El reciente caso de un docente condenado por abuso sexual, que volvió a trabajar en una escuela pública y otra vez fue denunciado por tocamientos a sus alumnas, generó una inédita medida en Mendoza.

El gobierno mendocino presentó en el Senado provincial un proyecto de ley de ficha limpia para docentes, administrativos y celadores. Será similar al sistema que ya rige para políticos y funcionarios públicos del ámbito provincial y que esta semana se debatió en el Congreso para aplicarlo a nivel nacional, pero fracasó.

El proyecto de ley presentado por el gobierno de Alfredo Cornejo (UCR) modifica artículos del Estatuto del Docente. Exige para trabajar en una escuela pública o privada no estar condenado a pena preventiva de la libertad, «aunque la sentencia sea en primera instancia y la pena fuera de cumplimiento en suspenso».

Y aclara que aquellos que fueron condenados no podrán regresar al aula nunca más, «independientemente de si han cumplido su condena o si han sido beneficiados con conmutaciones, indultos o reducciones de pena».

Esta aclaración de que aunque la pena sea de cumplimiento en suspenso, es decir que como es un delito una condena menor a 3 años, la persona se encuentra en libertad condicional, fue redactado en base al grave caso del docente reincidente de abuso sexual.

Ocurrió en octubre de este año, en la escuela Alva Edison de Guaymallén, cuando alumnas de quinto grado del primario, denunciaron a un docente por abuso sexual. A los dos días, la Fiscalía que intervino en el caso reveló que el maestro tenía una condena a tres años en suspenso por un caso de abuso sexual y volvió a imputarlo por estos nuevos casos.

Los otros delitos que provocarán una inhabilitación permanente para la enseñanza son: la corrupción de menores, el tráfico de material de abuso infantil, la explotación sexual, las exhibiciones obscenas, la privación ilegítima de la libertad con agravantes en casos de víctimas menores, el grooming y el acoso digital.

El proyecto de ficha limpia para trabajadores de la educación ya ingresó el miércoles a la Legislatura mendocina. La idea del oficialismo provincial es que se apruebe antes del receso de fin de año para que se pueda aplicar desde el próximo ciclo lectivo.

El radicalismo tiene mayoría en ambas cámaras en Mendoza. Si se aprueba esta ley, los docentes, personal no docente, administrativos y celadores condenados por estos delitos quedará inhabilitado de por vida para ejercer la docencia y en un ámbito escolar.

La nueva norma crea el Registro Único de Sumarios, Sanciones e Inhabilitaciones (RUSSI) que funcionará en la órbita de la DGE, para monitorear y registrar las sanciones aplicadas a personal docente y administrativo.

Desde la Dirección General de Escuelas de Mendoza explicaron cómo fue posible que volviera a tomar un cargo el docente condenado abuso sexual.

Al momento de tomar el cargo, Hugo Efrain Oyola Amaya (59), presentó un certificado de antecedentes penales en el que constaba una condena en el año 2017. A pesar de esto, le dieron el cargo de profesor de Matemática y Ciencias Naturales de quinto grado en la escuela Tomás Alva Edison, de Guaymallén, Gran Mendoza.

«Se le pidió el certificado de antecedentes penales, que sale con antecedentes, pero no aclaraba qué tipo de delito había cometido. Y que ya se había cumplido el tiempo de la sentencia definitiva», explicó la jefa de gabinete de la DGE, Daniela García.

La funcionaria admitió que la escuela no investigó el tipo de delitos por el que había sido condenado. «Cuando fue imputado en 2017, se lo inhabilitó a dar clases. Pero hay un vacío legal: en ese momento era suplente y nunca titularizó y luego de esa inhabilitación pudo volver al sistema», explicó García, que ahora impulsa esta ley para evitar que este caso se repita.