POLITICA
Preocupación y desconcierto entre los ministros de Milei por el fuerte recorte del gasto público
El fuerte y masivo recorte del gasto público, firmado ayer por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo y el jefe de gabinete Manuel Adorni y publicado en el Boletín Oficial, genera desconcierto y preocupación entre los ministros de Javier Milei.
Sin críticas públicas al mega recorte, que modifica el presupuesto 2026 votado por el Congreso y poda unos $2,5 billones, obligará a la mayoría de los ministros y secretarios a “ajustarse el cinturón”, en momentos de tensión interna por las denuncias judiciales contra el jefe de gabinete por su presunto crecimiento patrimonial y en un contexto de deterioro del sector público, con despidos en diferentes áreas y una caída salarial de 37% en dos años, según datos del Indec.
El monto del ajuste equivale aproximadamente a un 1,6 por ciento del Presupuesto. La intención es alcanzar el superávit fiscal pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Estamos analizando las planillas”, fue el latiguillo repetido en dos despachos importantes, cuidadosos con no contradecir las medidas, explicaron a . Desde el Ministerio de Economía se esmeraron por dejar en claro que el recorte “lo definió cada área”.
“Recién me entero, lo voy a ver”, contestó otro funcionario, sin el detalle fino de los recortes, que abarcan todas las áreas del Estado, incluso algunas centrales como Educación (recorte de $78.000 millones), Salud (otros $70.000 millones, incluyendo el PAMI) y Seguridad (unos $25.000 millones en distintos rubros). También se reasignan cerca de $160.000 millones, pero en este caso para solventar un plan de retiros voluntarios en la Anses, otra de las reparticiones en la mira del Ministerio de Economía, donde ya se vive (como en otras reparticiones del Estado) un clima de tensión por los bajos salarios.
En la previa de la nueva Marcha Federal de las universidades por el cumplimiento de la vigente ley de financiamiento educativo, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendió el ajuste en su área. “Es una confusión, son fondos del Ministerio de Economía provenientes de un crédito de CAF que se iban a utilizar para obras muy cuestionables en las universidades”, dijo el funcionario hoy en Radio Rivadavia. Entre las universidades más afectadas según las planillas oficiales figuran la Universidad Nacional de La Plata, con una reducción de $1043 millones; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de $700 millones; Río Cuarto, con $680 millones; y Entre Ríos, con una baja de $540 millones.
Desde el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, explicaron sobre otros recortes en el área educativa, como el plan Nacional de Alfabetización ($35.000 millones), la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente” ($8.929 millones), Infraestructura escolar ($21.000 millones) y el programa de becas estudiantiles ($559 millones menos). “Las modificaciones administrativas responden a un proceso de reorganización y optimización de recursos públicos, orientado a garantizar una gestión más eficiente, transparente y focalizada en resultados”, afirmaron fuentes de ese ministerio.
El Ministerio del Interior fue uno de los más afectados, con un recorte general de $320.000 millones, que incluye transferencias a las provincias para el pago de gastos corrientes. “Estamos bajando el gasto”, señalaron, escuetos y con tono triunfante, cerca del ministro Diego Santilli, que al igual que otros de sus colegas estará hoy por la tarde frente a Adorni y Caputo, en la reunión de mesa política, en Casa Rosada. Desde una de las provincias afectadas reconocieron, sin embargo, que “nos recortan una parte de lo que estaba presupuestado” en el área de obra pública, lo que generará “atrasos” en la ejecución de esas obras.
Los propios ministros, que tenían sus sueldos congelados por orden presidencial, comenzaron a recibir desde enero aumentos “por debajo de la inflación”, según aclararon en el Gobierno, y lo mismo ocurre con los secretarios, con recomposiciones salariales que no cubren los aumentos del costo de vida.
