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Hay una regla en la política: el método, las estrategias que llevan a un grupo a conquistar el poder no le permite después gobernar. A esta regla se la puede ver exageradamente aplicada en la escena actual del oficialismo encabezado por Javier Milei. Es un oficialismo que llegó a la Casa Rosada sin partido ni equipo, y que por eso gusta, por su naturaleza antipolítica. Por lo tanto, no debe sorprender que se maneje con torpeza en el poder ya que es esa misma torpeza la que lo volvió atractivo durante su ascenso.

Vemos, y veremos en las próximas semanas, bastante falta de pericia por parte del Presidente y de su equipo en el manejo de las relaciones con grupos políticos, de la gestión institucional y del Gobierno. Milei es un líder que tiene un atractivo importante sobre la opinión pública. Flota sobre él un colchón de aceptación. Este fenómeno es casi directamente proporcional a las dificultades que exhibe en el manejo del aparato de poder.

Una de las evidencias del cumplimiento de esa regla inicial está vinculada a la larga peripecia en la formación de la Corte Suprema de Justicia. Hay un escándalo que fue in crescendo alrededor de la figura del juez Ariel Lijo. El Gobierno envió dos pliegos al Senado: el de Ariel Lijo y el del Doctor Manuel García-Mansilla. La candidatura de Lijo generó mucho escozor porque ostenta una fama muy bien ganada de juez corrupto. Y con prácticas bastante reprobables como, por ejemplo, dormir causas relacionadas con corrupción sin resolverlas nunca. Hoy mismo en su juzgado hay 10 causas sobre temas de corrupción que se iniciaron hace 10 años. Lijo fue recomendado a Milei por su colega Ricardo Lorenzetti, uno de los miembros de la Corte, que está enemistado con los otros tres integrantes del Tribunal Superior: el Doctor Horacio Rossati, el Doctor Carlos Rosenkrantz y el Doctor Juan Carlos Maqueda. La semana pasada, Ricardo Roa, columnista del diario Clarín, publicó una larga nota sobre la situación del Gobierno en relación con estos problemas de poder. El artículo está ilustrado con un dibujo de “El Niño” que representa a Lijo como un sapo. Detrás suyo está Lorenzetti, que dice la frase “¡A comerse este sapito!”. ¿Quién se come el sapito? La República, el Gobierno y Milei, que está pagando un costo enorme en materia de percepción de la gestión institucional del Gobierno.

¿Dónde aparece el error del Presidente y su equipo político? En una suposición, que es la que entró en crisis durante los últimos días y que podría poner a Milei en la situación penosa de pasar un papelón. ¿Cuál es la premisa equivocada? Que Lijo era el candidato a juez del peronismo y, más específicamente, del kirchnerismo. La semana pasada surgieron dos voces muy importantes. Primero, la de Mariano Recalde, senador por la Capital Federal, figura histórica de La Cámpora y muy ligado a Cristina Kirchner. Él insistió en que tiene que haber una negociación para la designación de jueces de la Corte. Casi como un eco de Recalde, otro senador y presidente del bloque peronista en la Cámara alta, el formoseño José Mayans, también ligado a Cristina, insiste en que nadie los convocó para una negociación respecto de las candidaturas a jueces para el máximo tribunal. Entre ambos afirman algo así como “no se confundan. Lijo no sabemos de quién es. Pero nuestro no es”. Tiene bastante lógica advertir que un candidato de Lorenzetti, que pueda causar menor o mayor simpatía en el kirchnerismo, no podría ser candidato de Cristina Kirchner. Podríamos recurrir por ejemplo a una larga grabación que produjo la expresidenta, en su momento, respecto de la situación judicial en América Latina. Allí denunció lawfare en Ecuador, en Brasil y en la Argentina, una persecución judicial contra los líderes populares. A lo largo del video, resalta que el padrino de Lijo, Ricardo Lorenzetti, cumplió el papel de ideólogo o abanderado de lo que sería una especie de Lava Jato argentino. El video muestra además una foto de Lorenzetti junto a quien Cristina Kirchner vio siempre como su verdugo judicial, Claudio Bonadio, y a quien puso preso a Lula da Silva, Sergio Moro. Es raro que el presidente Milei no lo haya advertido. Probablemente no conozca todos estos antecedentes de una película a la que él se incorporó tarde. Es más raro aún que el Gobierno suponga que entre Lorenzetti y Cristina Kirchner pueda haber una convergencia respecto de la calidad de los jueces. Hay otro testimonio, que es de Oscar Parrilli. Se refiere al juez Lijo con mucha dureza por haber filtrado aquellas grabaciones tomadas clandestinamente en las que la expresidenta se expresaba de manera peyorativa sobre él mismo. La idea de que Lijo puede ser un candidato del kirchnerismo es una idea muy controvertida.

