El primer ministro británico, Andy Burnham, mantuvo una llamada telefónica con el mandatario estadounidense, Donald Trump. Durante el contacto, la autoridad analizó el intento de la Argentina por frenar un proyecto petrolero cerca de las Islas Malvinas.

El jefe del Gobierno británico planteó su inquietud sobre las maniobras judiciales impulsadas por la administración del presidente Javier Milei. En el resumen oficial, el líder europeo remarcó “las consecuencias económicas que las medidas coercitivas” generan para sus países.

Por su parte, el mandatario de Estados Unidos señaló que el diálogo versó principalmente sobre la explotación en el Mar del Norte. Sobre la disputa del proyecto Sea Lion, la máxima autoridad norteamericana reconoció haber abordado la cuestión “muy de pasada”.

El litigio internacional escaló luego de la presentación argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El Presidente argentino rechazó la iniciativa de Rockhopper y Navitas denunciando la operatoria como “un saqueo ilegal” de recursos.

Finalmente, el Gobierno británico defendió las perforaciones energéticas para reducir la dependencia de insumos extranjeros. En referencia al desarrollo gasífero de Jackdaw, la administración europea defendió las obras afirmando que “ayudaría a mantener calientes millones de hogares”.

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La renegociación de los convenios colectivos de trabajo a partir de la reforma laboral avanza a fuego lento, pero hay un convenio que, curiosamente, ya comenzó a rediscutirse entre sindicalistas y empresarios pero es el único que el Gobierno no quería que se renovara.

Se trata del convenio colectivo de trabajo de la actividad metalúrgica, que quedó afuera de las intimaciones que hizo en junio el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para que se renegocien 800 convenios con el fin de adecuarse a la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

¿Por qué se excluyó de la convocatoria oficial a la UOM, el principal gremio industrial de la Argentina? Es que el sindicato metalúrgico está intervenido por la Justicia desde que su titular, Abel Furlán, fue desplazado por irregularidades en la elección en la Seccional Zárate-Campana y Trabajo cree que una decisión tan decisiva como renegociar un nuevo convenio colectivo tiene que ser instrumentada por sindicalistas legitimados por sus afiliados y no por un interventor judicial.

La decisión causó tensiones entre Cordero y Alberto Biglieri, el interventor de la UOM desde el 22 de mayo pasado, porque éste, apenas asumió, designó una comisión de 5 dirigentes metalúrgicos para pilotear la negociación salarial del sector, que estaba rezagada en la rama metalmecánica y paralizada durante los últimos 2 años en la rama siderúrgica. Sin embargo, todo se complicó cuando la Secretaría de Trabajo emitió un dictamen en el que puso en duda las facultades de Biglieri para designar representantes paritarios.

El interventor de la UOM, flamante ganador de las elecciones de este martes para renovar los cuatro representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, finalmente logró que se convalidara la comisión salarial gracias a un fallo de la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que estableció que Biglieri “cuenta con todas las facultades legales, estatutarias y reglamentarias de gobierno, administración y fiscalización” previstas cuando lo nombraron, y allí figuran las paritarias.

De esa manera, Roberto Bonetti (líder de la estratégica Seccional Capital), Daniel Martínez (Cañada de Gómez), Adrián Pérez (Quilmes), Enrique Salinas (La Plata), Edgardo Holstein (San Nicolás) y Manuel Casas (Villa Constitución), los dirigentes de la UOM que Biglieri puso al frente de la negociación salarial (todos opositores a Furlán), avanzaron en las tratativas con las cámaras empresariales y a mediados de agosto firmaron los aumentos para las dos ramas metalúrgicas.

Ahora, esos sindicalistas se reunieron este miércoles en la sede de la UOM Capital en Villa Lugano, donde uno de los puntos centrales, además de la pelea para normalizar la vida institucional del gremio, fue el análisis de las primeras conversaciones con la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), una de las cámaras del sector, dirigidas a actualizar el convenio colectivo de trabajo 260/75, cuyas cláusulas, a la luz de la reforma laboral, que le puso límites a la ultractividad, vencerán en diciembre.

En principio, la idea es pedir a Trabajo una extensión de la vigencia del convenio de manera de tener más tiempo para negociaciones bilaterales que no serán sencillas porque hay puntos que se mantienen desde 1975.

Ya hay borradores con posibles cambios que se están intercambiando entre las partes, aunque la comisión paritaria de 5 miembros decidió armar una mesa más amplia a la que invitarán a dirigentes de otras de las 53 seccionales de la UOM de todo el país.

Para los dirigentes metalúrgicos, según se acordó este miércoles, la prioridad pasa por modificar el artículo 4 del convenio para sumar actividades surgidas de las nuevas tecnologías y los nuevos trabajos. También se apunta a negociar cambios en el artículo 6, que regula el régimen de categorías y define los requisitos teóricos y prácticos para clasificar a los trabajadores según sus funciones y nivel de especialización.

El otro artículo en revisión es el número 7, donde figura la nómina básica de oficios reconocidos dentro de la industria metalúrgica y que buscan actualizar en función de las modificaciones que se produjeron en la actividad.

Las negociaciones entre las partes recién comienzan y tanto sindicalistas como empresarios descuentan que la Secretaría de Trabajo, a partir del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, avalará lo que se acuerde para que la UOM no sea el único sindicato que quede excluido de la renegociación de los convenios colectivos.

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El PRO bonaerense busca ordenar su estructura territorial y unificar criterios de cara a las elecciones de 2027. Para avanzar en ese objetivo, pondrá en marcha este lunes una ronda de reuniones con intendentes y concejales de la provincia, organizadas por sección electoral y con una convocatoria semanal.

El primer encuentro será en la sede nacional del partido y estará encabezado por Cristian Ritondo. Participarán dirigentes de la Primera Sección Electoral, en el inicio de un cronograma que continuará cada lunes hasta completar las distintas regiones de la provincia. La última reunión agrupará a las secciones Séptima y Octava.

La iniciativa apunta a fortalecer la coordinación entre los representantes locales, relevar la situación de cada distrito y establecer una estrategia común. La conducción partidaria busca evitar que las diferencias municipales se traduzcan en posiciones divergentes cuando llegue el momento de discutir candidaturas y posibles alianzas.

La reorganización territorial se da en paralelo a las conversaciones entre el PRO y La Libertad Avanza para alcanzar un eventual acuerdo electoral en 2027. En ese escenario, Ritondo pretende que el partido llegue a las negociaciones con una posición consensuada y capacidad para defender sus intereses en cada distrito.