Patricia Bullrich resistió los intentos de la Casa Rosada de modificar la nueva ley de Discapacidad y consiguió el respaldo de los aliados y de sectores de la oposición para avanzar con su sanción en el Senado.

Esta semana, la jefa del bloque de La Libertad Avanza logró un dictamen de mayoría sin introducir cambios en el texto aprobado por Diputados, lo que dejó encaminado su tratamiento en la sesión prevista para el 19 de noviembre. En medio de las diferencias dentro del oficialismo, también hizo una fuerte defensa de las instituciones y de la libertad de prensa.

La decisión expuso distintas estrategias entre Bullrich y un sector del Gobierno de Javier Milei para avanzar con la agenda legislativa. Mientras desde la Casa Rosada buscaban modificar el proyecto hasta el inicio del plenario de comisiones, la senadora priorizó los acuerdos parlamentarios que había construido con los bloques opositores.

El dictamen de mayoría reunió las firmas de La Libertad Avanza, el Justicialismo, la Unión Cívica Radical, el PRO, Convicción Federal y Moveré por Santa Cruz. La senadora Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, no acompañó la iniciativa por diferencias con el texto.

La decisión de mantener el proyecto sin modificaciones permitió preservar una mayoría amplia y evitó poner en riesgo los consensos alcanzados con sectores dialoguistas y opositores.

“Patricia (Bullrich) nunca miró cuáles eran los cambios propuestos. Si lo hacía, este proyecto y los próximos a tratar serían imposibles de construir mayorías”, le dijo a TN un colaborador de la senadora porteña.

Bullrich priorizó los acuerdos con la oposición para asegurar la aprobación de la ley de Discapacidad

La estrategia de Bullrich tuvo un objetivo concreto: evitar que el proyecto regresara a la Cámara de Diputados y garantizar las mayorías necesarias para su aprobación.

Si el Senado introdujera modificaciones en una iniciativa que llegó en revisión desde Diputados, el texto debería volver a la Cámara de origen para una nueva consideración. Ese procedimiento podría demorar su sanción, en un escenario de plazos ajustados por el cierre del período de sesiones ordinarias del Congreso, previsto para el 30 de noviembre.

La próxima sesión está prevista para el 19 de noviembre y el amplio respaldo obtenido en las comisiones permite anticipar un escenario favorable para convertir la iniciativa en ley, aunque la aprobación dependerá de la votación en el recinto.

Durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por Agustín Monteverde y Alicia Kirchner, respectivamente, Bullrich destacó el consenso alcanzado entre los distintos espacios políticos.

“Este proyecto busca dar una respuesta a las personas con discapacidad, generar previsibilidad en el tema y así se ha generado un encuentro en torno a este proyecto de ley, después de muchos desencuentros”, sostuvo.

La propuesta establece un esquema permanente de financiamiento para las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, contempla mecanismos de control y fija un cronograma para regularizar las deudas con los prestadores del sistema.

La senadora también defendió la necesidad de fortalecer las herramientas de fiscalización para evitar irregularidades.

“El sistema debe contar con auditorías y controles transparentes para garantizar que las prestaciones lleguen a quienes las necesitan y evitar irregularidades”, señaló.

Además, destacó la incorporación de procedimientos para que los beneficiarios puedan presentar descargos ante eventuales suspensiones y de herramientas para intervenir frente a posibles situaciones de fraude.

En ese sentido, remarcó la responsabilidad del Consejo Federal de Discapacidad, las provincias y los municipios en el seguimiento de las prestaciones.

El acuerdo también tuvo una dimensión política para el oficialismo: Bullrich logró reunir el apoyo de bloques con posiciones diferentes frente al Gobierno, mientras un sector de la Casa Rosada insistía en introducir cambios que podían alterar el entendimiento parlamentario.

En medio de las diferencias con la Casa Rosada, Bullrich defendió las instituciones y la libertad de prensa

En paralelo a las negociaciones por la ley de Discapacidad, Bullrich participó este jueves de un encuentro con el Colegio de Abogados en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde realizó una fuerte defensa de la independencia judicial, la libertad de expresión y los controles institucionales sobre el poder político.

