ECONOMIA
Tras la orden del gobierno bonaerense para que reincorpore 1.200 trabajadores, Granja Tres Arroyos se presentaría en convocatoria de acreedores
La crisis financiera y operativa que atraviesa Granja Tres Arroyos y Wade, otra empresa del mismo grupo empresario, sumó un nuevo capítulo. Fuentes cercanas a las empresas confirmaron que ambas firmas se presentarían en convocatoria de acreedores en los próximos días, mientras el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria para que se reincorporen 1.200 empleados despedidos.
El movimiento judicial se produce después de meses de dificultades financieras, conflictos laborales, cierres y suspensiones en distintas plantas del grupo. En paralelo, la cantidad de trabajadores desvinculados se acerca a los 1.730 casos acumulados en total desde el inicio del conflicto, de acuerdo con la información disponible hasta el momento.
De hecho, la cartera laboral de la provincia de Buenos Aires dispuso la conciliación obligatoria por 15 días hábiles en el conflicto por los últimos 1.200 despidos en las plantas. La medida, que puede extenderse por otros cinco días, establece la reincorporación de los trabajadores desvinculados mientras avanza la negociación entre las empresas y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (Steapba).
El alcance de los despidos incluye a 700 empleados de la planta de Capitán Sarmiento, 50 de la fábrica ubicada en Pilar y 450 de la planta de Esteban Echeverría. La intervención provincial busca suspender las medidas de fuerza y abrir una instancia de diálogo para intentar preservar los puestos de trabajo.
Durante la audiencia participaron representantes de las compañías, del gremio y de las autoridades bonaerenses. También asistieron el subsecretario de Comercialización del Ministerio de Producción, Ariel Aguilar; la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; y Alejandro Bonomo, en representación del municipio de Esteban Echeverría.
Las partes acordaron además la entrega de 1.000 cajones de pollo para los trabajadores afectados y un pago a cuenta que se hará efectivo durante la próxima semana. La próxima audiencia quedó prevista para el jueves, dentro del período de conciliación obligatoria.
La situación de Granja Tres Arroyos se agravó en los últimos días con la paralización de su planta de Capitán Sarmiento, una de las instalaciones históricas de la compañía. La empresa comunicó al personal que las operaciones quedaban suspendidas “hasta nuevo aviso” y pidió a los trabajadores que no concurrieran a sus puestos, salvo que fueran convocados expresamente por un encargado o supervisor.
Ahora, el escenario incorpora la posibilidad concreta de que tanto Wade como Granja Tres Arroyos queden bajo un proceso concursal. La convocatoria de acreedores es un mecanismo mediante el cual una empresa que enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones busca ordenar su situación financiera frente a sus acreedores y evitar, en determinadas circunstancias, una instancia de quiebra. En este caso, el eventual ingreso de ambas compañías a ese proceso se produciría después de una reestructuración que lleva meses sin alcanzar una solución definitiva.
Una crisis que impacta en el empleo
El impacto laboral es uno de los principales indicadores de la profundidad del conflicto. Según fuentes cercanas, el acumulado de despidos desde el comienzo del proceso se ubica actualmente en torno de 1.730 trabajadores, aunque el dato todavía no está cerrado porque resta determinar con precisión cómo se distribuyen las desvinculaciones entre las diferentes plantas.
La falta de un número definitivo responde, según fuentes cercanas, a que todavía no se terminó de consolidar el detalle de las desvinculaciones producidas en cada establecimiento. Lo cierto es que el proceso de reducción de personal comenzó a tomar forma con mayor intensidad después de que Granja Tres Arroyos solicitara, en diciembre de 2024, la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. Ese trámite no llegó a formalizarse a nivel nacional, pero desde entonces la empresa fue adoptando distintas medidas sobre sus establecimientos.
Uno de los primeros cierres relevantes fue el de la planta de Tristán Suárez, donde se produjeron 200 desvinculaciones sobre una dotación de 270 trabajadores. Posteriormente, la compañía anunció el cierre definitivo de la planta Becar, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y trasladó a sus trabajadores hacia la planta La China, ubicada en las inmediaciones.