Aparece entonces un curso de acción posible. El peronismo, el kirchnerismo, podrían decir: “Queremos discutir los nombres de los jueces”. El Gobierno contestaría: “Nosotros ya propusimos dos nombres. Lijo y García-Mansilla. No hay más vacantes”. Respuesta del kirchnerismo: “Bueno, ampliemos la Corte. Generemos más vacantes”, propondrían desde el principal bloque opositor. En ese punto se encuentran hoy las negociaciones. Dicen que Cristina Kirchner está evaluando ya algunos nombres de jueces y sobre todo de juezas. Entre las versiones que rodean a todo este proceso está el nombre de María de los Ángeles Sacnun, una exsenadora santafesina muy ligada a la expresidenta.

¿Cómo se lleva adelante esta negociación? ¿En el Congreso? Tanto en Diputados como en el Senado hay mucha conversación siempre, aun entre personajes que parecen incompatibles. Pero hay que mirar otro canal. Hay una figura, la de un legislador muy importante, que suele ser la voz de Cristina Kirchner en el mundo judicial. Es nada menos que el senador Eduardo “Wado” de Pedro, exministro del Interior. Cuando fue precandidato a presidente, De Pedro tuvo como jefe de campaña a Guillermo Garat. Actualmente, Garat es el encargado de relaciones públicas, publicidad y marketing de YPF y es socio de Santiago Caputo, “El Mago del Kremlin”. Hay un túnel muy habilitado entonces para que Caputo, que personifica la voz de Milei en la política, y De Pedro, que es la voz de Cristina en el mundo judicial, empiecen a dialogar sobre una transacción que suponga ampliar la Corte y así lograr una posibilidad de consenso al momento de designar a los nuevos jueces. Este detalle entraña una ironía. En el año 2006, en medio del escándalo institucional que significaba la defensa de la reelección indefinida del kirchnerismo en Misiones en beneficio de Carlos Rovira, Cristina Kirchner se encargó de congelar en cinco el número de miembros de la Corte. Quien redujo el número de miembros de la Corte ahora sería quien impulsaría que se amplíe si es que quieren poner más jueces.

A medida que se avanza en esta idea, es posible advertir que la operación se torna más compleja. Es muy difícil pensar que el Gobierno y el peronismo, actores que hasta ahora vemos sentados a la mesa, realicen un pacto solo para cubrir vacantes en el Tribunal Superior. Hay otros temas importantes en el orden judicial que deben ser materia de un acuerdo. La Constitución del 94′ prevé una cultura política donde haya acuerdos. Para cuestiones de gran trascendencia, como la designación de jueces de la Corte o del Procurador General de la Nación, se piden dos tercios. La Constitución, tanto la histórica como la del 94′, no prevé un país sometido a una polarización tan facciosa que impida el diálogo. El sistema institucional exige del diálogo. Y hay otra vacante que es justamente la del Procurador General de la Nación, que es el jefe de los fiscales, que debe ser cubierta. Es importante porque existe una reforma en curso por la cual los procesos judiciales estarán más en cabeza del fiscal que del juez. El fiscal empezará a tener, y tiene ya en algunos lugares como Salta, un protagonismo del que carecía. Significa que el Procurador General de la Nación se convertirá en la figura principal, exceptuando a los jueces de la Corte Suprema. La Procuraduría actualmente la ejerce un suplente, que es el Doctor Eduardo Casal.

