POLITICA
Tras el Tedeum, el Gobierno decidió no responderle a García Cuerva para evitar un nuevo conflicto con la Iglesia
El Gobierno le baja el tono al mensaje de Jorge García Cuerva en el Tedeum por el 9 de Julio y no saldrá a responderle al arzobispo de Buenos Aires. En el Ejecutivo aseguran que sus críticas a las “cuevas de corrupción”, la intolerancia y la crueldad hacia los más débiles no generaron repercusión interna en el Gabinete.
“No generó nada. Fue una homilía normal”, expresan en Nación. En la Casa Rosada sostienen que el discurso no fue leído como una confrontación directa con Javier Milei y remarcan como positivo el tramo final, en el que García Cuerva citó a Lionel Messi para pedir unidad entre los argentinos.
El arzobispo encabezó la ceremonia religiosa en la Catedral Metropolitana frente al Presidente, sus ministros y dirigentes del oficialismo. Durante la homilía, pidió apartarse del “camino de la intolerancia”, de “los enfrentamientos constantes” y de “la crueldad hacia los más débiles”, además de advertir sobre quienes se esconden en “cuevas de corrupción” y hacen que “los pobres sean cada vez más pobres”.
En Balcarce 50 reconocen que el mensaje tuvo contenido político, pero buscan evitar una nueva escalada con la Iglesia. La lectura oficial es que García Cuerva hizo una crítica general a la dirigencia y no una acusación específica contra el oficialismo en medio del caso que derivó en la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete.
En Nación también decidieron despegarse de la reacción de la diputada libertaria Lilia Lemoine, que tildó al arzobispo de “peronista” y calificó sus discursos como “hipócritas y aburridos”. En despachos oficiales aseguran que esos dichos “corren por su cuenta” y que no forman parte de una respuesta institucional.
La decisión de no contestar marca una diferencia con otros momentos de tensión entre Milei y García Cuerva. Después del Tedeum del 25 de Mayo, el Presidente sí habló públicamente sobre la homilía del arzobispo, aunque evitó una confrontación directa: dijo que no se sintió atacado, que le parecía una opinión válida y que abría un diálogo, pero consideró “exagerado” hablar de “terrorismo en las redes”.
En esa oportunidad, Milei también hizo una interpretación propia de la parábola usada por García Cuerva sobre la asistencia a una persona con discapacidad. El jefe de Estado sostuvo que, en el relato bíblico, al paralítico “no lo llevan al Estado, sino a Jesús”, en una respuesta que buscó discutir el trasfondo del mensaje religioso sin romper el vínculo con la Iglesia.
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Ahora, la estrategia oficial es más silenciosa. En el Gobierno quieren evitar que el Tedeum se transforme en un nuevo frente de conflicto después de la foto de Milei con gobernadores en Tucumán, la primera reunión ampliada de Gabinete con Diego Santilli como jefe de ministros y el intento de reordenar la agenda legislativa para el segundo semestre.
En la Casa Rosada también observan el contexto eclesiástico. El Ejecutivo viene intentando preservar el vínculo con la Iglesia mientras espera una eventual visita del papa León XIV a la Argentina. Por eso, en despachos oficiales sostienen que no hay interés en abrir una disputa pública con el arzobispo porteño por una homilía que consideran dentro de los márgenes habituales de una fecha patria.
El punto que más destacaron en Nación fue el cierre del mensaje. García Cuerva apeló al clima del Mundial y citó una publicación de Messi para remarcar que los argentinos, cuando luchan juntos y unidos, pueden conseguir lo que se proponen. En la Casa Rosada leyeron ese pasaje como una señal menos confrontativa y más alineada con el discurso de unidad que Milei buscó mostrar en Tucumán.
El vocero Adrián Ravier ya había reforzado esa línea al destacar la foto del Presidente con gobernadores aliados en la Casa Histórica. En su mensaje público, pidió “dejar atrás las divisiones estériles” y sostuvo que Nación y provincias deben trabajar juntas para consolidar el rumbo del Gobierno.
Ese es el marco que intentan sostener en Balcarce 50: bajar la tensión con actores institucionales, mostrar diálogo con gobernadores y concentrar la discusión política en las reformas. En Nación creen que la prioridad no pasa por polemizar con García Cuerva, sino por ordenar el envío de proyectos al Congreso.
