POLITICA
Tolosa Paz denunció ante la Justicia federal el uso indebido de fondos para las rutas y pidió investigar al Gobierno
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz radicó hoy una denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos y otros delitos ante la Justicia Federal para que se investigue cómo maneja la Casa Rosada los recursos del llamado Sistema Vial Integrado (SisVial), después de que el propio Gobierno admitiera que utiliza parte de los fondos destinados legalmente a las rutas nacionales para “lograr el equilibrio fiscal”.
Tolosa Paz solicitó que la Justicia evalúe si funcionarios libertarios incurrieron en una malversación de fondos públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la gestión de $1,038 billones del SisVial que no se han aplicado a la construcción y mantenimiento de rutas nacionales y obras viales.
De acuerdo con los datos citados en la denuncia de la legisladora de Unión por la Patria (UP), el SisVial recaudó $1,503 billones durante los dos años y medio, pero solo destinó $394.406 millones a su destino específico, lo que supone una subejecución del 73,8%. En 2024 se ejecutó el 11,3% de los recursos asignados; en 2025, el 39%; y entre enero y mayo de 2026, apenas el 18,5%.
Al 31 de mayo último, según reveló , $1,001 billones estaban colocados en inversiones financieras al 31 de mayo último, entre plazos fijos y títulos públicos, mientras otros $37.761 millones permanecían en una cuenta corriente. La denuncia sostiene, además, que no toda la recaudación asignada habría ingresado efectivamente al fideicomiso, por lo que solicita determinar cuánto dinero llegó al SisVial, cuánto permaneció invertido y cuál fue el destino de los recursos que eventualmente fueron retenidos antes de ingresar en sus cuentas.
El planteo judicial adquiere especial relevancia porque el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que una parte de los impuestos que alimentan el sistema es dispuesta por el Ministerio de Economía para alcanzar el equilibrio fiscal, aunque no pudo precisar qué proporción queda efectivamente destinada al mantenimiento de las rutas. La denuncia busca determinar si esa utilización resulta compatible con la afectación específica de los recursos y qué funcionario o dependencia impartió las instrucciones correspondientes.
Tolosa Paz sostuvo que se trata de recursos que el Estado nacional recauda con un destino legal específico e irrevocable. “Lo que estamos denunciando es que recursos tributarios que tienen un destino específico e irrevocable —el pago de obras y el mantenimiento de la red vial nacional— fueron retenidos y colocados masivamente en instrumentos financieros”, afirmó.
Uno de los principales ejemplos analizados corresponde a las obras comprometidas sobre las rutas nacionales 3 y 5 en la provincia de Buenos Aires, financiadas parcialmente mediante el préstamo CAF 11744. El programa contempla trabajos sobre la RN5 entre Mercedes y la Variante Suipacha y sobre la RN3 entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs.
“La situación de las rutas nacionales 3 y 5 es un ejemplo concreto de esta contradicción. Hay obras contratadas, financiamiento internacional y recursos del SISVIAL disponibles, pero la contraparte local no fue ejecutada en la medida comprometida. La Argentina toma deuda para financiar las obras mientras los fondos nacionales destinados a esas mismas obras permanecen colocados en instrumentos financieros”, señaló.
El esquema de financiamiento establece un aporte de 30% de contraparte local y 70% de financiamiento externo. Sin embargo, según los informes de auditoría correspondientes a 2024 citados en la denuncia, la ejecución de la contraparte local fue de 0%, pese a la existencia de recursos del SisVial disponibles.
Los niveles de avance también fueron señalados como evidencia de la demora. La obra de la RN5 entre Mercedes y la Variante Suipacha registraba a mayo de 2026 un avance físico de 16,89% y financiero de 11,36%. Otro tramo de la misma ruta, entre el distribuidor de la RP 41 y el kilómetro 104, tenía un avance físico de apenas 0,88% a diciembre de 2025, aunque el contrato debía finalizar en octubre de ese año. En la RN3, entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs, el avance físico alcanzaba 26,95% a mayo de 2026.
