POLITICA
Tras su viaje a Nueva York, Kicillof busca volumen con China y el Papa ante la apatía de un sector del PJ
Axel Kicillof está decidido a seguir construyendo un proyecto presidencial que no anunciará hasta llegado el momento, pero cuyos movimientos son cada vez más parecidos a los de un candidato. Desde hace un tiempo se mueve como tal y sus armadores intentan darle estructura federal. También apura un perfil de corte internacional para mostrarse frente a los diferentes estamentos de poder como la contracara del presidente argentino Javier Milei. “Les traigo malas noticias”, dijo en el desayuno con el alcalde Zohran Mamdani y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Remató: “En Argentina estamos viviendo una catástrofe”.
Eso fue parte de la agenda que desplegó en Nueva York la semana pasada y que buscará replicar en China en los primeros días de noviembre. Kicillof intentará estar en la feria de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) en Shanghái. Antes, según supo Infobae, su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, tendrá una reunión con el embajador del gigante asiático para delinear la agenda. Hay un tema no menor: la fecha coincide con la visita del Papa León XIV a Argentina. El sumo pontífice recorrerá el Cottolengo Don Orione, en Claypole (Almirante Brown), y oficiará una misa multitudinaria en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Kicillof debería estar presente. La actividad en China es del 5 al 10 de noviembre. El Papa estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El gobernador quiere estar en China. Tiene que hacer un viaje XXL.
En una semana, el mandatario bonaerense va por una foto con el Jefe de Estado del Vaticano y con referentes comerciales de China en medio de la guerra comercial desatada con Estados Unidos, que también tiene su réplica en Argentina. Es un factor más que atendible a cualquier agenda presidencial. Antes de que el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, advirtiera sobre el acuerdo de la Cooperativa Eléctrica de Neuquén (CALF) con Huawei, Buenos Aires ya había cerrado con la misma empresa la provisión de baterías para garantizar el transporte de energía en los nodos Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento. El tema, según reconstruyó este medio, fue parte de las conversaciones del mandatario en la Gran Manzana. La respuesta fue que Huawei es quien mejor oferta en las licitaciones. Mismo argumento que empleó la cooperativa de Neuquén cuando escaló el conflicto.
El plan, dicho en diferentes oportunidades por Kicillof y los suyos, es el multilateralismo. Lo dijo el sábado pasado cuando cerró el acto del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). “No necesitamos un plan austríaco, norteamericano o israelí; necesitamos una estrategia argentina, federal y contemporánea. A otros les podrá fascinar la Doctrina Donroe de Donald Trump. Nosotros seguimos nuestra propia doctrina, la que viene del general Perón: “Argentina para los argentinos”. Un posicionamiento que no pudo, no logró, o no quiso repetir cuando —entre reunión y reunión— fue abordado en Nueva York por la periodista argentina Silvina Sterin Pensel, quien le pidió un posicionamiento sobre el conflicto en la franja de Gaza y le endilgó una condición de tibieza al respecto. Un imprevisto.
Kicillof pasó por el corazón financiero de Occidente con el objetivo de despejar fantasmas. En distintos momentos de su carrera como funcionario público alcanzó acuerdos con acreedores internacionales. Se sienta en la mesa con representantes de firmas internacionales con capacidad de inversión en el país y busca mercados. Quienes lo frecuentan en esas reuniones con empresarios cuentan que suele decir —medio en serio, medio en broma—: “No vamos a expropiar nada”.
A la par de que afina su perfil internacionalista, en Argentina sigue con su construcción federal. Una edificación que tampoco está exenta de complejidades y que transita en paralelo con la discusión interna del peronismo. En el acto en Avellaneda le dedicó varios pasajes. Dijo no querer una construcción “a control remoto”, ni surgida de entre cuatro paredes “en una rosca”. Fueron señales a distintos y conocidos destinatarios: el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa, que está empezando a moverse por fuera de “las cuatro paredes”. El sostenimiento de las PASO será a lo que se aferre para evitar una negociación cuya victoria puede ser pírrica cuando llegue el momento de definir la estrategia electoral para enfrentar a Javier Milei en la Nación y a —hasta el momento— Diego Santilli en el territorio bonaerense.
En la dirigencia se empieza a repetir una hipótesis que va desde una lectura analítica hasta la presión de los intereses sectoriales: quien sea candidato a presidente deberá tener asegurada la reelección indefinida de los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Los distritos que se miran, sin posibilidad de reelección, son La Matanza, Moreno, Merlo, Malvinas Argentinas, Quilmes, Tigre, Esteban Echeverría, entre otros. El peso de esas intendencias en una elección que hasta el momento se perfila para que sea unificada —más aún si el candidato es Kicillof— es gravitante para la discusión provincial y nacional.