“El pacto de nuestra Constitución nos obliga a todos, y más que a nadie, a quien detenta el poder”, sostuvo.

La senadora remarcó la necesidad de garantizar la independencia de los jueces y evitar que sus designaciones generen condicionamientos políticos sobre sus decisiones.

“Sin jueces independientes, la división de poderes es un concepto vacío”, afirmó.

Uno de los puntos centrales de su exposición fue el papel de la prensa como herramienta de control ciudadano sobre quienes ejercen responsabilidades de gobierno.

“Defender la libertad es defender fundamentalmente a quienes nos cuestionan”, señaló.

Bullrich también sostuvo que los gobernantes deben aceptar las preguntas y los cuestionamientos, incluso cuando ponen en discusión sus decisiones.

“Una sociedad que discute en libertad se equivoca mucho menos y corrige antes”, agregó.

La legisladora planteó, además, la necesidad de fortalecer la transparencia en el Consejo de la Magistratura mediante mecanismos de selección basados en el mérito y reglas claras. También destacó la importancia de avanzar con el tratamiento de los pliegos judiciales pendientes en el Senado.

“El que gobierna y acepta que lo controlen, sale más fuerte”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron en una semana marcada por las diferencias entre Bullrich y la Casa Rosada. Aunque la senadora no dirigió esas afirmaciones explícitamente contra Javier Milei, su exposición estuvo centrada en los límites al ejercicio del poder y la importancia de los controles republicanos.

El Congreso de Estados Unidos mantiene al menos tres proyectos presentados por legisladores demócratas que apuntan directamente contra el rescate financiero de USD 20.000 millones que la administración de Donald Trump desplegó en favor del gobierno de Javier Milei antes de las elecciones legislativas del año pasado. Tras la derrota republicana en los comicios de medio término, ese sector tendrá mayoría en ambas cámaras desde enero y se abre el interrogante sobre la factibilidad de otra asistencia en 2027.

El paquete legislativo demócrata -que si no se aprueba antes deberán ser presentados nuevamente con la nueva conformación parlamentaria- busca restringir o prohibir el uso del Exchange Stabilization Fund (ESF), el fondo de emergencia del Departamento del Tesoro que el secretario Scott Bessent utilizó para instrumentar una línea de intercambio de divisas con el Banco Central argentino y la compra directa de pesos. Deberá volver a presentarse

El primero y más abarcador de los proyectos es la No Argentina Bailout Act, presentada el 1° de octubre de 2025 por la senadora Elizabeth Warren, con apoyo de Rubén Gallego, Tim Kaine, Chris Van Hollen, Cory Booker, Tina Smith y Bernie Sanders. El texto, disponible en el registro oficial del Congreso, prohíbe de forma expresa que el ESF se utilice para brindar apoyo financiero directo o indirecto a la Argentina, incluyendo líneas de swap, compras de pesos o deuda soberana, y cualquier instrumento de crédito.

Además, fija como plazo de vigencia de la prohibición el 10 de diciembre de 2027, fecha en que concluye el mandato presidencial de Milei, y obliga a rescindir en un plazo de siete días todo contrato vigente que contravenga la norma.

Cuando Warren solicitó su tratamiento inmediato por consentimiento unánime, el senador Tim Scott (republicano) objetó ese tratamiento. “Este proyecto afectaría la capacidad del Tesoro de respaldar a un aliado clave en América del Sur, una región que esta administración ha riorizado con acierto. Argentina es la tercera economía de América Latina y un socio sólido en los objetivos de seguridad y economía de Estados Unidos. Eliminar la facultad del Tesoro para usar el Exchange Stabilization Fund para apoyar a este aliado es innecesario”, sostuvo, según consta en los registros.

Warren respondió desde el mismo recinto: “En su campaña presidencial, Trump prometió poner a ‘America First’, no a Argentina primero. Ahora mismo, las familias estadounidenses están luchando para pagar el supermercado y el alquiler porque sus tarifas caóticas y otras políticas económicas desastrosas”.

