El intento del Gobierno por morigerar el impacto de las fuertes subas que tuvieron las prepagas en los últimos meses tiene cierta complejidad, ya que existen tres caminos abiertos cuyo objetivo es arribar al mismo lugar. El primero de ellos ya lleva un trecho importante recorrido, pero los otros dos recién se están empezando a transitar.

El más avanzado es el que tuvo ya una resolución de la Secretaría de Comercio, que ordenó a OSDE, Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical y Omint retrotraer sus precios a los valores de diciembre y sobre eso sumarles el Indice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado desde entonces.

Hasta ahora, la única empresa que ha informado de cuánto será la reducción de la cuota es OSDE, porcentaje que alcanza el 22 por ciento. El resto todavía no lo comunicó: “Estamos adecuando todo para que antes de fin de mes la cuota de mayo esté recalculada cumpliendo en todo lo dispuesto por el Gobierno”, dijo a Clarín el vocero de una de las seis empresas restantes.

La pregunta es qué va a pasar con las otras prepagas no alcanzadas hasta ahora por la resolución. Fuentes de la Secretaría de Industria y Comercio y de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) confirmaron a Clarín que al menos por el momento gozan de libertad para seguir cobrando las cuotas tal como lo venían haciendo. Esto es, sin descuentos. Pero hay algunas salvedades.

La primera aclaración es la que hicieron desde Comercio: “Las siete prepagas que deben retrotraer inmediatamente los precios de las cuotas representan el 75 por ciento de los afiliados de las prepagas”. La segunda respuesta vino desde la SSS: “El DNU 70 esta vigente, con lo que las empresas tienen la libertad para fijar los precios que consideren. Ahora, si la Superintendencia vuelve a ver conductas similares a las que vio en el último tiempo, accionará con lo que considere”.

¿Cuándo verá reducido el restante 25 por ciento de los afiliados -correspondiente al resto de las prepagas- el precio de las cuotas en función de la inflación del periodo? Ahí es donde aparecen el segundo y el tercer camino que recién se ha empezado a recorrer, cuyos tiempos dependen de la burocracia administrativa y judicial.

El segundo camino es el que han retomado legisladores de la Coalición Cívica (CC) hace una semana. Se trata del mismo espacio político que había denunciado a las primeras siete prepagas por “cartelización”. Ahora pidieron incluir a 13 prepagas más bajo las mismas condiciones, para que se les ordene ajustar sus cuotas lo antes posible.

Esa resolución administrativa ahora vuelve a depender de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que, según informaron a este medio desde la Secretaría de Comercio, se encuentra evaluando el reclamo. ¿Cuánto puede demorar? No pudieron asegurarlo, pero hay un indicio: la primera presentación de la CC había sido el 16 de enero y la resolución contra las primeras siete prepagas ocurrió tres meses después, el 17 de abril.

Eso no quiere decir que el mismo lapso vaya a repetirse ahora. Hay que tener en cuenta que el viento político hoy no es el mismo que en el verano, no sólo por la temperatura, sino también por el giro que decidió dar el Gobierno sobre la política de precios para la medicina privada. Sin embargo, el trámite exige sus tiempos porque todas las prepagas demandadas deben ser notificadas y tienen derecho a hacer sus descargos, algo que han hecho durante marzo cinco de las primeras siete apuntadas.

De manera que la decisión de incorporar en el mismo proceso a las nuevas 13 prepagas (allí aparecen algunas grandes como Medicus, Hospital Italiano, Obra Social Luis Pasteur, Hominis, Sancor Salud y el Cemic) dependerá de la premura con la que la CNDC maneje la nueva presentación de la Coalición Cívica.

Hernán Reyes, uno de los diputados que integra el grupo de la CC que motorizó la denuncia, le dijo a Clarín: “En enero preferimos ir sólo por siete prepagas porque eran aquellas sobre las que ya teníamos pruebas para plantear una denuncia de cartelización, y la idea era no demorarlo más”.

La novedad y nueva mala noticia para las prepagas, la Unión Argentina de Salud (UAS) y Claudio Belocopitt en carácter de (ahora ex) titular, es que la CNDC acaba de aceptar -con fecha del último jueves- el expediente por presunta “cartelización”, una conducta que de ser confirmada puede acarrear duras penas económicas. “La resolución del 17 de abril había sido una cautelar para que retrotrajeran los precios mientras este expediente se resolvía y ahora se aceptó”, explicó Reyes.

Dicha aceptación se basa fundamentalmente en dos puntos centrales, descriptos a lo largo de 14 páginas: por un lado, la CNDC afirma que todas las prepagas denunciadas enviaron la notificación de aumento de las cuotas a los afiliados al mismo tiempo, el 19 de diciembre, un día después de una reunión de la UAS, que las agrupa; por otro, releva que los aumentos de las cuotas comunicados fueron muy similares, entre el 38 y el 40,5 por ciento en todos los casos.

“Corresponde ordenar la apertura del sumario, a fin de realizar las diligencias necesarias tendientes a investigar la existencia de actos o conductas anticompetitivas y establecer la posible responsabilidad atribuida a las denunciadas y al denunciado en autos”, dice la disposición de la Comisión conocida en las últimas horas.

Esta decisión era necesaria para que los acusados -como se prevé que lo harán- puedan apelar. Fuentes del sector dijeron a Clarín: «Era el paso para darle el marco judicial. Si no lo habilitaban tenían que dar de baja la cautelar (que ordenó bajar las cuotas). Ahora están todas las prepagas preparando las apelaciones que se van a dar la semana próxima».

Finalmente, está en curso el tercer camino por recorrer, que es el amparo que inició la SSS en el Juzgado Civil y Comercial Federal N°9, por el que reclama dos cosas: por un lado, que las empresas devuelvan el dinero que cobraron por encima de la inflación en los últimos meses. Por otro, que fije un criterio para encauzar los futuros aumentos de las cuotas de las prepagas.

Pero ahí los tiempos parecen más inciertos. Tanto que si bien la demanda judicial fue iniciada a mediados de abril, recién este miércoles la jueza Mercedes Maquieira corrió traslado al fiscal federal para que se expida respecto de su competencia para actuar en la causa. Algunas empresas ya han hecho sus descargos espontáneos y de la decisión de la magistrada dependerá si la causa toma impulso o no termina de arrancar.