POLITICA
Sur Finanzas: la justicia secuestró la Ferrari de Ariel Vallejo, el empresario amigo de Claudio Tapia, que estaba oculta en Puerto Madero
La justicia federal de Lomas de Zamora secuestró la Ferrari California descapotable negra que Maximiliano Ariel Vallejo, titular del holding Sur Finanzas, utilizaba como vehículo personal y que era rastreada desde los allanamientos de diciembre de 2025. En las últimas horas apareció oculta en el garaje de un edificio de Puerto Madero, tapada con una cubierta y sin chapas patente. El vehículo, valuado en aproximadamente US$ 320.000, había sido transferido a nombre de una jubilada de 73 años. La fiscal del caso había solicitado su secuestro al entender que el cambio de titularidad del vehículo fue una maniobra para para evitar los que sucedió.
El secuestro del auto de alta gama fue ordenado el 6 de agosto por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, según confirmaron a Infobae fuentes vinculadas al caso.
El financista, amigo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, enfrenta cuatro cargos en la causa: asociación ilícita, cobro de tasas usurarias, lavado de activos —agravado por habitualidad y por su presunta pertenencia a una organización dedicada a la comisión continuada de ese delito— y administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario en perjuicio del Club Atlético Banfield. Este último cargo fue incorporado en mayo de 2026 a pedido de Incardona, quien sostuvo que Vallejo proveyó la estructura corporativa y el flujo de capital no registrado que permitió consumar el fraude ejecutado por los directivos del club. La acusación también desliza, de manera tangencial, presuntas infracciones al régimen penal cambiario e intermediación financiera no autorizada. El monto involucrado en las operaciones de lavado supera, según la fiscalía, los US$ 108 millones.
La historia del auto tiene un recorrido que la acusación considera revelador: el rodado estuvo registrado originalmente a nombre de Cluster Palace Beach S.A., empresa cuya presidencia ejercía Bárbara Denise Sena Argis, hermana de la socia de Vallejo, María Fernanda Sena Argis.
Según la acusación, esa sociedad habría servido para disimular el patrimonio real del financista. Como informó Infobae, el dominio AG-895-HZ figuraba en el expediente como un bien de uso personal de Vallejo, hasta que el fisco detectó la maniobra.
Diez días después de los allanamientos, el hijo de la jubilada se presentó en la causa y se identificó como comprador de buena fe, pero no puso el vehículo a disposición del tribunal tal como se había ordenado.
Cuando la justicia llegó al complejo departamental de Puerto Madero, por la información aportada por un residente, encontró el auto estacionado en el subsuelo junto con su documentación y las patentes, guardadas dentro de una caja fuerte en el departamento del hijo de la jubilada.
En su resolución, la fiscal Incardona sostuvo que ese comprador “no pudo acreditar debidamente el origen de los fondos con los cuales su madre, beneficiaria de una jubilación, compró la Ferrari”. Fotografías que circulan en redes sociales mostraban el vehículo estacionado frente a la sede central de Sur Finanzas, ubicada en la calle Seguí al 700 de Adrogué, cabecera del partido de Almirante Brown, en la provincia de Buenos Aires.
El parque automotor bajo investigación
La Ferrari no es el único vehículo que la justicia vincula a Vallejo y a las empresas de su entramado societario y que ya secuestró.
La investigación identificó unos veinte rodados como propiedad del financista o de firmas relacionadas: un Audi Q2, un Mercedes-Benz GLC 300 Coupé AMG-Line, un Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0, una Porsche Macan modelo 2025, una Porsche 718 Boxster modelo 2023, dos BMW —un X2 y un X4—, una Toyota SW4, un Citroën C3, un Volkswagen Vento y un Peugeot 208, entre otros. A ese listado se suman tres camiones de caudales Mercedes-Benz y una Jeep Renegade, tal como informó este medio.
Según la acusación fiscal recogida en el expediente y a la que accedió Infobae, varios de esos bienes estaban registrados a nombre de personas del entorno de Vallejo. El Mercedes-Benz GLC 300 Coupé AMG-Line y el BMW X2 figuraban a nombre de su madre, Graciela Beatriz Vallejo, quien aparece vinculada a trece empresas del holding. La Jeep Renegade estaba registrada a nombre de Maite Sofía Lorenzo, pareja del financista y administradora titular de Neocam S.A.S. Un Audi Q5 y un BMW 320i, en tanto, aparecen ligados a María Fernanda Sena Argis, quien según la fiscalía ejerció “roles administrativos ficticios” por orden y cuenta de Vallejo. La acusación sostiene que ese entramado de bienes a nombre de familiares y allegados habría servido para ocultar el patrimonio real del imputado.