A mediados de agosto, además, se conocieron alrededor de 250 despidos en una planta de Concepción del Uruguay que contaba con unos 900 empleados. Los telegramas enviados a los trabajadores invocaron “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad”.
La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) cuestionó entonces las desvinculaciones y señaló que existían trabajadores con salarios atrasados.
Capitán Sarmiento, el último foco de conflicto
La situación de Capitán Sarmiento llevó la crisis a una nueva dimensión. La planta dejó de operar a partir del 31 de agosto, luego de que la compañía comunicara internamente la suspensión de las tareas productivas.
La empresa atribuyó la medida a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento”. El comunicado no estableció una fecha para el regreso de las actividades y tampoco precisó qué ocurriría con los puestos de trabajo involucrados.
El conflicto se profundizó por la incertidumbre respecto del futuro de la planta. Trabajadores y personas vinculadas con el establecimiento advirtieron que parte de la maquinaria concesionada que se utilizaba allí ya no se encontraba en las instalaciones el momento de anunciarse la suspensión de actividades. También señalaron que integrantes del directorio habrían retirado pertenencias de sus oficinas.
Paralizaciones en distintas plantas
Capitán Sarmiento no fue el único establecimiento alcanzado por las medidas. Durante los últimos meses, el grupo atravesó diferentes situaciones de paralización y reducción de actividad.
En julio, la planta Avex, ubicada en Río Cuarto, Córdoba, dejó de operar. Inicialmente se había informado que se trataba de una “parada programada de dos semanas”, pero la interrupción se extendió durante otros 15 días y terminó alcanzando un mes. La medida involucró a unos 350 trabajadores.
En agosto, la planta Pinazo, en Pilar, suspendió a la totalidad de su personal. También se registraron conflictos salariales y bloqueos en Wade II, en Esteban Echeverría, mientras que Wade I, ubicada en Ezeiza, continuó funcionando con una reducción significativa de su nivel de actividad.
La situación de Wade se incorporó así al cuadro general del grupo y ahora quedaría alcanzada por una instancia judicial de convocatoria de acreedores, según fuentes cercanas. El paso de Granja Tres Arroyos seguiría la misma dirección durante los próximos días.
Una deuda que condiciona el futuro del grupo
La decisión de avanzar hacia una convocatoria de acreedores se da mientras Granja Tres Arroyos intenta reestructurar una deuda estimada en USD 350,9 millones.
La compañía lleva adelante negociaciones con sus acreedores con la asistencia de la banca de inversión VALO. El esquema que se venía analizando contempla una reestructuración de los compromisos financieros, con quitas de hasta el 75% del capital adeudado, plazos de pago que podrían extenderse hasta siete años y la venta de activos considerados no estratégicos.
El objetivo de ese proceso era encontrar una alternativa que permitiera ordenar las obligaciones financieras de la compañía y sostener su funcionamiento. Sin embargo, la sucesión de cierres, suspensiones y despidos muestra que la situación operativa continuó deteriorándose mientras esas conversaciones avanzaban.
El ingreso a una convocatoria de acreedores modificaría el escenario de las negociaciones, ya que trasladaría parte de la discusión sobre las obligaciones de las empresas al ámbito judicial. Para los trabajadores, en tanto, la principal incógnita sigue siendo el futuro de los puestos de trabajo y el cobro de los salarios y eventuales indemnizaciones pendientes.
Walter Correa,ministro,Trabajo,Buenos Aires,política,conferencia,Argentina,actualidad
ECONOMIA
Impacto financiero por el colapso del Ueno Bank: saltó el riesgo país de Paraguay y el guaraní se devaluó 8%
El presidente paraguayo Santiago Peña poseía acciones en el holding propietario del Ueno Bank hasta antes de asumir el Ejecutivo
Ueno Bank administraba más de USD 800 millones en fondos estatales, principalmente del sistema previsional
Business,Domestic Politics,Corporate Events,South America / Central America,Government / Politics
ECONOMIA
Aumentaron las multas en la provincia de Buenos Aires: cuánto cuesta cada infracción a partir de noviembre 2026
- Conducir sin tener la edad reglamentaria: de 300 a 1.000 UF, entre $ 702.000 y $ 2.340.000.
