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Solo en Off | El avión de los US$ 3 millones de Kicillof hace levantar vuelo a la bronca de La Cámpora

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La tirria entre La Cámpora y Axel Kicillof está lejos de apaciguarse. Si bien el gobernador dio la orden de no responder a los cuestionamientos internos, los seguidores de Máximo Kirchner -y por ende de Cristina Kirchner– le hacen notar al axelismo, cada vez que pueden, sus diferencias políticas.

El último capítulo de la pelea está relacionado a un avión de la provincia, un Cessna Citation 550, matrícula LV-WEJ, que Kicillof mandó a refaccionar, a un costo de tres millones de dólares. Los camporistas no le dejaron pasar la medida al gobernador y sugirieron, por vías extraoficiales, que la aeronave será utilizada en la campaña presidencial de 2027.

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Incluso uno de los más conspicuos laderos de Máximo Kirchner en territorio bonaerense, el matancero Facundo Tignanelli, publicó un tuit en el que buscó marcar diferencias entre Kicillof y la toma de decisiones que hacía Cristina Kirchner cuando era presidenta de la Nación. Apeló a una anécdota de 2008.

Aquel año, Cristina Kirchner había escuchado en La Matanza, de boca del exintendente Alberto Balestrini, que faltaban recursos en materia sanitaria en el distrito más grande y populoso de la provincia, justo cuando la Presidencia estaba modernizando el avión Tango 01 a un costo considerable. “Toda la guita que tengo para el avión, va para los hospitales de La Matanza”, remata la historia la propia Cristina, en el video que por estos días recuperó Tignanelli.

Si bien en la Gobernación aseguran que la aeronave no se utilizará para la campaña electoral, el kirchnerismo duro también desempolvó una conferencia de prensa del ministro de gobierno, Carlos Bianco, considerado la mano derecha de Kicillof, del 27 de abril pasado, cuando dijo que el Renault Clío en el que supieron salir de campaña está “listo para cuando le den la señal de largada”.

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Más allá de las ironías sobre la diferencia de comodidad entre un avión y el modesto Clío, en el PJ bonaerense no dejaron de comentar que “diferenciarse por una cosa así -en referencia a lo que la Gobernación gastó en el avión- puede ser como ”un tiro en los pies». Y dieron un ejemplo: “¡Miren si alguien se pone a recordar para qué usaba Cristina el avión presidencial!”.

Milei, en tercera persona como el Diego y su denostado Riquelme

“Y de nuevo, Milei tenía razón…”. El Presidente publicó ayer un mensaje en la red social X con esta frase en la que habló de sí mismo en tercera persona, tal como lo supo hacer Diego Armando Maradona. Milei apeló a la técnica del Diego para aprovechar los insultos que se escucharon en las tribunas contra el presidente español, Pedro Sánchez, en el gran premio de Fórmula 1 de Madrid.

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En rigor de verdad, Milei reposteó un tuit del periodista ibérico Javier Negre -dueño de La Derecha Diario en la Argentina-, quien había afirmado: “Y sonó el Pedro Sánchez hijo de puta en la Fórmula 1″. Lo hizo desde una de las gradas del flamante circuito IFEMA de Madrid, ciudad a la que contrastó con “la España decadente donde gobiernan los socialistas o los independentistas”.

Los vínculos entre el Gobierno libertario y La Derecha Diario (LDD) vienen de los tiempos en los que el dueño del medio digital era Fernando Cerimedo, el exasesor de Milei en la campaña presidencial de 2023 que ahora está preso en Bolivia acusado del intento de asesinato de su expareja Nadia Beller. Tras ese hecho, LLD y Negre salieron a desligarse de Cerimedo, así como también lo hizo la Casa Rosada.

Pero al parecer, la sintonía entre Milei y el español Negre sigue viento en popa. A tal punto, que el Presidente utilizó ayer una publicación del dueño de LDD -y miembro de la organización de ultraderecha CPAC– para arremeter contra Pedro Sánchez, a quien algunos de los asistentes al gran premio de Madrid no invocaron en términos cariñosos.

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Tucumán tampoco “paga traidores”

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue el primero en fijar la fecha de las elecciones para el año próximo. La oficializó para el 9 de mayo de 2027, con la idea de ir por otro mandato luego de haber completado el de Juan Manzur hasta 2023 y el propio, que transcurre en este momento. Es un gobernador con sintonía con la Casa Rosada, pero a la vez con pertenencia al Partido Justicialista, lo que le vale no pocas críticas de sus “compañeros”.

