POLITICA
Tras la marcha por el financiamiento, el Gobierno convocará a los rectores por la situación de los hospitales
En medio de la tensión con las universidades nacionales por el reclamo presupuestario, el Gobierno anunció que convocará a los rectores de las casas de altos estudios que tienen hospitales universitarios para discutir un nuevo esquema de distribución de fondos. No obstante, todavía no fijaron fecha.
La decisión se da después de la nueva Marcha Federal Universitaria y en medio de fuertes cuestionamientos de las universidades, que denuncian retrasos en las transferencias destinadas al funcionamiento de hospitales escuela y centros de atención médica.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, adelantó que la convocatoria se realizará en los próximos días y explicó que el objetivo será conformar una comisión para redefinir los criterios de reparto de una partida específica destinada al programa de hospitales universitarios.
Según detalló el funcionario, se trata de un fondo cercano a los $79 mil millones que depende directamente de la Subsecretaría de Políticas Universitarias y cuya distribución, sostuvo, históricamente se realizó “sin parámetros claros”.
Leé también: Multitudinario reclamo universitario contra el Gobierno: “Le exigimos que cumpla con la ley de financiamiento”
Desde el Gobierno aseguran que las transferencias fueron frenadas hasta establecer un nuevo mecanismo de asignación. En cambio, las universidades advierten que hace meses no reciben esos recursos y alertan sobre el impacto que la demora tiene en prestaciones médicas, investigación y mantenimiento de equipos.
La Universidad de Buenos Aires fue una de las instituciones que elevó el reclamo con mayor dureza. La semana pasada, autoridades de la UBA aseguraron que los hospitales universitarios podrían enfrentar serias dificultades operativas en las próximas semanas si no se normalizan los envíos de fondos.
En ese contexto, Álvarez acusó a la UBA de concentrar históricamente la mayor parte de la partida presupuestaria destinada a hospitales universitarios. “No puede suceder que casi todo el fondo quede para una sola universidad”, planteó el funcionario.
Desde la casa de estudios rechazaron esa interpretación. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, sostuvo que es el propio Gobierno el que define el criterio de distribución y cuestionó la demora en tomar una decisión. “No se puede llegar al quinto mes del año sin girar recursos para el funcionamiento de hospitales”, advirtió.
Además, remarcó que muchos de los gastos comprometidos están vinculados al alquiler de aparatología médica y tratamientos complejos, incluidos los oncológicos.
La discusión también escaló políticamente. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, criticó al sistema universitario y apuntó contra sectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), al que acusó de resistirse a cambios en el esquema de funcionamiento.
Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Rosario y titular del CIN, Franco Bartolacci, aseguró que hasta el momento no recibieron una convocatoria formal del Ejecutivo, aunque confirmó que asistirán en caso de que se concrete la reunión.
El conflicto por los hospitales universitarios se suma así al reclamo general que impulsan rectores, docentes y estudiantes por el financiamiento del sistema universitario nacional y que volvió a expresarse este martes en las calles de todo el país.
Marcha universitaria, Gobierno, FINANCIAMIENTO
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, cuestionó este lunes el paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y remarcó que la negociación salarial corresponde a las provincias. “Lo que resulta llamativo es que el paro suceda indicando una circunstancia que está referenciada a Nación”, sostuvo en diálogo con Jonatan Viale, en su programa Pan y Circo, por Radio Rivadavia.
“Lo que es importante destacar es que es un paro, por lo menos, para cuestionar. En principio, nosotros dejamos perfectamente claro que los salarios docentes, lo que se llama la paritaria docente, se discute por cada una de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó el funcionario. En ese sentido, recordó que “son las autoridades locales las que desde 1942 tienen la administración y las definiciones de cuáles son los salarios”.
Señaló además que el año pasado se estableció, mediante un decreto, que el Consejo Federal de Educación fuera el encargado de fijar el salario mínimo para todo el país. “Ese consejo está compuesto por todos los representantes de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires”, indicó. Luego insistió en que “cada provincia negocia con el sindicato para establecer cuáles son los salarios en las escuelas y jurisdicciones”.
Al ser consultado sobre el salario promedio del cuerpo docente, el secretario de Trabajo dijo: “Yo no quiero tirar un promedio. Cada vez que uno dice un número, otro viene y lo desmiente. Lo que quiero explicar un poco es que es competencia de cada una de las provincias. Si yo me pongo a decir si los salarios docentes están bien o mal, intervendría en una competencia que no me corresponde”.
En relación con las inspecciones impulsadas por el Ministerio de Capital Humano para verificar el cumplimiento de la cobertura mínima del 75% del personal en las escuelas —que incluye a docentes, directivos y auxiliares-, Cordero defendió la decisión del Gobierno y recordó que la educación fue declarada un servicio esencial. “La Argentina determinó, a través de sus representantes en el Congreso, que la educación sea un servicio esencial. Los argentinos dijeron basta a la falta de clases masivas y de manera exponencial en la Argentina”, afirmó.