Hoy, pese a que manifieste su acuerdo con las reelecciones indefinidas, Kicillof no logra empujar el tema en la Legislatura. Tanto en el Senado como en Diputados aseveran que nadie hará nada hasta tanto el gobernador no se siente con Máximo o Cristina Kirchner y con Sergio Massa. Una vez que haya un entendimiento en ese tridente de cúpula, se saldrá a la caza de voluntades para dejar sin efecto esa normativa que algunos consideran proscriptiva.
“Proscripta está Cristina”, repiten en el kirchnerismo desde donde alientan una candidatura de la expresidenta. Una trama que hoy sigue siendo compleja para el camino de Kicillof. “Queremos que Cristina sea candidata”, dijo Máximo Kirchner en una reciente entrevista con Víctor Hugo Morales. Y así como Kicillof dejó señales varias en su discurso en Avellaneda, el diputado nacional y líder de La Cámpora aseveró: “Imaginen si no hubiera dentro del propio peronismo un boicot a la figura de Cristina y hubiera una decisión de que pudiera participar en las elecciones. Iríamos a una fusta democrática de alto calibre para que los argentinos puedan decidir libremente”.
La semana pasada un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Bahía Blanca dio lugar a una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo para que las empresas distribuidoras EDELAP, EDES, EDEA y EDEN se abstengan de aplicar incrementos si antes no existen audiencias públicas para discutir las nuevas tarifas. El aumento había sido autorizado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que comanda Gabriel Katopodis. En el Ejecutivo, vinculan la jugada de la Defensoría con el kirchnerismo. La respuesta tácita llegó el viernes con la decisión de los diputados del MDF que decidieron abstenerse en un plenario de comisiones en la votación de un proyecto cuyo autor es el presidente del bloque, Facundo Tignanelli. La iniciativa, como contó Infobae, impulsa un registro para crear el Régimen Provincial de Prevención y tratamiento del sobreendeudamiento de consumidores. El expediente busca crear un régimen para prevenir y tratar el sobreendeudamiento de consumidores, con una negociación obligatoria y gratuita ante la Defensoría del Pueblo antes de iniciar reclamos judiciales.
En el plenario, la diputada de Fuerza Patria, Ana Luz Balor, que forma parte del MDF, expuso que estaban de acuerdo con el registro y el espíritu del proyecto, pero que “sería mejor” que las autoridades de aplicación fueran las dependencias municipales y no así la Defensoría, ya que estaba fuera de sus competencias establecidas por la Constitución y el proyecto podía luego ser judicializado y declarado inconstitucional. En el kirchnerismo dejan trascender que detrás de los argumentos técnicos están los políticos. Tiempo atrás, Kicillof había bajado la línea de “no responder acusaciones”, ante las críticas del kirchnerismo en diversos temas. Las respuestas aparecieron de manera implícita.
El tema es simple. Milei necesita votos en el Congreso y los gobernadores necesitan recursos para sus provincias. Y entre esas dos necesidades se está construyendo una parte central de la estrategia electoral de 2027.
La discusión sobre la reelección de Javier Milei suele concentrarse en dos actores: el Presidente y la oposición más dura. De ahí, a su persistente intento de polarización con el kirchnerismo, a veces personificado en la propia Cristina, otras en el ahora candidato lanzado, Axel Kicillof.
Pero volvamos al inicio de esta columna y pensemos entonces en el hecho de que hay un tercero que puede terminar siendo decisivo y del que se habla bastante menos: los gobernadores.
Porque si el objetivo de Milei es llegar a 2027 con la posibilidad de ganar en primera vuelta, necesita para ello -por un lado- a un peronismo dividido y -por el otro- una economía ordenada. En ambos objetivos, los gobernadores constituyen un elemento central. Es por eso que Diego Santilli comenzó una ronda de reuniones con los mandatarios provinciales inmediatamente después de que el Gobierno enviara el Presupuesto al Congreso.
Catamarca, Corrientes, Salta y Tucumán fueron parte de la primera reunión. Los gobernadores llegaron con reclamos por rutas, energía, transferencias y obras, mientras el Gobierno buscó apoyo para el Presupuesto y para su agenda legislativa.
La propia Casa Rosada reconoce que los gobernadores son clave para conseguir los votos en el Congreso. Y existe una razón sencilla: muchas de las bancas que necesita Milei no responden a La Libertad Avanza, sino a estructuras provinciales.