El área de Cultura, que encabeza el secretario Leonardo Cifelli, cercano a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, es otro de los sectores afectados. Sólo en el Palacio Libertad, dónde funciona el Centro Cultural Sarmiento (ex CCK), el recorte alcanza a $2000 millones. “Cada ministerio realizó reducciones y reordenamientos sin alterar sus objetivos estratégicos, y Cultura no es la excepción”, explicaron, diplomáticos, desde la secretaría, que tuvo una poda del 2 % del gasto corriente y del 20 % del gasto de capital. En tren de defender el recorte, fuentes oficiales dejaron en claro que no se salvó ni la Casa Rosada, a cargo de la secretaría general: el recorte alcanza “la puesta en valor de la fachada” del edificio, al que le rebanaron $29 millones, y una cifra similar en la renovación de su red eléctrica. Caputo posdató el pago a la mayoría de los organismos internacionales por un total de $14.786 millones (no figura el FMI en el listado), y se frenaron remodelaciones como el de la estratégica embajada argentina en Washington, con un ahorro proyectado de $5478 millones.
El recorte ejecutado por Caputo y Adorni llega en momentos de tensión interna por la situación de Adorni. La única voz que se alzó, el viernes pasado en la reunión de gabinete ampliada, fue la de la actual jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, dos días después de pedir públicamente que el jefe de gabinete presente “de inmediato” su declaración jurada de bienes para despejar sospechas de enriquecimiento ilícito. Milei intentó cortar de cuajo la discusión, y antes de retirarse dejó en claro que Adorni no se irá del Gobierno. Hoy, los integrantes de la mesa política volverán a verse las caras, esta vez con el confirmado ajuste en las cuentas de sus áreas de acción.
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POLITICA
Fentanilo mortal: un informe del Gobierno revela que el potente anestésico y la morfina no tenían trazabilidad
Un informe de auditoría del Gobierno, incorporado a la causa que investiga el juez federal Ernesto Kreplak por la muerte de 90 pacientes tras el suministro de fentanilo contaminado, reveló que el ese potente anestésico y la morfina permanecieron fuera del Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos durante nueve años, hasta septiembre de 2025.
El Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos fue creado en 2011, mediante la Disposición ANMAT N° 3683/2011, que reguló una primera etapa de implementación con un listado inicial de Ingredientes Farmacéuticos Activos alcanzados. Luego, en 2016, la Disposición N° 10.564/2016 estableció un nuevo listado de sustancias que debían incorporarse al sistema. En esa oportunidad, tampoco fueron incorporados el fentanilo y la morfina.
En esa fechan la presidenta de la Nación era Cristina Fernández de Kirchner; el Ministerio de Salud estaba a cargo de Juan Luis Manzur y el interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) era Carlos Alberto Chiale.
El documento, que analiza el desempeño de la ANMAT, al que accedió de manera exclusiva Infobae, atribuye esa falla estructural a la falta de actualización normativa y advierte que partidas de fentanilo, propofol y dopamina elaboradas por HLB Pharma Group continúan sin ser recuperadas del mercado ni destruidas.
Según el informe de auditoría, el Propofol HLB tuvo una irregularidad puntual y particularmente grave: fue calificado directamente como un producto ”ilegítimo».
HLB Pharma Group elaboró y puso en venta el Propofol bajo un certificado que no le pertenecía: el Certificado N° 43.900 estaba registrado a nombre de otra firma, Surar Pharma S.A., y no de HLB Pharma. Es decir, que el laboratorio de Ariel García Furfaro fabricó y comercializó el anestésico usando la autorización sanitaria de otra empresa, sin contar con las debidas autorizaciones que le debía otorgar la propia ANMAT.
Se trata del lote 60000 de Propofol HLB y el informe lo describe así: “Ilegítimo. HLB PHARMA GROUP SA ha elaborado y puesto en venta un medicamento sin las debidas autorizaciones sanitarias”..
El Sistema Nacional de Trazabilidad permite identificar de manera individual cada unidad de un fármaco y seguirla a lo largo de toda la cadena de distribución, desde su elaboración hasta la entrega al paciente. Según el informe, hasta el 3 de septiembre de 2025 existían 148 Ingredientes Farmacéuticos Activos que no estaban incorporados a ese sistema.