En la Cámara de Representantes, la ofensiva demócrata avanzó en dos frentes distintos. El 17 de noviembre de 2025, April McClain Delaney presentó la American Farmers First Act, con la firma de Chrissy Houlahan, Glenn Ivey, Haley Stevens y Andrea Salinas.

El proyecto replica el mecanismo de bloqueo del ESF, pero agrega otra capa: ordena que los fondos recuperados por la rescisión de los contratos con Argentina sean redirigidos al Departamento de Agricultura para compensar con un pago único a los productores agropecuarios perjudicados por la pérdida de mercados de exportación durante el año comercial 2025.

El argumento de fondo es que, días después de que el Tesoro anunciara el auxilio financiero, la Argentina eliminó retenciones a las exportaciones agrícolas y cerró ventas de al menos 20 cargamentos de soja —aproximadamente 1,3 millones de toneladas— a China, según documenta la carta formal que 56 legisladores demócratas enviaron a Bessent el 20 de octubre de 2025.

“Mientras los agricultores estadounidenses sufren, Brasil batió récords en sus exportaciones de soja a China y Argentina sigue el mismo camino después de capitalizar la promesa de rescate de la administración Trump”, sostiene ese documento.

El tercer proyecto es la Argentina Bailout Oversight Act, presentada el 18 de diciembre de 2025 por Nydia Velázquez. A diferencia de los anteriores, no bloquea fondos sino que encomienda a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno una auditoría completa de la crisis financiera argentina de 2025 y de la intervención del Tesoro.

El 20 de octubre de 2025, antes de que se presentara esta iniciativa, 56 legisladores demócratas encabezados por Linda Sánchez y Terri Sewel firmaron una carta formal a Bessent en la que reclamaron transparencia sobre los términos del swap.

La representante Maxine Waters, máxima demócrata en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, emitió un comunicado oficial el 14 de octubre de 2025 —el mismo día en que Trump recibió a Milei en la Casa Blanca— en el que cuestionó tanto el contenido del acuerdo como el proceso que lo habilitó. “Hoy, mientras varios millones de trabajadores federales están a punto de perder sus cheques de pago y millones de familias estadounidenses ven cómo se disparan las primas de su seguro médico, Donald Trump recibió al presidente de Argentina para almorzar en la Casa Blanca y anunciar el rescate del gobierno de Estados Unidos a la Argentina”, sostuvo Waters, según el comunicado oficial del comité.

“Este acuerdo se está haciendo sin un voto del Congreso y con cero transparencia de la administración Trump para entender qué significa esto para los contribuyentes estadounidenses. Lo que sí sabemos es que los donantes de Trump y los amigos del secretario del Tesoro Bessent hicieron malas apuestas comprando deuda argentina, pero ahora verán ganancias inesperadas gracias al rescate de Trump”, agregó la legisladora en el mismo documento.

Desde el Senado, Brian Schatz fue igualmente directo en su intervención en el pleno, recogida en el Registro del Congreso. “El rescate para Argentina es particularmente absurdo. Argentina no es un socio clave de seguridad o economía. Es una economía que está en tan mal estado que no hay garantía de que alguna vez recuperemos nuestro dinero. Es una pésima inversión de cualquier manera que se mire”, afirmó Schatz.

El senador electo El-Sayed, el vínculo con Warren y la postura anti-Milei

La derrota republicana del 3 de noviembre sumó una voz adicional al bloque crítico. Abdul El-Sayed, senador electo por Míchigan y primer senador musulmán de la historia de Estados Unidos, publicó el 27 de septiembre de 2025: “No deberíamos rescatar al líder radical de extrema derecha de la Argentina. En cambio, deberíamos financiar Medicaid en casa”. Warren fue una de las principales promotoras de su campaña al Senado.

En tanto, el Servicio de Investigación del Congreso (CRS), el organismo de análisis oficial del Capitolio, publicó un informe sobre los términos del swap y las condiciones del programa económico argentino. El documento -publicado en enero de 2026- identificó tres escenarios legislativos posibles: ampliar el swap por acuerdo bipartidista; prohibirlo por mayoría simple; o mantenerlo con controles más estrictos, endureciendo la normativa que obliga al Tesoro a notificar al Congreso si las operaciones de swap superan los seis meses de vigencia.

