Con las dos últimas declaraciones de contadores que trabajaron en la AFIP, el juicio oral por los Cuadernos de las Coimas cerró un capítulo con el que la fiscalía buscó reconstruir las salidas de dinero de las empresas investigadas y determinar si parte de esos fondos pudo haber terminado en manos de funcionarios del kirchnerismo.

El segmento del juicio que hoy llegó a su fin fue impulsado por la acusación. Estuvo orientado a demostrar que distintas salidas de dinero de las compañias, reflejadas de algún modo en sus números, pudieron haber terminado en manos de funcionarios.

Es un tramo complementario, pero de peso para la fiscal Fabiana León, que debe sostener y fortalecer la acusación contra los empresarios y funcionarios que habrían participado del circuito ilegal de coimas, encabezado, según la fiscalía, por la expresidenta Cristina Kirchner.

En el centro de la prueba, sin embargo, se ubican las confesiones de funcionarios y empresarios arrepentidos que con sus declaraciones respaldaron los cuadernos en los que el chofer Oscar Centeno describió con detalle los viajes durante los cuales habría recaudado los presuntos sobornos.

El supervisor Fernando Lerendegui y la inspectora Candela Marcellini declararon sobre informes que elaboraron a pedido de la Justicia en torno a la empresa Metrovías y una UTE conformada por IECSA SA, la constructura vinculada a Angelo Calcaterra, y JCR SA, la compañía creada por Juan Carlos Relats, para ejecutar una obra sobre la ruta 9.

En el caso de Metrovías, Lerendegui se refirió a una facturación superior a los $11 millones vinculada con dos proveedores observados, que figuraban en una base de contribuyentes sospechosos.

Marcellini, que se desempeñó como investigadora en el área de grandes contribuyentes, expuso una serie de operaciones realizadas por empresas vinculadas a Angelo Calcaterra.

Una de ellas fue la compra, en junio de 2009, de US$600.000 por parte de IECSA.

El dinero fue retirado por ventanilla por Juan Carlos Palacios y, según explicó la inspectora, no apareció luego registrado como tenencia al cierre del ejercicio.

También mencionó una operación similar de Creaurban SA, vinculada también a Calcaterra y a Santiago Ramón Altieri, por US$380.000.

En ese caso, los fondos también fueron retirados por Palacios.

Otra de las operaciones resultó relevante por su posible coincidencia con el mecanismo descripto por el empresario arrepentido Carlos Wagner.

Wagner declaró que IECSA era una de las compañías que participaban del sistema de reparto de obras.

Al describir el funcionamiento del sistema, Wagner sostuvo que la empresa que resultaba adjudicataria debía entregar a los funcionarios entre el 10% y el 20% del valor de la obra.

El contador Ernesto Clarens, por su parte, explicó que, cuando el adelanto financiero equivalía al 20% del contrato, se reclamaba la mitad de ese anticipo, una suma equivalente al 10% del valor total de la obra.

En una de las obras analizadas, la UTE integrada por IECSA cobró en octubre de 2008 un primer anticipo de $109.179.942, según las constancias incorporadas a la causa.

Durante los dos meses siguientes, la unión de empresas compró US$3 millones, equivalentes entonces a $10.240.000: aproximadamente el 10% del monto de aquel primer anticipo.

Los dólares fueron retirados en efectivo de la casa de cambio Transcambio y no quedaron registrados posteriormente como tenencia de la empresa.

La importancia de los datos de los empleados de la AFIP es que ayudan a corroborar la existencia de un circuito de dinero de las empresas constructoras, que ganaban contratos para obras durante el gobierno kirchnerista, y el pago de coimas a funcionarios.

A lo largo de este tramo del juicio, los contadores expusieron distintas maniobras detectadas en las compañías investigadas: cobros de cheques correlativos que podían permitir eludir controles del Banco Central, retiros de efectivo que no quedaron reflejados en la contabilidad y facturaciones de servicios a proveedores incluidos en bases APOC, que reúne a contribuyentes sospechosos, entre otras irregularidades.

La semana próxima comenzaran a declarar exfuncionarios, entre ellos, Javier Iguacel, que durante el macrismo fue Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

El presidente Javier Milei anunció este jueves por la noche, en cadena nacional, el envío al Congreso de un paquete de proyectos que el Gobierno considera el andamiaje institucional de su programa económico. La iniciativa incluye la modificación de la Carta Orgánica para el Banco Central (BCRA), una regla de equilibrio en las cuentas públicas permanente bautizada como “grillete fiscal” y cambios en los mercados de capitales y de seguros.

Milei aseguró que se trata del “conjunto de reformas estructurales más importante de los últimos 91 años” y sostuvo que busca dar rango legal a los principales pilares de su programa económico y dificultar que futuras administraciones los reviertan. Fuentes de Casa Rosada comentaron a  que este viernes ingresará por la Cámara de Diputados el proyecto para modificar el estatuto de la autoridad monetaria, pero no precisaron cuándo lo harán las otras iniciativas.