Un Ingrediente Farmacéutico Activo es la sustancia responsable del efecto terapéutico de un medicamento: en el fentanilo, ese ingrediente es el citrato de fentanilo; en la morfina, el sulfato de morfina. Ambos opioides fueron finalmente incorporados mediante la Disposición ANMAT N° 6223/2025, que derogó el listado anterior.
La fecha resulta significativa frente a la cronología judicial. El brote de contaminación bacteriana fue advertido por el Hospital Italiano de La Plata en los primeros días de mayo de 2025, y la ANMAT radicó la denuncia penal que dio origen a la causa el 12 de ese mes. La actualización del sistema de trazabilidad llegó recién tres meses y medio después, como respuesta al escándalo sanitario y no como una medida preventiva. “Dicha falta de actualización no permitió contar con información precisa sobre la localización de los medicamentos subestándar”, señala el informe.
La ANMAT argumentó ante los auditores que existen otros mecanismos de control para sustancias como el fentanilo y la morfina, entre ellos un régimen específico con libros rubricados y reportes a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Los auditores rechazaron el argumento de manera expresa: “Los aspectos mencionados por el auditado (…) refieren a mecanismos regulatorios de control y registro con distinto alcance y finalidad, no configurando sistemas de trazabilidad”, sostuvo el informe.
Cómo funciona la trazabilidad en Estados Unidos y la Unión Europea
La demora argentina contrasta con los plazos vigentes en otras jurisdicciones. En Estados Unidos, el sistema se estableció mediante la Drug Supply Chain Security Act, sancionada en 2013, con una implementación escalonada que culminó en 2023 con la trazabilidad electrónica a nivel de unidad individual para toda la cadena de distribución.
En la Unión Europea, el marco regulatorio es la Directiva de Medicamentos Falsificados, adoptada en 2011 y aplicable desde 2013, cuyo sistema de verificación mediante código de barras entró en vigor en 2019 en todos los países miembro. En ambos bloques, los plazos de cumplimiento para la trazabilidad universal de medicamentos ya están vencidos desde hace años, a diferencia de lo ocurrido con el fentanilo en la Argentina, que quedó cubierto por el sistema recién después del brote de contaminación.
Medicamentos de HLB Pharma sin recuperar
El informe vincula esa falla de trazabilidad con el estado del retiro de mercado de productos elaborados por HLB Pharma Group, la firma controlada por el grupo familiar de Ariel García Furfaro y elaboradora, junto con Laboratorios Ramallo, del fentanilo que la Justicia vincula con 90 muertes y 44 víctimas no fatales. Además de los dos lotes de fentanilo bajo custodia judicial, el informe constató que otras partidas del mismo medicamento, junto con lotes de propofol y dopamina de la misma firma, continúan sin ser recuperadas ni destruidas. Al respecto, los auditores fueron categóricos: “La totalidad de los lotes producidos por HLB Pharma no han sido recuperados a la fecha de emisión del presente informe”, señalaron en el documento, fechado en junio de 2026, y agregaron que “no se advierte que se hayan adoptado las medidas sanitarias concretas, efectivas y definitivas tendientes a la destrucción de la totalidad de los productos de la firma HLB que permanecen distribuidos en el mercado y en distintos efectores de salud”.
Debilidades en el sistema informático
El informe también identificó fallas en la plataforma tecnológica que la ANMAT utiliza para gestionar los retiros de productos. Según los auditores, ese sistema “presenta falencias relevantes en cuanto a la calidad del registro y a la integración de la información”, sin controles de carga ni validaciones que garanticen el ingreso completo de datos críticos, como “la información detallada sobre las unidades recuperadas en comparación con las unidades previamente distribuidas”. Tampoco posee interoperabilidad con otros sistemas del organismo, lo que “eleva el riesgo de errores, inconsistencias y registros duplicados” y limita el seguimiento coordinado del proceso.