- Manejar sin habilitación, con la licencia suspendida o estando inhabilitado: de 300 a 1.000 UF, entre $ 702.000 y $ 2.340.000.
- Circular sin cobertura de seguro vigente: de 300 a 1.000 UF, entre $ 702.000 y $ 2.340.000.
- Circular sin las placas de identificación correspondientes o con patentes que no pertenecen al vehículo: de 300 a 1.000 UF, entre $ 702.000 y $ 2.340.000.
- Cruzar un semáforo en rojo o no respetar el descenso de una barrera ferroviaria: de 300 a 1.000 UF, entre $ 702.000 y $ 2.340.000.
- Girar a la izquierda en una vía de doble mano regulada por semáforo, cuando no hay una señal que lo habilite: de 300 a 1.000 UF, entre $ 702.000 y $ 2.340.000.
- Circular a contramano: de 300 a 1.000 UF, entre $ 702.000 y $ 2.340.000.
- Conducir alcoholizado o bajo los efectos de estupefacientes u otras sustancias que alteren las condiciones psicofísicas: de 300 a 1.000 UF, entre $ 702.000 y $ 2.340.000.
- Circular sin haber realizado la Verificación Técnica Vehicular (VTV): de 300 a 1.000 UF, entre $ 702.000 y $ 2.340.000.
- No usar casco reglamentario en motocicletas o ciclomotores: de 50 a 100 UF, entre $ 117.000 y $ 234.000.
- No utilizar el cinturón de seguridad: de 50 a 100 UF, entre $ 117.000 y $ 234.000.
- Circular con más ocupantes que la capacidad permitida del vehículo: de 50 a 100 UF, entre $ 117.000 y $ 234.000.
- No portar el comprobante de seguro, pese a contar con cobertura vigente: de 50 a 100 UF, entre $ 117.000 y $ 234.000.
- Conducir con la licencia vencida dentro de los seis meses: de 50 a 100 UF, entre $ 117.000 y $ 234.000.
- No llevar la licencia encima, aunque el conductor esté habilitado: de 50 a 100 UF, entre $ 117.000 y $ 234.000.
- Circular sin una de las chapas patente o llevarla en una ubicación que no es reglamentaria: de 50 a 100 UF, entre $ 117.000 y $ 234.000.
- Circular sin la constancia que acredita la VTV aprobada: de 50 a 100 UF, entre $ 117.000 y $ 234.000.
- Usar auriculares o sistemas de comunicación manual continua mientras se conduce: de 50 a 100 UF, entre $ 117.000 y $ 234.000.
ECONOMIA
Escándalo del Ueno Bank: el expresidente Horacio Cartes dijo que su partido apoyará el juicio político a Santiago Peña
Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), anunció este miércoles que el Partido Colorado acompañará el juicio político contra el presidente Santiago Peña, en medio de la crisis desatada por la intervención y cierre del Ueno Bank, que dejó sin acceso a sus fondos a casi tres millones de clientes.
“Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados. Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado”, escribió Cartes en su cuenta de la red social X.
En el mismo mensaje, el exmandatario confirmó el respaldo de la bancada oficialista al pedido de destitución: “Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”.
El pronunciamiento adquiere una dimensión política especial: fue Cartes quien impulsó la candidatura de Peña en las elecciones de 2023 y quien controla la estructura del Partido Colorado, que hasta ahora detentaba mayoría propia en ambas cámaras del Congreso paraguayo.
Cartes enmarcó su decisión en un llamado a defender los valores del Partido Colorado
Para fundamentar su postura, el exmandatario apeló a la identidad del partido en el poder: “La bandera colorada representa una historia de servicio al país: honrarla también significa actuar con valentía cuando la patria lo exige”, cerró su mensaje en X.