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La homilía, de todos modos, tocó temas sensibles para la administración libertaria. García Cuerva habló de discapacidad, jubilados, desocupados, jóvenes afectados por el narcotráfico y sectores vulnerables, en momentos en que el Gobierno evalúa incluir cambios a las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario dentro del Presupuesto 2027 para reducir su impacto fiscal.
En el Ejecutivo sostienen que esas discusiones deberán resolverse en el Congreso y dentro del marco presupuestario, no a través de cruces públicos con la Iglesia. La postura oficial es que cualquier aumento de gasto debe tener fuente de financiamiento o compensación, una idea que Milei también busca blindar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y una regla fiscal más estricta.
Por ahora, la orden es no responder. La Casa Rosada buscará dejar el episodio en el plano institucional del Tedeum y mantener el foco en la reunión de Gabinete, la reforma del Banco Central, la negociación con gobernadores y la agenda legislativa. “Fue una homilía normal”, insisten en Nación, como forma de cerrar el tema sin escalar la tensión.
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POLITICA
"Inaceptable": Mauricio Macri apuntó contra la jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires
En medio de la polémica por el fallo que suspendió el Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, el ex presidente Mauricio Macri apuntó contra la jueza Marta Pascual y remarcó que no respetó la competencia del Poder Legislativo.
A través de un escrito que publicó en su cuenta de X, el ex mandatario sostuvo: “Resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires”.
El líder del PRO cuestionó de forma explícita el razonamiento con el que Pascual fundamentó su resolución. Citó un pasaje de la propia sentencia en el que la magistrada reconoció que su decisión partía de presunciones: “El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir, cuando cuenta con elementos de juicio que hacen presumir razonablemente que ello sucederá”. El ex presidente señaló que esos elementos nunca fueron presentados en el expediente.
A eso sumó un argumento de orden constitucional. “Nuestro sistema constitucional no le atribuye al Poder Judicial la capacidad de hacer una revisión preventiva sobre las decisiones legislativas”, escribió. Para el ex mandatario, los tribunales solo pueden ejercer el control de constitucionalidad en el marco de causas concretas, no de forma abstracta o anticipada.
El resultado de la medida cautelar, según describió Macri, es que una norma del Congreso de la Nación, promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional y vigente en todo el territorio argentino, quedó sin efecto en la jurisdicción más poblada del país y con mayores índices de violencia. “Es realmente muy preocupante esta alteración del equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado”, concluyó.
El fallo al que apunta el ex presidente fue dictado el 7 de septiembre de 2026 por Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La magistrada suspendió preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 —que fijó en los 14 años la edad de responsabilidad penal— en toda la provincia de Buenos Aires. La decisión se adoptó en el marco de un hábeas corpus preventivo colectivo impulsado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
En ese marco, el fiscal Hernán Cerutti, de la Delegación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dependiente de la Fiscalía General Departamental, apeló la resolución este miércoles y solicitó que la cautelar quede sin efecto mientras interviene la Cámara de Apelación y Garantías. Para el Ministerio Público, la decisión de Pascual genera un “gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad”, porque extiende los efectos de una decisión judicial a todo el territorio bonaerense sin identificar un acto concreto, ilegal o arbitrario que hubiera restringido la libertad de algún adolescente.
Uno de los ejes centrales de la apelación es el uso del instituto del hábeas corpus. El artículo 405 del Código Procesal Penal bonaerense establece que esa herramienta procede cuando existe una acción u omisión que, de forma actual o inminente y en forma ilegal o arbitraria, provoca una restricción o amenaza a la libertad personal. Según el recurso presentado por Cerutti, ninguna de esas circunstancias fue acreditada: no se identificó a ningún adolescente detenido como consecuencia directa de la aplicación de la norma, ni una decisión policial, administrativa o judicial concreta que hubiera restringido ilegalmente su libertad.
La Fiscalía también cuestionó la base empírica del fallo. Pascual había advertido que la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal podía aumentar considerablemente la cantidad de jóvenes alcanzados por ese régimen, y que la provincia debía contar previamente con la infraestructura y los recursos profesionales necesarios para garantizar sus derechos. El Ministerio Público objetó que esa conclusión fue formulada sin datos concretos y enumeró una serie de interrogantes que la sentencia no respondió: cuántos adolescentes serán efectivamente incorporados, cuántos podrán ser privados de su libertad, cuál será la capacidad disponible en los establecimientos y qué medidas de adecuación podría adoptar el gobierno bonaerense. “La conclusión adoptada por la resolución transforma una posibilidad en una certeza”, afirmó en el escrito de apelación.