Hay distintos candidatos para este cargo. Uno de ellos es el camarista de Casación Mariano Borinski, que tiene objeciones por parte del kirchnerismo. Le reprochan proximidad con Mauricio Macri. Otro aspirante es Juan Bautista Mahiques, ligado a Comodoro Py sobre todo a traves de su padre, el camarista boxindanga Carlos Mahiques. Juan Bautista es el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, del Pro. Cristina no quiere a ninguno de los Mahiques. Uno de ellos, el fiscal Ignacio Mahiques fue muy duro con ella en la investigación de la causa de obra pública. Hay un tercer nombre, el de un “tapado”. No se lo menciona tanto, pero sería un candidato más viable: Julio Conte-Grand. Se trata de un funcionario que ha tenido un desempeño excelente en la provincia de Buenos Aires como procurador bonaerense. Fue postulado a ese cargo por Juntos por el Cambio, con el desembarco de María Eugenia Vidal en el gobierno provincial. Si Conte-Grand fuera a la Procuraduría General de la Nación, dejaría vacante la de la provincia. Esa sería una colina muy atractiva para el peronismo, tanto para Cristina como para Axel Kicillof. Entonces hay que mirar a Conte-Grand.

Estamos hablando de una operación muy compleja en la que hay que incluir otro motivo de negociación. El Consejo de la Magistratura mandó al Poder Ejecutivo 140 ternas de jueces para que el Presidente elija quién, de cada terna, va a ser enviado al Senado para que finalmente lo convaliden como juez. El peronismo también quiere intervenir en esa negociación y ver esas 140 designaciones de jueces, que es la mitad de las vacantes que existen en la Justicia. Es decir, es una cantidad enorme de designaciones. Estamos hablando de una operación que se vuelve compleja, y aún más porque si va a haber es una ampliación de la Corte, el peronismo va a decir que primero se amplía la Corte y después se designan los jueces.

En el Gobierno está la fantasía de decir que primero designan a Lijo y Mansilla, y que luego se habla de la ampliación. Como Vicente Saadi le mandó a decir una vez a Raúl Alfonsín: “En este Senado los negocios se hacen al contado”. Lo que estaría diciendo Cristina Kirchner es que primero se amplía la Corte y luego se habla de los jueces. Pero para eso ya interviene una Cámara que no es el Senado. Hace falta una ley que pase también por Diputados. Allí empiezan a aparecer otros actores. Intervendría Macri y el Pro, y Miguel Pichetto, que está muy ligado al aparato institucional y a los temas judiciales. Ahí van a tener algo que decir los radicales y Elisa Carrió, que dicho sea de paso, está hiperactiva en estos días, tanto que tuvo una aproximación al propio Macri para hablar de este tema, después de muchísimo tiempo.

Se abre una agenda mucho más compleja que la de dos jueces para la Corte, y una mesa con todas las fuerzas con representación parlamentaria cuyo voto se va a requerir, ahora ya no para designar jueces en el máximo tribunal, sino para ampliarlo. Todos esos actores van a tener algo que pedir.

Podría pasar que los pliegos de Lijo y de García-Mansilla comiencen a naufragar, en base a indicios muy enfáticos, en el Congreso, y que esa candidatura se convierta en algo parecido a lo que fue la del juez Daniel Rafecas para ocupar la Procuración de la Nación, enviada por Alberto Fernández y rechazada por Cristina Kirchner. Es decir, que pasen a formar parte de un limbo. Esto sería penoso para el Presidente, porque a pesar de lo que dice su principal asesor, Santiago Caputo, quien asegura a los periodistas en la Casa de Gobierno que Lijo es un candidato del peronismo, el propio Milei se adueñó de la candidatura de Lijo y lo defiende con argumentos pobrísimos. Este fin de semana dijo que Lijo es el único juez capaz de entender el sistema judicial (sic). Y el único capaz de colaborar en la reforma que él quiere llevar adelante en el sistema judicial. Rarísimo el argumento. Primero, porque es un insulto no solo a todos los jueces, sino a todos los expertos en justicia que hay en la Argentina; y segundo, porque es extraño que un juez de la Corte sea el que reforme el sistema judicial del que forma parte. Para eso está el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que en este Gobierno parece estar pintado, y el Congreso. No olvidemos que el Ministerio de Justicia también lo maneja Santiago Caputo a través de uno de sus amigos, Sebastián Amerio.

