En apenas siete años, el patrimonio declarado por Claudio “Chiqui” Tapia habría dado un salto del 1.000%: de cuatro propiedades con un valor fiscal total de $17 millones, un vehículo y unos US$43.000 líquidos en 2017, a un patrimonio que en 2024 incluía más de $1.002 millones distribuidos en cuentas bancarias, más de $39 millones en efectivo y una liquidez total cercana al millón de dólares. En el medio, entre 2019 y 2020, sumó cuatro propiedades nuevas en zonas de alto valor y vendió su casa original de Caballito a un precio muy superior al que había declarado al comprarla.

Esa es la base de la acusación que formuló el empresario Guillermo Tofoni que ahora comenzará a ser investigada por la Justicia para determinar si realmente tuvo un crecimiento patrimonial injustificado. Según la denuncia del empresarioq que tiene una larga disputa con la AFA, “no encontraría correlato con los ingresos lícitos declarados por el propio Tapia durante ese lapso”.

El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un requerimiento de instrucción para impulsar la acción penal contra Tapia por presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), donde se desempeñó como vicepresidente en representación de la Ciudad de Buenos Aires hasta 2024 y como presidente en representación de la Provincia de Buenos Aires desde enero de ese año.

La causa, caratulada “Tapia, Claudio Fabian S/ Enriquecimiento Ilícito (Art.268 Inc.2)” (CFP 1515/2026), tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo, y se originó en una denuncia de Guillermo Luis Tofoni. El escrito de Pollicita, presentado este viernes, retoma en detalle los términos de esa denuncia para fundamentar el pedido de avanzar con la investigación.

El punto de llegada de ese análisis, y la cifra que da sustento al pedido fiscal, es la que resume el propio denunciante al cierre de su presentación: “el incremento patrimonial denunciado habría representado un crecimiento real de la liquidez de aproximadamente el 1.000 %, entre 2017 y 2024, el cual no encontraría correlato con los ingresos lícitos declarados por el propio Tapia durante ese lapso”.

El punto de partida de ese cálculo es 2017, año en que Tapia declaró “cuatro propiedades con un valor fiscal total aproximado de $17 millones, un único vehículo, y activos líquidos inferiores a $1,5 millones de pesos -equivalente entonces a aproximadamente US$43.000 al tipo de cambio vigente-”. Según la denuncia, ese “patrimonio acotado” registró un primer quiebre en 2019, cuando se produjo un “salto patrimonial más intenso en materia inmobiliaria”: “en ese único ejercicio ingresaron a su patrimonio declarado cuatro propiedades: una casa en Beccar/San Isidro de 315 m², con valor fiscal de $15 millones y adquirida -según la propia declaración- mediante venta de activos; un departamento en Caballito, CABA, de 291 m²; una casona en Cardales/Ingeniero Maschwitz (280 m², valor fiscal $12.000.000, ubicada contigua al complejo del Sofitel); y un megaterreno en Campana de 2.430 m², adquirido mediante crédito hipotecario, con valor fiscal declarado de $10.918.214.

Las cuatro propiedades se ubican en zonas de alto valor de mercado”. Al año siguiente, agrega el texto, “en 2020, Tapia vendió su casa original de Caballito por la suma de US$950.000, contra un valor de adquisición declarado en 2009 notoriamente inferior, sin que esa diferencia encuentre explicación en los ingresos declarados para el período”.

El otro extremo de la comparación es la declaración jurada de 2024, en la que Tapia habría registrado “más de $1.002 millones en depósitos en múltiples cuentas bancarias -entre ellas una cuenta corriente con más de $517 millones-, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en caja de ahorro a valor oficial. El total en liquidez asciende aproximadamente a un millón de dólares”. Es esa distancia —entre los cerca de US$43.000 líquidos de 2017 y el millón de dólares declarado en 2024— la que arroja el crecimiento del 1.000% que señala la denuncia.

Para explicar esa diferencia, el escrito repasa los ingresos que Tapia declaró por sus funciones durante ese período. En su declaración jurada más reciente, de julio de 2025, consignó tres relaciones laborales: en el CEAMSE, $100.233.144 anuales —“aproximadamente $8 millones mensuales”— con una dedicación declarada de 15 horas semanales; en la CONMEBOL, como vicepresidente segundo, $718.536.500 anuales —“aproximadamente $60 millones mensuales”— por una dedicación declarada de apenas 2 horas semanales; y en la AFA, “trabajo ad honorem, sin remuneración”, con una dedicación de 15 horas semanales. El denunciante sumó a esto que “el ingreso total declarado supera los $818 millones anuales (aproximadamente $68 millones mensuales), más $200 millones adicionales: $44 millones por venta de vehículo, $30 millones en viáticos de la AFA por viajes al exterior, que se supone que gastó en su labor, y $130 millones en intereses de plazos fijos y diferencias de cambio”.