A modo de cierre de su análisis, el secretario de Trabajo aclaró que “el problema es con el gremio y no con los docentes”. “Nosotros creemos que tienen que ganar más, ganar lo máximo posible. Estamos a favor de ellos a punto tal que instamos a las provincias y a CABA a que negocien lo máximo que puedan”, destacó.
Noticia en desarrollo.
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POLITICA
Sillas de ruedas al precio de un auto 0km: polémica por sobreprecios en la obra social IOMA
En medio de una inocultable crisis financiera en IOMA, expresada en manifestaciones de afiliados, reclamos y parates de prestadores, y cruces públicos de intendentes y legisladores con las autoridades sanitarias de la provincia, TN detectó irregularidades en adjudicaciones por parte del presidente de la obra social.
De un pago de $39 millones por una silla de ruedas motorizada que en el mercado se puede conseguir a $10 millones a otro de $12,5 millones a una ortopedia para comprarle a una afiliada un sistema de bipedestación cuyo precio de fábrica es de $5 millones.
Los detalles de las adjudicaciones de IOMA con sobreprecios
Las compras de dispositivos de traslado para personas con discapacidad se realizan a través de ortopedias privadas que se ofrecen en IOMA con sus cotizaciones.
El 19 de marzo de 2026, Homero Giles firmó la orden de compra N° 300334, para una silla de ruedas marca Merits, de origen chino, modelo P210. El proveedor elegido fue la ortopedia platense Tor, que pasó un presupuesto de $39.190.592.
Se supone que es el mejor precio que IOMA consiguió para esta silla china. Sin embargo, en el mercado, y para la compra de forma particular, esa marca y modelo se ofrece a $10.000.000, según constató TN.
La ortopedia platense elegida por IOMA para esta compra, sin embargo, no fue la que realmente importó la silla. Según pudo reconstruir este medio, fue la ortopedia porteña Escalada la que compró el equipo, que luego le habría vendido a Tor —a un precio que la firma platense no informó, consultada para esta nota— y a su vez, ésta le habría vendido al IOMA a $39.190.592. El valor de un cero kilómetro.
Esa orden de compra para la silla de ruedas incluía una serie de accesorios especializados (cinturón, faja de contención, almohadón, unidad postural modular y mesa de acrílico) que le agregaron otros $10.000.000 al desembolso de IOMA. El monto total adjudicado fueron $48.998.592.
Otra de las compras de IOMA para afiliados con discapacidad que analizó TN es la de un bipedestador que necesita de forma urgente una niña del Gran La Plata para poder ir a la escuela y desarrollar su vida cotidiana. Se trata de un equipo de la prestigiosa marca nacional Standlife. Para concretar esta compra, IOMA no contactó a la fábrica, sino que seleccionó como el intermediario más conveniente a la ortopedia porteña Crux. La orden de compra N° 301416 le autorizó un pago de $12.450.000 para el bipedestador. En la fábrica, el equipo le saldría a IOMA por debajo de los $5.000.000.
Crux desembarcó hace poco en el circuito de proveedores de IOMA y empezó a picar en punta, con numerosas adjudicaciones para afiliados de distintas zonas de la provincia. Otra operación que recibió, por ejemplo, fue la de una silla de ruedas a pedal de la marca estadounidense Ki Mobility, que fue cotizada a $11.900.000. Con los accesorios (apoyacabezas, butaca, almohadón, cinturón, mesa), esta orden de compra asciende a $17.680.000.
TN se comunicó con las ortopedias mencionadas en esta nota para consultarles por su relación con la obra social IOMA, las características del circuito de adjudicaciones, de importaciones o compras nacionales, según el caso, y por sus cotizaciones. Las firmas que respondieron justificaron sus números en función de una labor que, según detallaron, consiste en ponerse en contacto con los pacientes y visitarlos para tomarles las medidas exactas para encargar los dispositivos indicados por los médicos. También señalaron que IOMA tarda algunos meses en pagarles estas órdenes millonarias.
Miles de quejas y amparos judiciales
Las sospechas por presuntos sobreprecios reveladas en TN de Noche surgen en un momento delicado de IOMA.
- Hay problemas con tratamientos y remedios.
- Cierran centros de atención para personas con discapacidad.
- Los médicos se bajan de las cartillas por las deudas de IOMA.
- Todas las semanas hay alguna manifestación de afiliados, que reclaman por insumos o turnos, incluso pernoctando de las instalaciones de la gigantesca obra social.
Mar del Plata y La Plata están entre los distritos más críticos de esta obra social, la segunda más grandes del país después del PAMI, con más de dos millones de afiliados obligatorios, que hacen aportes solidarios, entre los que se encuentran docentes, policías, empleados judiciales, trabajadores de los ministerios, jubilados y empleados municipales.
El grupo de Facebook “IOMA Amparos, denuncias y reclamos” tiene 45.900 miembros. El grupo “Víctimas y familiares de Violencia Institucional del IOMA” tiene otros 3000. Las constantes denuncias, lamentos y pedidos de auxilio que se vuelcan en este tipo de comunidades virtuales reflejan la penosa realidad.
