POLITICA
Preocupación y desconcierto entre los ministros de Milei por el fuerte recorte del gasto público

El fuerte y masivo recorte del gasto público, firmado ayer por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo y el jefe de gabinete Manuel Adorni y publicado en el Boletín Oficial, genera desconcierto y preocupación entre los ministros de Javier Milei.
Sin críticas públicas al mega recorte, que modifica el presupuesto 2026 votado por el Congreso y poda unos $2,5 billones, obligará a la mayoría de los ministros y secretarios a “ajustarse el cinturón”, en momentos de tensión interna por las denuncias judiciales contra el jefe de gabinete por su presunto crecimiento patrimonial y en un contexto de deterioro del sector público, con despidos en diferentes áreas y una caída salarial de 37% en dos años, según datos del Indec.
El monto del ajuste equivale aproximadamente a un 1,6 por ciento del Presupuesto. La intención es alcanzar el superávit fiscal pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Estamos analizando las planillas”, fue el latiguillo repetido en dos despachos importantes, cuidadosos con no contradecir las medidas, explicaron a . Desde el Ministerio de Economía se esmeraron por dejar en claro que el recorte “lo definió cada área”.
“Recién me entero, lo voy a ver”, contestó otro funcionario, sin el detalle fino de los recortes, que abarcan todas las áreas del Estado, incluso algunas centrales como Educación (recorte de $78.000 millones), Salud (otros $70.000 millones, incluyendo el PAMI) y Seguridad (unos $25.000 millones en distintos rubros). También se reasignan cerca de $160.000 millones, pero en este caso para solventar un plan de retiros voluntarios en la Anses, otra de las reparticiones en la mira del Ministerio de Economía, donde ya se vive (como en otras reparticiones del Estado) un clima de tensión por los bajos salarios.
En la previa de la nueva Marcha Federal de las universidades por el cumplimiento de la vigente ley de financiamiento educativo, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendió el ajuste en su área. “Es una confusión, son fondos del Ministerio de Economía provenientes de un crédito de CAF que se iban a utilizar para obras muy cuestionables en las universidades”, dijo el funcionario hoy en Radio Rivadavia. Entre las universidades más afectadas según las planillas oficiales figuran la Universidad Nacional de La Plata, con una reducción de $1043 millones; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de $700 millones; Río Cuarto, con $680 millones; y Entre Ríos, con una baja de $540 millones.
Desde el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, explicaron sobre otros recortes en el área educativa, como el plan Nacional de Alfabetización ($35.000 millones), la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente” ($8.929 millones), Infraestructura escolar ($21.000 millones) y el programa de becas estudiantiles ($559 millones menos). “Las modificaciones administrativas responden a un proceso de reorganización y optimización de recursos públicos, orientado a garantizar una gestión más eficiente, transparente y focalizada en resultados”, afirmaron fuentes de ese ministerio.
El Ministerio del Interior fue uno de los más afectados, con un recorte general de $320.000 millones, que incluye transferencias a las provincias para el pago de gastos corrientes. “Estamos bajando el gasto”, señalaron, escuetos y con tono triunfante, cerca del ministro Diego Santilli, que al igual que otros de sus colegas estará hoy por la tarde frente a Adorni y Caputo, en la reunión de mesa política, en Casa Rosada. Desde una de las provincias afectadas reconocieron, sin embargo, que “nos recortan una parte de lo que estaba presupuestado” en el área de obra pública, lo que generará “atrasos” en la ejecución de esas obras.
Los propios ministros, que tenían sus sueldos congelados por orden presidencial, comenzaron a recibir desde enero aumentos “por debajo de la inflación”, según aclararon en el Gobierno, y lo mismo ocurre con los secretarios, con recomposiciones salariales que no cubren los aumentos del costo de vida.