Marta Pascual tiene más de 35 años de vínculo con áreas de niñez y adolescencia. Abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata, con posgrados en Derecho Público y Magistratura, ocupó cargos en organismos provinciales dedicados a esas políticas durante la gestión de Hilda “Chiche” González de Duhalde, llegó a ser ministra de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires y luego pasó al Poder Judicial bonaerense. También trabajó como consultora de UNICEF y presidió la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia.
En una entrevista radial reciente, la magistrada aclaró su postura: “No estoy en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad. No romantizo a los chicos que salen con un arma. Hay una sensación de que con esta ley le damos más seguridad a la gente, pero no vamos a crear más seguridad. Tenemos que tener los mecanismos para poder implementar la ley”.
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Confirman que los 5 millones de dólares de Florencia Kirchner están disponibles y piden decomisarlos por Vialidad
Luego de demoras y reclamos reiterados, la Justicia finalmente recibió un informe del Banco Galicia que confirma la disponibilidad de más de 5 millones de dólares pertenecientes a Florencia Kirchner.
Es dinero que fue congelado hace más de 10 años, durante la instrucción de la causa Hotesur-Los Sauces, pero que ahora se reclama en el marco de Vialidad, la causa por la que Cristina Kirchner cumple una pena de seis años de prisión y en la que se desarrolla, por capítulos, un decomiso millonario que busca recuperar más de $680.000 millones.
Un primer listado de bienes transita la etapa final del decomiso y espera resoluciones de la Corte Suprema. Pero ese grupo podría no alcanzar para cubrir el monto total y, por estas horas, el Tribunal Oral Federal 2, encargado de llevar adelante la ejecución, tiene bajo análisis un segundo listado elaborado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Los más de US$5 millones de Florencia Kirchner forman parte de este segundo bloque, que incluye también 13 inmuebles de la familia Kirchner y otros 128 pertenecientes a sociedades vinculadas al empresario Lázaro Báez.
La demora del Banco Galicia en responder a la solicitud de la Justicia sobre el estado de ese dinero había generado inquietud en los tribunales, pero su disponibilidad fue finalmente confirmada este lunes por la entidad.
El primer grupo de bienes en la mira para ser decomisados abarca un total de 111 inmuebles: 84 están vinculados a Báez, 19 son de Máximo y Florencia Kirchner y uno pertenece a la expresidenta.
Su situación es distinta porque el TOF 2 ya ordenó su decomiso y la Cámara Federal de Casación confirmó esa decisión. Sin embargo, las defensas acudieron en queja ante la Corte Suprema, que todavía tiene planteos pendientes sobre la ejecución de algunos de esos bienes.
El máximo tribunal ya dejó firme, en cambio, el monto total que debe recuperarse, de $684.990 millones, aunque no se descarta que deba ser actualizado nuevamente por el efecto de la inflación y el paso del tiempo.
Además, la Corte debe definir si alguno de los inmuebles de ese primer grupo será destinado al funcionamiento del Poder Judicial.
Esto es así porque, al tiempo que se ponía en marcha el decomiso, la Corte dictó una acordada que estableció que los inmuebles decomisados deben ser puestos primero a disposición del propio tribunal para que determine si alguno puede ser destinado al Poder Judicial. Si no existe interés, se consulta al Consejo de la Magistratura y recién después el tribunal puede avanzar con la ejecución.
Pendiente
El decomiso es lo último que resta ejecutar de la condena por Vialidad, dictada por el tribunal en 2022 y confirmada por la Corte a mediados del año pasado.
El mecanismo se puso en marcha después de que ninguno de los condenados aportara voluntariamente el dinero para cubrir el monto de la condena, fijado originalmente en $84.835 millones.
Una vez actualizado a $684.990 millones, el TOF 2 los intimó a depositarlo en un plazo de diez días hábiles. Ninguno realizó el pago, por lo que el tribunal avanzó sobre los bienes que fueron, según la Justicia, producto del delito, incluso sobre aquellos que fueron transferidos a terceros, como es el caso de los bienes de Máximo y Florencia Kirchner.
