La Comisión de Acuerdos del Senado emitió dictamen favorable a 15 pliegos judiciales propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en tribunales federales del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

En una nueva reunión celebrada este miércoles en el Salón Azul del Congreso, con la ausencia del bloque peronista, el oficialismo y sus aliados avanzaron en el proceso de renovación de cargos clave del Poder Judicial.

Entre los pliegos avalados figuran designaciones para Tribunales Orales en lo Criminal Federal (TOF) de La Plata y San Martín, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata y varios juzgados de primera instancia en los fueros penal, civil, comercial y de ejecuciones fiscales tributarias.

Algunos de los candidatos propuestos incluyen a Javier Matías Arzubi Calvo, quien aspira al TOF N° 5 de La Plata y se desempeñó durante más de una década como secretario en el Juzgado Federal N° 4 de Ariel Lijo

También obtuvo luz verde el pliego de Ana María Cristina Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, postulada para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham; y el de Emilio Santiago Faggi y Laureano Alberto Durán, propuestos para vocalías en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

También recibieron dictamen favorable postulantes para los TOF N° 1 y N° 3 de La Plata, el TOF N° 3 y N° 5 de San Martín, y varios juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional, Civil y Comercial de la Capital Federal. En total, los pliegos abarcan vacantes que, según se indicó durante la audiencia, afectan el normal funcionamiento de tribunales con alta carga de trabajo en el AMBA.

La Comisión, presidida por el senador oficialista Juan Carlos Pagotto evaluó los antecedentes de los candidatos y emitió dictámenes favorables que ahora pasarán a la firma de sus integrantes antes de ser tratados en el recinto.

El lunes, el Ministerio de Justicia envió al Senado un nuevo paquete de 45 pliegos judiciales. Se trata de la tercera tanda enviada por la gestión de Javier Milei y donde también aparecen nombres con una extensa trayectoria en la Justicia. Se prevé que esa lista se incluya en la próxima reunión de la comisión.

Las vacantes en el Poder Judicial, una de las prioridades del Gobierno

Con esta medida, el Gobierno se propone cubrir las más de 300 vacantes que existen en el Poder Judicial, una urgencia que priorizó por encima de otros cargos sensibles como la Procuración General de la Nación o las sillas vacías en la Corte Suprema de Justicia.

El movimiento del Gobierno busca empezar a reducir el alto nivel de vacantes en el sistema judicial. Actualmente, el 36,5% de los cargos está sin cubrir y en la Corte advierten que podría llegar al 42% en los próximos meses si no se acelera el proceso.

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La situación es aún más crítica en el Ministerio Público Fiscal, donde casi la mitad de los cargos están vacantes. Sin embargo, en este primer envío solo se incluyó un puesto para ese organismo.

En el Gobierno sostienen que la cobertura de cargos judiciales es una prioridad y una de las principales urgencias de la gestión, en un contexto de fuerte atraso en las designaciones y creciente presión institucional por el funcionamiento del sistema.

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El día después de la masiva protesta universitaria, el Gobierno prepara una nueva convocatoria para la semana próxima con autoridades universitarias y se muestra abierto a discutir la propuesta base que ofrecerá. Sin embargo, los rectores sostienen que aún no hubo un llamado formal, pero rechazan las condiciones y reafirman la necesidad de recuperar los puntos salariales perdidos.

Según supo Infobae de fuentes oficiales, el planteo que elevará el Poder Ejecutivo partirá de lo contemplado por la adaptación de la Ley de Financiamiento Universitario, que descansa en la Cámara de Diputados. “La idea es partir de la base del proyecto que establece un aumento del 12% y actualiza los gastos de funcionamiento. Es lo autorizado por Toto (Caputo)”, confesó un funcionario a este medio.

Los nuevos intentos por destrabar el conflicto, que derivó en una masiva convocatoria el pasado miércoles, surgen del desacato de la administración libertaria a los fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley de Finanaciamiento Universitario, a los que se suma además una reducción de $78.768 millones del presupuesto y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Luego de la ratificación de la norma sancionada y posteriormente vetada, y tras la cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Poder Ejecutivo readaptó el proyecto que propone una actualización salarial para el personal docente y no docente a percibirse de forma escalonada: se registrará un incremento del 4,1% trimestral del sueldo de diciembre de 2025 durante los meses de marzo, julio y septiembre.

Asimismo, establece una actualización automática del presupuesto destinado a gastos de funcionamiento si la inflación supera el 14,3% anual proyectado; y un incremento del $80.072.460.000 del crédito presupuestario destinado a la asistencia financiera de hospitales universitarios. En caso de que los desembolsos excedan las partidas fijadas, el exceso será cubierto a través de refuerzos provenientes de otras jurisdicciones presupuestarias.

Sin fecha para tratarlo, y a sabiendas de que no cuentan con las voluntades legislativas necesarias para su sanción, en la administración libertaria aspiran a concretar un acuerdo para evitar además que la Corte Suprema se expida sobre el tema. Lo instrumentarían a través del Ministerio de Capital Humano, específicamente bajo la subsecretaría de Políticas Universitarias que comanda Alejandro Álvarez.

“Mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Se puede acordar y homologar en el juzgado. El Gobierno cumpliría, pero el CIN debería desistir de la acción judicial”, planteó una voz del oficialismo.

Si bien en Balcarce 50 minimizaron el impacto de la movilización que concentró más de 140 mil personas en Plaza de Mayo, ven con preocupación la escalada del tema por lo que trabajan para intentar encontrar una diagonal que les permita contener al sector. Por lo bajo, varios interlocutores violetas apuntan contra el Ministerio de Economía por el blindaje de los fondos para cubrir las demandas. “Nos estamos comiendo estas piñas por Hacienda que no aceptó los números iniciales”, admitió un funcionario a este medio.

Por su parte, un importante referente del ámbito universitario negó haber recibido convocatoria formal de parte del Gobierno, alertó que los gremios deberían participar de la instancia de negociación, y anticipó que rechazará la propuesta que considera insuficiente. “Nosotros queremos que se cumpla la ley original. Así sea en cuotas. De los 53 puntos iniciales a 12 es una verguenza. Además, solo agreden y rompen toda instancia de diálogo”, se expidió un interlocutor.

En coincidencia, desde la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), precisaron que el oficialismo intenta aislar a la alta casa de estudio y reafirmaron que el Ejecutivo “no tiene intenciones de resolver el conflicto”.

Además, plantaron que el reclamo escaló producto de la interna que atraviesa a las filas libertarias dado que garantizan que, en febrero, el asesor presidencial, Santiago Caputo, había alcanzado un acuerdo con el sector antes del inicio de las clases. En ese escenario, le atribuyen a los primos Menem, en particular a Martín, el titular de la Cámara de Diputados, el congelamiento del mismo para evitar que el consultor “saliera fortalecido”. Incluso, hay quienes aseguran que “El Profe” Álvarez, referenciado con Las Fuerzas del Cielo, tiene intenciones de pasarse a las filas del karinismo.

Desde la Cámara de Diputados aseguran que el oficialismo no contaba con los votos para impulsar con éxito la medida y anticiparon que estudian motorizarla en los próximos meses, aunque no hay precisión de fechas.

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