ECONOMIA
Sturzenegger declaró la «muerte» de las estaciones de servicios tal como se las conocen ahora
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que las estaciones de servicio deberán «rediseñarse» en los próximos años para adaptarse al crecimiento de los vehículos eléctricos y dejar de ser únicamente puntos de carga de combustible.
Durante la Cumbre de Estaciones de Servicio realizada en el hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires, el funcionario planteó que el avance de la electromovilidad cambiará por completo el negocio tradicional del sector y exigirá nuevas estrategias comerciales.
«Movilidad siempre va a haber, el tema es cómo uno se va adaptando a la nueva realidad», sostuvo Sturzenegger frente a empresarios y referentes del rubro. En ese sentido, aclaró que el cambio «no va a pasar el año que viene, pero sí en los próximos diez años».
El ministro pidió a los empresarios tener una «mirada atenta» sobre las transformaciones que se vienen y remarcó que anticiparse a esos cambios permitirá implementar las adaptaciones con mayor eficiencia.
Estaciones de servicio: el modelo chino como anticipo de lo que viene
Para ejemplificar el proceso que imagina para la Argentina, Sturzenegger puso la mirada en China y particularmente en Shanghai, ciudad que describió como una muestra del futuro de la industria automotriz.
«No van a creer el parque automotor que van a ver», señaló, en referencia al fuerte crecimiento de la movilidad eléctrica en el gigante asiático, donde el año pasado se vendieron alrededor de 10 millones de autos eléctricos.
Según el ministro, el desembarco masivo de esa tecnología en el país será inevitable si los fabricantes chinos logran mantener precios competitivos y autonomías elevadas.
«Si los chinos hacen un auto eléctrico con una autonomía de 1.500 kilómetros a un precio de u$s20.000, no hay forma de evitar que eso llegue acá», afirmó.
YPF, Shell y Axion: cómo deberían transformarse las estaciones de servicio
En ese contexto, Sturzenegger sostuvo que las estaciones de servicio deberán modificar su modelo de negocios y sumar prestaciones adicionales para seguir siendo atractivas para los conductores.
El funcionario explicó que, con el avance de los cargadores domiciliarios y la posibilidad de recarga en distintos espacios comerciales, los usuarios podrían optar por cargar sus vehículos en restaurantes, cines o centros comerciales.
«Habrá que convencer al automovilista para que vaya a una estación», advirtió.
Por eso, remarcó que las expendedoras no podrán limitarse a vender combustible o energía, sino que tendrán que incorporar «otros servicios» para captar clientes y generar nuevas fuentes de ingresos.
La visión fue compartida por dirigentes del sector presentes en el encuentro, entre ellos el presidente de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (Fecra), Hernán Landgrebe, y el prosecretario de la entidad, Daniel Dagnino, quienes coincidieron en que la electromovilidad «sí o sí» deberá pasar por las estaciones de servicio.
Como ejemplo, Sturzenegger mencionó los nuevos vehículos de la automotriz china BYD, que pueden cargarse en apenas quince minutos.
«Ese tiempo quizás no le resulte económicamente atractivo a un restaurante, pero a ustedes sí», les dijo a los estacioneros.
Desregulaciones y flexibilización del sector: la medida de Federico Sturzenegger
El ministro también repasó algunas de las medidas impulsadas por su cartera para flexibilizar el funcionamiento del negocio.
Entre ellas destacó la habilitación opcional del autodespacho de combustible y la eliminación de exigencias mínimas de tamaño para abrir estaciones de servicio.
«No tiene sentido que tengan un tamaño único. Hay localidades pequeñas que no requieren dimensiones que no les resultan rentables», explicó.
Asimismo, señaló que el Gobierno avanzó recientemente con cambios similares para las estaciones de GNC, eliminando la obligación de contar con playas separadas.
«No hay necesidad de tener dos estaciones de servicio cuando lo pueden hacer en una», afirmó.
En la misma línea, cuestionó regulaciones vinculadas con los tanques aéreos de hidrocarburos y defendió una mayor simplificación normativa.
«No esperen la reglamentación de la reglamentación de la reglamentación. Si ya lo permitimos, hay que hacerlo», enfatizó.
