POLITICA
Tras la marcha por el financiamiento, el Gobierno convocará a los rectores por la situación de los hospitales

En medio de la tensión con las universidades nacionales por el reclamo presupuestario, el Gobierno anunció que convocará a los rectores de las casas de altos estudios que tienen hospitales universitarios para discutir un nuevo esquema de distribución de fondos. No obstante, todavía no fijaron fecha.
La decisión se da después de la nueva Marcha Federal Universitaria y en medio de fuertes cuestionamientos de las universidades, que denuncian retrasos en las transferencias destinadas al funcionamiento de hospitales escuela y centros de atención médica.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, adelantó que la convocatoria se realizará en los próximos días y explicó que el objetivo será conformar una comisión para redefinir los criterios de reparto de una partida específica destinada al programa de hospitales universitarios.
Según detalló el funcionario, se trata de un fondo cercano a los $79 mil millones que depende directamente de la Subsecretaría de Políticas Universitarias y cuya distribución, sostuvo, históricamente se realizó “sin parámetros claros”.
Leé también: Multitudinario reclamo universitario contra el Gobierno: “Le exigimos que cumpla con la ley de financiamiento”
Desde el Gobierno aseguran que las transferencias fueron frenadas hasta establecer un nuevo mecanismo de asignación. En cambio, las universidades advierten que hace meses no reciben esos recursos y alertan sobre el impacto que la demora tiene en prestaciones médicas, investigación y mantenimiento de equipos.
La Universidad de Buenos Aires fue una de las instituciones que elevó el reclamo con mayor dureza. La semana pasada, autoridades de la UBA aseguraron que los hospitales universitarios podrían enfrentar serias dificultades operativas en las próximas semanas si no se normalizan los envíos de fondos.
En ese contexto, Álvarez acusó a la UBA de concentrar históricamente la mayor parte de la partida presupuestaria destinada a hospitales universitarios. “No puede suceder que casi todo el fondo quede para una sola universidad”, planteó el funcionario.

Desde la casa de estudios rechazaron esa interpretación. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, sostuvo que es el propio Gobierno el que define el criterio de distribución y cuestionó la demora en tomar una decisión. “No se puede llegar al quinto mes del año sin girar recursos para el funcionamiento de hospitales”, advirtió.
Además, remarcó que muchos de los gastos comprometidos están vinculados al alquiler de aparatología médica y tratamientos complejos, incluidos los oncológicos.
La discusión también escaló políticamente. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, criticó al sistema universitario y apuntó contra sectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), al que acusó de resistirse a cambios en el esquema de funcionamiento.
Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Rosario y titular del CIN, Franco Bartolacci, aseguró que hasta el momento no recibieron una convocatoria formal del Ejecutivo, aunque confirmó que asistirán en caso de que se concrete la reunión.
El conflicto por los hospitales universitarios se suma así al reclamo general que impulsan rectores, docentes y estudiantes por el financiamiento del sistema universitario nacional y que volvió a expresarse este martes en las calles de todo el país.
Marcha universitaria, Gobierno, FINANCIAMIENTO
POLITICA
Senado: las promesas incumplidas de la Casa Rosada tensan el tramo final de las sesiones ordinarias

El tramo final del período ordinario, con menos de 40 días por delante, volvió a tensarse en el Senado. El motivo parece repetirse, tal como ocurrió en 2024 y 2025, con una Casa Rosada que se convierte en una máquina de pedir votos a aliados para luego incumplir la palabra y, con ello, genera un clima denso que impidió sesionar durante la semana que finaliza y que, además, ya genera dudas de cara al jueves 29.
La revisión del calendario y el perfume electoral -semi tóxico, por momentos- tampoco ayudan al Gobierno, con legisladores que no se perderán el viaje para las elecciones de medio término en los Estados Unidos o, de nuevo en la Argentina, la travesía papal de León XIV, que sería histórica. Florecerá una inusitada fe desde varias oficinas.
No ir al recinto vino atado a una merma en la actividad de las comisiones y a la indefinición de proyectos que importan a dialoguistas y a Balcarce 50. De hecho, en los pasillos de la Cámara alta aún se oyen las risas tras casi dos meses de frondoso marketing sobre un supuesto acuerdo cerrado por las PASO a votarse este mismo mes.
Senadores más experimentados ya ven como un milagro que ocurra esto en diciembre, en unas eventuales extraordinarias. “Si el año pasado las suspendieron en febrero, ¿por qué apurar ahora?”, manifestaron a Infobae desde un despacho aliado de peso. En usinas libertarias, incluso bajan la mirada ante la consulta. Un detalle no menor: las bromas también ocurrieron con la ley de zonas frías que, al final, se sancionó.
“Teníamos la sesión armada, pero acá no se puede hacer mucho más. Pasa todo por lo político ahora y ya no se trata de los articulados, en general. Si se arreglan las iniciativas y la Rosada después mira para un costado cuando le toca o, como suele ocurrir, se mete en cuestiones provinciales no sólo contra un gobernador, sino con lo que hacen en esos distritos los dialoguistas, esto no va a caminar”, sentenció un legislador oficialista a este medio. Otro, fue lapidario: “Nos convertimos en el slogan de promesas a futuro y ese chiste se acabó”.

