Este año 2024 al que le quedan pocos días por delante fue en el campo de la salud el más convulsionado luego de la pandemia, a partir de diferentes reformas introducidas por el nuevo Gobierno con la desregulación como norte. Sin embargo, esos cambios en el sistema (prepagas, obras sociales, farmacias, venta libre, PAMI, etc.) por ahora siguen dejando abierto el gran interrogante del financiamiento: la tecnología avanza, más enfermedades tienen tratamiento y la incógnita es cómo y quién las va a pagar.

Este jueves se produjo finalmente la imputación por cartelización del Gobierno contra una serie de prepagas, acusadas de haberse puesto de acuerdo para aumentar las cuotas de manera desmesurada por encima de la inflación. Las prepagas, por su parte, argumentan que en el último tiempo han tenido que cubrir cada vez más tratamientos y nuevas drogas, muchas de ellas de alto costo, lo que les ha generado un problema de financiamiento de difícil resolución.

Los expertos en salud pública suelen marcar dos elementos clave que permitirían salir de este laberinto por arriba: el primero es el mejoramiento de la oferta y la calidad del subsistema público, lo que haría que menos gente recurriera a las prepagas como única opción de garantizarse un servicio de salud que satisfaga su exigencia. El segundo es definir los límites que indiquen cuáles de las innovaciones -en función del costo-beneficio- deberían ser cubiertas por el sistema de salud y cuáles, recaer en el bolsillo de los pacientes.

Mientras la última opción, eventualmente encarnada por una agencia de evaluación tecnologías sanitarias se encuentra cajoneada, la industria farmacéutica va tratando de acomodar los melones a medida que el carro avanza. La crisis que determinados medicamentos de costo millonario viene provocando en las arcas de las prepagas, las obras sociales y el Estado, ha potenciado el desarrollo de medicamentos nacionales que copian algunas de las innovaciones extranjeras a un costo mucho menor.

Son medicamentos que en ocasiones tienen como objetivo enfermedades de nicho, las denominadas poco frecuentes, y que justamente en ese público reducido se explica en parte el hecho de que los precios de esas medicaciones sean tan elevados: son investigaciones que llevan años y no hay chance de basar el modelo de negocio en el volumen.

Un ejemplo de esto es lo que está ocurriendo con la atrofia muscular espinal o también con una condición genética extraña, de bajo impacto poblacional y fuerte costo financiero, llamada Enfermedad de Fabry, que ataca varios órganos. En febrero de este año salió el primer medicamento nacional, del laboratorio Gador, para combatir ese trastorno y la novedad es que el desarrollo local de otro biosimilar ha ingresado en la recta final.

Se estima que hay 1.500 personas en Argentina con enfermedad de Fabry, de las cuáles 900 están diagnosticadas y sólo 600, en tratamiento. ¿Qué es la Enfermedad de Fabry? “El resultado de la ausencia genética de una enzima que interviene en el proceso de digestión de un grupo puntual de grasas. La ausencia de esta enzima, conocida como alfa-galactosidasa A, lleva al acúmulo de lo que llamamos glicolípidos, dentro de un compartimento de las células que se llaman lisosomas. Este acúmulo genera daño en distintos órganos y altera su funcionamiento con la consecuente progresión a insuficiencia renal y cardíaca entre otras complicaciones”, explica Juan Manuel Politei, neurólogo y miembro de la Fundación SPINE.

Uno de los medicamentos de alto costo para tratar este problema, del laboratorio francés Sanofi, es el biológico Fabrazyme, cuya patente en el país ya caducó. Ahora, el laboratorio nacional Biosidus anunció resultados prometedores del ensayo de Fase III SMILE, “totalmente comparable con el producto innovador”, señalaron.

Detallaron que “tras 26 semanas de tratamiento, alcanzó su criterio de valoración principal, destacando el potencial de su agalsidasa beta como un tratamiento biosimilar, seguro y eficaz para el tratamiento de la enfermedad de Fabry. Se espera contar con todos los datos, incluyendo los objetivos secundarios finales, para el primer cuatrimestre de 2025. Se estima la posibilidad de comercialización en el país para el segundo semestre del próximo año”.

Como se dijo, los tratamientos para la enfermedad de Fabry son considerados de alto costo, poniendo en riesgo la sostenibilidad de los sistemas de salud y el acceso con equidad, sobre todo en países emergentes. Politei agregó al respecto: “Los biosimilares son una necesidad hoy en todo el mundo para todo tipo de enfermedad, porque están asociados a una disminución del costo y a un mayor acceso para todos los pacientes”.

Un estudio publicado recientemente sobre los medicamentos de alto precio que generaron la mayor tasa de judicialización en Argentina entre los años 2017 y 2020 para lograr o mantener el acceso a la medicación, mostró que una de las terapias de reemplazo enzimático para la Enfermedad de Fabry se encontraba en tercer lugar. Esto refleja los problemas de acceso a la medicación que padecen los pacientes con esta enfermedad, lo que los hace llegar al tratamiento generalmente a través de la vía judicial, con medidas cautelares o recursos de amparo.