Ese despliegue de vehículos de alta gama era parte del paisaje cotidiano en Adrogué. Vecinos y comerciantes de la zona describieron una postal que se repitió durante meses: camiones blindados con el característico color verde aguamarina de Sur Finanzas detenidos frente a las oficinas hasta tres veces por día, y autos de lujo estacionados en un predio que, según los residentes, había sido una remisería y que Vallejo habría adquirido para uso de la firma. Tras los allanamientos, tanto los camiones como los vehículos de alta gama desaparecieron del lugar.
Evasión y perfiles de insolvencia
En paralelo al rastreo de bienes, Incardona profundizó la investigación financiera sobre las billeteras virtuales administradas por Sur Finanzas PSP S.A., a través de las cuales se operaron $818.000 millones. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —ex AFIP— denunció que esa firma evadió tributos por una suma superior a los $3.327 millones. Armella ordenó la determinación de deuda impositiva respecto de esa empresa y de la totalidad de firmas del holding, así como de Vallejo, su madre Graciela y su socia María Fernanda Sena Argis.
La investigación patrimonial sobre los operadores del sistema reveló un esquema de perfiles incompatibles con los montos movilizados. Algunos de los investigados cobraban planes sociales o el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia del COVID-19, pero canalizaron transacciones virtuales por aproximadamente $4.000 millones. Otros, con situación crediticia calificada como “irrecuperable” ante el sistema financiero, registraron operaciones por más de $7.000 millones. El 31% de los movimientos correspondió a sujetos no categorizados que movilizaron aproximadamente $223.441 millones, concentrados en grandes operadores sin inscripción fiscal. También se detectaron empresas inscriptas en el régimen de facturación apócrifa, cuyos presuntos socios registraban domicilios en barrios populares, con movimientos en sus cuentas por más de $500 millones, y personas investigadas por lavado de activos en operaciones de arbitraje de criptomonedas.
Falta de mérito para los directivos de Banfield
El 11 de agosto pasado, Armella dictó la falta de mérito para cuatro ex directivos del Club Atlético Banfield y para dos personas jurídicas vinculadas al holding y a presuntas maniobras de lavado de activos. Como informó este medio de manera exclusiva, los beneficiados son Eduardo Juan Spinosa (ex presidente del club), Federico José Spinosa (ex secretario), Oscar Fabián Tucker y el ex tesorero Ignacio Javier Uzquiza, actual tesorero de la Asociación Argentina de Tenis (AAT). La medida también alcanzó a Banfileños S.A. y al Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña.
La figura, prevista en el artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), se aplica cuando la prueba reunida no alcanza para dictar un procesamiento pero tampoco es suficiente para sobreseer. La investigación permanece abierta. Armella rechazó los sobreseimientos solicitados por las defensas por considerarlos “prematuros” y enumeró una serie de diligencias pendientes: informes técnicos de entramados financieros y sociales desde 2018, una auditoría de los contratos de sponsorización entre Banfield y Sur Finanzas, información del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre el estado de las cuentas del club, y un exhorto a Alemania, donde Banfield tenía una cuenta bancaria abierta porque sus cuentas locales “estaban embargadas y suspendidas”. Por esa caja ingresaron los fondos de un crédito participativo firmado en 2019 con Auriga League S.A. por un total de € 2.000.000.
La acusación fiscal sostuvo que los directivos firmaron con Vallejo dos contratos de mutuo en 2023: el primero por US$ 500.000 con una tasa de interés del 3% mensual, y el segundo por otros US$ 500.000 con una tasa del 4% mensual en moneda extranjera, ambos con un interés punitorio del 5% mensual. En menos de seis meses, el club quedó obligado a devolver US$ 1.150.000, de los cuales US$ 150.000 correspondían a intereses. Los fondos, declarados recibidos en efectivo y en dólares antes de la firma, no tuvieron trazabilidad bancaria directa. Sobre ese vínculo, la defensa del financista presentó una propuesta formal de patrocinio emitida en diciembre de 2022 y señaló que la marca Sur Finanzas estuvo visible en la indumentaria del club y en partidos televisados, incluyendo los de la “Copa Sur Finanzas”.