En sus conclusiones generales, el informe reconoce que la ANMAT adoptó diversas medidas regulatorias, sanitarias y judiciales, pero advierte que “las mismas resultan tardías en relación con la antigüedad, reiteración y criticidad de los incumplimientos observados, lo que permitió la persistencia en el tiempo de situaciones de riesgo sanitario”.
Dos ex funcionarias procesadas
La investigación que tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata acumula 15 procesados. Los primeros 13 corresponden a directivos y responsables de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, entre ellos Ariel Fernando García y Diego Hernán García, imputados por adulteración de sustancias medicinales: tres permanecen detenidos, otros tres cumplen prisión domiciliaria y los siete restantes continúan en libertad.
El 1 de septiembre, Kreplak amplió el procesamiento a Nélida Agustina Bisio, ex titular de la ANMAT, y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), a quienes consideró, de manera provisoria, “partícipes necesarias” del delito de adulteración de sustancias medicinales. El magistrado les impuso un embargo de 500.000 millones de pesos a cada una y la prohibición de salir del país, aunque continuarán el proceso en libertad. Según la resolución judicial, ambas ex funcionarias “no habrían adoptado a tiempo las medidas preventivas y correctivas que recomendaban los informes técnicos elaborados por áreas especializadas de control sanitario”, lo que permitió que los lotes de fentanilo contaminado siguieran producidos, distribuidos y utilizados en hospitales y clínicas de distintas provincias del país.
POLITICA
El pedido de transporte para “La Noche de los Lápices” reavivó la interna entre Kicillof y el kirchnerismo
La organización de la marcha por los 50 años de la Noche de los Lápices quedó atravesada por una disputa entre la Federación de Estudiantes Secundarios PBA (FES) y el gobierno bonaerense, debido a la falta de confirmación de micros. Las diferencias sobre qué estructura “poner” de parte del Estado para la tradicional movilización se materializaron en la interna entre el Movimiento Derecho al Futuro y sectores vinculados con La Cámpora.
Fuentes cercanas a la FES PBA, un espacio que se remite a la conducción de Cristina Kirchner, plantearon que las últimas reuniones realizadas con funcionarios del gobierno de la Provincia para definir la logística de la procesión que se realiza cada 16 de septiembre por el centro de la capital bonaerense no llegaron a buen puerto. Una versión diferente a la que exponen desde el Gobierno que conduce Axel Kicillof.
La FES salió a denunciar que el área de Juventud del gobierno bonaerense, que depende del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, se negó a contratar colectivos para asegurar el desplazamiento de los estudiantes de distintos puntos de la provincia que quieran participar de la marcha. Este sector estudiantil plantea sostener la insignia de “Cristina Libre” y denuncia que, ante esa posibilidad, la Provincia desistió de su apoyo a la movilidad.
Ante la consulta de Infobae, en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, donde funciona la Secretaría de Juventud, señalaron que la marcha no enfrenta objeciones políticas de parte del gobierno provincial, que, de hecho, el propio Kicillof suele participar de la misma y que hay una vocación manifiesta del Ejecutivo bonaerense de promover estas instancias. Sin embargo, afirmaron que cada organización debe resolver los mecanismos de traslado con sus referentes y espacios aliados.
“Estamos bien con la marcha. A nuestros pibes de secundarios y de juventud les estamos pidiendo que resuelvan con sus referentes, con los sindicatos amigos y demás, cómo llegar”, dejaron trascender desde la cartera que comanda el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Según esa postura, ese esquema se repite todos los años en este tipo de convocatorias.
Fuentes del ministerio explicaron que existe una limitación institucional para disponer de vehículos estatales para una actividad de naturaleza política. “Las marchas las financian las organizaciones o los espacios políticos, no el Estado”, expresaron. También sostuvieron que, en experiencias previas de dirigentes que habían participado de la FES, los micros se costeaban con recursos de las propias agrupaciones y no mediante fondos públicos.
La aclaración apunta a responder a los planteos estudiantiles sobre el contraste entre la situación de la marcha del 16 de septiembre y el apoyo logístico que, según la FES PBA, recibieron actividades del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que impulsa la construcción política de Kicillof. Los jóvenes mencionaron un encuentro de juventudes realizado días atrás en San Martín y otra convocatoria del sector prevista para Avellaneda el próximo 19 de septiembre.