Parece que hay muchas negociaciones en curso y muchos cambios en los significados de las personas y de las situaciones. Este fin de semana hubo en Santa Fe una celebración por los 30 años de la sanción de la Constitución de 1994. Se reunieron allí 30 constituyentes del 94′ que representaban a toda la clase política del país. No estaba Cristina, pero sí Horacio Rosatti, a quien, de pasada, Carrió, amiga del juez desde aquellos tiempos, le dijo que se olvide de que Lijo llegue a la Corte. Algo sabía Carrió de esas complejidades o complicaciones.

Sin embargo, hubo una foto con un significado político importantísimo. Se ve al presidente de la Corte, Rosatti, dictando una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Fe, en el marco de esa reunión de constituyentes. Y entre los asistentes, en segunda fila, a un diputado nacional muy relevante, sobre todo en esta escena: Eduardo Valdés, alguien muy cercano a Cristina Kirchner. La asistencia muy pacífica de Valdés a la conferencia de Rosatti es importante porque él fue uno de los impulsores, el año pasado, del juicio político contra el presidente de la Corte. Ahora se los ve, no sé si en una situación amigable, pero seguramente no conflictiva. ¿Hay alguna conversación entre el entorno de Cristina y los actuales miembros de la Corte? Es un signo de interrogación que queda planteado sobre esta foto. Hay que decir algo obvio que no debería sorprender: Cristina hace toda la política en el sentido de manejo y operación sobre el sistema político-institucional que Milei no hace. Son simétricos.

Todo esto se produce en un momento en que aparecen tensiones de las que hablamos la semana pasada, cuando decíamos que, cuando un equipo político, en este caso Milei y su grupo, La Libertad Avanza, ocupa casi en solitario la escena pública en términos de prestigio electoral, lo que suele suceder es que las peleas se dan dentro del propio entorno de ese sector. Hay peleas internas. Esto se vio en el conflicto entre LLA y el Pro, entre Milei y Macri.

Entre ambos hay un conflicto que probablemente se deba diferencias relacionadas con cuatro hipótesis distintas, dos por cada lado. No sabemos quién está en lo cierto. La primera se la atribuímos a Macri. Él cree, y tiene derecho a creer, que Milei le debe, en buena medida, la presidencia por dos razones: una, oculta, es que le consiguió muchísimo financiamiento para el ballotage y el control de la elección (hablamos de muchísimo financiamiento, millones de dólares gestionados por Macri, e incluso por algunos empresarios a quienes Milei castigó hace poco dura e injustamente); y la segunda razón es por el respaldo explícito que Macri le dio a Milei, que para el equipo de campaña de Massa en aquel momento significó más o menos ocho puntos en la elección. Macri puede tener la percepción de que Milei no le agradeció esos servicios de campaña. Por otro lado, el Presidente cree que no tiene nada que agradecerle al exmandatario, porque el votante de Macri ya está con este gobierno. Entonces, Milei descansa en la idea de que el titular del Pro no tiene ningún instrumento para condicionarlo o extorsionarlo, porque la base electoral del Pro ya está con Milei, y Macri está condenado a adherir. Son dos hipótesis distintas respecto a la relación de poder entre uno y otro.

