POLITICA
Estados Unidos alerta sobre posibles actividades de espionaje chino cerca de la costa argentina
En la última década, la flota pesquera china ha incrementado su presencia hasta en un 50% cerca de la zona económica exclusiva (ZEE) de Argentina, lo que ha provocado preocupación tanto por la sobrepesca de calamar como por una posible recolección de información de inteligencia.
El gobierno argentino, asistido por Estados Unidos, ha intensificado la vigilancia en aguas del Atlántico Sur para prevenir incursiones ilegales, en un contexto de creciente competencia estratégica entre Washington y Pekín, según informó Reuters.
El alcance de esta problemática quedó en evidencia el 17 de enero de 2026, cuando la NASA, mediante el servicio “Black Marble”, registró una auténtica “ciudad de luces” sobre el océano, compuesta por aproximadamente 200 embarcaciones chinas que, según declaraciones recogidas por Reuters de exfuncionarios de ambos países, operan en las inmediaciones del Mar Argentino durante meses para atender el mayor mercado de calamares del mundo.
El fenómeno tiene dimensiones inéditas: según la Prefectura Naval Argentina, la cantidad de buques chinos pasó de unas 150 embarcaciones en 2016 a un pico de alrededor de 340 en 2021, con una baja a 230 en 2026, mientras que países como Corea del Sur, Vanuatu y España nunca superaron las 40 unidades en el mismo período.
Temor por la sobrepesca y sospechas de inteligencia en el Atlántico Sur
La expansión de la flota china marina no solo responde a necesidades pesqueras: según el centro de estudios ODI Global de Londres, la flota de pesca de altura con bandera china supera los 16.000 buques, aunque el gobierno de China reconoció en 2023 la existencia de unos 2.500.
Diversos especialistas y autoridades consultados por Reuters advierten que las actividades de estos barcos en la región han encendido alertas geopolíticas. Estados Unidos, por ejemplo, ha respaldado la adquisición argentina de aviones de vigilancia marítima P-3C Orion, como parte de una estrategia continental destinada a proteger la soberanía y evitar que Pekín afiance posiciones estratégicas en el extremo sur de América.
Marcelo Rozas Garay, viceministro de Defensa de Argentina en 2025, detalló a Reuters que existen sospechas sobre ciertos barcos chinos que portarían antenas incompatibles con las tareas típicamente pesqueras: “Se cree que en realidad lo que buscaban es información o interceptar comunicación”.
Además, Buenos Aires ha identificado desplazamientos que sugerirían la posible cartografía de la plataforma continental argentina, un área cuya exploración y explotación está reservada exclusivamente al Estado nacional bajo el derecho internacional, según recalcó Juan Battaleme, quien se desempeñó como secretario de Defensa para Asuntos Internacionales hasta diciembre de 2025.
Las investigaciones sobre estas operaciones no han arrojado pruebas concluyentes de actividades de cartografía sistemática: una revisión realizada por Reuters junto a la empresa Starboard Maritime Intelligence sobre los movimientos marítimos entre enero de 2025 y marzo de 2026 no detectó maniobras masivas de ese tipo, aunque los datos disponibles no descartan que se hayan realizado en pequeña escala.
La flota china utiliza técnicas avanzadas para la captura nocturna de calamar Illex argentinus, especie de gran valor comercial. Los barcos despliegan potentes luces de hasta 4.000 vatios y redes automatizadas con señuelos lumínicos que simulan el movimiento de las presas. Toda la operación ocurre fuera —pero en las inmediaciones— de la ZEE argentina, donde la Prefectura Naval monitorea mediante radar y patrullaje los límites jurisdiccionales. De 2021 a 2025, solo se registraron cuatro incidentes de presunta pesca ilegal dentro de aguas argentinas, indicando que el refuerzo tecnológico ha tenido efecto disuasorio.
“Ahora estamos seguros de que los chinos saben que tenemos la capacidad de vigilarlos”, aseguró Battaleme a Reuters.
Rivalidad regional y diplomacia pragmática
La injerencia de China en América Latina es una preocupación constante para Estados Unidos, reforzada tras el rescate económico de USD 20.000 millones que Donald Trump otorgó a la administración del presidente argentino Javier Milei el año anterior.
En diálogo con Reuters, funcionarios estadounidenses insistieron en que el dominio de Washington sobre el hemisferio occidental permanece como objetivo central, dada la inversión sostenida de Pekín en el área, que incluye puertos en Brasil y Perú, el desarrollo petrolero en Venezuela y la construcción de una estación espacial en Argentina.