Una medida a tener en cuenta ya la regaló Diputados. Allí, la tribu karinista cedió casi todo para no dañar al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, aunque insisten en que los textos aprobados fueron, en realidad, ideas originales que salieron desde La Libertad Avanza.
Desde dicho sector se dinamitaron las buenas relaciones que se mantuvieron, durante meses -y con resultados positivos-, en la estratégica comisión de Acuerdos de la Cámara alta. Tras la muerte del riojano Juan Carlos Pagotto, los ágiles telefonazos para que el sitial fuera ocupado por la karinista Nadia Márquez generaron un profundo desagrado en todos los bloques y la resistencia contra la neuquina, por ahora, continúa.
En medio de las volteretas mileístas -y acciones alejadas del mínimo no imponible en cuanto a lo humano-, algunos dialoguistas no pierden la ocasión para subirse el precio. También hay oficialistas. Y, como para cerrar el círculo, otros libertarios del Congreso y Balcarce 50 se muestran como los más fieles y cerrados y, después, cuando las papas queman, llaman al consenso. Complejo caminar sin trastabillarse bajo este escenario.
Para la semana próxima, el tema que encabeza la fila y que desea el Gobierno es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que el Senado aprobó en 1998. Diputados recién votó en agosto pasado. Como lo modificó -guiño a laboratorios locales-, se encuentra en segunda revisión y ya dictaminado para el recinto.
En tanto, aliados dejaron atrás un puñado de caprichos y una ley sobre la regulación del mercado de huella de carbono -implica plata- logró consensuarse. Se corroborará en caso de sesionar. Además, aparecieron las rúbricas para el plan de inversiones -con beneficios fiscales- que empuja la UCR a partir de los USD 12 millones.
Un mismo caso se repite en el proyecto de salud mental, aunque persisten las dudas. Es decir que, aún en estas instancias, hay oficialistas a cargo de salvar la agenda. Otros, la enturbian o frenan. Por eso sería sano que en Balcarce 50 logren descifrar -sin errar- a los pícaros, salvo que haya complicidad o, peor, doble comando. Y sigue el misterio por el Súper RIGI y pliegos judiciales sueltos. Habrá que acercar la lupa hacia el último punto, con golosinas electorales que generan una enorme ansiedad. Más la guerra que habrá por butacas en el Consejo de la Magistratura.
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POLITICA
Kicillof quiere garantizar la reelección de los intendentes y buscará una negociación con la oposición

A un año de las elecciones de 2027, el gobernador Axel Kicillof buscará que la Legislatura de la provincia de Buenos Aires restablezca las reelecciones indefinidas para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. La discusión alcanza a más de 80 jefes comunales que, si no hay una modificación de la ley vigente, no podrán competir por un nuevo mandato consecutivo en sus distritos.
El objetivo del mandatario es que el debate se active antes del cierre del período ordinario. Sin embargo, el proyecto promovido por el oficialismo no tiene hoy los votos necesarios para avanzar. La estrategia de la Gobernación será abrir una negociación que incluya a los distintos sectores de Fuerza Patria y a bloques opositores, con una agenda más amplia que contempla la cobertura de las cuatro vacantes de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la discusión interna sobre el calendario electoral, la estrategia a abordar para las elecciones y la reforma de la Ley de Seguridad Pública.
En ámbitos reservados, Kicillof insiste en un argumento político que también repiten los intendentes que respaldan la iniciativa: si los vecinos desean volver a votar a un jefe comunal, no debería existir una prohibición legal que lo impida. El razonamiento tiene además un componente electoral. En La Plata entienden que los intendentes conservan estructuras territoriales capaces de ordenar campañas y garantizar volumen de votos en cada sección.
Esa fortaleza quedó expuesta durante los comicios legislativos de 2025, cuando 13 intendentes compitieron en las listas seccionales para la Legislatura. Siete de ellos lo hicieron dentro de Fuerza Patria, una decisión que permitió trasladar peso territorial a las boletas provinciales y reforzar la presencia del oficialismo en ambas cámaras.