Todos los imputados negaron los cargos. Eduardo Spinosa reconoció el vínculo con Vallejo pero lo circunscribió al ámbito comercial: dijo haberlo conocido “para que sea sponsor del club”. Vallejo, por su parte, calificó el expediente como “una causa mediática” y en su indagatoria sostuvo que “soy inocente de la totalidad de los hechos que se me atribuyen”. La situación procesal del financista no fue resuelta en el pronunciamiento del 11 de agosto. Esa definición quedará en manos del nuevo titular del juzgado federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien asumió el cargo el jueves, dado que Armella era el magistrado subrogante de ese juzgado.
hombre,Ferrari
Con un claro mensaje hacia la interna y los desacuerdos en la cúpula del oficialismo, la diputada libertaria Lilia Lemoine sostuvo que le “ilusionaría” una fórmula presidencial encabezada por Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich para las elecciones de 2027. Por otro lado, apuntó contra el “adoctrinamiento” en las universidades tras la Marcha Federal que se realizó en el Congreso, y cuestionó a quienes “querían tirar el DNU 70/23” para “dañar al Gobierno”.
En una entrevista con Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Maia Jastreblansky, Lemoine expresó su respaldo a una oferta electoral Milei-Bullrich para asegurar la continuidad de La Libertad Avanza, a pesar de la tensiones internas por lo movimientos de la exministra de Seguridad. “Me agradaría una formula. A mi me gustaría, me ilusionaría una fórmula así”, dijo.
Consultada por la movilización de docentes, trabajadores y alumnos universitarios, la legisladora se refirió al episodio que vivió en las inmediaciones de Congreso, que quedó registrado en video. Entre otros puntos, recordó que caminaba con la diputada mendocina Mercedes Llano cuando comenzaron las agresiones verbales. “Estábamos esperando en la esquina. Obviamente, a mí me reconocen. Se acerca una chica y me empieza a insultar”, reconstruyó sobre el incidente que registró con su teléfono.
La diputada diferenció a quienes participaron de manera pacífica de otros grupos que, según afirmó, se acercaron a la zona con una dinámica organizada. “Había una parte pacífica de la marcha”, dijo, antes de cuestionar la presencia que observó en las inmediaciones. “Empezaban a llegar personas de municipalidades, que salieron organizadas de los consejos deliberantes y algunas universidades de la provincia de Buenos Aires. Yo la verdad vi muy poco estudiante ahí”, planteó.
Lemoine también mencionó algún hecho puntual donde hubo estudiantes que afrontan presiones políticas dentro de las universidades. Citó un caso en la Universidad del Sur, de Bahía Blanca, donde aparentemente un docente -según su versión- pidió una foto de asistencia a la marcha para aprobar la materia. “Eso es extorsión a los alumnos. Adoctrinamiento político”, expresó.
Ante la observación de que esos casos no necesariamente describen la totalidad del sistema universitario, Lemoine aseguró que sería atacada si ingresara a una facultad. “A mí me tirarían piedras adentro de la universidad (pública). Te lo apuesto”, agregó. “El asco que me tienen la feministas y la izquierda es tan grande, y son tan violentos y tan cobardes, que cuando están en grupo son extremadamente agresivos”, afirmó.
La diputada consideró que detrás de la movilización y del debate parlamentario había un propósito político contra el Poder Ejecutivo. “Ayer querían tirar el DNU 70/23 no porque estaban preocupados por la educación pública o la soberanía, todo eso es mentira”, dijo, e insistió que el objetivo era desestabilizar al oficialismo. “Querían subir el riesgo país, querían ver si tiraban un muerto, querían ver si podían dañar al gobierno”, enumeró, sin presentar pruebas durante la entrevista.
El rumbo del Gobierno: “Podría estar mejor”
Por otro lado, Lemoine reconoció dificultades en la situación económica, aunque aseguró que el Gobierno atraviesa una recuperación después de la crisis profunda de 2023. “Podría estar mejor. Estamos saliendo de una crisis muy profunda que podría haber terminado en una hiperinflación”, sostuvo, y consideró que resolver en dos años los efectos de los gobiernos anteriores era imposible. “Es fantasioso si alguien pensó en algún momento que se podían resolver veinte años de populismo y de miseria en dos años”, agregó.
En ese marco, afirmó que la baja de la inflación es un indicador central. “Este es el primer presidente desde la vuelta de la democracia que va a entregar el gobierno con menos inflación de la que tenía cuando empezó”, sostuvo, al destacar la eliminación de restricciones cambiarias. “No hubo plan Bonex, no hubo corralito, se quitó el cepo”, enumeró.