El ministerio de Asuntos Exteriores de China desestimó las acusaciones de espionaje pesquero como “pura especulación sin fundamento fáctico”, y afirmó que Pekín mantiene una cooperación pesquera ajustada al derecho internacional. Sin embargo, el Pentágono expresó inquietud por el “doble uso” de determinadas flotas de altura y por cualquier práctica que “ponga en entredicho la capacidad de las naciones soberanas para gestionar sus propias aguas”.
A pesar de las declaraciones previas de Milei respecto de la “invasión” de aguas argentinas por pesqueros ilegales, su gobierno evitó aludir directamente a China al abordar el tema. La actitud responde a la relevancia de Pekín como segundo socio comercial y principal comprador de soja y carne vacuna de Argentina, así como inversionista clave en litio, energías renovables e infraestructura.
El método y los riesgos de la pesca de calamar
La pesca en la región está marcada por la migración nocturna del calamar Illex argentinus hacia alta mar. Durante la noche, las embarcaciones chinas encienden filas de potentes bombillas para atraer a los calamares, que son capturados mediante señuelos llamados “jigs”, cuyas cápsulas luminosas miden de 6,5 a 12 centímetros y contienen aristas que enganchan los tentáculos del animal.
“El calamar Illex tiene una vida corta, crece rápido y sus movimientos estacionales son predecibles, lo que lo hace especialmente vulnerable a la pesca intensiva”, explicó Marcela Ivanovic, especialista en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero de Argentina, en diálogo con Reuters. La voracidad en la explotación es tal que Ivanovic sintetiza: “Se está pescando de manera salvaje en esta zona”.
Desde las patrullas nocturnas, las autoridades argentinas observan mediante radar la “pared” de luces situada justo fuera del límite de la ZEE. Bruno Cian, oficial auxiliar de la Prefectura, resumió la estrategia argentina: “La idea es generar el factor sorpresa. Para ver quién está cometiendo la infracción”.
La magnitud de la flota china y la presión que ejerce sobre el recurso pesquero se explican, en parte, porque desde hace años China agotó sus propias poblaciones en aguas jurisdiccionales, motivando la expansión global de sus embarcaciones.
La dimensión global y las tensiones persistentes
A nivel internacional, la organización Oceana, con sede en Estados Unidos, estimó el año pasado que alrededor de la mitad de toda la pesca de altura visible proviene de embarcaciones chinas, lo que consolida su posición como actor dominante en actividades extractivas de alta mar.
Juan Battaleme enfatizó que, si bien el vínculo económico con China es crucial, “a Argentina le interesa saber si China está recabando información de inteligencia utilizando la flota”, y reconoció coincidencias recientes con los intereses estadounidenses en la región.
Grupos ambientalistas y técnicos advierten que la falta de coordinación internacional abre la puerta a un deterioro irreversible de los ecosistemas marinos del Atlántico Sur. El caso argentino ilustra los desafíos de equilibrar recursos nacionales, intereses estratégicos y relaciones comerciales en un escenario global cada vez más disputado.
POLITICA
Caos por los pliegos judiciales: Santiago Caputo quiso vetar a una candidata ligada a Cúneo Libarona, pero Karina Milei lo impidió
Pese al intento del Gobierno de avanzar en el Senado con una tanda de acuerdos judiciales, el oficialismo volvió a quedar atrapado en sus propias disputas internas. La controversia se concentró en una candidata cuyo pliego Santiago Caputo buscó bloquear, pero su tratamiento terminó siendo avalado por Karina Milei. La pulseada derivó en una decisión de último momento: incluir en el temario la totalidad de los pliegos con dictamen y desatar un fuerte conflicto parlamentario.
El nombre en cuestión es el de Yamile Susana Bernan, postulada para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Su pliego había sido enviado por el presidente Javier Milei y contaba con despacho favorable de la Comisión de Acuerdos.
Sin embargo, Bernan es la esposa de quien fue jefe de Gabinete del exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona (Diego Guerendiain), enfrentado con Sebastián Amerio, exviceministro de Justicia y actual Procurador del Tesoro, uno de los funcionarios más cercanos a Santiago Caputo.