En términos numéricos, el escenario menos complejo para Kicillof pareciera ser el Senado. La lectura política es otra. Fuerza Patria cuenta con 24 de las 46 bancas, una mayoría propia que le permitiría garantizar el quórum y aprobar leyes por mayoría simple si mantiene cohesionada a su bancada.
Esa condición, sin embargo, no asegura la sanción de la iniciativa. El bloque que preside Sergio Berni está atravesado por diferencias entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el sector alineado con Kicillof; el espacio referenciado en Cristina Kirchner; y el Frente Renovador de Sergio Massa.
El massismo tiene tres senadores dentro de Fuerza Patria y ya expresó su rechazo a derogar la ley que en 2016 limitó a dos los mandatos consecutivos de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. La norma fue impulsada durante la administración de María Eugenia Vidal con respaldo del Frente Renovador.
En el entorno de Massa plantean que no buscarán bloquear el tratamiento si el resto de los sectores consigue las adhesiones necesarias. Pero tampoco prevén colaborar con la construcción de una mayoría para restablecer los mandatos sin límite. Esa posición obliga al kicillofismo a reunir apoyos fuera de su núcleo propio.
El cristinismo y sus aliados reúnen 14 de los 24 integrantes de Fuerza Patria en el Senado. El sector no rechaza de plano la posibilidad de modificar el régimen de reelecciones, aunque pretende que la discusión forme parte de una negociación política más extensa. La cobertura de la Suprema Corte, el calendario electoral de 2027 y la estrategia del peronismo bonaerense aparecen entre los asuntos que el kirchnerismo busca incorporar a esa conversación.
Más allá de los representantes del MDF, en el bloque también hay presencia de un dirigente de Juan Grabois —el senador Federico Faggioli— que en las últimas semanas aceitó su relación con el gobernador.
La tensión quedó expuesta en otras discusiones legislativas. Berni cuestionó iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo y mantuvo cruces con la vicegobernadora Verónica Magario, presidenta del Senado. También anticipó reparos sobre el proyecto de reforma integral de la Ley de Seguridad Pública, otra de las prioridades que Kicillof pretende llevar al recinto.
La herramienta parlamentaria para habilitar las reelecciones es el proyecto de la senadora Ayelén Durán, dirigente del MDF. El expediente propone derogar las restricciones vigentes desde 2016 y permanece en la Comisión de Legislación General, que conduce el senador Germán Lago, intendente de Alberti en uso de licencia. Sin una orden política clara de la Gobernación y un acuerdo previo sobre los votos, el proyecto no avanzará hacia el recinto.

Otro cálculo difícil se da en la Cámara de Diputados bonaerense. Fuerza Patria es la primera minoría con 39 de las 92 bancas, siete menos de las necesarias para alcanzar el quórum de 47 legisladores. Para sancionar una ley, además, se necesita mayoría simple entre los presentes.
En la práctica, si los 39 diputados de Fuerza Patria acompañaran la derogación y el recinto estuviera completo, el oficialismo requeriría al menos ocho votos externos para aprobarla. Pero ese escenario no es hoy el más probable, porque el Frente Renovador cuenta con nueve diputados dentro de la bancada peronista y sostiene la misma posición contraria que expresa en el Senado.
Con el massismo afuera de la iniciativa, la cuenta cambia. El espacio que responde a Kicillof y el sector vinculado a Cristina Kirchner deberían primero garantizar un acuerdo interno. Luego, necesitarían reunir alrededor de 8 votos de otras bancadas para llegar a los 47 respaldos que exige una votación con asistencia plena. Ese número también sería necesario para asegurar el quórum si el Frente Renovador decidiera no aportar sus legisladores para abrir la sesión.
El bloque referenciado en Cristina Kirchner tiene una presencia decisiva en Diputados. Está conducido por Facundo Tignanelli, dirigente de La Cámpora y presidente de la bancada de Fuerza Patria. El kirchnerismo y el MDF cuentan con fuerzas similares dentro del bloque oficialista, mientras que el massismo posee una representación propia que puede inclinar el resultado de cada negociación.
La oposición reúne 53 bancas, aunque no actúa como un bloque único. La Libertad Avanza y el PRO, que concentran 31 diputados, mantienen una posición contraria a las reelecciones indefinidas. El bloque UCR Cambio Federal tiene tres integrantes y el bloque UCR Radicalismo rechazarían la posibilidad de derogar la ley de 2016; pero en el Ejecutivo bonaerense apuestan a que los intendentes del radicalismo intervengan sobre los bloques. En las últimas semanas, dirigentes libertarios reforzaron públicamente la postura de rechazo y plantearon que el límite de mandatos debe mantenerse.
El escenario deja poco margen para un acuerdo amplio con los principales espacios opositores. El oficialismo necesitaría buscar votos entre bloques más pequeños, legisladores con base municipal y sectores dispuestos a negociar otros temas de la agenda bonaerense. Unión y Libertad, con cinco integrantes, y Nuevos Aires, con tres, aparecen como uno de los espacios que podrían tener una postura menos rígida, con antecedentes de acompañamiento a iniciativas del Ejecutivo
También deberán definirse las posiciones de Hechos, la Coalición Cívica, los bloques de izquierda y los monobloques. La clave estará en una combinación de adhesiones que permita alcanzar quórum y mayoría sin depender de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR.