La decisión de Cartes abre una fractura profunda dentro del oficialismo y coloca a Peña ante un cuestionamiento que ya no proviene únicamente de la oposición. El presidente no se ha pronunciado públicamente sobre el pedido de destitución.
El juicio político fue presentado por 35 legisladores y necesita 53 votos para avanzar
Un grupo de diputados opositores y disidentes del oficialismo presentó este miércoles ante la Cámara de Diputados un libelo acusatorio contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, amparado en el artículo 225 de la Constitución paraguaya. El documento lleva 35 firmas, entre ellas las de los diputados Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo, quienes solicitaron convocar a una sesión extraordinaria para este jueves.
Para que la acusación avance al Senado, los impulsores deben reunir 53 apoyos sobre un total de 80 legisladores —una mayoría calificada de dos tercios—. En la Cámara Alta se requiere luego el voto favorable de 30 de los 45 senadores para declarar culpables a los mandatarios y abrir la puerta a su destitución.
El presidente de la Cámara baja, Raúl Latorre, convocó a dos sesiones extraordinarias para este jueves: la primera, fijada a las 10:00, tratará la acusación contra Peña; la segunda, la que apunta a Alliana.
El diputado colorado disidente Mauricio Espínola, de la facción Añeteté, fue uno de los primeros en sumarse a las firmas del libelo y advirtió sobre el costo político de la crisis: “Si Santiago Peña no se va, el Partido Colorado tiene muy pocas chances de seguir en la conducción nacional de la república en el 2028”, declaró en referencia a las próximas elecciones presidenciales.
El Banco Central cerró el Ueno Bank tras detectar que su solvencia cayó a menos de la mitad del mínimo exigido
La crisis se desencadenó el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la intervención y disolución del Ueno Bank al comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido. La entidad concentraba cerca de 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, y sus depósitos incluían unos USD 850 millones en fondos públicos, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS).
Tras el anuncio, se formaron largas filas frente a las sucursales y la capital, Asunción, fue escenario de protestas nocturnas. El BCP informó que los ahorristas recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes (unos USD 1.675) en la brevedad, con un tope de cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de 75 salarios mínimos por persona.
Peña promulgó una ley de emergencia
En respuesta a la crisis, el Congreso aprobó en tiempo récord una norma de emergencia que Peña promulgó este miércoles. La ley establece un anticipo del FGD: cada depositante podrá recibir hasta 40 salarios mínimos mensuales —equivalentes a 121,7 millones de guaraníes (unos USD 19.787)— en un plazo máximo de cinco días hábiles desde su entrada en vigor.
“A todos los sectores políticos les solicito encarecidamente anteponer el interés de los ahorristas a cualquier otro interés”, publicó el mandatario en X. En paralelo, designó al economista y exministro Raúl Vera Bogado como nuevo titular del BCP, cargo que quedó vacante tras la renuncia de Carlos Carvallo, quien antes de llegar al banco central en 2023 había dirigido la Financiera Ueno, entidad que dio origen al banco intervenido. El nombramiento deberá ser ratificado por el Senado.
La Fiscalía pidió prisión preventiva para el fundador del banco y acusó a 27 personas
En el plano judicial, la Fiscalía imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras vinculadas a operaciones realizadas entre 2025 y 2026, mediante las cuales se otorgaron préstamos y sobregiros a empresas del mismo grupo económico en condiciones que, según el Ministerio Público, no se ajustaban a los parámetros habituales de evaluación de riesgo crediticio.
El mayor accionista y uno de los fundadores de la entidad, Miguel Vásquez, compareció junto a otros siete directivos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Vásquez y arresto domiciliario para el resto de los ejecutivos. Los funcionarios fueron trasladados esposados, con el rostro cubierto y vistiendo chalecos antibalas, ante la presencia de manifestantes que los increpaban a las afueras de la sede fiscal.
Paraguay ya registró un precedente de destitución presidencial: en 2012, el Congreso apartó al entonces mandatario Fernando Lugo tras una masacre que dejó 11 campesinos y seis policías muertos a unos 250 kilómetros al noreste de Asunción.
South America / Central America
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