya había sido consumada, Arietto pidió la palabra para volver a cuestionar a Baccini, así como a la “falta de fiscales en La Matanza” que atiendan las usurpaciones. “Elevemos la vara”, les reclamó a sus pares.

“Es absolutamente falso lo que dijo de los fiscales de La Matanza”, le respondió Gustavo Soos, senador peronista, que definió a Baccini como un “excelente docente” de las universidades de Lomas de Zamora y del Oeste. Luego, hizo una larga defensa del proceso de selección de magistrados.

“Quiero agradecerle al senador Soos porque vino a echarle claridad a la ensalada de frutas que tiene en la cabeza la senadora Arieto”, intervino el senador y exministro Sergio Berni. “Todos nos acordamos cuando era rubia, panelista de 6,7,8 y zafaronista. […] Después se fue del kirchnerismo, del massismo, de Larreta, de Bullrich. Creo que incluso en estos meses pasó por tres bancas”, agregó. “Hay que ser honesta, Arietto”, completó.

Marcelo Daletto (UCR-Cambio Federal), también adhirió a las palabras de Soos, insistió en que la mera presentación de una denuncia no es equiparable con el estudio que se realiza de los antecedentes de los candidatos a jueces y fiscales, y enfatizó en el valor de haber aprobado los 135 pliegos, en tanto significan un avance importante para el funcionamiento de los tribunales.

Arietto acusa a Baccini por su actuación en una causa contra el fiscal Adrián García Lois, por “abuso sexual con acceso carnal y otros”, que fue archivada. Considera que favoreció a García Lois al ordenar un cambio de fiscalía en la investigación. A Vitale le critica su desempeño en la causa del Club Independiente en la que se investigaba a Hugo y Pablo Moyano por presunta asociación ilícita.

Sobre Baccini (y sobre el fiscal Sebastián Bisquert) pesan cuestionamientos por sus actuaciones en una causa vinculada al exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde. La cuestión saltó a la luz cuando el fiscal federal Sergio Mola, que investiga a Insaurralde por presunto lavado y enriquecimiento ilícito, le pidió al fiscal Jorge Grieco una causa que había sido archivada, en la que se investigaba al contador municipal de Lomas de Zamora Hernán Rosin, tras el hallazgo, en 2017, en la municipalidad, de cajas con presupuestos en blanco, facturas y sellos de empresas, algunas de ellas proveedoras de la comuna, en un presunto “kit para inventar licitaciones”. Ese envío a Mola se demoró y el procurador general provincial, Julio Conte Grand, le giró la solicitud a Baccini y ordenó investigar si Grieco incurrió en una inconducta.

Según informó LA NACION en marzo, Bisquert ordenó el archivo del expediente contra Rosin y Grieco dispuso devolver parte de la prueba a los acusados y destruir el resto. Entre quienes rechazan la presunta cobertura judicial a Insaurralde y sus funcionarios, se argumenta que se trata de una causa vieja, que se archivó, que el denunciante no apeló el archivo y que no hubo destrucción de prueba.

En el listado de candidatos que hoy se convirtieron en magistrados aparecen algunos apellidos con recorrido político, como el postulante a juez de tribunal criminal en Mercedes Martín Eduardo Révora, que es primo del senador Eduardo “Wado” de Pedro y hermano del subsecretario de Asuntos Municipales bonaerenses, Santiago “Lalo” Révora.

En el mismo departamento judicial, Gisela Selva, la hija del exintendente Carlos Selva y actual jueza correccional, está postulada a jueza de cámara en lo penal. Germán Sánchez Jáuregui, hermano de la exdiputada bonaerense y dirigente del gremio rural Uatre, Natalia Sánchez Jáuregui, figura como candidato a juez de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. “Es secretario de juzgado civil y está hace años”, dijo la diputada a LA NACION.

Según la Suprema Corte bonaerense existen 351 vacantes de jueces en un total de 1406 cargos, lo que representa un 25% de puestos sin ocupar. Entre ellos, cuatro corresponden a jueces de la Corte provincial (tiene solo tres integrantes y cuatro sillas vacantes). De los 135 pliegos aprobados, unos 67 serían de jueces que podrían jurar y efectivamente asumir este año para bajar la cantidad de vacantes, que quedaría en 21%, informaron desde el máximo tribunal provincial. Los casos de jueces de primera instancia que se postulan para ser camaristas no producen un descenso en el porcentaje, aclararon.

En tanto, en el Ministerio Público Fiscal las vacantes suman 247, es decir, un 19,9% del total de 1239 cargos. Según cifras oficiales a las que accedió LA NACION, están vacantes el 22% de los cargos en fiscalías (154 puestos sin ocupar); el 19% de los lugares en asesorías (12 vacancias), y el 18% de los cargos en defensas (52 nombramientos por cubrir en defensa penal; 20 en defensa civil, y nueve en defensa del fuero de responsabilidad penal juvenil).

LA NACION