Según pudo reconstruir , el conflicto comenzó durante la madrugada, cuando sectores del oficialismo intentaron modificar la nómina de candidatos que serían sometidos a votación. En la reunión de Labor Parlamentaria, los jefes de bloque habían acordado tratar alrededor de 50 pliegos, aunque nunca se difundió el detalle completo de los nombres incluidos.
La falta de precisiones respondía, según distintas fuentes parlamentarias, a que el oficialismo todavía no había logrado unificar criterios sobre qué nominaciones impulsar en el recinto.
La disputa quedó expuesta pocas horas después. El listado previsto inicialmente se amplió de manera abrupta: primero pasó de 50 a 53 candidatos y, apenas media hora antes del inicio de la sesión, ascendió a 73 pliegos.
Tanto fuentes oficialistas como opositoras atribuyeron el desorden a la interna libertaria.
De acuerdo con esas versiones, Amerio y Caputo promovían excluir a Bernan por sus vínculos con el entorno de Cúneo Libarona. En las conversaciones también apareció el nombre de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, otro de los actores alcanzados por las tensiones entre distintos sectores del oficialismo. Caputo, indirectamente, quedó enfrentado con el presidente del máximo tribunal a raíz de los intentos fallidos de designar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte.
La maniobra fue finalmente desactivada por Karina Milei y su entorno político. Para evitar vetos selectivos y cerrar la discusión, resolvieron incorporar al temario todos los pliegos que habían obtenido dictamen en la Comisión de Acuerdos.
Cruces en el recinto
La decisión, sin embargo, provocó una fuerte reacción en el recinto.
“¿Qué está pasando, presidente? Los acuerdos de Labor Parlamentaria se cumplen. Si no, ¿para qué carajo hacemos Labor Parlamentaria?”, protestó la senadora peronista Juliana Di Tullio, quien acusó al oficialismo de incurrir en una “traición parlamentaria”.
En la misma línea se expresó el jefe del interbloque peronista, José Mayans, que reclamó respetar lo acordado previamente entre los bloques.
La propia vicepresidenta Victoria Villarruel tomó distancia del episodio y responsabilizó a la conducción libertaria en el Senado.
“Habría que preguntarle a Bullrich. Nos somete a esta situación. Pasamos de 50 a 53 y después a 73 pliegos. No es serio. No estamos juntando caramelos en un kiosco”, respondió a al ser consultada sobre los cambios de último momento.
Más tarde, durante el intercambio con Mayans, Villarruel insistió: “En efecto se habían hablado 50 pliegos. A media hora de la sesión se empezaron a agregar y terminamos con 73, excluyendo a la jueza Verónica Michelli (cuñada del periodista Hugo Alconada Mon y vetada por Milei)”.
La controversia obligó finalmente a la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, a solicitar un cuarto intermedio. La sesión quedó interrumpida en medio de una discusión que expuso, una vez más, las tensiones internas del oficialismo.
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POLITICA
Duro discurso de la CGT en la conferencia de la OIT: denunció al Gobierno por la “aniquilación” de los derechos laborales
El cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros) denunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) graves violaciones a los derechos laborales por parte del gobierno de Javier Milei, en una presentación en la que advirtió sobre una “destrucción sistemática” del modelo democrático de relaciones laborales en el país.
“En la ausencia de control estatal promovida por el Gobierno se plasma la aniquilación de los derechos laborales -dijo el sindicalista-. Esto no es “modernización laboral”, es precarización del trabajo».
En el discurso ante la conferencia anual de la OIT, en Ginebra, Suiza, que brindó en representación de la CGT y de las dos CTA, Sola criticó en duros términos la “demolición” de décadas de consensos sociales, “todo bajo una premisa inaceptable: que la protección del trabajador es un obstáculo para la economía”.
La denuncia del sindicalismo argentino sostuvo que lo que ocurre en el país “no es una disputa sobre tecnicismos administrativos o simples ajustes presupuestarios”, sino “el desmantelamiento sistemático” de la administración oficial de las relaciones laborales, contrario a los convenios internacionales a los que adhirió la Argentina.
Uno de los ejes exclusivos del texto fue la acusación directa al propio Javier Milei de una voluntad explícita de “destruir al Estado”, citando su declaración de verse a sí mismo como un “topo” encargado de destruirlo “desde adentro” y de considerar “la justicia social como una aberración, como el cáncer de la Argentina”.