La discusión por las reelecciones se cruza con otra cuestión pendiente: la integración de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que funciona con tres de sus siete miembros. Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan integran hoy el tribunal, mientras que las cuatro vacantes continúan sin cubrir.
La última salida fue la del ministro Luis Genoud, en junio de 2024. Desde entonces, la Corte reclamó al Poder Ejecutivo y al Senado que aceleren el proceso de designación. La Constitución provincial establece que el gobernador debe proponer los pliegos y que la Cámara alta debe prestar acuerdo para los nombramientos.
Fuerza Patria cuenta con los 24 votos que necesita en el Senado para aprobar las designaciones. Sin embargo, la posibilidad de cubrir los cuatro lugares sin participación opositora no aparece como el escenario preferido por el Gobierno. La intención de construir una negociación política más amplia incluye la eventual distribución de lugares entre los distintos sectores del peronismo y, eventualmente, la oposición.
En ámbitos legislativos circula una hipótesis: Kicillof podría retener la iniciativa sobre una parte de las vacantes, mientras que el kirchnerismo, el massismo y sectores opositores buscarían participar de la definición del resto de los nombres. Hasta ahora, el gobernador no ha enviado pliegos a la Cámara alta y las diferencias dentro del oficialismo han demorado cualquier avance.
El reclamo de la Corte sumó presión. El tribunal pidió además que la Legislatura avance con su planteo de autarquía económico-financiera y con la creación de órganos judiciales, cargos y estructuras para reducir las vacantes que todavía existen en distintos departamentos judiciales de la provincia.
El paquete de negociaciones también incluye la ley de Seguridad Pública. El Ejecutivo busca una reforma integral, mientras que el Frente Renovador impulsó en Diputados un proyecto para regular el uso de pistolas Taser y otros dispositivos menos letales. La iniciativa obtuvo despacho con votos de legisladores massistas y opositores. En esa agenda está también el reconocimiento pleno de parte de la Provincia a las policías locales. El kirchnerismo también tiene sus demandas, como por ejemplo el proyecto de ley de Tignanelli y la diputada Micaela Olivetto que interviene con una regulación fuerte sobre las apuestas online en la provincia de Buenos Aires. Una iniciativa que La Cámpora buscará aprobar en las próximas sesiones en la Cámara baja.
La definición sobre las reelecciones dependerá de esa trama. Kicillof necesita ordenar a Fuerza Patria, asegurar que el cristinismo acompañe el proyecto de Durán y encontrar una porción de la oposición dispuesta a habilitar el debate. Sin esa combinación, los intendentes alcanzados por el límite de dos mandatos deberán avanzar con planes de sucesión o buscar un lugar en las listas legislativas de 2027.
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POLITICA
El Gobierno de Neuquén anunció que decretarán la emergencia meteorológica por El Niño