Pero acá aparece el problema: los gobernadores no son un bloque uniforme. Algunos son aliados. Otros son dialoguistas. Otros son opositores. Y varios pueden ser las tres cosas dependiendo de la discusión.
Y, sobre todo, algunos de ellos son simultáneamente socios parlamentarios de Milei y potenciales competidores electorales de La Libertad Avanza. Ahí aparece la verdadera tensión.
Veamos cómo están las cosas…
Salta: Sáenz necesita a Milei y Milei necesita a Sáenz
Gustavo Sáenz es probablemente uno de los ejemplos más claros. El gobernador salteño mantiene una relación fluida con la Casa Rosada y sus legisladores pueden resultar importantes para el oficialismo nacional.
Pero Salta tiene un problema adicional: La Libertad Avanza tiene una candidata propia con posibilidades de competir por la gobernación: Emilia Orozco.
Orozco es senadora nacional y una de las figuras libertarias con mayor instalación en la provincia. Desde el Gobierno reconocen que su eventual candidatura debe ser analizada en función de la relación con Sáenz. Incluso hubo pedidos del gobernador para que la Casa Rosada moderara los enfrentamientos con ella.
Es decir: Milei puede negociar con Sáenz, pero cada concesión política a Sáenz puede tener un costo para el armado libertario en Salta. Y el dilema no es menor. Porque el Presidente necesita los votos de los legisladores salteños hoy. Pero también quiere que La Libertad Avanza crezca en Salta mañana.
En agosto esa tensión quedó expuesta cuando una disputa entre Sáenz y Orozco llegó a poner en riesgo votos que el oficialismo necesitaba para iniciativas de Inocencia Fiscal y reforma del Banco Central.
El gobernador es un aliado parlamentario. La candidata libertaria es una competidora provincial. Ese es el tipo de negociación que Milei tendrá que resolver en varios distritos.
Tucumán: Jaldo, el aliado que tiene enfrente a Catalán
Aquí el dilema es aún más explícito. Osvaldo Jaldo construyó desde 2023 una relación de colaboración con Milei y aportó votos importantes para el Gobierno nacional. En septiembre volvió a sentarse con Santilli para discutir el Presupuesto 2027.
Jaldo fue muy claro: Milei necesita tener Presupuesto, pero ese Presupuesto debe tener “carácter federal”. Y puso sobre la mesa rutas, energía y compensaciones para el Norte.
El problema aparece cuando se mira la elección provincial. La Libertad Avanza ya tiene candidato: Lisandro Catalán. No es una posibilidad. Ya fue lanzado oficialmente como candidato a gobernador por el espacio libertario. Entonces aparece una situación casi paradójica: Milei necesita a Jaldo en el Congreso mientras su propio partido trabaja para derrotarlo en Tucumán.
Incluso el Gobierno aceptó que Tucumán desdoblara sus elecciones provinciales, una decisión que inicialmente podía generar tensión con la estrategia nacional.
La pregunta es inevitable: ¿Hasta dónde puede llegar un acuerdo nacional entre Milei y Jaldo sin perjudicar a Catalán? Y la respuesta puede determinar mucho más que una votación en el Congreso.
Catamarca: cuando negociar no tiene costo electoral inmediato
Catamarca presenta un escenario diferente. Raúl Jalil es peronista, pero mantiene uno de los vínculos más pragmáticos con la Casa Rosada. Apoya buena parte del rumbo económico, defiende la llegada de inversiones mineras y se mostró favorable a eliminar las PASO, aunque reclamó un acuerdo amplio entre gobernadores.
Y hay un dato nuevo que modifica el escenario: Jalil decidió no buscar un tercer mandato y anunció que respaldará a Gustavo Saadi.
Para Milei, Catamarca es entonces un caso relativamente cómodo. No necesita enfrentar electoralmente a Jalil. Puede negociar con él, buscar sus votos parlamentarios y, al mismo tiempo, intentar construir su propia estructura libertaria sin que esa construcción implique necesariamente una guerra abierta contra el gobernador.
Es probablemente el mejor ejemplo de que no todas las provincias plantean el mismo dilema.
Córdoba: el acuerdo que puede tener mayor costo
Córdoba es diferente. Martín Llaryora mantiene una relación institucional con Milei, pero también forma parte de una construcción política propia. Al mismo tiempo, Córdoba es demasiado importante para la elección nacional como para que La Libertad Avanza simplemente entregue el territorio. Por eso el Gobierno tiene allí un candidato propio: Gabriel Bornoroni, presidente del bloque libertario en Diputados y uno de los dirigentes más cercanos a Karina Milei.