Denuncias previas
El proceder de la Casa Rosada con las obras viales acumula reclamos y denuncias desde al menos febrero de 2025, cuando el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, se presentó con varios intendentes de la provincia ante el Juzgado en lo Contenciosoadministrativo Federal N° 1 de San Martín para que el Gobierno explique el destino de la recaudación del impuesto a los combustibles. “Cada vez que cargás combustible en la estación de servicio, un tercio de eso va a una cuenta específica que tiene como único destino, por ley, el arreglo de las rutas, que están en un estado total de abandono”, explicó.
En un documento público, en tanto, la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FePeViNa) denunció el “uso discrecional e ilegítimo” de la recaudación del SisVial. “Se podrían haber rehabilitado 3.000 km de rutas. Se podrían haber mantenido 22.000 km más”, estimaron. “Los números son contundentes: los recursos existen, la voluntad política, no”.
Por su parte, el director del Instituto Consenso Federal, el exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, reclamo que la Casa Rosada rinda cuentas porque “incumple decididamente con la ley, reduciendo brutalmente las transferencias a las provincias, los subsidios al transporte y los gastos de capital”.
En ese sentido, Tolosa Paz pidió ayer a la Justicia que ordene medidas urgentes para preservar documentación vinculada con la gestión de los fondos desde enero de 2024. Entre ellas, conservar instrucciones que hayan impartido los funcionarios responsables, expedientes administrativos, correos electrónicos, registros contables y bancarios, y certificar los saldos actuales de las cuentas del SisVial y de sus inversiones.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
POLITICA
Luis Juez cuestionó los recortes en Discapacidad y lanzó una advertencia sobre el Presupuesto 2027: “En el Senado no va a pasar”
El senador nacional Luis Juez se refirió al conflicto que generaron los cambios vinculados a Discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 y respaldó los cuestionamientos de Patricia Bullrich al Gobierno por la falta de coordinación política con el Congreso.
“Hay que ser muy poco inteligente para no darse cuenta que es un tema extremadamente sensible”, expresó en diálogo con TN de Noche (TN).
Juez aseguró que lleva 25 años involucrado en la problemática y señaló: “No hace falta tener un hijo discapacitado, una hija como la que tengo yo para entender que es un tema sensible. Me parece correcto que (Bullrich) le diga a los muchachos que le avisen sobre las decisiones que toman. Malas comunicaciones, malas interpretaciones, malas decisiones después te generan dolor de cabeza en la labor parlamentaria”.
El senador contó que cuando se conocieron los cambios hubo una fuerte reacción y anticipó que el proyecto, tal como está planteado actualmente, podría encontrar resistencia en la Cámara alta.
“Cuando nos enteramos, generó un estrépito importante. Creo que el tema lo van a corregir porque yo ya me atrevería a decir que el tema así, como está planteado, en el Senado no va a pasar”, afirmó.
En ese sentido, Juez contó que habló sobre el tema con Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados: “Tengo una relación hermosa de cariño y trabajo con el presidente de la bancada libertaria. Nos juntamos para evaluar cómo contribuir y la semana pasada le dije ‘guarda con la ley de discapacidad porque es un tema delicado’”.
“La idea es salir del concepto de emergencia y darle la continuidad técnico legislativa, que no tenga los vaivenes de la emergencia”, explicó sobre el proyecto.
Según contó, esa conversación ocurrió el miércoles y al día siguiente se enteró de que el Presupuesto podía contemplar el tema de otra manera. “El jueves enteramos que en el presupuesto podía venir de otra manera. Pero estoy convencido de que se están moviendo para corregirlo”.
El senador también criticó que el ajuste alcance a un sector al que considera especialmente vulnerable: “Me entusiasman algunas cosas del Gobierno sobre el equilibrio fiscal y la no emisión, bajar el riesgo país. Pero veamos cómo hacemos el equilibrio; no me parece que el ajuste tenga que venir con los que menos se pueden defender”, planteó.