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anticipó este sábado que la provincia decretará la emergencia meteorológica por seis meses ante la previsión de tormentas intensas y un aumento de las precipitaciones asociado al fenómeno de El Niño.
En este sentido, el mandatario indicó que la administración provincial destinará recursos a obras pluvioaluvionales y reforzará la asistencia y las medidas preventivas en las localidades que podrían quedar expuestas a contingencias climáticas.
Al señalar que las precipitaciones previstas presentaron características extraordinarias, explicó que estas afectaron a sectores que no registraban semejante caudal de agua desde hace décadas. “Se están llenando cañadones que hace 70 años no recibían esta cantidad de agua”, afirmó Figueroa.
Según planteó, la infraestructura disponible puede colapsar ante lluvias de esa magnitud, por lo que el Estado debe priorizar la asistencia a la población y las acciones preventivas. De acuerdo con la información obtenida por LMNeuquén, el gobernador recorrió distintos puntos del territorio para estudiar el fenómeno.
“Es muy complejo y no hay infraestructura que soporte las abundantes precipitaciones que produce”, afirmó el mandatario. De la misma manera, se refirió a la crecida del río Neuquén y consideró necesaria la construcción de una represa de gran escala sobre ese cauce.
No obstante, Figueroa aclaró que se trata de un proyecto de alto costo y de ejecución prolongada. “Hace 20 años que no se hace una represa en nuestro país”, recordó. Así, la posible obra se sumaría a las medidas que la administración neuquina evalúa para reducir los efectos de eventos extremos, que podrían desarrollarse en los próximos meses.
Por este motivo, el Gobierno de Neuquén reunió el miércoles a un comité integrado por equipos técnicos, científicos y organismos especializados para identificar las áreas vulnerables y organizar la respuesta ante los efectos que podría provocar El Niño.
Tras esta reunión, el ministro jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, afirmó que la planificación anticipada resulta central para definir medidas frente a los pronósticos meteorológicos. “La única manera de tomar decisiones acertadas es con tiempo, planificación y equipos técnicos al servicio de la ciudadanía”, sostuvo.

De esta manera, el comité articulará tareas entre la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo, Vialidad Provincial, las fuerzas de seguridad y equipos técnicos, con la participación de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y Recursos Hídricos.
Asimismo, Ousset indicó que el impacto no será uniforme en toda la provincia y que las acciones se organizarán según las necesidades de cada zona. “No hay infraestructura capaz de absorber situaciones meteorológicas de estas características, pero hay que estar preparado”, concluyó.
En paralelo, este sábado la provincia atravesó una jornada marcada por anegamientos, cortes de rutas y localidades aisladas, con Rincón de los Sauces como el sector de mayor complejidad por la interrupción de sus accesos terrestres.
Aunque la circulación comenzó a normalizarse después de los cortes preventivos dispuestos durante la noche del viernes 23 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía alertas amarillas y naranjas. Frente a esto, las autoridades advirtieron que los próximos cinco a siete días requieren especial atención ante las condiciones previstas por El Niño.
De acuerdo con El Chorrillero, las rutas provinciales 5 y 8 quedaron intransitables de manera simultánea, lo que interrumpió el ingreso y la salida por vía terrestre de Rincón de los Sauces, localidad ubicada en el área de Vaca Muerta.
El punto más afectado fue la ruta provincial 5, a la altura del arroyo Carranza. Una crecida arrastró materiales y estructuras de la obra de un nuevo puente, destruyó los desvíos montados en el sector y alcanzó a varios vehículos.
La situación también generó preocupación en el hospital local por la disminución de insumos para sectores como Oncología, Laboratorio y Enfermería. Frente a ese escenario, la provincia organizó puentes aéreos con aviones y helicópteros para trasladar medicamentos, reactivos y pacientes que requerían atención urgente.
Entre los operativos se incluyó la derivación de una persona con fractura de pelvis. Además, se coordinaron alojamientos y traslados preventivos hacia la ciudad de Neuquén para pacientes que necesitan tratamientos de diálisis. El esquema involucró al hospital público, la clínica del Sindicato de Petroleros y el Gobierno provincial.

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, definió a Rincón de los Sauces como “el punto crítico, el punto rojo” de Neuquén. La funcionaria explicó que la saturación de los suelos hizo que el agua buscara sus cauces naturales.
En consonancia con los demás funcionarios, Ortiz Luna indicó que una meteoróloga anticipó una probabilidad de afectación del 100 % en el territorio provincial durante los próximos cuatro a seis meses.
El temporal también dejó consecuencias en otras localidades. En Añelo, cuatro familias fueron evacuadas y otras 32 recibieron asistencia. En Puente Picún y Bajada de los Molles, cerca de 20 familias quedaron aisladas por las lluvias y las crecidas.
En el paraje Sañico hubo evacuados que fueron alojados en una escuela. En tanto, varios vecinos de Aluminé debieron dejar sus viviendas por una fuga de gas, mientras continuaban los relevamientos aéreos y la identificación de pobladores que viven cerca de cursos de agua ante posibles evacuaciones preventivas.
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