A su vez, hay otras dos hipótesis que también los separan. El Presidente está convencido de que, con la derrota de la inflación y la gran caída que hubo en tiempo récord este año, él tiene derecho a que se convalide su poder y liderazgo en las elecciones del año que viene. Es decir, que si sigue habiendo un curso descendente de la inflación, la elección del año que viene la gente votaría mayoritariamente a los candidatos de Milei. Macri está observando otro fenómeno: así como Milei derrotó en tiempo récord a la inflación, también provocó en tiempo récord una gran recesión, más importante de lo que se sospechaba. Esto implica dos hipótesis de futuro que suponen dos estrategias políticas distintas. El expresidente tiene derecho a pensar, con esa mirada de la economía, que va a haber cada vez más gente diferenciándose de Milei y que con esa gente él quiere empezar a hablar, incluso en beneficio del oficialismo, porque a esa gente la puede atraer el redil electoral del no peronismo si es que el Gobierno pierde consenso.

Milei y Macri experimentan una tensión que se ha agravado en los últimos días, porque hay un cambio en el juicio de Macri respecto al Gobierno. El expresidente dio un paso importante: desde el comienzo de la gestión, decía que había un problema con el gabinete y la administración, un problema de gerentes. En las declaraciones que hizo luego de que se sancionara la Ley de Bases, extraordinariamente medidas por Macri, dio un paso más adelante y dijo que ya el problema no radicaba solo en el gabinete, sino en el entorno del Presidente y quienes definen la política. Quedó a un paso de decir que hay un problema con el propio Milei e identificó esa dificultad en Santiago Caputo, “El mago del Kremlin”.

Caputo maneja muchísimo poder dentro del Gobierno, y un poder especial: la SIDE. Lo administra de manera quizá torpe, porque ha dejado trascender, a través de comentarios que hizo en la mesa del Gobierno y que luego se ven reproducidos en cuentas de X que parecen ser de Caputo, que va a traer a “los malos” para que lo defiendan”. Todo el mundo entiende, y él mismo lo dio a entender, que “los malos” son lo peor de los servicios de inteligencia de la Argentina, encabezados por Jaime Stiuso y su secretario privado, Lucas Nejamkis. Toda la clase política, cuando advierte esta amenaza, se pone en guardia. Entre ellos, Macri, que sabe que no tiene un amigo en Caputo.

Un momento después, Santiago Caputo imaginó una dotación de recursos para esa SIDE donde estarán “los malos”, de manera extraoficial. Entonces, se emitió un DNU para dotar a ese aparato de inteligencia con nada menos que 100 millones de dólares, con distintas justificaciones, muchas de ellas razonables. Primero, que si uno compara con otros gobiernos, esta SIDE está desfinanciada; segundo, que tiene que montar un aparato ligado al ciberespionaje para proteger los archivos de ataques cibernéticos, etc., un tema en el cual la Argentina y el Estado están especialmente desguarnecidos y que requiere la compra de tecnología cara. Eso justificaría parte de esa asignación de recursos. Pero en el Congreso dicen que no le van a dar ese instrumento, esa plata, a alguien como Caputo.

Hubo una deliberación, incluso dentro del Pro. El martes a la noche estaban los que iban a votar en contra y abstenerse. Hubo un Zoom el miércoles a la mañana y Macri dio prácticamente la orden de voltear el decreto de asignación de recursos a la SIDE. Esto es importante, porque este decreto que votó en contra la Cámara de Diputados probablemente ingrese al Senado este jueves, y no hay ningún indicio de que lo vayan a aprobar. También lo rechazarían. Estaríamos, por primera vez, en presencia, desde que fueron reglamentados los DNU que fueron constitucionalizados en la Constitución del ‘94, de que el Congreso rechace con el voto negativo de las dos cámaras un decreto de necesidad y urgencia de un presidente.

A partir de este comportamiento del Pro en Diputados, el Gobierno decidió que la SIDE intervenga como querellante en las causas que se siguen en la Justicia federal contra Macri y su aparato de inteligencia (AFI) por operaciones de espionaje ilegal. Desde Odisea hemos sido muy críticos de la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que tuvo múltiples desviaciones y muchísimas operaciones clandestinas. Entre ellas la sospechosa instalación de una bomba en un domicilio de Recoleta perteneciente a José Luis Vila, que es funcionario del actual Gobierno. Pero también hay que señalar un disparate: el mismo Gobierno que decidió sacar a todos los organismos del Estado de las querellas por causas de corrupción contra Cristina Kirchner, inicia a través de la SIDE querellas por causas de espionaje contra su socio Macri, quien contribuyó, mucho o poco, al triunfo de Milei. Hay un doble estándar rarísimo por parte del Presidente, y no cabe duda de que una decisión de este tipo viene de Milei a Santiago Caputo, y del asesor a Sergio Neifert, que es el titular de la SIDE.