Juez, en tanto, recordó el conflicto que tuvo con dirigentes de La Libertad Avanza después de la votación de la Ley de Discapacidad y aseguró que, pese a las diferencias, mantuvo su respaldo al Gobierno. “Soy un aliado del presidente, tengo un compromiso con él”, remarcó.
POLITICA
Las elecciones en el Consejo de la Magistratura anticipan cambios en la distribución del poder en el organismo que designa y remueve jueces
La carrera electoral para renovar el Consejo de la Magistratura a fin de año ya comenzó. Los cambios en el organismo que designa y remueve a los jueces federales y nacionales de todo el país anticipan alteraciones en la actual distribución de poder, donde los jueces son los que mantienen su hegemonía.
Las elecciones de jueces y de abogados para el Consejo de la Magistratura abren un nuevo escenario, pues habrá cambios en los nombres de los consejeros pero puede haber también modificaciones en la distribución de fuerzas.
Se prevé que el kirchnerismo pierda poder, pues perderá integrantes y el oficialismo sumará al menos un legislador.
Un sector de los abogados, que lidera el Colegio de la Abogacía de la Capital Federal y reúne a diversas agrupaciones, incluida la del empresario y operador judicial Daniel Angelici, aspira a sumar un consejero más que ahora.
Y los jueces ahora elegirán representantes entre cuatro listas, y no las tres listas tradicionales, producto de la escisión de la lista Celeste, la más cercana al peronismo, lo que deja la incógnita acerca de si ese sector podrá sumar un consejero, como ahora, o si lo perderá a manos de la lista Bordó, oficialista en la Asociación de Magistrados que es mayoritaria.
El Consejo de la Magistratura está integrado por 20 consejeros. Lo preside el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y lo completan cuatro jueces, cuatro abogados, ocho legisladores (cuatro senadores y cuatro diputados), un representante del Poder Ejecutivo y dos del ámbito académico.
Todos los mandatos vencen el 18 de noviembre, excepto por Rosatti, que sigue por su condición de presidente de la Corte, y Santiago Viola, designado por el Gobierno como representante del Ejecutivo.
El 20 de octubre próximo habrá elecciones para renovar a los cuatro consejeros abogados y el 8 de octubre próximo habrá elecciones para renovar a los cuatro consejeros jueces.
Esas elecciones abren el juego y los candidatos que ganen allí se convertirán en consejeros. Se sumarán a los que envíe el Congreso y a Diego Molea, ya electo por los académicos. Resta elegir a su compañero.
Entre los abogados votan 185.000 matriculados de todo el país, aunque en la práctica los que van a las urnas son unos 36.000, según los registros de los últimos comicios.
Se renuevan los lugares de Jimena de la Torre, César Grau, Alberto Maques y María Fernanda Vázquez. Hay cuatro listas en carrera.
La más poderosa es Unidad en Defensa de la Abogacía, que reúne a la actual conducción del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires, con decenas de agrupaciones abogadiles en su seno.
Orientada por Ricardo Gil Lavedra, lleva como primer candidato a Alberto “Nacho” Biglieri, administrativista e interventor judicial de la UOM, exconsejero de la Magistratura porteña entre 2019 y 2023.
Los abogados de esta lista insisten en que su rol es en defensa de la abogacía y se muestran separados de las agrupaciones políticas y de eventuales alianzas internas en el Consejo de la Magistratura en caso de ser electos. Hablan del debilitamiento de los partidos.
La lista tiene fuerte presencia federal y “colegial” por los representantes de Colegios de Abogados del interior del país. La segunda de la lista es Claudia Sarmiento, exsecretaria de Relaciones Institucionales del gobierno de San Juan, ligada a la consejera saliente Jimena de la Torre.