Sin embargo, Jaldo se encuentra entre dos frentes: si por un lado el peronismo a nivel nacional lo puso en la mira como un “traidor” que se acopló a diversas leyes y medidas libertarias, por el otro el partido La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán ya levantó la guardia bajo el liderazgo de Lisandro Catalán, el exministro del Interior que aspira a convertirse en gobernador de la provincia norteña.

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“En estos días escuchamos a muchos hablar de judicializar la candidatura de Osvaldo Jaldo. Nuestra posición es clara. Si bien la Constitución de Tucumán actualmente habilita su postulación, consideramos que su artículo 90 debe ser analizado a la luz de la Constitución Nacional y de los principios republicanos que todos estamos obligados a respetar”, sostuvo LLA en un comunicado.

La fuerza que conduce Karina Milei a nivel nacional abundó: “La Constitución Nacional, en sus artículos 1° y 5°, establece que las provincias deben organizarse bajo un sistema representativo y republicano. Esto implica, entre otros principios, la periodicidad de los mandatos, la alternancia en el poder, la división de poderes y la igualdad de oportunidades para acceder a los cargos públicos».

Los libertarios aclararon que su preocupación “no es contra una persona”, sino por las “reglas institucionales de Tucumán”. No obstante, descartaron acudir a la Justicia para objetar una candidatura de Jaldo por el momento. “Vamos a hacer nuestras presentaciones cuando existan las condiciones jurídicas y electorales necesarias para que sean analizadas de fondo”, avisaron los Karina boys.

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¿De qué dependerá que LLA se termine presentando, o no, ante la Justicia para impugnar una candidatura de Jaldo? Tal vez, de que el gobernador apoye la eliminación de las PASO en el Congreso nacional. En ese caso, perderían los libertarios tucumanos, con Catalán a la cabeza. Pero si en la Casa Rosada bancan su candidatura, Jaldo será otro ejemplo de que “Roma no paga traidores”.

Un viaje especial a Malvinas que eludió la tensión oficial

Un grupo de excombatientes bonaerenses llegó el sábado pasado a las Islas Malvinas para rendir homenaje a los caídos en el Cementerio de Darwin y recorrer distintos puntos del archipiélago en los que hace 44 años se enfrentaron con las tropas británicas.

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La delegación tiene 13 integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de La Matanza y dos familiares de soldados caídos en la guerra de 1982. Es el quinto viaje que los veteranos residentes en La Matanza organizan para llegar a las islas y para muchos de ellos se trata de una “oportunidad para ir cerrando heridas”.

Los gastos que insumen el traslado y la estadía de la delegación corren por cuenta de la Intendencia. El grupo partió de Aeroparque el viernes pasado, con destino a Río Gallegos, y a las 13 del sábado embarcaron rumbo a Puerto Argentino, donde llegaron al promediar la tarde. Por la noche se reunieron y compartieron una cena en el comedor del hotel Malvina House Hotel, en Puerto Argentino.

Excombatientes familiares de caídos en la guerra de 1982 llegaron a Malvinas asistidos por el municipio de La Matanza

Los excombatientes dedicaron el domingo a visitar el cementerio de Darwin, para honrar la memoria de los caídos. Durante la semana, los excombatientes Recorrerán distintas posiciones de batalla que tuvieron los soldados argentinos en el conflicto, como la playa del desembarco, Ganso Verde y el monte Longdon, entre otros sitios emblemáticos.

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Los veteranos de Malvinas regresarán a Río Gallegos el próximo sábado. En respaldo a la causa Malvinas, el intendente Fernando Espinoza creó hace cuatro años en su gabinete la Subsecretaría de Veteranos de Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur.

El organismo municipal, que conduce el excombatiente Carlos Dante Farina, trabaja en forma coordinada con el Centro de Veteranos de Guerra de La Matanza. El Centro de Veteranos apadrina la Escuela N° 508 de Ciudad Evita y a los excombatientes se les concede la exención del pago de tasas por servicios generales en el municipio, entre otros beneficios.

Estupor entre intendentes por la “batalla de las tasas”

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En los últimos días de la semana que pasó, los chats de intendentes de distintas fuerzas políticas fueron tomados por una señal de alarma: allí circuló con profusión la noticia de que la Corte Suprema de Justicia había fallado en contra del cobro de tasas municipales, en un caso que benefició al Banco Galicia y perjudicó a la municipalidad de la ciudad de Córdoba.