El área de Cultura, que encabeza el secretario Leonardo Cifelli, cercano a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, es otro de los sectores afectados. Sólo en el Palacio Libertad, dónde funciona el Centro Cultural Sarmiento (ex CCK), el recorte alcanza a $2000 millones. “Cada ministerio realizó reducciones y reordenamientos sin alterar sus objetivos estratégicos, y Cultura no es la excepción”, explicaron, diplomáticos, desde la secretaría, que tuvo una poda del 2 % del gasto corriente y del 20 % del gasto de capital. En tren de defender el recorte, fuentes oficiales dejaron en claro que no se salvó ni la Casa Rosada, a cargo de la secretaría general: el recorte alcanza “la puesta en valor de la fachada” del edificio, al que le rebanaron $29 millones, y una cifra similar en la renovación de su red eléctrica. Caputo posdató el pago a la mayoría de los organismos internacionales por un total de $14.786 millones (no figura el FMI en el listado), y se frenaron remodelaciones como el de la estratégica embajada argentina en Washington, con un ahorro proyectado de $5478 millones.
El recorte ejecutado por Caputo y Adorni llega en momentos de tensión interna por la situación de Adorni. La única voz que se alzó, el viernes pasado en la reunión de gabinete ampliada, fue la de la actual jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, dos días después de pedir públicamente que el jefe de gabinete presente “de inmediato” su declaración jurada de bienes para despejar sospechas de enriquecimiento ilícito. Milei intentó cortar de cuajo la discusión, y antes de retirarse dejó en claro que Adorni no se irá del Gobierno. Hoy, los integrantes de la mesa política volverán a verse las caras, esta vez con el confirmado ajuste en las cuentas de sus áreas de acción.
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POLITICA
Alejandro Catterberg enumeró los cuatro frentes abiertos que debe resolver el Gobierno antes de desplazar a Adorni

El director de la consultora Poliarquía, Alejandro Catterberg, planteó una advertencia sobre la estabilidad del gabinete nacional durante su participación en Odisea Argentina, en LN+.
El analista político sostuvo que el desplazamiento de Manuel Adorni, lejos de solucionar la crisis política, podría generar nuevos problemas para el presidente Javier Milei si no se resuelven primero conflictos más profundos que afectan el funcionamiento del Poder Ejecutivo nacional.
Catterberg detalló cuatro ejes fundamentales que la Casa Rosada debe atender antes de considerar cualquier cambio en su estructura. El especialista afirmó que el Gobierno necesita recuperar la capacidad de controlar la agenda pública, reducir las internas dentro de La Libertad Avanza, modificar la actual estrategia de confrontación permanente con el periodismo y avanzar hacia una ampliación política. Según el consultor, omitir estos pasos previos dejaría el problema de fondo sin respuesta.
El analista explicó que el Gobierno atraviesa una etapa de desgaste marcada por la caída en el respaldo social y precisó que, desde el mejor momento post-electoral, la administración libertaria perdió entre 10 y 12 puntos en los sondeos, un descenso que calificó como significativo por la velocidad del proceso.
“Venimos del mejor verano del Gobierno desde que llegó”, señaló Catterberg, aunque aclaró que la situación actual no presenta un carácter dramático dado que el Presidente conserva niveles de aprobación que superan el 40 por ciento.
En su diagnóstico, apuntó a que el Ejecutivo sufre el impacto de una combinación de factores económicos y políticos. Entre ellos, destacó la influencia de la inflación sobre los ingresos y los cuestionamientos sobre las formas de gestión. “Ese sector -el que representa Bullrich- creyó en la idea de ‘somos distintos, somos diferentes’”, afirmó el analista, quien subrayó que los escándalos recientes erosionaron esa percepción.
“No hay nada más casta que subirse a un avión privado e irse a Punta del Este”, enfatizó al referirse a la desilusión de los sectores de centroderecha.
En cuanto a las internas, advirtió sobre dinámicas ocultas: “Hay un segundo nivel, que está un poco más abajo de la superficie, que tiene que ver con la disputa de poderes vinculados al Poder Judicial, las relaciones con la política y la corrupción”. Ante este escenario, el consultor resumió su visión sobre la figura del vocero presidencial: “Tenerlo a Adorni es un dolor de cabeza, pero, tal vez, sacarlo te genere, en poco tiempo, un nuevo dolor de cabeza”.