La tensión está a la vista. Milei necesita dialogar con Llaryora. Pero no quiere resignar el armado libertario en Córdoba. Y la provincia tiene además un peso parlamentario significativo: entre los legisladores nacionales cordobeses aparecen referentes tanto de La Libertad Avanza como de Provincias Unidas. La propia actividad parlamentaria de Bornoroni muestra la existencia de una bancada libertaria cordobesa con varios diputados.
Por eso Córdoba puede terminar siendo el ejemplo más claro de la pregunta que atraviesa toda esta columna: ¿Cuánto está dispuesto Milei a negociar con un gobernador para conseguir votos en el Congreso si ese mismo gobernador puede convertirse en un competidor electoral?
Santa Fe: Pullaro y el pacto de no agresión
Santa Fe muestra otra variante. Maximiliano Pullaro tampoco es libertario. Forma parte de una construcción federal y mantiene identidad propia. Pero el vínculo con la Casa Rosada mejoró sustancialmente.
En julio, Pullaro firmó con Nación el traspaso de la administración de la Ruta Nacional A012 a la provincia, que asumió con recursos propios una inversión estimada en 5.000 millones de pesos. El acto tuvo una fotografía políticamente significativa: Pullaro junto a Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo, además de legisladores libertarios.
Y allí estaba también Romina Diez, la principal armadora de La Libertad Avanza en Santa Fe. El Gobierno comenzó incluso a evaluar un pacto de no agresión con Pullaro. Otra vez aparece la contradicción: Pullaro puede ser un socio institucional de Milei sin convertirse en un socio electoral. Y Milei puede necesitar sus votos parlamentarios sin querer entregarle el territorio santafesino.
Entre Ríos, Mendoza, Chaco, Neuquén y el resto
La lógica se repite, con matices, en buena parte del país. Rogelio Frigerio es uno de los gobernadores más cercanos al Gobierno nacional y mantiene una relación de cooperación que ya produjo acuerdos legislativos y políticos. En Entre Ríos, incluso legisladores peronistas terminaron acompañando una reforma previsional impulsada por el gobernador.
Leandro Zdero, en Chaco, Alfredo Cornejo, en Mendoza, y otros mandatarios radicales o provinciales aparecen también dentro del universo con el que la Casa Rosada busca acuerdos.
Y en la Patagonia la discusión incorpora una variable adicional: energía, minería, rutas y Vaca Muerta. Para Neuquén, Río Negro y Chubut, el Gobierno nacional es un socio indispensable para desarrollar inversiones de enorme escala.
Por eso la negociación no es puramente ideológica. Es económica, institucional y electoral al mismo tiempo.
El problema para Milei
Acá creo que aparece el verdadero interrogante. Milei necesita que los gobernadores lo ayuden a aprobar las leyes que necesita. Necesita sus diputados. Necesita sus senadores.
Necesita que las provincias no se conviertan en un bloque opositor. Necesita acuerdos territoriales. Y necesita, en algunos distritos, que los gobernadores acepten competir junto a La Libertad Avanza o, al menos, no enfrentarse entre sí.
Pero cada acuerdo tiene un costo potencial para el propio armado libertario. Si Milei acuerda con Sáenz, ¿qué hace con Orozco? Si acuerda con Jaldo, ¿qué hace con Catalán? Si acuerda con Llaryora, ¿qué hace con Bornoroni? Si acuerda con Pullaro, ¿qué hace con Romina Diez? Esa es la paradoja.
Milei necesita a los gobernadores para construir su poder nacional, pero necesita también construir La Libertad Avanza en las provincias para garantizar su poder nacional. Y ambas cosas no siempre son compatibles. Por eso la negociación con los gobernadores no es un capítulo secundario de la estrategia electoral de 2027. Es una parte central de ella.
La Casa Rosada ya parece haber entendido algo: no todos los gobernadores tienen que ser libertarios. De hecho, el Gobierno estableció distintos modelos posibles de acuerdo: alianzas, listas compartidas, listas separadas o acuerdos de no agresión. Y Karina Milei planteó que las negociaciones electorales estuvieran vinculadas al acompañamiento legislativo de los gobernadores aliados.
Eso cambia la pregunta. Ya no se trata solamente de saber cuántos gobernadores apoyan a Milei. Hay que saber cuántos votos legislativos puede conseguir Milei gracias a cada gobernador y cuánto territorio libertario está dispuesto a resignar para conseguirlos.
