Los docentes universitarios acumularon una pérdida salarial equivalente a 8 sueldos desde noviembre de 2023, con una caída del 34,5% en términos reales. Los datos surgen en la antesala de la marcha federal de este martes por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento por parte del Gobierno Nacional, la cual fue aprobada e insistida en el Congreso tras el veto del presidente Javier Milei.

Para poner estas variaciones en números concretos, en base a datos de Conadu, Infobae elaboró ejemplos de salarios brutos para docentes con hasta 2 y 10 años de antigüedad.

De acuerdo con la escala salarial de mayo de 2026, la dedicación exclusiva (40 horas semanales) muestra una brecha significativa determinada por el escalafón y la antigüedad. Un profesor Titular que inicia su carrera o posee hasta dos años de experiencia percibe un básico bruto de $1.898.740,01, cifra que se eleva a $2.373.425,01 al alcanzar los 10 años en el cargo.

Un Auxiliar de primera categoría percibe $1.062.708,05 como sueldo inicial, lo que representa apenas un 55% de lo que cobra un Titular con su misma antigüedad.

En el caso de las dedicaciones semiexclusivas de 20 horas semanales, los montos reflejan la presión sobre los ingresos de los cargos intermedios. Un docente con el cargo de Adjunto y una década de trayectoria percibe un bruto de $925.745,76, mientras que un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con la misma antigüedad llega a los $795.039,03.

Por su parte, un Auxiliar de primera con 10 años de experiencia bajo este régimen horario cobra $664.190,55, valores que obligan a la mayoría de los profesionales a buscar fuentes de ingresos adicionales para cubrir la canasta básica.

La situación resulta más crítica en las dedicaciones simples de 10 horas semanales, las más frecuentes en el sistema universitario nacional. Aquí, los salarios de los niveles iniciales, como el de Auxiliar de segunda, oscilan entre los $212.540,62 y los $265.675,77 brutos según la antigüedad. Incluso un profesor Titular en este régimen percibe apenas $593.355,63 tras diez años de servicio.

Estas cifras cobran especial relevancia frente a un contexto donde la inflación interanual a comienzos de año se situó en el 32,4% y se proyecta un cierre para 2026 del 27,5%, lo que subraya la magnitud del desafío para mantener el poder adquisitivo del sector académico.

Para calcular el efecto del ajuste que aplicó el Gobierno al presupuesto universitario en términos reales, se tomaron cálculos privados con datos a marzo o abril, según el caso. Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) detalló que un titular con dedicación exclusiva, en el acumulado desde el cambio de gestión, cobró $18,5 millones menos a precios de abril.

El recorte presupuestario en las universidades nacionales afecta principalmente a los docentes, ya que el 80% de los fondos se destina a remuneraciones. Como resultado de dicho deterioro en el poder adquisitivo, según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), más de 10.000 profesionales ya dejaron sus cargos.

Como comparativa, el presupuesto asignado al sistema universitario nacional pasó del 0,72% del PBI en 2023 al 0,47% proyectado para este año, mientras que las transferencias muestran una baja real acumulada del 45,6%

“El gasto en 2025 fue similar al que se realizó en 2007 ($5,5 billones a precios de abril de 2026); y sin tener en cuenta la creación de 13 universidades públicas y los 768.200 nuevos estudiantes que se incorporaron al sistema”, señaló el IAG.

Un informe de CEPA tomó los salarios básicos a marzo de 2026 y, con ellos, estimó el impacto de la inflación sobre su poder adquisitivo al compararlo con la evolución de las canastas de indigencia y pobreza. De acuerdo al análisis, si se considera la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) de un Hogar Tipo 2 en marzo de 2026 con los salarios básicos brutos (sin antigüedad) del personal docente y no docente de las universidades nacionales, se advierte que solo una minoría de los cargos supera la línea de pobreza. Ese mes, la CBT fue de $1.434.464.

Entre los docentes, únicamente los titulares con dedicación exclusiva exceden ese monto, con un sueldo bruto de $1.555.834. En el caso del personal no docente, solo los cargos de los niveles 1 y 2 logran cubrir la canasta.