El impulso a las estaciones móviles
Otro de los puntos abordados por el funcionario fue el desarrollo de estaciones de servicio móviles, una modalidad que el Gobierno busca potenciar.
Sturzenegger reveló incluso que su «sueño» es que exista «un camión con un acoplado que sea una estación de servicio».
Como antecedente mencionó la instalación de una estación móvil en la localidad santacruceña de Lago Posadas, que permitió resolver problemas de abastecimiento en una zona de baja densidad poblacional.
«La estación móvil puede ser inmóvil, no importa que no se mueva», sostuvo, al dejar abierta la posibilidad de instalaciones permanentes bajo ese formato.
Críticas al INTI por el control de surtidores
Por último, el ministro cuestionó el esquema de control técnico de surtidores que realizaba el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Según señaló, el sistema implicaba un subsidio indirecto financiado por los contribuyentes.
«Los contribuyentes terminaban subsidiando a YPF, a Pan American Energy y en alguna medida a ustedes también», lanzó ante los empresarios.
En ese sentido, instó al sector privado a desarrollar tecnología propia para realizar los controles técnicos de los surtidores y consideró que podrían hacerlo «mejor que el INTI».
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ECONOMIA
Alerta por el crecimiento de ciberataques en América Latina: el antecedente que encendió alarmas y qué pasa en la Argentina
Más de 18,5 millones de ciberataques al año ponen a prueba las defensas digitales de América Latina, una región donde gobiernos, empresas y servicios públicos dependen cada vez más de sistemas conectados, mientras avanzan nuevas formas de intrusiones vinculadas al uso de inteligencia artificial de las que la Argentina no escapa.
El dato surge de un informe de Digi Americas al que accedió Infobae y que ubicó a la ciberseguridad entre los desafíos centrales de la transformación digital regional. El documento señaló que la frecuencia y la complejidad de los ataques crecen al mismo tiempo que los países amplían sus servicios virtuales, modernizan áreas del Estado e incorporan infraestructura de nube e inteligencia artificial.
La situación combina riesgos y oportunidades. La región todavía presenta diferencias en materia de conectividad, infraestructura, regulación y formación de especialistas. A la vez, buena parte de sus ecosistemas digitales se encuentra en expansión, lo que abre la posibilidad de incorporar desde el inicio herramientas de seguridad, sistemas interoperables y planes de respuesta ante incidentes.
El reporte advirtió que solo siete de los 32 países de América Latina cuentan con marcos regulatorios para proteger sus servicios esenciales. Además, apenas 20 conformaron Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, conocidos como CSIRT.
La diferencia entre la cantidad de ataques y las capacidades disponibles para responder expone una de las principales brechas de la región. Un incidente informático no se limita a una computadora bloqueada o a una base de datos inaccesible. Puede retrasar pagos, trabar trámites, interrumpir comunicaciones, afectar la atención sanitaria o generar dificultades en sectores vinculados con la energía y el comercio exterior. Esa es una de las razones por las que la protección de la infraestructura crítica se convirtió en una prioridad para los gobiernos de la región.
El ransomware, las filtraciones de datos, los fraudes digitales y la actividad patrocinada por Estados forman parte de un escenario que alcanza tanto al sector público como al privado. El análisis sostuvo que estas amenazas ganan frecuencia y complejidad, con una demanda creciente de infraestructura segura, capacidades técnicas y alianzas confiables.
Los antecedentes
Dos antecedentes recientes permiten dimensionar el impacto de este tipo de incidentes. El caso de Costa Rica expuso hasta dónde puede escalar una intrusión contra sistemas públicos. El ataque de ransomware de 2022 afectó organismos estatales y obligó a suspender o limitar plataformas vinculadas con impuestos, aduanas y otros trámites. Este tipo de programas maliciosos bloquea o cifra sistemas y archivos para exigir un pago a cambio de recuperarlos o evitar la difusión de datos robados. La disrupción llevó al país a declarar una emergencia nacional.