Los estudiantes creen que la discusión excede a los recursos. En la FES PBA interpretan que la falta de colectivos no responde únicamente a una cuestión presupuestaria. El espacio tiene previsto participar de la movilización con una bandera que reclame “Cristina libre”, en referencia a la expresidenta Cristina Kirchner, y sus integrantes sospechan que esa consigna es uno de los factores detrás de la negativa.
Por su parte, la Dirección de Juventudes de PBA prepara actividades complementarias para los días previos y posteriores a la marcha y en coordinación con el área de Juventud de la provincia de Córdoba.
Las tensiones por la logística de la movilización se sumaron a la interna que atraviesa al Partido Justicialista (PJ) bonaerense. Kicillof impulsa el MDF como una construcción política propia, mientras que La Cámpora conserva peso en la estructura partidaria y tiene como principal referente al diputado nacional Máximo Kirchner.
La discusión por el transporte y la idea de plantear el discurso de Cristina Libre en la movilización colocaron nuevamente en escena esas diferencias. Según la FES PBA, la Provincia ya destinó recursos a actos políticos recientes, mientras no existe una definición sobre los micros para una movilización estudiantil que se realizará en el aniversario número 50 de los secuestros.
La movilización del próximo 16 de septiembre que culminará en la explanada del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, ubicado en la calle 7 entre 58 y 59, no será una más. Ese día se cumplirán 50 años de la llamada Noche de Los Lápices.
Entre el 15 y el 21 de septiembre de 1976, fuerzas policiales secuestraron a diez estudiantes secundarios de La Plata. Aunque los operativos tuvieron como contexto los reclamos por el boleto estudiantil en el marco de la dictadura cívico-militar que rigió en Argentina entre 1976 y 1983, las detenciones respondieron a una política de Estado más global: los adolescentes representaban una amenaza para las autoridades de facto y el aceitado aparato de persecución y represión que integraban el Ejército, la Policía bonaerense y el Servicio Penitenciario Bonaerense -un combo conocido como el Grupo de Tareas- sería implacable con los jóvenes.
De los diez detenidos, seis de ellos —María Claudia Falcone (16 años), Francisco López Muntaner (16 años), Claudio de Acha (17 años), Horacio Ángel Ungaro (17 años), Daniel Alberto Racero (18 años), María Clara Ciocchini— permanecen desaparecidos. “Nos detuvieron porque éramos militantes de la UES; no fuimos víctimas inocentes”, describió Emilse Moler, una de las sobrevivientes de aquel sangriento y tortuoso operativo.
Cada año, la fecha reúne a centros de estudiantes, agrupaciones juveniles, organismos de derechos humanos y dirigentes políticos. Para esta edición, el aniversario de medio siglo incrementó las expectativas de participación de jóvenes de distintos puntos de la provincia.
POLITICA
El impacto laboral de la IA. La revolución más profunda golpea a las puertas de la Argentina
De todas las áreas impactadas por la rápida evolución de la Inteligencia Artificial (IA) una de las que más se ha estudiado es la relacionada con sus efectos sobre el mundo del trabajo. Sin embargo, pese al volumen de informes acumulados, también es de las más inciertas, porque es muy difícil determinar los alcances de un proceso que está en progreso y que, además, no solo afecta la tarea laboral en sí, sino que también influye indirectamente al modificar los modos de producción, de distribución y de consumo. Por primera vez los expertos corren detrás de las evidencias porque la velocidad de propagación supera la posibilidad de análisis. Y peor aún, los creadores de la IA dan señales de que la criatura se les escapa de las manos y que no pueden controlar sus efectos. La gobernanza y la seguridad se volvieron prioridades absolutas.
En este contexto vertiginoso, lo único seguro es que la IA tiene un efecto arrollador también en el mundo laboral, y que se acelerará en el corto plazo. Para los tecno-optimistas en términos de potenciar la productividad; para los tecno-pesimistas, como vector de reemplazo de las tareas humanas. Para unos, se trata de una oportunidad; para otros, de una amenaza. En el medio, los escépticos y los expectantes.