Porque ahí está la verdadera negociación. Los gobernadores tienen algo que Milei necesita: territorio, legisladores y capacidad de negociación. Milei tiene algo que muchos gobernadores necesitan: recursos nacionales, inversiones, obras, estabilidad macroeconómica y, sobre todo, la expectativa de continuidad del poder nacional.
Por eso la relación no es de subordinación. Es de intercambio. Y quizás esa sea la clave para entender la estrategia electoral del Presidente. Milei no necesita que todos los gobernadores sean libertarios. Necesita que suficientes gobernadores quieran que Milei siga siendo Presidente. Y del otro lado ocurre algo parecido. Muchos gobernadores no necesitan convertirse en mileístas. Necesitan que Milei les permita gobernar. Por eso, mientras el Presidente intenta eliminar las PASO para evitar que el peronismo encuentre un mecanismo de ordenamiento interno, simultáneamente tiene que hacer algo bastante más complejo: ordenar su propio mapa territorial.
Y para eso necesita sentarse con los gobernadores. Incluso con aquellos a los que, dentro de un año, podría estar enfrentando en las urnas.
El problema de Milei no es conseguir gobernadores libertarios. Es conseguir gobernadores que le den los votos hoy sin quitarle los votos mañana.
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POLITICA
Los datos negativos de la economía generan inquietud y debate en el Gobierno sobre la necesidad de adoptar medidas
La pobreza trepó a 32,3%. El desempleo no bajó en el segundo trimestre del año: se ubicó en 7,9%, contra 7,6% el mismo período de 2025. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de julio cayó 2,9% y comercio (-5,1%), industria (-4,6%) y construcción (-3,3%) estuvieron por debajo del promedio. Las ventas en supermercados en julio fueron para atrás 2,1% en relación con igual mes del año anterior. El viernes, el riesgo país cerró en 609 puntos y el dólar alcanzó un valor nominal anual máximo: $1545.
El Gobierno sigue aferrado al principal activo del programa, la inflación, que en agosto marcó 1,7%, la menor cifra en más de un año. Javier Milei dijo que con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central el problema va a su fin. En la Casa Rosada se agarran también al derrame que pueda venir de la minería y la pesca.
Asimismo, celebran los guiños de la alianza con EE.UU, que les permitió anunciar el “Corredor Andes-Atlántico” como un respiro entre tanto dato en rojo.
La concatenación de esos indicadores reavivaron en lo más íntimo del poder un debate ya existente sobre cómo afrontar el año electoral con un Milei competitivo, pero sin un plan platita y con dudas sobre cuán fuerte será el repunte. La duda es el cómo.
La discusión genera fricciones hacia adentro de la mesa política. Algunos funcionarios de alto rango afirman que el Gobierno piensa medidas que le den un espaldarazo a la gente, aunque admiten que todavía no hay nada concreto para anunciar. Otros le bajan el precio a eso. En el Gobierno se presentan tantas internas como escenarios posibles. El Presidente sigue inflexible, convencido de que el plan económico está funcionando.
Hay voces de alto nivel que aseguran que la mesa política está “más permeable” a “abrir el grifo” para dar señales a la sociedad. La idea es hacerlo sin emitir, a través del movimiento de otras variables, al estilo de los créditos potenciados por el FGS ya anunciados por Luis Caputo.
“Para 2027 tenemos que tomar medidas. El problema es el timing. No podés hacer nada antes de tiempo que afecte el equilibrio fiscal o que repercuta en la inflación. Cerca de la elección deberían tomarse las decisiones de mayor impacto, pero es sensible, porque no pueden afectar las cuentas públicas. El interior viene repuntando, pero los centros urbanos, que tienen más electores, son los más complicados”, admite a un funcionario de alto rango, que entiende que algo hay que hacer.
De ese riñón, una fuente de la Rosada explica que el mayor sacudón no llega por los datos del Indec, sino por los comentarios que los propios funcionarios reciben de “gente cercana”, como empresarios pymes.
La falta de posicionamiento común es tal, que dentro del esquema más cerrado del poder oficialista existen diferentes versiones sobre el ministro de Economía. Hay funcionarios que refieren que a Caputo en el último tiempo se lo vio atento “al impacto social” del plan, pese a que ante Milei se muestre infranqueable. Otros funcionarios, por el contrario, perciben que Milei y Caputo conservan idéntica sintonía. “Están en otra; no acusan recibo”, se quejan esos sectores.