El 17 de abril de 2022, Costa Rica sufrió un ataque digital que alcanzó el corazón de su administración pública. El grupo Conti irrumpió en los servidores del Ministerio de Hacienda, dejó fuera de servicio la plataforma tributaria virtual y el sistema aduanero, y luego extendió la ofensiva a otros organismos. La información fiscal de ciudadanos y empresas quedó en riesgo. Los atacantes exigieron 20 millones de dólares para no divulgar los archivos robados.
La crisis se agravó el 31 de mayo, cuando el grupo Hive atacó a la Caja Costarricense de Seguro Social. La institución apagó sus sistemas críticos para contener la intrusión: quedaron suspendidos el Expediente Digital Único en Salud y la plataforma central de recaudación. Médicos perdieron acceso a historiales clínicos, docentes no pudieron cobrar sus salarios y los trámites fiscales, aduaneros y sanitarios quedaron paralizados. En las primeras 48 horas, el impacto económico se estimó en 125 millones de dólares.
El Gobierno rechazó los rescates y calificó a los grupos como “terroristas”. El 8 de mayo, el presidente decretó la emergencia nacional y afirmó que el país se encontraba en un “estado de guerra”. La recuperación demandó meses y requirió apoyo técnico de empresas y distintos países. Washington ofreció 10 millones de dólares por información sobre los líderes de Conti, mientras que Hive fue desarticulado en enero de 2023 tras una operación coordinada entre Europol y autoridades de Alemania, Países Bajos y Estados Unidos.
La recuperación requirió restablecer procesos, sostener mecanismos manuales mientras permanecían fuera de línea algunos sistemas y destinar recursos a la reconstrucción tecnológica. El episodio dejó una señal para el resto de América Latina: la respuesta ante un ataque depende de la capacidad de mantener servicios activos, recuperar información y coordinar a los organismos involucrados.
En 2023, un ataque contra IFX Networks afectó a 78 entidades públicas y a más de 760 empresas privadas de la región. El episodio dejó en evidencia que una vulnerabilidad en la infraestructura tecnológica puede extenderse más allá de una organización o de un país.
Los dos casos reforzaron la necesidad de contar con redes preparadas para sostener servicios y equipos capaces de coordinar una respuesta rápida. Para Digi Americas, la resiliencia digital depende de combinar conocimientos locales, información global sobre amenazas, herramientas tecnológicas y cooperación entre actores públicos y privados.
Los nuevos desafíos
La expansión de la inteligencia artificial incorpora una variable adicional. La tecnología ya transforma las tareas de ciberseguridad: permite detectar señales de riesgo, analizar amenazas en tiempo real y automatizar parte de las respuestas frente a incidentes.
Estas capacidades pueden ayudar a proteger sistemas estratégicos y servicios digitales. Sin embargo, desde Digi Americas plantearon que los gobiernos y las empresas también deben adaptar sus políticas y operaciones a las amenazas vinculadas con la IA, además de resguardar la información sensible y definir reglas para el uso de datos y modelos.
El acceso a capacidad de cómputo, servicios de nube, especialistas y sistemas de seguridad avanzados será un factor relevante para los países que busquen adoptar estas herramientas. Varios gobiernos latinoamericanos ya desarrollan o evalúan estrategias nacionales de inteligencia artificial.
La importancia de la cooperación
Una respuesta efectiva depende de que los países intercambien alertas, datos técnicos y mecanismos de acción frente a incidentes. Los atacantes operan a través de las fronteras, por lo que una señal detectada en un país puede ayudar a prevenir daños en otro. Para Digi Americas, esa cooperación puede mejorar tanto la detección como la capacidad de reacción.
El reporte advirtió que la concentración de sistemas críticos o datos sensibles en un único lugar puede crear un punto de falla y aumentar la exposición a ataques, espionaje, sabotajes o interrupciones de servicios. En esa línea, propuso reforzar el cifrado, la gestión de identidades y accesos, la seguridad desde el diseño, la gobernanza de datos y la diversificación de proveedores y plataformas.
Cómo es el caso argentino
En la Argentina, el Gobierno avanza con un plan para reforzar la protección del sector público nacional y de las infraestructuras críticas ante robos de datos, fraudes, ransomware e interrupciones de servicios. La estrategia incluye la creación de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) nacional, que concentrará alertas de organismos públicos y compartirá información sobre amenazas detectadas.