Completan Nazario Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, y María Jazminka Mihaljevic, de la Caja Forense de Mendoza. Entre los suplentes, Carlos Mas Vélez, de la UCR porteña, y Guillermo Lipera, expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad. En la lista está la influencia de Angelici a través del radicalismo porteño y la política colegial.
Llevan como premisa imponer cambios en el reglamento de selección de jueces, buscando idoneidad e igualdad para que los abogados puedan acceder a la magistratura; buscan la defensa del ejercicio profesional, la rendición de cuentas como consejeros y el acceso a la formación judicial.
Hoy cuentan con dos abogados en el Consejo (De la Torre y Maques) pero aspiran a colocar a un tercer abogado. Depende de la cantidad de votos que obtenga la lista en cargos que se reparten por sistema D’Hondt.
Se le enfrenta la lista Abogacía Federal, que lleva a Fernando Levene, expresidente del Colegio de Abogados de La Plata y este año incorporado a la lista de conjueces de la Suprema Corte bonaerense.
Allí pesan un sector del peronismo con el radicalismo: detrás de la lista están el senador Maximiliano Abad UCR), Diego Molea, el exconsejero Miguel Piedecasas y Martín Llaryora, gobernador peronista de Córdoba.
Postulan a Sandra París, secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata, exdiputada bonaerense y exintegrante del Consejo de la Magistratura provincial. También van Eduardo Awad, expresidente del Colegio Público porteño, y Myriam Londero, de Córdoba.
Son los sucederían en el estamento de abogados a la actual consejera María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
El otro sector del peronismo, con el apoyo del auditor de la AGN Juan Manuel Olmos, lleva en Abogacía Unida y Dignidad Profesional, como primera candidata a la cordobesa Itatí Demarchi Arballo, quien preside el Colegio de Abogados de Villa María.
Segundo está Jorge Rizzo, expresidente durante décadas del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal e integrante del Consejo de la Magistratura porteño.
La lista la completan Julia Toyos, presidenta de la Caja de Seguridad Social para Abogados de Salta, y Andrés Abramovich, vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Fe.
El oficialismo de La Libertad Avanza juega con su propia lista en la elección de abogados, una aventura inédita. Abogados por la Libertad está encabezada por Luis Palomino, concejal de Vicente López y exsubsecretario de Empleo de la Nación.
Sus rivales lo chicanean con que es más político que abogado, dado su rol en Vicente López.
Palomino es un hombre de Sebastián Pareja, diputado y mano derecha de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires.
Segunda irá Valeria Fredes, exvicepresidenta ejecutiva del INTI. Le siguen Martín Buscemi, de San Rafael, y Alicia Colazo, matriculada en la Cámara Federal de Rosario. Entre los suplentes hay funcionarios y exapoderados del partido.
La política, así, muestra su fragmentación: el peronismo y el radicalismo quedaron distribuidos entre listas distintas y LLA decidió competir por su cuenta.
En este escenario es posible que los abogados del sector donde incide Angelici puedan sumar un consejero más que hasta ahora y es incierta la política de alianzas, pero será caso por caso, y más cerca de los jueces que del oficialismo.
Los jueces
Por el lado de los jueces, hoy esas bancas están en manos del presidente de la Cámara de Casación de la Lista Bordó, Diego Barroetaveña; el camarista de San Martín Alberto Lugones, de la lista Celeste; Alejandra Provítola, de Compromiso Judicial; y Agustina Díaz Cordero, de la lista Bordó.
Entre los jueces, las elecciones se realizarán entre cuatro listas, otra situación inédita que abre interrogantes. La oficialista Lista Bordó logró dejar de lado las diferencias que dominaron los últimos meses antes del cierre de candidaturas.
La Bordó, dueña de dos de las cuatro bancas, lleva como primer candidato a Marcelo Gallo Tagle, un juez civil que ya fue presidente de la Asociación. Le sigue Rocío Alcalá, presidenta de la Cámara Federal de Resistencia.