“Hace 7 meses que las acompañantes terapéuticas de Santi no cobramos”. “Requerimos la silla de ruedas urgente ya que nuestra hija no está pudiendo acceder a su escuela, afectando su salud psicológica y psiquiátrica”. “IOMA duele”. Estos son algunos ejemplos de las publicaciones cotidianas que aparecen en estos grupos de Facebook.
“Hace dos años inicié un amparo judicial para acceder a un implante coclear”. “Hace tres meses que el traumatólogo presentó el pedido de insumos para operarme de una luxación grave de rodilla, lo cual me impide caminar”. “Me operé en septiembre 2025 y todavía no me han hecho el reintegro”.
También figuran en estos grupos publicaciones de Sol Carrera, una mujer de Mar del Plata que enmarca la reciente muerte de su madre, Silvia Nancy González (56), en un cuadro de irregularidades, falta de cobertura y presunto abandono de IOMA.
El Poder Judicial es otro termómetro del descalabro. Un relevamiento de TN entre los expedientes digitales disponibles en el fuero en lo Contencioso Administrativo bonaerense arroja que hay por lo menos 2000 amparos activos presentados por afiliados, que luchan mediante este instrumento por sus insumos y prestaciones, y que tienen los recursos para poder emprender un amparo.
Por fuera de esa cifra existe todo otro gran universo de litigios que enfrenta IOMA en este mismo fuero, iniciados por empleados, sindicatos y clínicas.
En la Legislatura bonaerense, en tanto, hay por lo menos 39 proyectos referidos a la crisis en IOMA, entre proyectos de ley y pedidos de informes pendientes de tratamiento.
Es este contexto que asoman las curiosas compras de insumos, a través de un “rulo” de ortopedias, con precios finales que son varias veces más altos que en el mercado.
ioma, sobreprecios
POLITICA
Las provincias reciben cada vez menos recursos de la Nación a pesar de un repunte en la coparticipación
CÓRDOBA.- En momentos en que la Casa Rosada negocia votos en el Senado para aprobar el proyecto de extranjerización de tierras y sigue las negociaciones por la reforma electoral, las transferencias a provincias cerraron julio en dos velocidades. Las automáticas crecieron, impulsadas por la recaudación del impuesto a las ganancias, mientras que se profundizó el ajuste sobre las partidas discrecionales, que registraron su peor nivel para ese mes desde 2005.
El resultado es que, pese al alivio parcial de la coparticipación, las provincias continúan recibiendo menos recursos nacionales que un año atrás.
Las transferencias automáticas —que incluyen la coparticipación y leyes especiales— aumentaron 7,5% real interanual. El repunte se basa en la recuperación de ganancias, que compensó un desempeño más moderado del IVA. La mejora no alcanza para revertir el deterioro acumulado del año; entre enero y julio los envíos automáticos todavía muestran una caída real del 1,3% respecto al 2025.
La situación cambia con las transferencias no automáticas, es decir, los fondos que el Gobierno nacional distribuye de manera discrecional para financiar programas, obras o asistir a las provincias. En julio sumaron $98.611 millones y registraron una caída real interanual del 68,6%, convirtiéndose en el peor julio de toda la serie disponible desde 2005.
La contracción no es un hecho aislado. En los primeros siete meses del año estos giros acumularon $738.201 millones, 62,8% menos en términos reales que en igual período de 2025 y también el peor acumulado enero-julio en al menos dos décadas.
Este comportamiento confirma una de las principales características de la política fiscal del gobierno de Javier Milei: reducir al mínimo los giros discrecionales. Con un fuerte recorte en esas transferencias, la herramienta elegida por la Rosada son los anticipos financieros a una tasa del 15% anual que los gobernadores deben devolver en el año fiscal.
Los recursos distribuidos durante julio estuvieron altamente concentrados. El programa de Universalización de la Jornada Extendida explicó el 35% de todos los envíos, mientras que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) representaron otro 30% y las transferencias a cajas previsionales provinciales el 14%. Entre esos tres conceptos absorbieron cerca del 80% de todas las partidas discrecionales del mes.
En el caso de los ATN, el Gobierno volvió a distribuir fondos luego de dos meses sin giros. Se repartieron $30.000 millones entre seis provincias -Misiones, Entre Ríos, Catamarca, Jujuy, Santa Fe y Córdoba- con un monto uniforme de $5.000 millones para cada una.
Sin embargo, el informe de Politikon Chaco repasa que el mes pasado el Fondo de ATN recaudó $114.193 millones, por lo que solo se distribuyó un 26,3% de los recursos disponibles.
La situación también muestra tensiones en las transferencias destinadas a las cajas previsionales provinciales. Aunque La Pampa y Neuquén recibieron recursos durante julio, otras provincias con convenios vigentes -entre ellas Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chubut y Corrientes- acumulan ya dos meses sin recibir esos fondos, según el informe.
En el reparto de julio, Buenos Aires encabezó la recepción de fondos discrecionales con $19.181 millones, seguida por La Pampa ($10.184 millones), Santa Fe ($10.099 millones), Córdoba ($8.007 millones), Entre Ríos ($6.847 millones) y Catamarca ($6.177 millones). Entre las seis concentraron el 61% de todos los recursos distribuidos ese mes.
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