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POLITICA
Se fracturó el PJ en Mendoza y se abrió un foco de conflicto entre el peronismo federal y La Cámpora

Mientras las distintas vertientes del peronismo nacional tratan de ordenarse y construir un nuevo programa económico, en los PJ del interior los enfrentamientos florecen y exponen la división en mitades que hay en el justicialismo. De un lado los federales, del otro el kirchnerismo. En este tiempo la síntesis es una utopía y el enfrentamiento una realidad. Pero siempre hay márgen para los acuerdos.
Por estas horas el PJ Mendoza, que preside Emir Félix, es un hervidero. “Nos estamos matando”, acepta un dirigente local ante la consulta de Infobae. La tensión se exacerbó luego de que el Tribunal de Disciplina partidario sancionara a diez dirigentes que fueron candidatos por afuera del partido en las elecciones municipales del 22 de febrero. Algunos de ellos son parte de la línea interna que lidera la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.
El tribunal los inhabilitó para ser candidatos a cargos públicos en representación del PJ mendocino durante tres años y les prohibió ocupar cargos partidarios durante la misma cantidad de tiempo. La dura sanción fue aplicada sobre los candidatos que compitieron en la lista de Frente Patria, apadrinada por el cristinismo, por fuera del esquema del partido. Resolución a la que llegaron por la falta de acuerdo respecto a las candidaturas.
El cristinismo compitió con una lista paralela a la del partido en San Rafael, Rivadavia y Luján de Cuyo. En las tres, perdió. En todas, ganó el PJ local. Es decir, la división no benefició al sector K para volverse más competitivos, ni debilitó al justicialismo para hacerlo encontrar con la derrota. Solo generó más ruido y más peleas, de las que ya existen en el peronismo nacional y en el mendocino, en particular. Y, sobre todo, fracturó el espacio político en el quinto distrito electoral más importantes del país.
Lo ilógico de la pelea interna del peronismo es que atravesó una estrategia de los intendentes, que desdoblaron las elecciones municipales de la nacional y provincial, para evitar que el efecto arrastre de Javier Milei, que tenía otra espalda política a fin de año pasado, los lleve puestos a ellos. Sobre todo, teniendo en cuenta que el gobernador de la provincia, el radical Alfredo Cornejo, tiene una sociedad electoral muy potente con La Libertad Avanza (LLA).
Los diez sancionados fueron Paloma Scalco, Bruno Ceschín, Nadir Yassuf, Gisela Flores, Daniel Mazurenco, Hipólito Martínez, Facundo Martín, Mariela Herrera, Katherina Hidalgo y Sebastián Videla. Todos participaron de las elecciones de concejales departamentales que se realizaron en febrero de este año.
El caso más paradigmático es el de Scalco, que es concejal en Luján de Cuyo y, al mismo tiempo, es la vicepresidenta del PJ mendocino. En la última elección fue como candidata para el concejo deliberante de su ciudad en una lista por fuera del partido. Una muestra del nivel de agrietamiento que hay en el peronismo de la provincia y también el recuerdo de que, tiempo atrás, hubo capacidad de generar un acuerdo entre las partes para conducir el partido con una lista de unidad.
“Están pasando cosas muy graves en nuestro país y en nuestra provincia como para estar en el peronismo dando este tipo de discusiones. Podemos ver lo alejada que está la conducción de la realidad y de los problemas que tenemos los mendocinos y los argentinos”, sostuvo Scalco.
Además, agregó, en una entrevista con MDZ Radio 105.5 FM, que “hay un intento de dejar afuera a un sector que lo único que hace es considerar que tenemos que estar en contacto con la ciudadanía y que no podemos ser cómplices del gobierno de Milei y de Cornejo, como ellos quieren serlo”.