En el karinismo aparecen los más esperanzados. “La resaca de la suba de tasas de octubre pre elección y el Mundial bajaron el nivel de actividad; pero en agosto-septiembre se va a recuperar”, alegan fuentes de esa vertiente y afirman que la pobreza volverá al camino descendente. “Arrancamos en 57% y estamos en 32%”, exponen.
Fuentes consultadas refieren que a Bullrich se la ve más insistente sobre acelerar medidas y que Menem es el más elogioso del esquema Milei.
Quienes dialogan con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, dicen que está atento al devenir de las variables pero confiado. “Habla mucho con el Presidente y con Toto. Tiene una mirada optimista. Cree que para el año que viene el salario, un factor clave en la elección, va a estar por arriba de la inflación; que así va a incrementar el poder adquisitivo y se va a sentir la mejora, probablemente empujada desde el interior hacia los grandes centros urbanos”, refieren fuentes al tanto. De todos modos es un jugador de varias batallas que sabe leer las señales del cuadro social.
En sectores empresariales que bancan a Milei el devenir del programa es un tema complejo. Una amplia mayoría celebra la disciplina fiscal del Presidente y elige creer. Pero los más mileístas rezongan de que hay empresarios que alientan un “empujoncito” para garantizar la reelección y que no vuelva el kirchnerismo. “Hay algunos empresarios que celebramos la determinación de Milei y la consistencia del programa. Pero hay otros que creen que es más importante ganar el año que viene”, expone una voz importante de ese mundo a .
En el círculo rojo ciertos actores se entusiasman con una política monetaria menos restrictiva. Milei ya dijo que el dólar está bien en este nivel. Otros barajan la idea de graduar más la quita de subsidios para 2027, pero por ahora está en el plano de la imaginación. En la Casa Rosada siguen enfáticos en que el espaldarazo solo llegará a través del crédito y las inversiones. Por eso, observan con detalle la suba del riesgo país.
“Lo que más complica es el riesgo país, porque en un gobierno que no hace plan platita es vital el financiamiento externo. Si llegás al período alto de campaña con señales hacia el mundo de que la Argentina es un país confiable, tenés más chances; sino, no. Plata en la calle no van a poner porque cualquier cosa que dispare la inflación y arremeta contra el déficit cero es un problema. La idea es: riesgo país bajo, inversiones y acceso al crédito más barato”, desglosa un colaborador de la Rosada.
El operativo Milei 2027 está activado. Los equipos políticos saben que el discurso de la motosierra y el ajuste de 2023 no alcanzará. Tampoco habrá obra pública para mostrar. Será lo económico. Ante las cifras de alarma de estos días, se reflotó el fantasma de lo que llaman “el riesgo kuka”. Milei retomó el mote “soviético” para Axel Kicillof, a quien sube a la palestra. Es el opositor preferido del Gobierno.
El Milei 2027, aseguran, también tendrá que vender esperanza “en la etapa dos”. En esa línea, el Presidente -que según encuestas del Gobierno oscila en torno a los 30 puntos- prometió el viernes: “Si somos reelectos, 2028 va a ser el mejor año de la Argentina”.
Su espíritu reeleccionista anticipado generó dudas sobre por qué la Casa Rosada alentó desde tan temprano el clima electoral, que en la Argentina históricamente pegó en la economía. Karina Milei, que no habló en casi tres años de gestión, esta semana conversó con los medios tres veces. “Vamos por buen camino, sigan esperanzados”, sentenció, en línea con su hermano.
En los pasillos de Balcarce 50 hay versiones de que la arenga de reelección venga para refrendar que el candidato es Milei. Los desconfiados perciben que se trata de instalar “la idea de continuidad con otro personaje” y que por eso el esquema oficialista ya lo subió al ring. “Con un círculo rojo que busca candidato, con Bullrich que amaga, y con Macri y Lacunza que también, es como si no estuviera tan claro que el Presidente es el candidato de la centroderecha, que va por la reelección. Como si hubiera que reforzar que es él”, deslizan.
pobreza trepó a 32,3%,el “Corredor Andes-Atlántico”,https://t.co/FWzKRMjP4z,September 24, 2026,Paula Rossi,Javier Milei,Pobreza,Luis Caputo,Conforme a
POLITICA
La polémica Ley Moyano vuelve a escena con la nueva licitación para la recolección de residuos en CABA
Cuando tenga lugar la audiencia pública para analizar los pliegos de licitación del servicio de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires, el 5 de octubre, puede iniciarse una pelea de fondo con el Sindicato de Camioneros: están en juego las condiciones en que se otorgarán las concesiones entre 2028 y 2038, pero el gobierno de Jorge Macri por ahora no contempla pagar las indemnizaciones que desde los años 90 recibe el gremio de los Moyano al renovarse los contratos.