La Lista Celeste, que representa al ala más cercana al peronismo y que hoy tiene al juez Lugones como consejero, llega partida en dos a las elecciones.
El camarista Walter Venditti, del Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín, y Paula Andrea Castro, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, llevarán el nombre de Lista Celeste, con el respaldo de Lugones, junto a sus socios históricos, Claudio Kiper y Victoria Pérez Tognola.
El otro sector peronista más progresista lleva a la jueza Gabriela Vázquez, camarista del Trabajo y expresidenta del propio Consejo, y al juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla.
El sector, más identificado con el kirchnerismo, reunió alrededor de 150 jueces en una asamblea el 12 de agosto para exigir que los candidatos se definieran por voto y no a dedo.
Armaron su propia lista y aspiran a llevarse los votos tradicionales de toda la lista Celeste. Aunque la particularidad de que este sector de los jueces llegue dividido alienta las esperanzas de la Lista Bordó de colocar a un tercer consejero.
Finalmente, Compromiso Judicial es la cuarta agrupación, que se define por su perfil profesional y sin alineamiento ideológico y ocupa una banca a través de Alejandra Provítola. La lista postula a Juan Manuel Culotta, juez federal de Tres de Febrero y ex onsejero, y a la camarista del fuero Criminal y Correccional Laiño.
En 2022, la Bordó obtuvo 286 votos; la Celeste, 230, y Compromiso Judicial, 163. La división de la Celeste podría costarle su única banca.
Los legisladores
Las ocho bancas legislativas del Consejo no se votan, sino que las designan los presidentes de cada cámara a propuesta de los bloques. En los papeles, deberían respetar la representación parlamentaria, con dos lugares para el bloque mayoritario y uno para la primera y la segunda minoría, pero los bloques arman alianzas de último minuto que pueden alterar ese reparto.
Hoy, el peronismo tiene dos diputados en el Consejo, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, porque esa distribución todavía refleja el Congreso anterior.
Pero, en 2025, La Libertad Avanza pasó a ser el bloque más numeroso en Diputados, así que los dos de la mayoría cambian de manos y al peronismo le quedaría, en el mejor de los casos, un lugar de minoría.
En el Senado, LLA y el bloque Justicialista de José Mayans están empatados en 21 integrantes. El peronismo reclama con aliados la primera minoría y el oficialismo hace lo propio.
Es una disputa que puede terminar judicializada, porque el peronismo busca retener sus dos consejeros. Aun si el peronismo retiene la dupla, hay una interna por los cargos: la senadora Anabel Fernández Sagasti no reúne aún consenso interno y Mariano Recalde busca ese lugar.
Así, el peronismo podría perder al menos un representante por el Congreso y otro por la lista Celeste, también está en riesgo por la división interna.
La Libertad Avanza, por el contrario, buscará sumar compañeros para su único representante legislativo, Gonzalo Roca. Las designaciones de legisladores se completarán el 18 de noviembre.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
“Es mentira”: Patricia Bullrich ratificó sus críticas por Discapacidad y contradijo a Diego Santilli
La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, ratificó sus cuestionamientos por la inclusión de recortes al área de discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027 y desmintió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien dijo ayer que fue un tema hablado durante la reunión de la mesa política el último martes.
La legisladora negó que la conducción parlamentaria hubiera sido informada sobre las modificaciones introducidas en el texto enviado al Congreso y tildó de falsa la versión oficial sobre un debate previo en la mesa política del Gobierno.
En declaraciones a la señal LN+, la jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta reaccionó frente a los dichos del funcionario, quien había sugerido que las reformas al sistema asistencial habían sido conversadas en los encuentros semanales del Ejecutivo y mencionó que la legisladora ese día debió retirarse antes.
“Eso es mentira. Cuando se habló del presupuesto yo estaba, y Martín Menem tampoco sabía nada”, afirmó la referente oficialista. La senadora insistió en que el proyecto elaborado por el Ministerio de Economía ingresó de madrugada a la Cámara de Diputados sin la evaluación de los legisladores.