En diálogo con Infobae, el diputado provincial Lucas Ilardo, referente local del kirchnerismo, describió la situación con mucha crudeza. “Hay un grupo de dirigentes del PJ en Mendoza, como en todo el país, que creen que es necesario tener al kirchnerismo calladito, amordazado, invisible y sin discutir mucho”, precisó, al tiempo que remarcó: “Eso es incompatible con la esencia de nuestro espacio político. Somos rebeldes, tenemos ideas, convicción y vocación”.
Ilardo aseguró también que “frente a la incapacidad de ese grupo de dirigentes de intentar conducirnos, prefirieron separarse y expulsarnos”, en referencia a la decisión del PJ Mendoza de sancionarlos y prohibirles representar al partido, electoralmente, en los próximos tres años. “Nos expulsaron de los bloques y del PJ. Nosotros creíamos necesario estar unidos para frenar el modelo de Milei y Cornejo. Ellos eligieron esta fragmentación que dejó al peronismo en minoría”, explicó.
En el entorno de Félix son contundentes. “Nadie los echó. Se fueron ellos solos cuando decidieron competir por lista propia. El tribunal funciona y lo hace en forma institucional. Se aplicó la carta orgánica, que es lo normal. No se puede expulsar a alguien que se fue por su cuenta”, planteó un dirigente cercano al diputado nacional.
En el PJ mendocino resaltan que el kirchnerismo se queja de la misma decisión que tomó el PJ Nacional, controlado por CFK, en PJ Jujuy, con la senadora Carolina Moisés, que fue sancionada junto a 300 dirigentes por haber competido por afuera del partido y acompañado algunos proyectos del gobierno nacional.

“Son infantiles y caprichosos. El método que ellos implementan, de hago lo que quiero o me voy, ya no funciona más en el peronismo de Mendoza. Eso se terminó”, sentenció un dirigente muy cercano a Félix. En ese sentido, agregó: “Si no se dan cuenta que la sociedad le dijo basta a esas formas, a ese sistema y a ese comportamiento, entonces están en problemas”.
En el medio de toda la pelea, y tras la asunción de diputados y senadores provinciales en sus bancas nuevas, el bloque peronista se rompió en ambas cámaras. Quedaron conformados dos bloques. Uno de línea justicialista y con el respaldo de la mayoría de los intendentes, y otro del kirchnerismo, con fuerte influencia del cristinismo. En el mundo K dicen que fueron expulsados del bloque porque no quieren escuchar su voz. En el PJ aseguran que ellos quisieron imponer condiciones en la elección de autoridades y que no tienen volumen político, ni peso específico, para el nivel de exigencias que propinaron.
La tensión entre ambos sectores viene desde hace, por los menos, diez años. Con el pasar de las elecciones, la imposibilidad de volverse competitivos y las fracturas del justicialismo en todo el país, con epicentro en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner primero, y después en la provincia de Buenos Aires alrededor de la figura de Axel Kicillof, fueron detonando la posibilidad de generar una alianza sólida. El escenario nacional fue un caldo de cultivo para que se potencien las diferencias provinciales.
En el PJ mendocino recalcan que la conducción de Félix le hizo recuperar el piso histórico al peronismo en las elecciones provinciales, aunque reconocen que no ha sido suficiente para ser realmente competitivos contra el oficialismo local. Es decir, consideran que han logrado una mejor performance que el kirchnerismo y que tienen capacidad de seguir creciendo, pero que sigue sin alcanzar. Entonces, las fracturas, generan un mayor condicionamiento sobre el futuro del justicialismo en la provincia.

La interna tiene un correlato por fuera de las fronteras mendocinas, aunque sin la conflictividad que existe en la provincia. Félix es parte del armado del peronismo federal que se presentó en Parque Norte el 1 de mayo, que no tiene dirigentes cristinistas en sus filas, y que impulsa un debate profundo del plan económico de Milei, pero también del que llevó a cabo el gobierno del Frente de Todos.