El proyecto, a cargo del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), también contempla la compra de inteligencia sobre amenazas, servidores, programas y otros equipos. La previsión oficial es que el centro comience a funcionar a principios de 2027, aunque el cronograma depende de procesos de compra y de la disponibilidad internacional de infraestructura tecnológica.
El otro problema es que el Estado todavía no tiene una fotografía completa de lo que ocurre. CERT.ar recibió entre 200 y 400 incidentes por año en períodos recientes y ya superó los 700 casos en 2026. Desde el CNC aclaran que el aumento no alcanza para concluir que hubo más ataques: también puede reflejar una mayor detección o notificación. Lo que sí persiste es un subregistro que dificulta dimensionar el riesgo.
Para mejorar esa capacidad de detección, en febrero el CNC dispuso que las agencias de la administración pública nacional designen responsables de ciberseguridad, elaboren planes de recuperación ante desastres e inventaríen sus sistemas de acuerdo con su nivel de criticidad. Cada organismo deberá definir, además, cuánto tiempo puede sostener una interrupción y qué volumen de información podría perder ante un incidente.
El plan prevé un modelo de madurez para que las dependencias identifiquen vulnerabilidades, establezcan prioridades y presenten planes de mejora. También incluye oficiales de enlace del CNC en organismos estatales e infraestructuras críticas, con el objetivo de acompañar la aplicación de estándares y los diagnósticos internos.
Otra de las herramientas proyectadas es una “ciberarena”, una plataforma para recrear ataques y fallas en entornos similares a los reales. Allí podrán simularse redes, centros de monitoreo, equipos de seguridad y controles industriales vinculados con áreas como energía y salud, para evaluar las respuestas de los equipos técnicos.
La capacitación tendrá dos niveles: uno destinado al conjunto de los empleados públicos, centrado en la prevención de estafas y campañas de phishing, y otro dirigido a autoridades, desarrolladores y especialistas. El CNC tiene competencia sobre el sector público nacional y las infraestructuras críticas; con provincias, municipios y empresas privadas, busca establecer mecanismos de colaboración y acuerdos con entes reguladores.
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ECONOMIA
Con ventas débiles, costos en alza y menos pedidos, las pymes ajustan turnos para intentar sostener el empleo
Las pymes atraviesan un período de marcada prudencia operativa y productiva ante un mercado interno retraído que no valida nuevas listas de precios (Qualy Consultora)
El 42% de las pequeñas empresas y el 46% de las medianas prevén mantener sus dotaciones durante los últimos meses del año (Guastini)
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ECONOMIA
Argentina ante la infraestructura del futuro: cuando el mundo necesita energía, minerales y talento
- las tasas internacionales,
- el precio internacional de las materias primas,
- las decisiones de los organismos multilaterales,
- los ciclos financieros, o
- las condiciones impuestas por los mercados de capitales.
El tablero que está cambiando es el de la inteligencia artificial y los centros de datos
La Agencia Internacional de Energía identifica al gas y a la energía nuclear como fuentes relevantes para acompañar el crecimiento
Los servidores generan enormes cantidades de calor y refrigerarlos representa una parte importante del consumo energético de un centro de datos
- Argentina puede atraer inversión extranjera directa para construir y operar centros de datos en territorio nacional.
- Puede exportar los servicios profesionales necesarios para que esos centros de datos —estén en Argentina, Estados Unidos, Europa o Asia— funcionen.
Lo que puede estar cambiando es el contexto macroeconómico.
- más capacidad de cómputo,
- inteligencia artificial,
- centros de datos,
- electricidad.
- cobre y minerales críticos,
- gas durante la transición energética,
- almacenamiento,
- talento tecnológico,
- diversificar cadenas de suministro por razones económicas y geopolíticas.
Argentina tiene energía, minerales, territorio, clima favorable en algunas regiones, capacidades nucleares, capital humano, alimentos y está alejada de los principales escenarios bélicos
Corporate Events,Energy Markets,South America / Central America
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