El CRS también aclaró que, aunque Trump mantendría poder de veto sobre cualquier prohibición —lo que obligaría al Congreso a reunir dos tercios en ambas cámaras—, la apertura de comisiones investigadoras tiene por sí misma efectos sobre el clima de negocios.

Análisis del sector privado

El impacto de las elecciones en EEUU también fue evaluado desde el sector privado. El jueves, la Cámara de Empresas Estadounidenses en Argentina (AmCham) publicó el informe “El nuevo Congreso de Estados Unidos y su impacto en la agenda económica con Argentina”, en el que identifica cuatro ejes de la relación bilateral que el nuevo equilibrio de poder podría condicionar: el comercio preferencial y las inversiones en minerales críticos del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco (ARTI), la cooperación en seguridad marítima en el Atlántico Sur, el apoyo ante el FMI y el antecedente del swap de 2025.

“La conducción de la política exterior y comercial seguirá en manos del Poder Ejecutivo, pero el nuevo Congreso tendrá más herramientas para revisar aranceles, acuerdos y programas de apoyo financiero a otros países, incluida la Argentina”, señala el documento de AmCham. La entidad subrayó que el nuevo escenario “refuerza la necesidad de institucionalizar la relación bilateral, para que no dependa de los ciclos políticos de ambos países”.

En otras palabras, se planteó que el triunfo demócrata podría condicionar el vínculo comercial y el apoyo financiero. Consultado en Infobae en Vivo, Alejandro Díaz, CEO de la Cámara, señaló que las inversiones de EEUU en Argentina “van a depender del recorrido que tenga el país”.

Entre diversos sectores económicos y políticos coinciden en un punto: el nuevo Congreso no tiene la capacidad unilateral de desactivar el financiamiento a la Argentina, pero sí las herramientas para encarecer su costo político.

El mismo jueves, Gary Litman, vicepresidente senior de Iniciativas Globales de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, expuso en el 16° Foro de la consultora ABECEB en Buenos Aires y advirtió que “la habilidad de Estados Unidos de rescatar a otros países se ve reducida” ante un Congreso dividido.

“En particular, la Argentina ha dependido mucho de la capacidad de las instituciones financieras internacionales para brindar asistencia. Y con un gobierno dividido, la capacidad de asistir en momentos de crisis de liquidez o en otros shocks es más limitada. Las decisiones van a ser más lentas”, afirmó Litman.

Más allá de las especulaciones, la administración Trump ratificó públicamente su postura. En una entrevista antes de las elecciones, Bessent confirmó que repetiría una operación similar si Argentina lo requiriera. A su vez, el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, también reafirmó el compromiso bilateral tras conocerse los resultados del 3 de noviembre.

“Cambian las mayorías en el Congreso, pero no cambia nuestro compromiso con la Argentina. Nuestro compromiso con la Argentina es firme, estratégico y de largo plazo. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y junto al presidente Javier Milei, estamos construyendo una alianza histórica basada en la libertad, la confianza y las oportunidades para ambos países”.

“Esta relación trasciende los partidos políticos porque responde a intereses fundamentales de ambas naciones. Fortalecer a la Argentina también fortalece a Estados Unidos. Más inversiones, más comercio, más empleo y mayor seguridad para ambos pueblos. Mi compromiso personal es seguir trabajando para transformar esta alianza en resultados concretos”, agregó en X.

North America

La Argentina quedó atada a una agenda internacional compleja: a pocos días de que el candidato de derecha Flávio Bolsonaro perdiera las elecciones en Brasil, Donald Trump sufrió una estrepitosa derrota; Javier Milei se enfrentó nuevamente con el presidente del Gobierno español, y uno de sus aliados, Santiago Peña, fue destituido en Paraguay en medio de un escándalo de corrupción que lo involucra.