A su vez, la CBA, que marca la línea de indigencia, alcanzó los $658.011 en marzo. A excepción de los titulares y asociados con dedicación semi-exclusiva, el resto de los cargos docentes, incluidos los de dedicación simple, quedaron por debajo de ese umbral.

La Ley de Financiamiento Universitario insistida en el Congreso establecía la convocatoria a una paritaria nacional para que recuperen el terreno perdido desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, fecha prevista para su publicación en el Boletín Oficial.

Eso implicaba un aumento del 44% que, de haberse aplicado en noviembre, habría dejado las remuneraciones apenas un 1,3% por debajo del nivel de igual mes de 2023.

Mientras tanto, en Casa Rosada aseguran: “Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata». Estiman que la suma adeudada asciende a 2,5 billones de pesos.

En la misma línea, el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, dijo: “La consigna de ellos es ‘cumplan la ley’. No se puede cumplir porque es abstracta, quedó derogada al aprobarse el Presupuesto. Cuando se aprueba una ley presupuestaria previa a la aprobación del Presupuesto, este la deroga de manera implícita, porque no puede haber asignaciones por fuera de eso”.

“Implicaría un gasto que el Estado no está en condiciones económicas de afrontar hoy”, agregó.

Por otra parte, mediante la Decisión Administrativa 20/2026, el Gobierno dispuso recientemente un ajuste de $78.768 millones a programas de la Secretaría de Educación.

Según el anexo correspondiente, la reducción incluye una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital destinadas a infraestructura del conocimiento, con afectación directa a obras en trece casas de estudio.

La Universidad Nacional de La Plata es la más perjudicada, con $1.043.000.000 menos. Le siguen la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, con recortes de $700.000.000 cada una; Río Cuarto, con $680.500.000; y Entre Ríos, con $540.000.000.

La toma de control por parte de la patagónica La Anónima de gran parte de la estructura comercial de Grupo Libertad ya empezó a generar cambios contundentes en el interior de la Argentina. En marzo de este año, la firma que controla la familia Braun se quedó con 12 de los 14 hipermercados de la compañía dominada por el grupo salvadoreño Calleja. El proceso de traspaso de activos y personal demandará una transición que se extenderá hasta el último día de mayo de este año. Mientras tanto, y con vistas a los cambios que se vienen, los puntos de ventas de Grupo Libertad en sitios como Posadas, en la provincia de Misiones, y San Juan, activaron una agresiva liquidación de stock que incluye descuentos de entre el 30 y el 70% en una amplia variedad de artículos seleccionados.

La operación entre Grupo Libertad y La Anónima fue anunciada a mediados de marzo. El movimiento de la cadena de los Braun sorprendió porque ocurre en un contexto de cautela en el nicho de los supermercados.

La Anónima toma el control de los hipermercados Libertad

Al margen de reconocer que atraviesa dificultades con la rentabilidad, la cadena sumó un centro de distribución y sucursales en Córdoba, Tucumán, Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero, a partir de esta operación con Libertad.

La fecha de cierre definitivo de la marca Libertad en la capital misionera está prevista para el próximo 28 de mayo, por lo que el 27 será la última jornada de atención al público bajo el mando del Grupo Calleja.

La urgencia por reducir al máximo la mercadería disponible antes del traspaso formal de las instalaciones ha generado un aluvión de clientes interesados en las rebajas, que se aplican principalmente en los rubros de bazar, hogar, limpieza, textiles y alimentos seleccionados, incluyendo promociones de «2×1» en productos puntuales.

En San Juan, en tanto, desde la representación local del Sindicato Empleados de Comercio se indicó que entre el cierre de mayo y el inicio de junio, el hipermercado Libertad en esa ciudad «cambiará su estética de marca para reemplazarla por el diseño de la reconocida cadena de hipermercados patagónica. Todavía están liquidando la mercadería con jugosos descuentos».

«Cada supermercado tiene sus formatos y sus cajas; todos son diferentes. Por ese motivo, Libertad estará cerrado algunos días, pero será de forma transitoria hasta que La Anónima comience a funcionar», declaró al respecto Mirna Moral, secretaria general del gremio.

«Actualmente, hay sectores del hiper que se encuentran vacíos, sin góndolas ni productos. Así, ya está todo preparado para empezar a colocar los elementos de marca y mercadería de La Anónima. En ese sentido, la transición no solo implica un cambio de nombre en las marquesinas, sino una reestructuración profunda de la oferta comercial», indicaron fuentes locales.

