En medio de un verdadero «boom» de drones en Argentina, el decreto que reglamenta su uso y que fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial genera particulares expectativas en el campo y algunas incertidumbres en la Ciudad.

Sin mayores detalles todavía por parte del Ministerio de Transporte de la Nación sobre qué pasará en los que se levanten en zonas urbanas, qué cambia (y qué no) con esta nueva norma aérea, y cómo volaban ahora los drones en el país, es clave entender que con el decreto 664/2024 el Gobierno apuntó a un tipo particular de drones. Los que le importan del agro.

Si bien se modifica un artículo referente a la aviación civil no tripulada tanto en el sector agropecuario como en áreas urbanas, en el comunicado de ese Ministerio se explicita que «el objetivo central es desregular su utilización en zonas agrícolas, una decisión estratégica teniendo en cuenta el potencial de crecimiento que su utilización le ofrece a esta industria, mejorando la gestión de control del suelo, fumigación y sembrado».

Hay números que permiten llevar a tierra la cuestión detrás de esta decisión tan agreste.

En 2023 apenas se importaron 90 drones agrícolas a nivel nacional. La marca es DJI y maneja el 95% del mercado argentino. Esa cantidad era irrisoria para «el país del campo» y comparado con las compras de la región.

Pero en lo que va este año ya se trajeron 150 y se espera que haya un récord histórico de drones sobrevolando nuestros cultivos.

Como se acercan los meses en los que es necesaria la pulverización que evita las plagas, en diciembre la cifra subiría a 500, en línea con la flexibilización del Gobierno de Javier Milei a las trabas para de las importaciones.

Mediante la reglamentación de drones actual «se eliminan las burocracias innecesarias y se agilizan las habilitaciones para el uso privado de drones en el sector agropecuario».

Eso contempla que puedan «levantarse en áreas urbanas» y también «a las aeronaves no tripuladas totalmente autónomas» (que se programan para que piloteen solas en un perímetro).

El mismo texto aclara que «como ya se hace en muchos países», la desregulación crea un marco oportuno para el desarrollo de estas tecnologías y de inteligencia artificial en Argentina. No explica por qué.

«La noticia es buenísima, pero todavía faltan los detalles», dice a Clarín Guillermo Schuhmacher, gerente comercial de Akron, la distribuidora oficial de los drones DJI.

Una traba burocrática específica permitiría esquivar este decreto: los drones, de una vez por todas, definirían qué son. Qué etiqueta les corresponde en el registro del área de Transporte.

«No estaba regulado el dron agrícola. Estaba en stand by todo el tema de poder registrarlo como una aeronave, lo que traía inconvenientes al momento de sacar un seguro para que quien lo pilotee también esté cubierto legalmente», explica Schuhmacher.

Para salir del paso, se buscaban otras alternativas que obtener ese papel que dé tranquilidad a pilotos de drones y a los dueños de las hectáreas donde se levantaran.

Toda aeronave debe estar inscripta en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo que actualmente se encuentra intervenido por el Gobierno, y todo piloto de dron debe tener un certificado habilitante. Sin esos datos completos, no hay seguro.

Estos drones del agro (desde 22.000 dólares) se aseguraban como una aeronave más.

«Después entró en un gris permanente, para ver si era considerado o no una aeronave. Realmente no se podía inscribir así. No estaba prohibido pero tampoco estaba regulado. Desde diciembre los drones entraron en ese gris«, detalla.

Esto es en referencia al DNU de diciembre, que determinó que debían regirse por el Código Aeronáutico, porque ya no eran vehículos aéreos no tripulados sino que pasaban a ser aeronaves no tripuladas.

La resolución 06, de este año, solicitó que en 180 días eso debía tener legislarse. El plazo no se cumplió. Todo volvió a la instancia previa. Los drones volvían a ser, en los papeles, «obstáculos en el aire».

Si bien que se reglamente o, técnicamente, ordene su uso es celebrado por el agro, otra norma clave sigue sin aterrizar en el campo.

«Cuando vos querés hacer una receta (para poder hacer fumigación fitosanitaria, que evita que insectos y otros organismos en un área libre de plagas) te preguntan si va a ser terrestre, con una pulverizadora de arrastre (en la jerga le dicen ‘mosquito’), o con una aeronave. El dron no entraba en ninguna de las dos categorías. La receta no la podías hacer, por más que quisieras hacerla, trabajar bien. No estaba regulado. No sé cómo será ahora», sigue.