La otra certeza es que esta revolución tiene un impacto disímil en los distintos países, dependiendo de su mercado laboral, su desarrollo tecnológico y el nivel de su educación y su capacitación. Si bien el proceso es inevitablemente global, tiene una permeabilidad diferente que requiere de enfoques particulares.
En el caso de la Argentina, quizá con algún retraso, el análisis escaló con mayor intensidad en los últimos tiempos, a partir de los primeros efectos tangibles en el mundo del trabajo. En el universo sindical hay una preocupación palpable porque esta problemática se suma a las urgencias derivadas de la pérdida de puestos laborales por la falta de reactivación económica.
La CGT, que viene estudiando el tema desde hace un tiempo, tuvo una reunión hace algunas semanas en la que le presentaron un informe elaborado por el Consejo Económico y Social de la ciudad de Buenos Aires. Allí se desglosó el nivel de exposición a la IA que tendrá cada una de las actividades más habituales en el radio porteño, y el resultado es considerable. El promedio está en línea con otros países, pero hay rubros potencialmente muy afectados, como la administración pública, las finanzas, los servicios profesionales y el comercio, todos mano de obra intensiva. Al mismo tiempo hay otros que lucen menos amenazados, como entretenimiento, construcción y servicio doméstico. En esa reunión, donde estuvo el triunvirato de conducción y algunos de los principales referentes sindicales, se respiró la inquietud gremial por este nuevo frente de turbulencia.
En la vereda empresarial también se están moviendo en busca de orientación y de una hoja de ruta. La Unión Industrial Argentina (UIA) elaboró junto con Accenture un estudio de diagnóstico que tituló Reinventarse con Inteligencia, en el que se señala que la IA podría elevar la productividad laboral en 1,2 puntos por año y transformar hasta el 38% del tiempo de trabajo en las fábricas.
Pero también subraya que la Argentina captó solo el 2% de la inversión vinculada a la IA en América latina, y advierte que “en términos de adopción empresaria el rezago es aún más evidente” porque “solo una de cada tres empresas industriales invierte en IA” (9% invierte regularmente, 23% lo hace en pruebas piloto y 68% no invierte todavía). Los datos hacen juego con el último trabajo de Visual Capitalist, en base a información de Microsoft, según el cual la Argentina tiene un rango de adopción de IA en línea con la región pero lejos de los países más avanzados.
En las filiales industriales del interior del país la atención a este terremoto tecnológico queda eclipsado muchas veces por la inquietud ante la falta de reactivación y la caída del consumo. “Cada empresa, cada sector aplica la IA como puede, todo bastante anárquico. Sabemos que va a haber un impacto laboral importante, pero no podemos cuantificarlo”, resume un empresario de relieve. El cuadro es mucho más complejo entre las compañías tecnológicas, algunas de las cuales tuvieron que hacer despidos amplios. También hay bancos y firmas financieras que tomaron medidas.
El gobierno nacional se ubica dentro de la mirada tecno-optimista, al considerar que “las ocupaciones que más crecen en la Argentina son, en promedio, las más expuestas a la IA. Esto confirma nuestra visión: la IA no reemplaza puestos, los complementa y transforma su contenido”. Por ahora se ha limitado a actualizar su oferta de capacitación del Portal Empleo y a tecnificar procedimientos estatales, pero no ha avanzado en la instrumentación de políticas públicas específicas.
El último informe del Ministerio de Trabajo sobre el tema es de mediados de 2023, cuando se concluyó que “el 54% del empleo formal en el sector privado, equivalente a aproximadamente 3,01 millones de empleos, se encuentra en ocupaciones donde al menos la mitad de sus tareas podrían ser ejecutadas por IA generativa”. Pero después el diagnóstico no se actualizó.