“Esto, si se extiende, para nosotros es una bomba. Nos parte al medio”, dijo sin medias tintas un jefe comunal en conversación con sus colegas. Otro sacaba cuentas: “Esas tasas representan, sumadas, como el 15 por ciento nuestra recaudación”, afirmó, en un primer cálculo, que alarmó a los demás.

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Es que los municipios diversificaron las tasas en los últimos años. En el conurbano bonaerense, por caso, aplicaron cargos extra a las facturas de luz, gas y los combustibles para asegurarse el cobro automático. Incluso hay municipios que cobran una Tasa de Protección Ambiental, para levantar ramas de árboles de más de un metro de extensión, o una Tasa de Limpieza Especial.

Frente a esta situación, el ministro de Economía, Luis Caputo, se embarcó en una cruzada contra los intendentes -la mayoría del PJ- con la asistencia de alguien que supo administrar un municipio: el senador bonaerense y exjefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

Los intendentes que se alarmaron por el fallo de la Corte hicieron circular un texto como reguero de pólvora: “Gravísimos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado a favor de los Bancos y de una Mutual de Pergamino contra los municipios argentinos que puede desfinanciarnos y que vulnera todos los precedentes de su propia jurisprudencia a favor de la autonomía municipal construidos por la Corte democrática desde 1985 del fallo Rivademar, agravia el artículo 123 de la Constitución Nacional e incluso contradice su propia jurisprudencia reciente con el fallo Esso contra Municipalidad de Quilmes dictado en 2021″. La batalla de las tasas aún no está saldada.

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@CFKArgentina,pic.twitter.com/oKpKJEdyR5,September 12, 2026,pic.twitter.com/Qeq6Eqx4Bi,September 13, 2026,September 11, 2026,Mariano Spezzapria,En off,Conforme a

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Caso $LIBRA. Jueces, fiscales y vínculos con el poder: el derrotero de una causa destinada al archivo

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El fallo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que sobreseyó a Javier y Karina Milei en el caso $LIBRA sin que quedara en pie un acusador que pudiera apelarlo, es el final de una compleja ingeniería judicial.

El 4 de septiembre pasado, la Sala I de la Cámara Federal, en su primer día con los nuevos jueces nombrados por el propio Milei, confirmó la decisión de apartar del expediente a cinco inversores que pedían ser reconocidos como querellantes por las pérdidas que sufrieron con la compra de la criptomoneda que promocionó el Presidente. Sin querellantes, quedaba como único acusador el fiscal Eduardo Taiano, quien –se supo el viernes- promovió el sobreseimiento de todos los imputados en un dictamen que se mantuvo en reserva.

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Con el fiscal pidiendo lo que pretendían las defensas y sin posibles víctimas que pudieran ser escuchadas en el expediente, no quedó quien apelara y solicitara la reapertura del caso. Al menos, no en principio. Todavía hay un camino, pero no es nada sencillo. “La causa ya está herida de muerte”, dijo un experimentado funcionario de Comodoro Py.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi (mano en alto), en la jura de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi como camaristas federalesRicardo Pristupluk

Aquel fallo de la Cámara Federal que validó las exclusiones de los querellantes dispuestas por Martínez de Giorgi fue clave para este desenlace. Lo firmaron Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

El concurso del Consejo de la Magistratura que permitió que Bertuzzi entrara en la terna de candidatos de donde lo eligió Milei fue un trámite poco ortodoxo. Tras corregirse los exámenes escritos y analizarse los antecedentes de todos los concursantes, Bertuzzi había quedado en el puesto 21°. Después de la entrevista personal –la parte más discrecional del proceso-, el dictamen de mayoría de comisión lo llevó al lugar 16°, lejos todavía de las ternas (tenía que entrar entre los seis primeros). Pero este año, el consejero juez Diego Barroetaveña volvió a analizar las entrevistas de todos los postulantes (son filmadas y subidas a YouTube) y, tras esa revisión, Bertuzzi pasó al sexto lugar. Justo lo que necesitaba para llegar. El 2 de septiembre Milei lo nombró y dos días después confirmó la exclusión de los querellantes de $LIBRA. Fue una de las decenas de designaciones de jueces de Milei, que incluyeron el nombramiento de la mujer de Martínez de Giorgi, dos meses antes, como magistrada federal de Hurlingham.