Ese permiso ya no tiene nada que ver con la ANAC y las autoridades de Transporte deben definir si otorgarlo a un dron será territorio del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La delimitación sobre a dónde sí o a dónde no pueden levantarse, en cambio, nunca fue una traba real.

«Sinceramente, ese no era un problema. Los drones tranquilamente funcionan hoy en la mayoría de los campos. Hay zonas limitadas, cerca de un aeropuerto, pero normalmente para pulverización vuelan a 3 metros sobre el cultivo, bastante al ras, cuanto mucho, en la soja o el maíz, a 10 metros. Así que la actividad no interfería con el espacio aéreo de la ANAC. Y en algunas zonas delimitadas había que pedir permiso y no traía mayores inconvenientes», cierra Schuhmacher.

Desde 2015, cuando se reguló el mundo dron en el país, la guía de base fueron las indicaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

«Lo que se hizo en Argentina fue restringir todo. Todo lo que en esa base se recomendaba restringir, acá se restringió. No se podía volar en ningún lado«, dice a Clarín Hernán Landry, experto del sector y operador de drones.

Ante el reclamo -en realidad, ante el uso fuera de norma- a esas restricciones empezaron a contraponerle dispensas, como explica Landry, «para que, por ejemplo, a quienes tenían que trabajar con drones se les permitiera volar de noche. Algo que se prohibía, como hacerlo en espacios urbanos o densamente poblados».

De a poco, con un «manual de operaciones», los operadores exigían más reconocimiento para pilotear.

«Eran trámites bastante engorrosos, se demoraban mucho. Eso hacía que haya mucho proveedor y piloto que no se registre y que vuele. En 2019 se ajustó la reglamentación (la número 527, de 2015) a la actual (la 880/885), que implicó otra forma de registrar a los vehículos y trajo complicaciones nuevas, como que no se implementó la forma de transferirlos. Hoy si alguien compra un dron en el shopping y lo quiere vender, no tiene forma de transferirlo», cuenta.

Volar un dron de forma legal implica ser un piloto: hacer un curso, obtener una cita con inspectores de ANAC que tomen el examen y que se apruebe. El certificado, que el año pasado demoraba unos cuatro meses después de esa aprobación, es de «explotador aéreo».

También exige tener una certificación médica aeronáutica vigente (se repite cada cuatro años, por tratarse de pilotos en tierra, mientras que los pilotos comerciales la hacen cada 6 meses) y tener un dron comprado con una factura respaldatoria, que esté declarado y con patente. Además, el seguro.

La declaración de la actividad debe detallarse y puede ser «toma de imágenes», «actividades agrícolas», «inspección de tendidos eléctricos», entre otras.

«Ese certificado de ANAC te habilita a trabajar con el dron. No quiere decir que podés volar hoy, ahora, acá, en el lugar que sea. Tenés que solicitar una reserva del espacio aéreo a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), que fiscaliza si en ese horario, en ese lugar, en esa fecha, es viable operar sin afectar en tránsito aéreo. Te limitan una altura, te asignan una torre de control que lo autorice. Podés volar hasta adentro de un aeropuerto si se cumplen las condiciones», sigue.

En esta complejidad de certificados, no faltan las categorías: los de clase D, por ejemplo, son para los drones de más de 50 kilos.

«Para un drone agrícola, los de ese peso, te encontrabas con que necesitabas un piloto clase D. Y ese piloto se encontraba con que tenía que esperar 9 meses para obtener ese certificado, que lo da una sola escuela, y esperar el examen de ANAC. Podían demorarse un año y para cuando te lo daban, ya salía un modelo de dron nuevo. No es redituable, así que los que vuelan ese dron agrícola hoy lo hacen sin registrarse», resume el piloto.

¿Qué se supone que podría hacer desde ahora un dron desregulado? Uno de agricultura de precisión, que no es el que fumiga sino el que distribuye granos en una hectárea, según Landry, «ya no necesitaría registrarse si se hace en determinado campo, a menos de 10 metros de altura».