El discurso efectuado ante la OIT apuntó especialmente a la violación del Convenio 150, que establece los parámetros para la administración del trabajo y exige estructuras estatales con legitimidad social, autonomía y recursos suficientes. Para la CGT y las dos CTA, la transformación del Ministerio de Trabajo en una Secretaría fue la “primera señal inequívoca” de la orientación oficial: “No es sólo una cuestión de organigrama, es una degradación funcional profunda”, señalaron, agregando que al diluir la cartera entre áreas tan dispares como salud y educación, “se ha diluido su capacidad de influencia y coordinación”.
La reducción de estructuras estatales, el despido de personal especializado y la “liquidación de capacidad técnica operativa acumulada durante años”, forman parte según los sindicatos del mismo proceso de debilitamiento. Se denunció que, a partir de la reforma de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público (Ley 25.164), los empleados estables del Estado pueden ser cesados “a criterio discrecional” si se considera que existe un “exceso en la dotación óptima”: “Estamos ante la legalización de la inestabilidad en el corazón del Estado”, dijo Sola durante su discurso.
El otro gran eje señalado es el modo en que el Ejecutivo, según los gremios, desplazó el diálogo social y parlamentario para “imponer unilateralmente una agenda de reformas regresivas”. Según la exposición sindical, el DNU 70/23 representó una de las transformaciones laborales más profundas desde el retorno democrático y fue la antesala de las leyes de Bases y Modernización Laboral (Leyes 27.742 y 27.802). Agrega que estas normas, que los sindicatos califican de “paradigma flexibilizador”, fueron diseñadas e impulsadas sin consulta ni diálogo genuino con los actores sociales. Se argumenta que esto contradice los principios del Convenio 144, basado en la participación tripartita (Estado, empleadores y trabajadores).
En ese sentido, la intervención gremial destaca la respuesta de la propia Comisión de Expertos de la OIT, que fue “clara: las reformas de gran impacto deben desarrollarse mediante procesos genuinos de consulta con las organizaciones representativas”. A diferencia de ese principio, sostienen que en la Argentina “el tripartismo ha sido reemplazado por la imposición”.
Sola denunció “un patrón sistemático de ataques legales y administrativos a los sindicatos y profesionales del Estado”. Un caso que mencionó fue la publicación del decreto del Poder Ejecutivo que reglamentó la reforma laboral el mismo día de inicio de la conferencia de la OIT, lo que interpretó como una muestra de “hostilidad” del Gobierno, con “excesos reglamentarios y violaciones a la Constitución Nacional, vulnerando nuevamente el convenio 150”.
Además, cuestionó la aplicación de “sumarios administrativos, multas millonarias a gremios como La Fraternidad y UTA por ejercer el derecho de huelga» y mencionó el caso de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuyas elecciones fueron anuladas por la Justicia, que nombró un interventor al frente del gremio.
En el plano del control estatal, se denunció la “aniquilación” del sistema de inspección del trabajo, citando a los informes de la OIT sobre la “insuficiencia crítica de inspectores”, en especial en el sector agrícola, donde “la fiscalización es casi inexistente, dejando a los trabajadores rurales en un vacío de control absoluto”.
La presentación de Sola fue más allá del área laboral y enumeró “el desmantelamiento de áreas clave para el entramado social productivo”. En ese sentido, el dirigente destacó la reducción del 29% de empleados del Estado nacional centralizado desde 2023 hasta febrero de 2026, aclarando que el mayor impacto recae en organismos clave para la protección social.
Enseguida ejemplificó la situación en distintos sectores. En el CONICET, principal organismo científico, dijo que se denunciaron “más de 4000 puestos de trabajo perdidos” y la suspensión de ingresos de investigadores, lo que paraliza su funcionamiento. La interrupción de la inversión en obra pública y la afectación de organismos tecnológicos como el INTI y el INTA también forman parte del cuadro, con “cientos de técnicos” puestos a disponibilidad y la “desarticulación” de programas industriales y agropecuarios.
La degradación del antiguo Ministerio de Desarrollo Social, el despido masivo de personal en la Secretaría de Derechos Humanos (44% de la plantilla), la eliminación del Ministerio de la Mujer (con el 85% del personal desafectado) y el “desfinanciamiento crítico” de la universidad pública —que, según Sola, implicó pérdidas salariales de más del 40% para el sector universitario— fueron otras aristas del diagnóstico sindical.