Bullrich advirtió que impulsar iniciativas sin consenso parlamentario previo provoca un desgaste innecesario en la figura del presidente Javier Milei y complica las negociaciones de la ley en el parlamento.
Bullrich cuestionó que los cambios no hubieran sido anticipados al Congreso
La discusión se originó en los artículos del capítulo VI del Presupuesto 2027, que proponían cambios en el sistema de prestaciones por discapacidad. Entre otros puntos, el texto contemplaba eliminar el arancel único de referencia, restringir la compatibilidad entre pensiones por invalidez y empleo registrado y derogar de manera parcial normas de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La senadora sostuvo que el contenido de ese capítulo no se había tratado en la reunión de la mesa política de la que participó el martes. Según relató, allí se expusieron las proyecciones generales del Presupuesto, con una previsión de crecimiento del 4% y una inflación del 21,1%, pero no se abordaron las modificaciones que luego generaron reparos dentro del oficialismo y sus aliados.
En ese marco, Patricia Bullrich rechazó la afirmación de Diego Santilli acerca de que el asunto había sido conversado. También aseguró que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desconocía los artículos cuestionados cuando el proyecto ingresó al Congreso.
“Yo tengo una responsabilidad, que es generar los consensos necesarios para que las leyes que mande el Gobierno sean leyes y no sean proyectos perdidos en el fondo de la nada”, afirmó. Para la legisladora, la mesa política debe anticipar los proyectos que necesitan respaldo parlamentario y evaluar sus posibilidades antes de que lleguen al recinto.
El oficialismo abrió una negociación con sus aliados
Ante las objeciones planteadas por el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y otros espacios, la Casa Rosada aceptó retirar los artículos cuestionados y habilitar una negociación para una nueva redacción. Bullrich consideró que esa instancia era necesaria para evitar que el proyecto volviera a quedar sin los votos suficientes.
La senadora vinculó el debate actual con dos crisis legislativas previas, en las que también se discutieron cuestiones ligadas a discapacidad y al financiamiento universitario.
Al referirse a una posible salida para el conflicto, planteó que el Gobierno debe trabajar con la Agencia Nacional de Discapacidad y con los bloques aliados. “Este es un tren que viene de frente a chocarnos”, dijo al describir el costo político que, a su criterio, tendría insistir con disposiciones que no reúnen apoyo parlamentario.
Bullrich fijó el superávit fiscal como límite para los cambios
La legisladora sostuvo que el oficialismo buscará acuerdos, aunque aclaró que el superávit fiscal y las metas de inflación no estarán sujetos a negociación. “Tiene fundamentos que no vamos a negociar: superávit y metas de inflación. Esa es la matriz del plan, no la vamos a tocar”, expresó.
Bullrich afirmó que las situaciones de mayor sensibilidad social deben resolverse dentro de ese marco y diferenció las prestaciones que requieren las personas con discapacidad de los casos de fraude. A la vez, cuestionó que se envíen iniciativas cuya viabilidad parlamentaria no fue evaluada previamente.
“Si vos mandás algo que no vas a poder convertir en ley, desgastás al Presidente. ¿Querés que el Presidente vete eso para que otra vez te lo bajen?”, preguntó la senadora, al insistir en que el Ejecutivo debe construir mayorías antes de presentar los proyectos.
Consultada además por una eventual candidatura junto a Javier Milei en 2027, Bullrich dejó en segundo plano cualquier aspiración personal. “Para mí es muy importante que el proyecto reelija”, afirmó.
La dirigente también se pronunció a favor de suspender o eliminar las PASO y señaló que el oficialismo mantiene conversaciones con el PRO, sectores radicales, gobernadores y fuerzas provinciales para reunir los votos necesarios. Sobre su futuro político, reiteró que su prioridad es la continuidad del Gobierno y la reelección presidencial.
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