Después de este conflicto por los servicios de inteligencia se produjo otra votación en el Senado que tiene que ver con la fórmula jubilatoria, es decir, con la fórmula para calcular la actualización de los haberes jubilatorios. El Pro votó en contra del Gobierno. Votaron por establecer otra fórmula distinta de la que había establecido el Poder Ejecutivo con un DNU, con dos argumentos: primero, que están dando una ley a Milei, que vale muchísimo más que un DNU, ya que el decreto se puede anular; y además, que si se analizan muy finamente los números, sería muy poco lo que se gasta de más, lo que se afecta del presupuesto. Se lo venían diciendo los senadores, inclusive los del Pro, comandados por Luis Juez, a dos funcionarios: José Rolandi, el vicejefe de Gabinete, y a una funcionaria crucial de este gobierno que se llama María Ibarzabal, que es el cerebro jurídico de Santiago Caputo. Siempre volvemos al “Mago del Kremlin”.

A través de un gráfico confeccionado por el economista Matías Surt se comparó el DNU de Milei (línea violeta), la fórmula de Macri (línea amarilla), la fórmula de Alberto Fernández (línea azul) y la nueva fórmula votada por el Senado. Esta última establece en su artículo tercero la gran diferencia entre lo que quiere Milei y lo que votó el Senado, otorgando a los jubilados el 8% de inflación que correspondía a la fórmula de enero y que en la fórmula del Gobierno se restó. Es decir, la gran disidencia entre la oposición y el oficialismo radica en si se va a proyectar en las jubilaciones la inflación que sería de diciembre, la más alta, y que repercute en la fórmula con un 8% adicional.

En el gráfico se observa que, de seguir con la fórmula de Alberto Fernández, la jubilación mínima hoy sería de $330.417. La fórmula de Milei llevaría a una jubilación de $234.896 según el cálculo de Surt. Y la fórmula que votaron Diputados y el Senado sería de $251.574. ¿Qué le está diciendo el Congreso a Milei? “Sacale todo lo que sea hojarasca a la ley, dejá la fórmula que nosotros propusimos porque la diferencia que vas a tener no es tan grande. Es de alrededor de $17.000. No es tan mayúsculo el gasto fiscal que te producimos. Y además, si no pagas esos bonos, es casi cero. Te evitas un veto”. El Gobierno tiene la posibilidad de vetar porque si los diputados y senadores del Pro obedecen la voz de Macri, que censuró esa votación, sería muy difícil para la oposición alcanzar los dos tercios que le darían vuelta el veto al Presidente. Macri condenó duramente lo que hicieron sus legisladores. Lo hizo de manera sobreactuada para enviarle un mensaje a Milei que deje en claro algo así: “Que yo te haya volteado el DNU de la SIDE no quiere decir que me haya pasado a la vereda de enfrente en materia de ajuste fiscal y la política de austeridad del Gobierno”.

Todo esto forma parte de una agenda de diferencias entre Macri y Milei. Esta agenda tiene distintos capítulos. Uno, muy importante, es la negativa del oficialismo a reconocerle a la ciudad de Buenos Aires la coparticipación que el Ejecutivo porteño asegura le corresponde. Hubo una audiencia en la Corte. Enojado, Milei le dijo a Caputo que no asista y enviaron a un subalterno, lo que causó mala impresión en los primos Macri, que fantasean que detrás de esa restricción del financiamiento a la Ciudad está la intención de que la gestión del macrismo en territorio porteño no sea tan exitosa para poder poner otros candidatos, como por ejemplo Patricia Bullrich. Hay un segundo motivo de conflicto. Entre los reproches que Macri le hace al Gobierno está también la política de transporte. Desde aquella área le contestaron a Macri: Le quitaron el subsidio al transporte de la ciudad de Buenos Aires. Desde el Gobierno porteño responden: “Si vas a quitar el subsidio, las empresas van a quebrar. Subí las tarifas”. Y el oficialismo corrobora: “No, todavía no abriremos juicios sobre eso”.