La historia no termina en 2024. Esa misma declaración jurada de julio de 2025 —la última presentada por Tapia— mostró un giro completo respecto del pico de liquidez del año anterior: según la denuncia, exhibió una “liquidez en cero: cero pesos en efectivo y cero en depósitos bancarios al momento de la presentación”. Sobre la composición patrimonial de ese período, el denunciante puntualizó que la declaración incluía siete propiedades: “dos casas en Río Luján (una comprada con fondos propios, valor fiscal $3,2 millones; otra con préstamo hipotecario, $1,4 millones); una casa en Cañada (valor fiscal $387.000); una casa en Beccar/San Isidro (315 m², valor fiscal $15 millones, adquirida en 2019 mediante venta de activos); un departamento en Caballito, CABA (291 m², valor fiscal $1 millón); una casa en San Juan (519 m², $250.000 fiscal); y un terreno en San Juan ($153.000 fiscal)”. Sobre estos dos últimos, remarcó que “registran una doble anomalía.

Sus valores fiscales decrecieron en lugar de actualizarse: el bien de 2012 pasó de $1.169.892 a $153.708; el de 2013, de $717.631 a $250.673. Por otro lado, ambos habían sido declarados originalmente como bienes propios y en la DJ 2025 pasaron a integrar el conjunto ganancial. Adicionalmente, la propiedad adquirida en 2012 figura en la DJ anterior como ‘vivienda’ y en la de 2025 como ‘Terreno – San Juan’”. Y agregó, a modo de ejemplo sobre el desfasaje entre los valores declarados y los de mercado: “una casa de 315 m² en Beccar/San Isidro -zona cuyo valor de mercado supera ampliamente el millón de dólares- figura a valor fiscal de $15 millones”.

La misma declaración de 2025 consignó, siempre conforme el denunciante, dos vehículos —uno valuado en $22.052.000 y otro en $5.000.200 a valor fiscal— y la venta de un tercero por $44.306.250, “el cual tampoco se correspondería con su valor real”. El megaterreno de Campana, en cambio, “desaparece como ítem individual en la DJ 2025: quedó absorbido sin desglose dentro del conjunto de bienes gananciales”. El denunciante sumó, además, que en 2006 Tapia había declarado la adquisición de una propiedad en Exaltación de la Cruz de 230 m² con ingresos propios y que ese predio se habría “expandido a dos parcelas contiguas, alcanzando aproximadamente 6.100 m²”.

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El escrito recoge también la valoración final del denunciante, quien fue más allá de lo documentado en las declaraciones juradas: “las declaraciones son falsas. Sin duda incrementó ilegalmente su patrimonio. Inclusive se ha dicho que tiene bienes no declarados: otra casa en Cardales, propiedades en Miami, vehículos, ropa lujosa, relojes de alto valor, etc. Y emplea barcos y aviones privados a título personal, como puede ser a través de las empresas CCYACHTING LLC, CHARTER DREAMS YACHT SERVICES, Insured Aircraft Title Service (IATS), VSL Aerospace INC, PLS Logistic LLC, Jet Support Services INC y Banyan Air Services”. Al resumir su exposición, sostuvo que “los ingresos declarados por Tapia no permiten explicar: el incremento patrimonial registrado en 2019, con la adquisición simultánea de tres inmuebles ubicados en zonas de alto valor; la acumulación de un millón de dólares en liquidez declarada en 2024; ni, finalmente, la desaparición inexplicada de esa liquidez en la declaración jurada de julio de 2025”.

Con ese análisis como base, el fiscal Pollicita consideró que “deberán llevarse a cabo las diligencias probatorias suficientes para determinar si ocurrió un incremento patrimonial apreciable por parte de Tapia -por sí o mediante persona interpuesta- durante el ejercicio de la función pública desde el año 2016 hasta la actualidad”, y pidió al juez Lijo que se tenga por impulsada la acción penal y por dispuesto el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil de Tapia, además de una veintena de medidas de prueba dirigidas a bancos, la AFIP/ARCA, exchanges de criptomonedas y, mediante exhorto internacional, a la CONMEBOL.

El entorno de Tapia niega cualquier acusación y asegura que el caso será archivado.