Sobre la actividad comercial y el consumo, planteó que existen problemas derivados del retiro de subsidios y de las políticas aplicadas durante dos décadas. Y también defendió que el cambio de la composición del empleo sea con contrataciones precarias. “Ser monotributista no es algo malo, no es un insulto. Yo soy monotributista, no he tenido problemas con eso”, afirmó. Tras ser consultada por el cierre de empresas, respondió con interrogantes sobre nuevos emprendimientos e inversiones. “¿Y cuántas abrieron y cuántas migraron? ¿Y cuántas inversiones llegan?”, planteó.
Más allá de las dificultades, Lemoine aseguró que el Gobierno debe mantener su programa económico. “Hay que seguir avanzando en lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo ha dado sus frutos”, afirmó.
En el cierre, pidió apoyo electoral para el mandatario libertario. “Javier Milei es el primer presidente que hace lo que dice que va a hacer. No hay sorpresas. Con este presidente vos tenés previsibilidad, tenés un camino de libertad por delante”, concluyó.
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POLITICA
El gobierno de Trump envía a la Argentina a dos altos funcionarios para avanzar con un ambicioso proyecto de infraestructura
WASHINGTON.- Luego de la visita de Javier Milei a esta capital, el gobierno de Donald Trump anunció este viernes que dos altos funcionarios del Departamento de Estado viajarán la semana próxima a la Argentina para promover el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico, una ambiciosa iniciativa de infraestructura con inversión norteamericana sellada entre ambas administraciones el mes pasado.
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, hijo de argentinos y con un rol clave en el vínculo de la administración Trump con la región, llegarán a la Argentina tras un paso previo por Asunción, en Paraguay. La gira será del 19 al 26 de octubre, aunque no se especificó la fecha exacta de su arribo a Buenos Aires.
“En Buenos Aires, Landau se reunirá con altos funcionarios del gobierno argentino y líderes del sector privado para aprovechar el impulso generado por el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa conjunta de Estados Unidos y la Argentina suscripta durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. Discutirán vías para fomentar el crecimiento económico, aumentar la inversión estadounidense y fortalecer la cooperación en seguridad”, señaló en un comunicado difundido esta mañana el Departamento de Estado, que lidera el secretario Marco Rubio.
“El viaje del Landau refleja el compromiso de la administración Trump con un hemisferio occidental seguro y próspero”, añadió la nota.
El 23 de septiembre pasado, los gobiernos de Milei y Trump anunciaron el lanzamiento del “Corredor Andes-Atlántico”, una iniciativa que busca conectar las zonas mineras del noroeste argentino y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico mediante inversiones en ferrocarriles, ductos, energía, puertos e infraestructura digital.
El entendimiento contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta US$7000 millones hacia 2027.
El anuncio se realizó durante el foro sobre cadenas de suministro, energía e infraestructura en el consulado argentino en Nueva York. Landau y el canciller Pablo Quirno encabezaron la presentación en representación de ambos gobiernos, una nueva muestra de la alianza estratégica entre las administraciones de Milei y Trump.
En ese momento se había anticipado que la cooperación tendría una próxima instancia este mes con el viaje de Landau a la Argentina para reunirse con representantes del sector público y privado e impulsar proyectos vinculados con el corredor.
El miércoles pasado, en Washington, Quirno se reunió con Segura, con quien repasó la agenda bilateral en distintos ejes, como el acuerdo de financiamiento con Washington para inversiones en infraestructura, según supo . El funcionario norteamericano también había estado presente en la presentación del acuerdo en Nueva York.
Para Washington, la iniciativa “profundiza la integración económica entre Estados Unidos y la Argentina” y une a los inversores con oportunidades en los sectores energético, minero, de infraestructura y tecnológico del país, según señaló el Departamento de Estado. Además, apunta a conectar la matriz productiva argentina con los mercados de Occidente a través de inversión estadounidense.
El gobierno norteamericano la presentó como la primera asociación para un corredor global de infraestructura e inversión en el hemisferio occidental, que se suma a los de otras regiones. El objetivo es ampliar las oportunidades para sus empresas y fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, incluidos el litio, el cobre, el petróleo y el gas, de los que la Argentina tiene amplios recursos.
La novedad más concreta figura en el capítulo energético: el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EXIM Bank) presentó al proyecto de Gas Natural licuado Argentina LNG, liderado por YPF, una propuesta de financiamiento de largo plazo por hasta US$6000 millones.