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A fines de 2023, Llorens y Bertuzzi (por entonces camarista trasladado, no titular) habían revocado un sobreseimiento de la expresidenta Cristina Kirchner en el caso de la ruta del dinero K. Aquel fallo solo fue posible porque esa vez ambos camaristas hicieron una interpretación amplia sobre quién puede ser querellante. Cristina Kirchner estaba sobreseída a pedido de la fiscalía y se presentó la Asociación Civil Bases Republicanas, una ONG cercana a Pro: pidió ser aceptada como querellante (es decir, como damnificada) y reclamó que el caso se reabriera. Llorens dijo entonces que los argumentos expuestos por Bases Republicanas resultaban “suficientes como para advertir la necesidad de despejar por completo la incertidumbre que presenta conocer la verdad de los hechos y la participación de la imputada en esta causa”.

En el caso $LIBRA, en cambio, Llorens y Bertuzzi fueron estrictos al sostener que los damnificados no habían logrado probar su condición de víctimas del supuesto delito, que no acreditaron la existencia de un engaño que los hubiera hecho invertir en la criptomoneda. Validaron así lo que había sostenido Martínez de Giorgi. Era, en los hechos, prácticamente pedirles a los querellantes que probaran el delito que la propia causa estaba investigando.

El fiscal federal Eduardo Taiano Fiscales.gob.ar

Fue así como el expediente quedó con Taiano como único acusador. Tampoco intervino en esta causa la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) -organismo del Ministerio Público que suele participar junto a los fiscales en las causas contra funcionarios públicos-. Taiano no le dio intervención, pese a que la PIA, antes de que el caso se judicializara, había abierto un expediente sobre $LIBRA.

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Esta Procuraduría, dirigida por el fiscal Sergio Rodríguez, llevó adelante causas de las que los fiscales se habían bajado. Fue así, por ejemplo, como consiguió la reapertura del caso Skanska. La PIA insistió durante años en que debía incorporarse como prueba una grabación secreta, interna de la empresa, sobre los sobornos; la Corte Suprema finalmente validó su planteo y eso permitió reabrir el expediente.

Más cerca en el tiempo -y también con Taiano como fiscal del caso-, la PIA reclamó en soledad la reapertura de la causa que investigó el desvío de vacunas durante la pandemia (conocida como Vacunatorio VIP) y la Cámara Federal ordenó la reapertura de la investigación. Pero este caso es distinto, dijeron a fuentes del Ministerio Público. Sostienen que el fiscal pidió los sobreseimientos y el juez los dictó, y que la PIA, que no fue siquiera notificada, ya no tendría margen para intervenir en contra de lo sostenido por el fiscal del caso.

La única vía para una eventual reapertura de la causa sería una intervención de la Cámara Federal de Casación, especulan en Comodoro Py. Las presuntas víctimas excluidas de la causa presentaron un recurso de casación contra el fallo de Bertuzzi y Llorens. Estos camaristas no se lo concedieron (es decir, no les habilitaron el camino al tribunal superior), pero quienes buscan ser querellantes fueron directo, “en queja”, a esa cámara. Ahora les espera un proceso que, en el mejor de los casos, es largo. Y que podría ser muy corto si directamente les rechazaran su queja.

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En la Casación coinciden en que no es posible que sean repuestos como querellantes antes del jueves próximo, cuando vencería el plazo para apelar los sobreseimientos. No dan los tiempos. Si Casación abre la queja, los camaristas deberían notificar a las partes, convocar a una audiencia y recién después decidir. La sala que tiene pendiente resolver este tema está integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci. Fuentes judiciales dijeron a que hasta el momento los camaristas no tienen una decisión consensuada.

Los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano LlorensTélam

Las presuntas víctimas podrían presentar de todos modos, antes del jueves, una apelación a los sobreseimientos de Martínez de Giorgi, confiando en que a futuro la Casación las reponga como parte. Un recurso extremo en una causa en la que hoy no intervienen, contra un fallo que nadie les notificó, y para intentar ser habilitadas a impulsar una causa desde cero, en contra de la fiscalía, con un juez que ya decidió que no había nada que investigar.



sobreseyó,confirmó,Paz Rodríguez Niell,Conforme a

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Obras sociales: luego de tres reuniones secretas y fallidas entre el Gobierno y la CGT, alertan que la crisis del sistema es “casi terminal”

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En la CGT se prendieron las luces rojas: la crisis de las obras sociales se agudiza semana tras semana, con cortes de prestaciones y problemas de pago que obligan a la estructura gremial a derivar millonarios recursos para mantener el sistema de salud, pero esa decisión está complicando el funcionamiento de los sindicatos.