Preocupación por los empleos

Al momento de anunciar la operación, se indicó que los más de 1.600 empleados ligados a esas sucursales mantendrían sus puestos de trabajo y que el proceso de traspaso demandará una transición que se extenderá hasta el último día de mayo de este año.

A la par de esto, en Córdoba, donde Grupo Libertad concentra la mayoría de sus operaciones, se anticipa que habrá despidos en la estructura administrativa de los locales que pasarán a operar para La Anónima. Los recortes de personal podrían alcanzar los 100 empleos.

«Nosotros no seremos transferidos como quienes trabajan en los híper. Ya se nos anunció que quedaremos desvinculados», declararon portavoces de los empleados, citados por La Voz.

En concreto, se señala que los recortes de personal comprenderán a quienes se ocupan del vínculo con proveedores y realizan tareas contables y de manejo del personal.

«En total, serían unos 80 los trabajadores desvinculados, con posibilidad de llegar hasta 100. Aunque comentarios extraoficiales señalaron que el número preciso quedará determinado a lo largo de la transición de tres meses (hasta el 31 de mayo) que se dieron Libertad y La Anónima para completar el pase de timón de los híper», indicó el matutino mencionado.

Se indicó, también, que Grupo Libertad ya habría empezado a notificar a los cesanteados y, en ese proceso, también les anticipó que cumplirá con el preaviso y el pago de las indemnizaciones que establece la normativa laboral. Las razones en torno a estos recortes están en que La Anónima ya posee una estructura administrativa con capacidad para atender las nuevas sucursales.

En paralelo, se conoció que la venta de hipermercados no implica en absoluto la salida de Calleja de la Argentina. Muy por el contrario, el grupo salvadoreño apunta a consolidar su negocio inmobiliario en el interior del país.

A medida que los entornos de TI se vuelven más complejos y están directamente vinculados al desempeño del negocio, crece la necesidad de que las organizaciones comprendan claramente los diferentes modelos de contratación de servicios tecnológicos y, así, identifiquen el momento y el contexto en que cada uno puede satisfacer sus necesidades.

Un dato de Deloitte, que indica que las empresas que alinean su estrategia de TI con los objetivos del negocio tienen hasta 1,8 veces más probabilidades de alcanzar resultados financieros superiores en comparación con sus competidores, refuerza la relevancia de tomar decisiones bien fundamentadas al momento de optar por la contratación de servicios externos.

Los servicios profesionales en tecnología tienen un papel claro en proyectos con un alcance definido: implementación de soluciones, migraciones de infraestructura, remediación de vulnerabilidades o capacitación de equipos técnicos internos. Son, por naturaleza, entregas con inicio, desarrollo y final, destinadas a resolver necesidades específicas y transferir conocimiento para que el cliente se vuelva más autónomo. Sin embargo, una vez finalizado el proyecto, la responsabilidad de mantener la infraestructura segura y operativa recae sobre la propia organización, lo que exige un equipo interno calificado y actualizado.

En contraste, los servicios gestionados establecen una relación continua entre el cliente y el proveedor, combinando recursos técnicos, procesos y tecnología para operar actividades críticas de manera recurrente, dentro de un alcance acordado contractualmente. Este modelo libera a los equipos internos para que se concentren en iniciativas estratégicas, innovación, optimización de procesos y alineación con los objetivos del negocio, mientras el socio asume la ejecución de actividades operativas como monitoreo 24/7, mantenimiento de red y seguridad de extremo a extremo.

Ante las constantes amenazas cibernéticas, la escasez de talento y la creciente complejidad de los entornos de TI, muchas organizaciones ven en los servicios gestionados no solo una forma de reducir costos, sino también un medio para transformar la tecnología en un activo estratégico, con gobernanza, transparencia e informes de gestión que evidencian la evolución continua del entorno.

La decisión entre servicios profesionales y gestionados, por lo tanto, debe basarse no solo en “quién los ejecuta”, sino principalmente en dónde el cliente desea concentrar su enfoque: en la operación o en la estrategia que impulsa el negocio.

El autor es gerente de servicios profesionales y gestionados de NEC en América Latina