Por otra parte, este domingo llegará el papa León XIV, quien pronunciará sus homilías y discursos con la intención de predicar para toda la comunidad católica del mundo. Inevitablemente, sus palabras tendrán una lectura política local. Hasta ahora, el Gobierno hizo bien todos los deberes: cedió con el proyecto de ley de discapacidad y pondrá la otra mejilla sin protestar. Milei nunca debe olvidar que la doctrina social de la Iglesia fue inaugurada en 1891 por el papa León XIII con la encíclica Rerum Novarum y, con algunas actualizaciones, llegó hasta hoy y sigue vigente en la encíclica Magnifica Humanitas del actual pontífice.

Atención: en Uruguay, el Papa no esquivó ningún tema. Habló sobre la distribución de la riqueza, el aborto y la eutanasia. Sus palabras serán seguidas de cerca.

El peso específico de Trump comienza a acercarse a cero. El Partido Republicano perdió el control de las dos cámaras del Congreso; cinco estados que eran gobernados por republicanos pasaron a manos demócratas (Georgia, Iowa, Texas, Ohio y Nevada, y podría sumarse Alaska); los demócratas gobernarán la mayoría de los estados del país, y la Constitución le prohíbe al presidente aspirar a un tercer mandato. Esos datos son conocidos, pero hay que mirar todavía con más profundidad.

En suma, Trump encara sin fuerzas los últimos dos años de su gobierno y empieza a convertirse en un verdadero pato rengo. Aunque las primarias para las elecciones de 2028 empiecen a celebrarse a partir de enero de ese año, en los hechos, en la noche del martes último, ya se largó la carrera por la sucesión presidencial.

Anteayer, J. D. Vance, su vicepresidente y posible candidato para el próximo turno, culpó por el resultado a la guerra con Irán (que desató Trump) y a su impacto en el alza del costo de vida. Una forma de decir que Trump fue el único culpable de la derrota. Aún más: le pidió que fuera sincero y lo admitiera.

Como punto positivo, Trump aceptó los resultados y felicitó a los demócratas. Respetó la institucionalidad: no intentó resistirse ni arrojó sospechas de fraude. Habrá que ver, ahora, si está dispuesto, como anticipó, a vetar las leyes que le impongan los demócratas o si, por el contrario, se sentará a negociar.

Pero si opta por negociar (que es lo más razonable), deberá hacerlo desde una posición muy débil. Pocas veces en la historia norteamericana el partido de gobierno quedó tan lejos de controlar la Cámara de Representantes: esa situación desventajosa ocurrió también con otros presidentes republicanos, como Gerald Ford, Dwight Eisenhower y Ronald Reagan.

Es previsible que el Partido Republicano, que hoy está a 74 bancas de la mayoría, acorte esa distancia, porque todavía faltan computar más de cincuenta bancas. Pero el registro de Trump quedará igualmente entre los peores de la historia.

Lecciones para Milei

Milei debería mirar de cerca lo que ocurrió en los Estados Unidos y en otros países durante los últimos seis meses para adoptar correcciones y mejorar sus chances electorales.

Primero. Las construcciones populistas pueden ayudar a ganar elecciones, pero luego la gente se desilusiona, y lo hace cada vez más rápido. Trump ganó su primer mandato en 2016 con la corriente nacionalpopulista de la alt-right, pero cuatro años después perdió. Y llegó a su segundo mandato impulsando ideas reaccionarias y neorreaccionarias, con el respaldo de varios magnates tecnológicos, pero este martes todo se evaporó.

El Partido Republicano solo conserva el voto mayoritario de los hombres blancos (55 por ciento); cayó entre las mujeres blancas (47 por ciento); entre las mujeres en general, su respaldo se redujo al 38 por ciento; entre los jóvenes menores de 29 años, solo el 28 por ciento votó por ese partido; entre los votantes negros, solo el 8 por ciento votó por los republicanos, y los latinos también le dieron la espalda, porque el partido solo conquistó el respaldo de poco más del 20 por ciento de ese segmento. Es decir, un candidato republicano tendrá que trabajar cuesta arriba para reconquistar a todos esos segmentos.