Los más de cinco millones de dólares de Florencia Kirchner que permanecen inmovilizados en el banco fueron embargados por el juez Julian Ercolini, en 2016.
Se componen de 4.664.000 de dólares encontradas en una caja de seguridad, y dinero que había en dos cajas de ahorro: 1.032.144 dólares y 53.280 pesos.
El juicio por Hotesur-Los Sauces, que es por presunto lavado y tiene a la expresidenta y a su hijo Máximo entre los principales acusados, tuvo su primera audiencia preparatoria la semana pasada y la fecha de inicio está próxima a definirse.
Florencia Kirchner no será juzgada en ese expediente porque fue sobreseída, pero la Justicia decidió mantener embargado el dinero al considerar que todavía estaba bajo sospecha el origen de esos fondos.
Por eso, el Tribunal Oral Federal 5 podría plantear reparos a que desde Vialidad se disponga de ese dinero, puesto que los dólares permanecen cautelados en Hotesur-Los Sauces y podrían resultar de interés para ese proceso.
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Mauricio Macri criticó a la jueza que frenó la baja de la edad de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires: “Es realmente muy preocupante”
El expresidente Mauricio Macri cuestionó este miércoles a la jueza bonaerense que resolvió frenar la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
A través de un posteo en X, Macri calificó de “inaceptable” que una medida cautelar dictada por un juzgado provincial haya impedido la vigencia de una ley nacional y remarcó: “Nuestro sistema constitucional no le atribuye al Poder Judicial la capacidad de hacer una revisión preventiva sobre las decisiones legislativas”. “Simplemente, no puede hacer eso. Los tribunales solo ejercen el control de constitucionalidad en el marco de causas”, agregó.
En ese sentido, el expresidente apuntó directamente contra los fundamentos de la magistrada y sostuvo que “la jueza reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones”, en referencia a un pasaje del fallo donde la funcionaria argumentó que “el Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir”. Según el expresidente, “esos elementos que dice tener no fueron presentados”.
Para Macri, el resultado de esa resolución generó una “controvertida situación”: una norma sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional, y vigente en todo el país, “quedó sin efecto en la jurisdicción más poblada y con mayores índices de violencia del territorio argentino, por decisión de un juzgado de primera instancia”.
Finalmente, sentenció: “Es realmente muy preocupante esta alteración del equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado. La Argentina que soñamos solo se construye con jueces que respeten la Constitución”.
El fallo que generó la polémica en la provincia de Buenos Aires
La resolución cuestionada por Macri fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de los adolescentes privados de su libertad. La suspensión llegó apenas dos días después de la entrada en vigencia del régimen penal juvenil.
La jueza Pascual centró su decisión en la falta de infraestructura del Estado bonaerense para absorber el aumento de adolescentes que ingresarían al sistema penal tras la baja de la edad de imputabilidad. La Ley 27.801, sancionada en febrero y reglamentada por el Gobierno nacional, establece la responsabilidad penal desde los 14 años, prohíbe la prisión perpetua para adolescentes y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad, además de contemplar medidas alternativas y monitoreo electrónico.
Otras reacciones políticas y judiciales
Las críticas de Macri se suman a las de referentes de La Libertad Avanza, que ya adelantaron su rechazo a la medida. El presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, calificó el fallo como una resolución “profundamente antidemocrática” y el espacio libertario anunció que impulsará un juicio político contra la magistrada. En la misma línea, el diputado bonaerense Manuel Passaglia presentará un pedido de jury contra Pascual por su decisión.
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En el plano judicial, la resolución también fue apelada. La Fiscalía de Lomas de Zamora recurrió el fallo y acusó a la jueza de avanzar sobre facultades que le corresponden al Congreso, al tiempo que pidió que la cautelar pierda efecto mientras se resuelve el recurso ante la Cámara de Apelación y Garantías.
La jueza Pascual, por su parte, defendió su decisión y afirmó que, ante la falta de mecanismos para aplicar la norma, esta “no es más beneficiosa para la comunidad”. La medida cautelar suspende la aplicación de la ley por un plazo de 60 días y no implica su anulación definitiva.
Mauricio Macri, Provincia de Buenos Aires
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