El Gobierno anunció este martes la renuncia de Claudio Stivelman al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo descentralizado que regula y controla a las Obras Sociales y a las empresas de medicina prepaga.

Lo reemplazará Horacio Guevara, un dirigente cercano al ministro de Salud, Mario Lugones, que hasta ahora ejercía como el gerente general de la Superintendencia. Según explicaron desde la cartera, Stivelman dio un paso al costado “luego de haber cumplido una etapa al frente del organismo dentro del proceso de transformación y reordenamiento del sistema de salud iniciado”.

El ahora exfuncionario había asumido ese rol el 28 de junio del año pasado en lugar de Gabriel Oriolo. Antes de ese ascenso, Stivelman había sido director de Prestaciones Médicas en la empresa Modum Salud y gerente de Prestaciones en OSPEDYC (Obra Social del Personal de Entidades Deportivas y Civiles).

“La Superintendencia de Servicios de Salud agradece a Claudio Stivelman por el trabajo realizado, su compromiso y la responsabilidad asumida. Durante su gestión se fortalecieron las capacidades de fiscalización del organismo, con foco en la trazabilidad, la transparencia y la eficiencia en la utilización de los recursos”, enfatizaron desde el Ministerio.

Por su parte, Guevara fue promovido con la instrucción de “dar continuidad a las políticas y los objetivos trazados para impulsar la libertad de elección de los beneficiarios y promover la competencia entre los distintos agentes del seguro de salud”, según explicaron.

Noticia que está siendo actualizada.-

Gobierno, Superintendencia de Servicios de Salud

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La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió llevar a juicio oral a Ricardo Oreste Garione, exsubgerente de Estudios y Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Está acusado por un presunto enriquecimiento ilícito de $3.189.028.220,56.

El requerimiento, que fue presentado ante el juez federal Sebastián Casanello, alcanza a su pareja Cecilia Graciela Ortiz, su expareja Silvana Andrea Calderón, sus hijos Carola Garione y Manuel Garione y su exsocio Tomás Alberto Prato, a quienes atribuye haber intervenido como personas interpuestas para registrar activos, inversiones y fondos que serían del exfuncionario.

La fiscalía le imputó a Garione haber adquirido de manera injustificada 19 inmuebles en Córdoba, Rafaela, El Calafate, Ingeniero Maschwitz, la Ciudad de Buenos Aires, Tigre y Formosa. Entre ellos figura un terreno de 6.000 metros cuadrados en Maschwitz, una propiedad en Nordelta y participaciones en emprendimientos inmobiliarios cordobeses.

El documento menciona la compra de una motocicleta Harley-Davidson en 2010, una camioneta Volkswagen Amarok registrada a nombre de Calderón y vehículos incorporados a nombre de Ortiz y Carola Garione. A su vez, señala la obtención de USD 15.625 en enero de 2010 y de acciones de TECTA SA.

También le adjudicó supuestas operaciones con moneda extranjera, la obtención de acciones societarias y la participación en fideicomisos y desarrollos inmobiliarios. La pesquisa examinó aportes de capital, acreditaciones bancarias y operaciones efectuadas mediante familiares y socios.

El cálculo fiscal actualizado a julio de 2026 compara los ingresos y egresos de Garione con el patrimonio incorporado durante la década investigada. Según el requerimiento, los ingresos declarados en los períodos observados ascendieron a $1.473.244.025,94, una cifra que resultó insuficiente frente a los activos, consumos e inversiones examinados.

La acusación sostiene que varias escrituras y boletos de compraventa consignaron valores inferiores a las tasaciones efectuadas por organismos y peritos oficiales. También cuestiona préstamos que consideró ficticios o sin trazabilidad bancaria, además de operaciones inmobiliarias cuyo origen de fondos no habría sido acreditado.

Los supuestos testaferros

De acuerdo con la hipótesis de la PIA, Cecilia Ortiz, Silvana Calderón, Carola Garione, Manuel Garione y Tomás Prato fueron utilizados para incorporar y administrar bienes que supuestamente provenían de Garione.

Respecto de Ortiz y Calderón, el requerimiento señala que adquirieron inmuebles en Don Torcuato e inscribieron vehículos a su nombre durante 2008 y 2009 sin que la investigación hubiera hallado ingresos laborales, altas tributarias nacionales, saldos bancarios o acreditaciones que respaldaran esas operaciones.

Carola Garione fue incorporada a la causa por la adquisición de un departamento en la calle Sánchez de Bustamante, de la Ciudad de Buenos Aires, en 2016 y por la compra de un vehículo Peugeot. La fiscalía también examinó acreditaciones en su cuenta bancaria entre enero de 2017 y febrero de 2018 por más de $1.200.000, cuya procedencia consideró sin respaldo tributario suficiente.

En el caso de Manuel Garione, la acusación se concentra en un departamento de la avenida del Libertador, en CABA, registrado a su nombre en 2016. Su madre, Silvana Calderón, intervino como representante en esa operación, según consta en el expediente. Prato, ingeniero civil y socio de Garione en diversos proyectos privados, está señalado por haber actuado como apoderado del exfuncionario y por compartir inversiones inmobiliarias, fideicomisos y campos en Formosa.

Según las explicaciones presentadas en la causa, los imputados buscaron justificar el origen de los fondos y bienes con ingresos laborales, ventas de inmuebles y campos, préstamos privados, alquileres, donaciones y transferencias familiares.

Garione alegó que su patrimonio provenía de su sueldo como funcionario, actividades privadas, operaciones inmobiliarias y créditos recibidos de cooperativas, asociaciones y personas de su entorno.

Su expareja, Silvana Calderón, mencionó trabajos como modelo y promotora, ingresos vinculados a tareas con el trío humorístico Midachi y por haber acompañado a Magic Johnson durante una visita. Sus hijos, Carola y Manuel, atribuyeron fondos a ventas de propiedades, préstamos familiares, alquileres temporarios y transferencias entre parientes.

Por su parte, Tomás Prato afirmó haber otorgado un préstamo a Garione y justificó otras operaciones a través de su participación en sociedades y emprendimientos inmobiliarios.

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