Ese es el significativo dato que puso en alerta al gremio de Hugo Moyano y su hijo Pablo a partir de los anteproyectos de pliegos del servicio público de higiene urbana de CABA, que serán evaluados en la audiencia pública del 5 de octubre, que se hará de manera virtual, y se sabe que los líderes de Camioneros protestarán si en las cláusulas no figuran las indemnizaciones para ser pagadas al personal del sector dentro de casi 12 años.
Pero, a la vez, también podrían amenazar con medidas porque los Moyano tampoco están seguros de que en el presupuesto de la ciudad para 2027, que el jefe de Gobierno presentará en la Legislatura porteña, estén contempladas las partidas para resarcir económicamente a los 6 mil trabajadores del sector, aunque desde septiembre de 2028 y durante 10 años mantendrán su empleo en las mismas empresas o en otras similares que ganen la licitación para recolectar la basura en la ciudad.
Están en discusión alrededor de 200 millones de dólares, necesarios para indemnizar a los recolectores de residuos porteños, que deberían pagarse porque en el último pliego licitatorio, cuyo vencimiento se prorrogó hasta septiembre de 2028, el punto 3, Régimen de Personal Operativo, contempla un ítem llamado “Indemnizaciones Finales”, que establece: “Al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores”.
El trasfondo del enfrentamiento que se perfila es la aplicación de la polémica Ley Moyano, esa norma no escrita por la cual el Sindicato de Camioneros viene logrando desde 1998 que cada vez una empresa gana una concesión de servicios o cambia de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.
Esa “ley”, en realidad, no tiene basamento jurídico alguno sino sólo un fundamento basado en el poder de fuego del sindicato liderado por los Moyano.
La Ley Moyano se inauguró en 1998 con la finalización del contrato con Manliba y se afianzó en la gestión porteña de Mauricio Macri cuando tenía aspiraciones de un proyecto político nacional: en 2012 impulsó en la Legislatura de la ciudad la aprobación de un bono por 220 millones de pesos para indemnizar a los recolectores de residuos por cada cambio de concesión.
Desde entonces, la “ley” de Camioneros se impuso en las municipalidades de Avellaneda y Moreno ante las nuevas concesiones para la recolección de basura, en una distribuidora de la cervecería Quilmes y en filiales locales de empresas internacionales como DHL y FedEx.
También fue el eje del duro conflicto cuando el supermercado Walmart fue adquirido por el Grupo Narváez, en marzo de 2021, y el Sindicato de Camioneros bloqueó un depósito de la empresa para se aceptara su exigencia de echar a 500 de los 718 empleados del Centro de Distribución, pagarles la doble indemnización que regía y volver a emplearlos. Finalmente, no hubo indemnización, pero sí un acuerdo mediante el pago de 227.576.922 millones de pesos a 477 trabajadores como una gratificación extraordinaria.
El ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que mantenía muy buenas relaciones con Camioneros, soportó la misma presión cuando en 2022 decidió estatizar el sistema de grúas: Pablo Moyano lo acusó de querer precarizar el salario de 500 trabajadores que realizan los trabajos de grúas y remolques y sacarlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, aunque no dejó de negociar con los funcionarios de la ciudad.
El acuerdo final consistió en que los 500 empleados de las empresas Dakota y BRD pasaran a SBASE, empresa del Estado porteño, donde mantendrían el mismo convenio laboral de Camioneros, y cada uno de ellos cobró una indemnización de hasta 4 millones de pesos, es decir, un total de casi 2000 millones de pesos.
Jorge Macri heredó la “jurisprudencia” de la Ley Moyano sentada por sus predecesores del PRO. En mayo de 2024, Pablo Moyano amenazó con llenar la ciudad de basura a partir de octubre si el gobierno porteño no indemnizaba a 6 mil trabajadores por el próximo vencimiento de los contratos de recolección de residuos.
Pero en la administración macrista se pusieron firmes; advirtieron que esos contratos se firmaron en enero de 2014, con inicio el 1° de octubre de ese año y por un plazo de 10 años, pero en 2020 se suscribieron Actas Acuerdos mediante las cuales “se prorrogaron los contratos por cuatro años contados a partir de la fecha del vencimiento contractual, operando el nuevo vencimiento el 30 de septiembre de 2028″.
Lo que sucedió fue que Rodríguez Larreta impulsó esa prórroga a raíz de las restricciones presupuestarias que causó la quita de la coparticipación dispuesta por el gobierno de Alberto Fernández y bajo el paraguas de la ley de emergencia económica porteña.