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Los integrantes de la Mesa Política de la Casa Rosada creen que en las próximas semanas pueden conseguir las adhesiones necesarias para poder firmar el dictamen de la Reforma Política, para así estar más cerca de la media sanción. Son lecturas que se repiten en bucle desde hace meses, pero el panorama se va haciendo cada vez más urgente con el pasar de los días, porque faltan dos meses y medio para que se cierren las sesiones ordinarias y, en el medio, estará el importante debate por el Presupuesto 2027.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) dictó el martes una Acordada Extraordinaria en la que instó al Congreso de la Nación a tener en cuenta que los estándares internacionales sobre las modificaciones electorales deben realizarse antes de iniciar el año de los comicios. Una forma de apurar a la política a que, si tienen que acelerar gestiones, las hagan cuanto antes.

Las urgencias de los dirigentes oficialistas varían según el caso. Hay quienes creen que tienen un margen suficiente, pero hay otros que miran la próxima fecha clave y esperan que se produzcan gestos contundentes. Ese día es el 15 de septiembre, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado volverá del cuarto intermedio que impuso el mes pasado para reanudar el debate por el proyecto electoral del Gobierno.

“Estamos todos los días avanzando un poco más para lograr la suspensión de las PASO”, indicó a Infobae una voz de peso en la mesa política del Gobierno.

Los alfiles del Presidente que llevan adelante la negociación creen que no hace falta definir las alianzas electorales por estas semanas. Al menos no para convencer a los gobernadores y bloques restantes que son determinantes para que el proyecto consiga su media sanción. “No hay por qué hacerlo ahora. Sí que haya un principio de entendimiento. Hay gobernadores que ya dijeron que están de acuerdo con la suspensión. Y hay otros que nos pueden acompañar de cualquier manera”, sintetiza una de las figuras libertarias que está en las tratativas.

La confianza de ciertos despachos violetas reside en los “fierros” que tiene a mano el Gobierno para poder satisfacer algunas necesidades de los distritos subnacionales, aun cuando se esté hablando de pocos fondos. Infobae reveló esta semana que después de un mes y medio de pausa comenzaron a reactivarse los fondos discrecionales (denominados formalmente Aportes del Tesoro Nacional) hacia diferentes provincias, aliadas y no tanto.

Más difícil de ver en el corto plazo es la promesa que hacen desde el Ministerio de Economía de que se reactivará la recaudación y los fondos coparticipables producto de la mayor liquidación de exportaciones y un mayor dinamismo de la actividad que podría haber hacia fin de año. Al menos eso es lo que le han hecho saber a varios de los jefes provinciales.

Hay varios motivos por los que el Gobierno está obsesionado por suspender las PASO. Al margen del menor costo que aparejaría la quita de las primarias del calendario electoral del 2027, esto implicará que la incertidumbre electoral se postergue por al menos dos meses. “Las elecciones ya comenzaron, pero hace que la hora pico de la ansiedad por las elecciones se atrase un poquito más. Eso le da alivio a la economía y, por ende, a nosotros”, explican en la Casa Rosada.

El Gobierno no tiene los votos para eliminar las PASO. Incluso, hay integrantes del propio oficialismo que creen que es una instancia valiosa para dirimir liderazgos partidarios. La posibilidad más realista es que aspiren a suspenderla y volver a intentar eliminarla dentro de dos años con un Congreso más favorable tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Aunque el oficialismo se mantiene optimista, todavía persiste una marcada mesura en aliados circunstanciales como el PRO. Después de reunirse ayer por la tarde en Casa Rosada con la cúpula de La Libertad Avanza, el jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, evitó pronunciarse sobre una eventual suspensión de las PASO y remarcó que la discusión debe darse “en el marco de la ley” enviada al Congreso, sin anticipar el sentido del voto de su bloque. En ese espacio prefieren guardarse esa carta para negociar, por ejemplo, la continuidad de Jorge Macri al frente de la Ciudad y evitar el desembarco de los libertarios en las elecciones locales.

La Libertad Avanza busca que en el calendario del año próximo queden solamente las elecciones generales a los fines de propiciar las chances de una victoria. Los estrategas electorales son claros: “Tenemos que ganar en primera vuelta y con la suspensión de las PASO creemos que vamos a incrementar nuestras chances”.

Aun así, el camino no sería lineal. El oficialismo cree que el peronismo tendrá incentivos para unificarse haya primarias o no. Incluso, no son pocos los que analizan que el sostenimiento de las primarias podría favorecer a Javier Milei. Quienes lo ven de esa manera ponen el ejemplo de lo que pasó en la interna de Juntos por el Cambio en 2023, la cual se caracterizó por el fuerte enfrentamiento entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, los dos precandidatos del espacio.