Hace un mes, el dirigente que advirtió públicamente sobre este cuadro crítico fue Luis Barrionuevo, líder del Sindicato de Gastronómicos, quien, en el programa de Carlos Pagni en LN+, comparó este momento con lo sucedido en los años 90, antes de la asunción de Carlos Menem, cuando “todos los gremios estaban en convocatoria y las obras sociales se fundieron porque sacaron la plata del sindicato para poner en la obra social, con lo cual la crisis se llevó puesto a los dos”.

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“Todos están sacando plata del sindicato, por lo que vamos camino a tener problemas en las estructuras sindicales, donde tenemos las escuelas, campings, vacaciones, cooperadoras -describió-. Hay un montón de elementos alrededor del sindicato que también representan plata y que hoy no te alcanzan”.

El ministro de Salud, Mario Lugones (Foto: Adrián Escandar)

El dirigente gremial dijo que, ante ese cuadro, hay que plantearle al Gobierno: “O resuelven el problema o hay que decirle a Mario Lugones, el ministro de Salud: ‘Acá tenés las llaves, manejá vos la obra social’”.

Se trata de una solución extrema, que nadie contempla seriamente, pero que revela la dificultad para salir del laberinto en el que se están los sindicalistas: al cabo de tres reuniones reservadas que mantuvo con la CGT, realizadas en la sede de la UOCRA, dicen que el ministro sigue sin responder a las propuestas que le efectuaron para superar una crisis de las obras sociales que los expertos cegetistas califican de “casi terminal”.

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Tras el último de esos encuentros, que tuvo lugar a fines de septiembre, el panorama empeoró: según fuentes de la CGT, alrededor de un 90% de la plata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte de trabajadores y empresarios para pagar los reintegros a las obras sociales, se destina hoy a las prestaciones por discapacidad, que demandan un gasto cercano al millón de pesos por afiliado en promedio y que representan unos 160 mil millones de pesos por mes, lo que deja muy poco margen para reintegrar a las obras sociales el dinero de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos más costosos.

La CGT organizó tres reuniones con el Gobierno por la crisis de las obras sociales, sin resultado positivo

Las prestaciones por discapacidad representan desde hace años el mayor porcentaje de los gastos del sistema de obras sociales: en 2017 equivalía al 22% del FDS; en 2019, al 37%; en 2019, al 50% y hoy, casi al 90%.

Ese fue uno de los puntos que reclamó la CGT a Lugones: que los gastos en transporte y educación que insuman las personas con discapacidad sean aportados por los ministerios o áreas del Gobierno respectivas y girados al Fondo Solidario de Redistribución, algo que ya le plantearon sin éxito al gobierno de Alberto Fernández.

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Luis Scervino, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y director de la obra social de Obras Sanitarias, es un sanitarista que asesora a la CGT y dijo a Infobae: “Estamos en una encerrona. La Argentina financia la atención médica esencialmente a través de un modelo de seguridad social, es decir, con aportes y contribuciones, pero la caída del poder adquisitivo del salario, a la que se suma un aumento exponencial del gasto médico, obliga a las obras sociales a cubrirlo, y cuando no se puede por el alto costo, termina judicializándose. Esto es una olla a presión”.

Los fondos para las obras sociales, eje de una fuerte preocupación de los sindicatos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si las obras sociales están al borde del colapso se debe a diversos factores, como se detalla en un informe elaborado por la CGT: allí se alertó que más de 11 millones de beneficiarios, equivalentes al 78,5% del padrón de las obras sociales nacionales, no generan recursos suficientes para financiar las prestaciones exigidas por el Programa Médico Obligatorio (PMO) y que el sistema destina 9% del salario al financiamiento de la cobertura médica, pero la pérdida de poder adquisitivo ronda el 30%. A esa caída se suma el aumento de los servicios asistenciales, que, según la CGT, superó ampliamente los índices del costo de vida.

“La situación económica financiera general del sistema de obras sociales está viviendo una crisis grave que para muchas organizaciones es casi terminal por imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”, advirtió la central obrera en su informe.

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Como la mayor parte de las obras sociales necesita asistencia de sus sindicatos para evitar la cesación de pagos, sostuvo la CGT, esa dependencia financiera repercute sobre la cadena de pagos a los prestadores, con efectos sobre la calidad de la atención, los tiempos de espera para acceder a prácticas médicas y el malestar de los afiliados, mientras la capacidad de compra de medicamentos se redujo, en promedio, un 40%.