El sindicato se aferró a la interpretación de que aún se encontraba vigente el contrato surgido de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-SIGAF/13, que otorgó a 6 empresas la recolección de residuos en la ciudad, y aseguró que aun en caso de prórroga se debería indemnizar a los trabajadores. La pelea parecía inevitable, aunque comenzaron negociaciones.
En octubre de 2024, finalmente, el gobierno de Jorge Macri selló la paz con Hugo Moyano en el duro conflicto que se perfilaba: a cambio de no insistir en su reclamo de indemnizaciones, Camioneros logró una compensación para los empleados próximos a jubilarse y a quienes arrastraban problemas de salud desde la pandemia y no cumplían sus tareas, entre otros beneficios.
Sin embargo, un mes después, el entendimiento desató una tormenta para el líder de Camioneros: hubo tumultuosas asambleas en algunas empresas de recolección de residuos en CABA donde los trabajadores protestaron, entre gritos e insultos, por el acuerdo entre el gremio y el gobierno porteño por el cual no se pagarían indemnizaciones a los 6 mil empleados.
En los videos que circularon, que correspondieron a lo sucedido en la empresa Cliba, hubo ataques verbales contra Pablo Moyano (”Pablito traidor”, dijo un trabajador ante la cámara) y fuertes discusiones en una asamblea espontánea que promovieron los empleados: “¿Vos me asegurás que en 2028 nos van a pagar? ¡Qué nos van a pagar!”, le dijeron a un delegado.
La inédita muestra de rebeldía de las bases del moyanismo en la rama de recolección de residuos obligó a que el número 3 del sindicato, Marcelo Aparicio, difundiera un extenso video para explicar la situación a los trabajadores. Allí calificó de “privilegio” que se aplicara la Ley Moyano a los que se desempeñan en la ciudad y reconoció que ese “beneficio que ha otorgado la organización gremial no existe en la ley”, pese a lo cual permitió hasta ahora “cobrar las indemnizaciones y mantener la antigüedad correspondiente”.
Para colmo, el conflicto se agitó al calor de la pelea entre Hugo y Pablo Moyano desde fines de 2021 por sus diferencias ante la crisis financiera de la obra social: la rama de recolección de residuos, clave para el poder de Camioneros, fue escenario de la batalla familiar, donde partidarios de cada jefe del clan trataban de aprovechar el malestar de la gente para perjudicar al otro.
Por eso el líder sindical apartó a su hijo del reclamo de indemnizaciones y se puso al frente de las tratativas con la vicejefa del gobierno porteño, Clara Muzzio. Así se llegó al acuerdo final, en el que el sindicato aceptó que no se aplicara ahora la Ley Moyano, pero la inédita rebelión en las bases obligó a Hugo Moyano a reflotar en noviembre de 2025 el reclamo de indemnizaciones ante las concesionarias del sector, que rechazaron el planteo, de la misma forma que lo hizo el gobierno macrista.
Ahora, la inminente licitación del servicio de recolección de residuos en CABA, que avanzará a partir de la audiencia pública del 5 de octubre, amaga con actualizar la disputa por la aplicación de la Ley Moyano.
El sindicato, ahora fortalecido por la flamante reconciliación entre Hugo y Pablo, acaba de confirmar que no descuida los reclamos por la vigencia de su polémica “ley”: la semana pasada firmó un acuerdo por el traspaso de 50 trabajadores de la empresa DHL a Loginter que incluye el pago de las indemnizaciones.
Mientras, hay quienes recuerdan que en la Legislatura porteña todavía está el proyecto de Facundo del Gaiso (Coalición Cívica), presentado el año pasado y conocido como “Ley Anti Moyano”, que establece que si hay continuidad laboral en las empresas no corresponde indemnizar por parte del gobierno porteño y si se producen ceses los pagos deben correr exclusivamente por cuenta de las compañías, e incluso contempla sanciones para los funcionarios que convaliden este tipo de indemnizaciones con fondos del Estado.
¿El gobierno porteño está dispuesto a desactivar el pago de las indemnizaciones e ir a la guerra con el sindicato? Si fuera así, ¿esa decisión será utilizada como una herramienta electoral en un distrito donde los Moyano tienen muy mala imagen? ¿O se buscará algún acuerdo para impedir que todo termine en montañas de basura en las calles por las medidas de fuerza del sindicato? Son algunas de las dudas que irrumpen en un tablero donde se juega la solidez del imperio de Camioneros.
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