Si bien la gestión de Javier Milei es la más permeable a las innovaciones tecnológicas, a través de proyectos como la de empresas no humanas o el RIGI II, no parece igualmente activa en términos de coordinar acciones concretas con los sectores productivos, educativos y de salud. Su orientación apunta a la desregulación económica del sector tecnológico y a la atracción de inversiones. Prima la lógica general de que la reconversión es responsabilidad de los privados.
“En la Argentina se están solapando muchos cambios. Algunos que son derivados del ciclo económico, y otros que son más estructurales. Entonces es más difícil evaluar el impacto real de la IA”, señala Tomás Castagnino, economista jefe y director ejecutivo de Accenture Research y autor del informe junto a la UIA. La ilusión es que la aceleración tecnológica potencie la productividad y estimule la reactivación. Sería la dinámica virtuosa. El riesgo es que la coyuntura económica dilate un abordaje proactivo del cambio tecnológico, y la Argentina quede otra vez rezagada en las dinámicas globales. El fatídico círculo vicioso.
Promptear el futuro
Detrás de la gran dispersión de los estudios académicos e institucionales, hay algunas coincidencias preliminares al evaluar los primeros impactos globales de la IA. Uno de los ejes más abordados es el que analiza los rubros laborales más y menos expuestos. Y lo curioso es que se ha producido un cambio en los últimos tiempos en este abordaje. Hasta hace algunos años se pensaba que los trabajos que quedarían más afectados por la evolución tecnológica serían los que requieren menos capacitación, y por eso estudios como los del Banco Mundial hacían advertencias a los países subdesarrollados. Pero la tendencia cambió cuando la IA empezó a desplegar su potencial.
Primero se pasó a un esquema en forma de U, donde los trabajos de mayor calificación como los gerenciales, y los de menor calificación, como los de cuidados personales u oficios, estarían más resguardados; y todas las tareas intermedias, como las de un administrativo o un programador, serían severamente impactadas. Ahora se pasó a una planteo de plano inclinado, porque la evolución de la IA generativa también empezó a desarrollar capacidades propias de los roles jerárquicos.
En el fondo parece haber una diferenciación entre las tareas físicas, propias del mundo offline, el de los átomos, que por ahora no requieren nuevas habilidades; y el mundo online, el cognitivo relacionado con la virtualidad de los bytes, que demanda una adaptación veloz. Las primeras parecen más resguardadas hoy, pero las segundas tienen mayor potencial si logran una mayor complementariedad con las nuevas tecnologías. De un lado están los plomeros y las enfermeras; del otro, los directores de finanzas y los gerentes de compras. En el medio están los que se llevan la peor parte, que según el informe de Anthropic de marzo pasado titulado “Impacto en el mercado laboral de la IA”, lo encabezan los programadores, los servicios de atención al cliente y los data entry (todas malas noticias para países como India).
El segundo eje de evaluación es el etario, y allí parece haber coincidencia en que si bien la tendencia natural lleva a pensar que los jóvenes llevan una ventaja en términos de adopción de la IA, los estudios demuestran que también pueden enfrentar mayores dificultades para su primera inserción laboral. Esto es consecuencia de que muchas de las tareas habitualmente básicas que desarrolla un principiante son las que las empresas más rápido tienden a reemplazar por los nuevos desarrollos tecnológicos.
El informe de Anthropic dice que “los trabajadores en las profesiones más expuestas es más probable que sean de adultos, mujeres, con mayor educación y mejores pagos”, pero al mismo tiempo advierte que han encontrado “evidencia de que la contratación de trabajadores jóvenes se volvió más lenta en ocupaciones expuestas”.
Bruno Muñoz retoma este punto en un artículo publicado por Cippec y remarca la disonancia entre el mercado laboral y la demanda de carreras universitarias en la Argentina, donde algunas de las más requeridas, como informática, economía y administración, figuran entre las más expuestas a la IA. La adaptación de la currícula y de los modelos educativos a esta nueva realidad emerge como la urgencia más acuciante.