Existen asimismo conflictos sutiles. Se desplazó en la Dirección del Teatro Colón a Jorge Telerman. El Colón es la institución más importante de la Argentina a nivel internacional. Y Telerman venía haciendo una gran gestión, sobre todo por saberse manejar con muy pocos recursos cuando se trata de una institución que requiere contratar en dólares. Se anunció la llegada de otros directivos muy prestigiosos. Uno de ellos es Gerardo Grieco, un uruguayo que estuvo al frente del Teatro Solís. El otro Julio Bocca, que trabajó con Grieco en el Solís y fue presentado como futuro director artístico del Colón, aunque él se encargó de aclarar que estará al mando del ballet. ¿Qué implicancia tiene todo este movimiento? Primero, el Colón queda descabezado por seis meses. Las nuevas autoridades asumirán el año que viene. Lo segundo es que Telerman, por las casualidades de la vida, se ha transformado en un funcionario extraordinariamente cercano a Milei, Presidente al que le gusta la ópera y que ha ido sistemáticamente al Colón. ¿Hay también acá una interna entre el gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad? Habría que ver cuáles son los pasos de Telerman. No vaya a ser que se convierta en un activo político de Milei en la ciudad de Buenos Aires.

¿Cuál es la clave en todo esto? Cómo formará el no peronismo el año que viene en las elecciones. ¿Irá unificado o con fórmulas separadas? Si Macri y Milei no se ponen de acuerdo y van en listas separadas, muy probablemente gane la lista de Kicillof. Y un triunfo del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires sería muy complicado para el Gobierno. ¿Qué inversor va a apostar a la Argentina si ve que vuelve el kirchnerismo al final del túnel en 2027? Enorme problema el que se esconde detrás de este conflicto entre Milei y Macri, que sigue siendo una divergencia basada también en hipótesis económicas. La recesión ha sido importante. En tres trimestres, el producto bruto de la Argentina ha caído seis puntos. Es cierto, cayó mucho la inflación. Mérito del Gobierno. Pero cayó mucho también el nivel de actividad. Los países que tienen grandes recesiones sufren caídas de más o menos un punto del PBI por año. Acá, en tres trimestres, seis puntos.

Es un inconveniente que tiene muy preocupados a los gremios por miedo al fraude laboral, a empresarios que obliguen a suspender extorsiones por parte de sus empleados y les hagan firmar la aprobación de esta medida, que equivale a pagar menos sueldos con el mismo nivel de trabajo. Es un problema que apareció en la pandemia con un caso en La Matanza: el Grupo Libson, de Pablo Libson, un empresario muy pendenciero que fue denunciado por la UOM de La Matanza por hacer este tipo de fraude laboral, que fue llevado con una causa judicial a la AFIP. Hoy este caso Libson es emblemático en todo el sector sindical, por temor a que se repitan estas prácticas.

La recesión también empieza a afectar a las encuestas. En la sala de máquinas de Cristina Kirchner las miran mucho y observan algunos cambios en la orientación de la opinión pública. Por ejemplo, los sentimientos positivos respecto de la realidad, que en mayo eran del 55%, en agosto son del 42%. La angustia subió del 41% al 50%. La preocupación de la gente era la inflación en un 44% mientras que la pobreza estaba en el orden del 3%. En agosto, la inflación preocupa al 8% en tanto que la pobreza ascendió a un 18%. El peronismo ve que Milei flota sobre un colchón todavía muy positivo de opinión pública. Pero debajo ocurre algo que definió el exvicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos: hay movimientos tectónicos, placas que se mueven, cambios de prioridades y de sentimientos. Probablemente así también lo esté viendo Macri, más silenciosamente, desde las proximidades de Milei. Por eso es tan trascendente el sentido que tome esa relación.