La crisis de las obras sociales sindicales afecta la atención médica de los afiliados

La incorporación de monotributistas representa otro déficit para las obras sociales. Sus aportes mensuales, de acuerdo con el informe cegetista, rondan cifras que son un 78% inferior al costo estimado del PMO.

La CGT señaló que una parte de quienes se incorporan mediante el régimen de monotributo presenta una carga de enfermedad superior a la de los afiliados provenientes de la actividad laboral. “Utilizan el régimen de monotributo al solo efecto de tener acceso al sistema de salud a precios irrisorios”, sostuvo la central obrera.

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Los jubilados que permanecen afiliados a las obras sociales también agravan las cuentas del sistema sindical de salud. Más del 80% de los jubilados y pensionados que derivan sus aportes se ubica en la franja de mayores de 65 años y de este grupo la transferencia fija por cápita está establecida en 53.277,38 pesos, mientras la recaudación por persona es de unos 159 mil pesos.

La CGT advirtió que hay

La diferencia entre ambos valores no tiene, según el informe de la CGT, una contraprestación de servicios. El documento calificó esa situación como “ampliamente negativa y discriminatoria” para las obras sociales que mantienen la cobertura para jubilados.

Los hospitales públicos suman otra fuente de tensión financiera para las obras sociales. La CGT cuestionó que, en algunos distritos, como en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, los nomencladores para facturar prestaciones contemplan valores que pueden superar los de los prestadores privados.

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La central obrera también objetó que no se solicite autorización previa para prácticas programadas y que las internaciones de urgencia se informen de forma irregular o tardía, lo que impide realizar auditorías en el lugar. Como resultado, remarcó el informe, las facturas hospitalarias pueden convertirse en cosa juzgada y su cobro termina, en ocasiones, judicializado.

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Lorenzetti justificó la inhabilitación a Cristina Kirchner: “No fue el primer caso”

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El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti respaldó este sábado la aplicación de la inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió Cristina Kirchner en la causa Vialidad y sostuvo que “no hay personas proscriptas” en la Argentina. El magistrado señaló que esa sanción tiene antecedentes y diferenció sus consecuencias electorales del propósito de la intervención judicial.

Ante la consulta acerca de si actualmente hay personas proscriptas en el país, Lorenzetti lo negó y reconoció la legitimidad de las discusiones políticas. “Creo que en la sociedad cada sector tenga sus argumentos y los use para luchar por lo que cree que es bueno. Eso está bien en democracia”, dijo en declaraciones a Radio Con Vos, y agregó que esas posiciones no deben ser censuradas.

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Cristina Kirchner cumple condena en su domicilio de la calle San JoséHernan Zenteno

Sin embargo, respecto de las diferencias entre el debate político y la actuación judicial, Lorenzetti afirmó: “Jurídicamente es otra cuestión, nosotros nos ajustamos a la ley, al derecho y la Constitución. La Corte ya dijo lo que tenía que decir”.

En respuesta a los cuestionamientos del kirchnerismo sobre la condena de la exmandataria, remarcó que la inhabilitación “es una medida que está prevista hace muchos años en el Código”.

Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los tres integrantes de la Corte SupremaRodrigo Nespolo

Lorenzetti explicó que la Corte recibió una causa penal en la que el TOF 2 había impuesto penas de prisión e inhabilitación, y no una solicitud para definir si la expresidenta podía participar en elecciones. La resolución que firmó junto con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en junio de 2025 dejó firme la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta.

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Al detallar qué evaluaron los integrantes del máximo tribunal, el magistrado recordó que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 y la Cámara Federal de Casación Penal ya habían resuelto sobre el expediente. Según indicó, esas decisiones habían cumplido con el requisito del doble ntes de que la defensa acudiera a la Corte mediante un recurso de queja.

El TOF 2 dictó la condena contra Cristina Kirchner, que luego fue confirmada por Casación y quedó firme tras la intervención de la Corte

“Por eso no analizamos el fondo, sino que analizamos y resolvimos sobre la falta de fundamentación. Es decir, no estaba bien fundado”, aseguró sobre la presentación con la que se buscaba revisar la condena.

El magistrado también distinguió la aplicación de la inhabilitación de los cuestionamientos sobre su carácter perpetuo. Señaló que existen planteos de inconstitucionalidad que proponen una sanción de duración limitada, aunque evitó pronunciarse sobre esa discusión. “Ese es un tema pero la Corte no se trató, entonces no podemos opinar sobre eso”, aclaró.

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