Y la tercera trayectoria que parece arrojar confluencia entre los estudios es que el ingreso laboral general va a caer en el futuro, porque su intervención en los procesos productivos se reducirá y habrá menos horas de trabajo remuneradas. De allí la discusión que ya se empezó a dar en torno de cómo reemplazar el volumen de salario que se perderá. Si el mundo de las próximas décadas tendrá mayor productividad, pero con trabajadores menos atareados y menos remunerados, ¿quién pagará por los bienes y servicios? De ese análisis parte la idea de contar con un ingreso universal garantizado que figuras como Elon Musk y Sam Altman empiezan a proponer. Sería el ingreso a una era del post-empleo, difícil de imaginar.
Precarización, “toderos” y conurbano
Dentro de este contexto general, la Argentina exhibe particularidades que por un lado pueden amortiguar el impacto social de la IA, pero que al mismo tiempo pueden demorar la transformación y desfasar su potencial de las dinámicas globales.
“Los primeros que reemplazarán trabajadores por la IA serán las empresas privadas formales, y esos trabajadores desplazados irán a alimentar ese buffer que son el universo de los informales y eventuales. Es decir, que habrá más precarización”, describe Eduardo Levy Yeyati, uno de los economistas que más estudió el fenómeno.
En este recorrido, la informalidad y el cuentapropismo aparecen como morigeradores del desempleo, naturalmente limitados. La otra característica local que señala Levy Yeyati apunta a la gran cantidad de pymes chicas, que “son más lentas en adoptar la IA y que ante el desafío van a ajustar costos por otro lado o se van a informalizar defensivamente, lo que también suma a la precarización laboral”. La expectativa es que por estos factores, la adopción de la IA sea algo más gradual en el país, aunque igualmente impactante.
Ramiro Albrieu, economista y líder de Iniciativa Sur Futuro, agrega una dimensión complementaria, dada las particularidades laborales de la Argentina. “En los países de ingresos medio y bajo, los trabajadores absorben como parte del día a día tareas periféricas a la ocupación básica (gestión, administración, atención a clientes). Esas mismas tareas en los países ricos se tercerizan a segmentos especializados. Ese rasgo hizo que acuñáramos el término ‘toderos’, los que hacen de todo. En la Argentina representan entre el 50% y el 60% de los trabajadores. En nuestro esquema laboral no es una anomalía, es un rasgo estructural. Y en esas tareas periféricas es donde la tasa de reemplazo de la IA es mayor”. Bajo esta óptica, la típica capacidad argentina de darse maña con todo por falta de recursos, puede terminar siendo un déficit.
El otro rasgo que tiene una implicancia especial en la Argentina es que la IA transforma en modo más acentuado los trabajos que se desarrollan en los centros urbanos, muy especialmente en el segmento servicios, aunque también en ciertos sectores industriales. “En el corredor andino se está usando mucha IA, lo mismo que en algunos sectores productivos que son competitivos. El problema es el trabajador del conurbano, donde hay servicios de baja calificación por fuera de la gran fábrica”, advierte Albrieu (quien junto con el gobierno porteño está haciendo un estudio inédito en la Villa 31 sobre impacto de la IA en ese entorno).
Y el dato es inquietante porque al mismo tiempo es esa periferia la más castigada por la reconversión económica que promueve el Gobierno, en comparación con la zona andina o la patagónica, que son las más beneficiadas. Por volumen, el conurbano bonaerense puede ser el más impactado también en este sentido.
La Argentina tiene una nueva oportunidad para potenciar su participación en el nuevo ecosistema global. No puede aspirar a ser una proveedora de modelos de desarrollo como Estados Unidos o China, ni productora de microchips a escala como Taiwán. Pero sí puede encontrar un camino que le permita agilizar la adaptación de la IA a su realidad laboral para que se transforme en vector de potenciación productiva. La imagen del presente todavía la muestra invertebrada frente al desafío mayúsculo de estos tiempos.
Portal Empleo,Ministerio de Trabajo sobre el tema es de mediados de 2023,“Impacto en el mercado laboral de la IA”,retoma este punto en un artículo publicado por Cippec,Jorge Liotti,Conforme a
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