Los fondos se destinarían a la compra de bienes y servicios estadounidenses para desarrollar la infraestructura y la producción. El crédito todavía no está aprobado: la propuesta es indicativa y no vinculante, y su eventual otorgamiento requiere la aprobación final del directorio de EXIM.
YPF desarrolla el proyecto junto con la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. La primera fase prevé dos unidades flotantes de licuefacción frente a Río Negro, con capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales de GNL y el inicio de operaciones proyectado para 2031.
La visita de Landau y Segura se producirá en la previa del viaje del vicepresidente norteamericano, JD Vance, a Buenos Aires en noviembre próximo, en un viaje oficial. Aún restan conocer detalles de la fecha exacta de su arribo y la agenda en el país que tendrá el número dos de la Casa Blanca.
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POLITICA
La Iglesia le pidió a Villarruel que el Senado trate la ley contra la ludopatía antes de que pierda estado parlamentario y se archive
La Iglesia volvió a reclamar por la ley de prevención de la ludopatía. La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) le mandó una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en su rol de presidenta del Senado, y a todos los senadores para pedirles que retomen “de manera urgente” el tratamiento del proyecto que regula los juegos de azar y las apuestas online.
La iniciativa ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, pero está frenada en el Senado. Según la CEPAS, existe “el riesgo concreto de perder estado parlamentario el próximo mes de noviembre”. Si eso pasa, el texto se archiva y el debate tiene que empezar de cero.
“Es tiempo de cuidar. Es tiempo de legislar. Es tiempo de actuar”, plantea la carta, en la que los obispos les piden a los legisladores que lleguen a los acuerdos necesarios para que el proyecto se convierta en ley.
En el texto, la Pastoral Social sostiene que la ludopatía dejó de ser una advertencia a futuro y se convirtió en un problema con consecuencias visibles. “Sus daños son evidentes y están a la vista de nuestras familias”, señala. También advierte que no hacer nada también es una decisión y que sería “profundamente lamentable”.
La CEPAS remarcó que el Estado tiene que proteger a los más vulnerables y cuestionó que los intereses económicos del sector sigan avanzando. Según la carta, los costos humanos, familiares, sociales y sanitarios no los pagan quienes ganan dinero con el juego, sino las personas, las familias y las comunidades. Para respaldar su planteo, citó investigaciones de Unicef Argentina y del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina sobre el impacto de las apuestas online en chicos y adolescentes y en personas sin protección.
La carta también retoma una frase del papa León XIV en la encíclica Magnífica Humanitas, en la que habla de “la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles”. Y cierra con un pedido directo a los senadores: “Frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción”.
No es la primera vez que la Iglesia presiona por esta ley. En julio de 2024, las pastorales sociales de todo el país lanzaron la campaña “Apostar no es un juego”. En noviembre de ese año, la CEPAS les pidió a los diputados que trataran el proyecto con urgencia y, en febrero de 2025, llevó el mismo reclamo al Senado, donde habló de una “cultura de la timba y del azar”.
En octubre de 2025, la Conferencia Episcopal Argentina fue más allá y afirmó que “la ludopatía es un atentado contra la vida”. En ese momento, los obispos advirtieron que, sin controles, cada celular podía convertirse en un “casino”.
Lo que propone la ley
Diputados aprobó el proyecto el 27 de noviembre de 2024, con el voto en contra de La Libertad Avanza. La iniciativa, impulsada por la Coalición Cívica con Maximiliano Ferraro como autor principal, prohíbe la publicidad de apuestas en medios, plataformas online, eventos y camisetas deportivas, y prevé sanciones para los influencers que las promocionen. También exige verificación biométrica para entrar a las plataformas de juego online, crea un régimen de autoexclusión, prohíbe el uso de tarjetas de crédito para apostar y no permite que los dueños de empresas de apuestas sean dirigentes de clubes.
Las universidades volvieron a reclamar que se cumpla la Ley de Financiamiento: “Estamos en riesgo”
En mayo de este año, el Gobierno mandó al Senado su propio proyecto sobre ludopatía, con diferencias importantes. La propuesta oficial permite la publicidad de las plataformas con licencia y apunta las sanciones a los operadores clandestinos, con penas de 3 a 6 años de prisión. Además, deja en manos de las empresas el control de la edad de los usuarios, en lugar de la verificación biométrica con el Sistema de Identidad Digital que aprobó Diputados.
Victoria Villarruel, apuestas, Iglesia
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