En materia previsional y de protección de personas con discapacidad, el cotitular de la CGT también advirtió sobre un “deterioro deliberado” de los sistemas de cobertura, la “no actualización” de haberes y el desfinanciamiento de las prestaciones clave.
Sola denunció, además, la “política de criminalización del conflicto social” por parte del Ministerio de Seguridad, señalando la resolución 943/2023 y el uso de balas de goma y gases lacrimógenos durante protestas. Planteó que esta conducta implica una “clara violación a la libertad sindical y el derecho de huelga” reconocidos internacionalmente en el Convenio 87 de la OIT.
Para Sola, mientras que desde el Gobierno no haya una “rectificación inmediata del rumbo y no se restablezca el diálogo social auténtico”, las organizaciones sindicales recurrirán “a todas las instancias de denuncia por incumplimiento de los convenios 87 y 98”, tras lo cual dijo que “la defensa de la dignidad laboral es una causa irrenunciable que sostendrán en la calle y ante organismos internacionales”.
Por su parte, en representación de la CTA de los Trabajadores, Roberto Baradel (CTERA) denunció el deterioro de la institucionalidad laboral y afirmó que “cuando un país reduce sus estructuras de inspección, debilita su autoridad laboral, elimina espacios de diálogo social, restringe la negociación colectiva y limita el derecho de huelga, no estamos frente a una simple reorganización administrativa, sino frente a un proceso de debilitamiento de las capacidades estatales destinadas a garantizar el trabajo decente y los derechos fundamentales de los trabajadores”.
Durante su intervención, Baradel reclamó que la OIT inste al gobierno argentino a adoptar medidas urgentes para fortalecer la administración e inspección del trabajo, restablecer el diálogo social tripartito y garantizar el funcionamiento efectivo del Consejo del Salario, en cumplimiento de los Convenios 81, 129 y 150. “La justicia social no es una aberración como sostiene el presidente de la Argentina; es una condición necesaria para garantizar la paz y el bienestar general. Las centrales sindicales la vamos a defender en esta casa, en la calle, con la huelga y con la unidad y la lucha de la clase trabajadora”, sostuvo.
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POLITICA
El Gobierno echó a Ricardo Echegaray de ARCA tras ser condenado por administración fraudulenta
El gobierno de Javier Milei determinó este jeuves el cese de acciones de Ricardo Echegaray en la Aduana, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), luego de que el funcionario fuera condenado por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública e inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Según el documento al que pudo acceder , Etchegaray fue notificado este jueves a través de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIM).
El organismo especializado en la investigación de hechos de corrupción y control de integridad en el Estado dispuso así la desvinculación del extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la gestión de Cristina Kirchner y que llevaba más de 30 años dentro de la administración pública.
La condena
La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado el 5 de marzo último la condena de cuatro años y ocho meses de prisión contra Echegaray en una causa donde se lo encontró culpable de favorecer a Oil Combustibles, que retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles.
Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo, rechazaron de manera unánime el recurso interpuesto por la defensa de Echegaray y dejaron firme la condena.
El exfuncionario había sido sentenciado el 30 de abril de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 a la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.
La Justicia lo encontró autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada, cometida en perjuicio de la administración pública.
La defensa de Echegaray había solicitado que se anulara el fallo, al argumentar una supuesta violación a la garantía de imparcialidad por parte de los magistrados del tribunal oral.
El pasado marzo, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de cuatro años y ocho meses de prisión contra Echegaray en una causa donde se lo encontró culpable de favorecer a la empresa petrolera argentina Oil Combustibles, que retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles.
El juicio
Los entonces accionistas de la compañía Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron absueltos en ese proceso. El fallo permanece en estudio de la Corte Suprema de Justicia y el organismo ya indicó, en una sentencia anterior, que se debe revisar esa decisión.
El exfuncionario fue sentenciado el 30 de abril de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 a la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública. La defensa de Echegaray había solicitado que se anulara el fallo, al argumentar una supuesta “violación a la garantía de imparcialidad” por parte de los magistrados del tribunal oral y asegurar que habían valorado de forma doble su cargo como máxima autoridad de la AFIP para agravar la pena.
Al haber quedado firme la condena, el único camino que le queda al ahora exfuncionario para evitar cumplir la pena de prisión es acudir a la Corte Suprema de Justicia y solicitar un recurso extraordinario o una queja. En el caso de que ambos sean rechazados, deberá ir a la cárcel.
Noticia en desarrollo
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