Fernández Sagasti está en las filas cristinistas y milita el pedido de libertad de CFK como una bandera inexpugnable. Es parte de un esquema que pide un mayor reconocimiento del peronismo para con las gestiones de la ex presidenta, frente a lo que creen que es una falta de reconocimiento de sus gobiernos. La senadora nacional tiene peso específico en el armado de su provincia y mantiene una cuota de poder importante para negociar.
El conflicto latente en Mendoza tendrá otro capítulo en unos meses. En diciembre se vence el mandato de Emir Félix en la presidencia del PJ local, motivo por el que se proyecta realizar elecciones en octubre. Esos comicios van a derivar, inevitablemente, en tensiones internas. Como sucede también en otros PJ del país, como los de Salta y Jujuy, donde habrá elecciones el 25 de octubre. Será un mes marcado por los cambios en la conducción de los partidos provinciales. En paralelo, y hasta ese momento, el peronismo, en su conjunto, seguirá haciendo esfuerzos para encontrar un camino de encuentro para enfrentar a Milei el año que viene.
POLITICA
Tras la marcha por el financiamiento, el Gobierno convocará a los rectores por la situación de los hospitales

En medio de la tensión con las universidades nacionales por el reclamo presupuestario, el Gobierno anunció que convocará a los rectores de las casas de altos estudios que tienen hospitales universitarios para discutir un nuevo esquema de distribución de fondos. No obstante, todavía no fijaron fecha.
La decisión se da después de la nueva Marcha Federal Universitaria y en medio de fuertes cuestionamientos de las universidades, que denuncian retrasos en las transferencias destinadas al funcionamiento de hospitales escuela y centros de atención médica.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, adelantó que la convocatoria se realizará en los próximos días y explicó que el objetivo será conformar una comisión para redefinir los criterios de reparto de una partida específica destinada al programa de hospitales universitarios.
Según detalló el funcionario, se trata de un fondo cercano a los $79 mil millones que depende directamente de la Subsecretaría de Políticas Universitarias y cuya distribución, sostuvo, históricamente se realizó “sin parámetros claros”.
Leé también: Multitudinario reclamo universitario contra el Gobierno: “Le exigimos que cumpla con la ley de financiamiento”
Desde el Gobierno aseguran que las transferencias fueron frenadas hasta establecer un nuevo mecanismo de asignación. En cambio, las universidades advierten que hace meses no reciben esos recursos y alertan sobre el impacto que la demora tiene en prestaciones médicas, investigación y mantenimiento de equipos.
La Universidad de Buenos Aires fue una de las instituciones que elevó el reclamo con mayor dureza. La semana pasada, autoridades de la UBA aseguraron que los hospitales universitarios podrían enfrentar serias dificultades operativas en las próximas semanas si no se normalizan los envíos de fondos.
En ese contexto, Álvarez acusó a la UBA de concentrar históricamente la mayor parte de la partida presupuestaria destinada a hospitales universitarios. “No puede suceder que casi todo el fondo quede para una sola universidad”, planteó el funcionario.

Desde la casa de estudios rechazaron esa interpretación. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, sostuvo que es el propio Gobierno el que define el criterio de distribución y cuestionó la demora en tomar una decisión. “No se puede llegar al quinto mes del año sin girar recursos para el funcionamiento de hospitales”, advirtió.
Además, remarcó que muchos de los gastos comprometidos están vinculados al alquiler de aparatología médica y tratamientos complejos, incluidos los oncológicos.
La discusión también escaló políticamente. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, criticó al sistema universitario y apuntó contra sectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), al que acusó de resistirse a cambios en el esquema de funcionamiento.
Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Rosario y titular del CIN, Franco Bartolacci, aseguró que hasta el momento no recibieron una convocatoria formal del Ejecutivo, aunque confirmó que asistirán en caso de que se concrete la reunión.
El conflicto por los hospitales universitarios se suma así al reclamo general que impulsan rectores, docentes y estudiantes por el financiamiento del sistema universitario nacional y que volvió a expresarse este martes en las calles de todo el país.
Marcha universitaria, Gobierno, FINANCIAMIENTO
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