Pese a las diferencias existentes en torno a los plazos y las condiciones a la hora de conversar con los 13 gobernadores aliados, el Gobierno tiene en mente un posible esquema de alianzas en función de las necesidades presentadas en cada territorio. La posibilidad de cerrar un acuerdo macro, que fije los mismos criterios, aparece cada vez más lejana, por lo que se impone la decisión de negociar “provincia por provincia”.

Una importante fuente oficial reveló a Infobae que los diálogos están en curso y que los entendimientos tendrán sus particularidades en base a las características y al electorado de cada provincia. “Son ellos (los gobernadores) los que tienen que definir porque son los que realizan un monitoreo permanente de sus electores”, precisó un funcionario ante este medio.

Tras el viaje a París, en el marco de la Argentina Week, en el oficialismo intensifican esfuerzos para consolidar el acercamiento de los 12 gobernadores aliados y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para avanzar en alianzas que le permitan a La Libertad Avanza competir por la reelección del presidente Javier Milei en 2027.

Es en ese marco donde detectan ocho potenciales listas conjuntas, de las cuales cuatro están encaminadas, y cuatro escenarios de “confrontación acordada”. También persiste la incertidumbre en algunas provincias donde la Justicia interviene en el proceso electoral, y la decisión por competir en los territorios grandes y donde gobierna el peronismo.

En varios despachos de Balcarce 50 aseguran que los acuerdos más avanzados son los que se ensayaron por primera vez en las elecciones legislativas de 2025 e involucran a Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco). A esta lista suman además a Juan Pablo Valdés (Corrientes), de las pocas provincias que no eligen gobernador el año próximo debido a que los comicios tuvieron lugar en 2025.

En un segundo nivel de optimismo ubican a Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), aunque advierten que las conversaciones con ellos todavía son incipientes. En Casa Rosada sostienen que con los mencionados podrían avanzar en eventuales listas conjuntas si logran profundizar la tónica de las charlas en curso.

Para la tarea, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, instruyó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a cerrar nuevos encuentros individuales con los gobernadores para avanzar en las primeras definiciones sobre posibles acuerdos.

Lo hace en medio del debate que atraviesa a la plana de poder sobre los tiempos y condiciones de los acuerdos. Mientras Luis Caputo y Santilli consideran que las negociaciones deben concretarse cuando antes, los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem se muestran más pacientes.

En paralelo a las discusiones, los más pesimistas vaticinan que las negociaciones podrían extenderse hasta principios de marzo. “Es lógico que los gobernadores estén ansiosos por la falta de definiciones. La tensión permanente termina agotando”, planteó ante Infobae un integrante de la mesa política.

Del listado de los 13, Casa Rosada evalúa negociar un esquema de “competencia acordada” con cuatro mandatarios provinciales: Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), a los que se le suman Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Entre los argumentos figuran el pedido de los gobernadores de presentarse de manera diferenciada, debido a que no comparten electorado con La Libertad Avanza, y a la fuerza del peronismo en las distintas provincias, que lleva a los mandatarios a considerar que una competencia con listas separadas podría reducir su caudal electoral.

Por último, ubican el caso de Gustavo Sáenz (Salta), que está sujeto a la definición de la justicia provincial. El salteño tiene intenciones de buscar un tercer mandato, aunque la reforma constitucional de 2021 estableció un límite de dos mandatos, por lo que su candidatura depende de la interpretación judicial.

Por fuera de esos escenarios, en el armado libertario anticipan que competirán en Córdoba, donde el vínculo con el gobernador Martín Llaryora es ambiguo, y en las provincias gobernadas por el peronismo, entre ellas Buenos Aires, La Pampa, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego.

La Cámara de Diputados retomará este miércoles el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. El oficialismo buscará cerrar un acuerdo con los bloques aliados para avanzar con la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei.

Aunque La Libertad Avanza pretende llevar la iniciativa al recinto en la sesión prevista para el 21 de octubre, las diferencias sobre algunos artículos podrían postergar la firma de los dictámenes.

Este miércoles, a las 15, se realizará un nuevo plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal. Será la cuarta reunión convocada por el diputado libertario Carlos Zapata y tendrá carácter informativo. Si el oficialismo no logra responder a los planteos de los aliados, la firma de los dictámenes quedará para más adelante.

Los aliados reclaman cambios al proyecto

La iniciativa fue uno de los temas abordados el martes por la Mesa Política de la Casa Rosada, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El titular de la Cámara baja, Martín Menem, también busca incorporar el proyecto al temario de la próxima sesión, pero los bloques dialoguistas todavía no dieron su respaldo al texto completo.

Los sectores aliados reclaman modificaciones en distintos artículos del proyecto que Milei envió al Congreso después de sus anuncios sobre la defensa de la soberanía argentina en Malvinas, realizados por cadena nacional. El oficialismo recibió propuestas de varios bloques y las coordina con el Gobierno, aunque todavía no llegó al Parlamento una versión definitiva que permita reunir las mayorías necesarias.

La bancada de Unión por la Patria (UxP), a través de su jefe, Germán Martínez, pidió durante el plenario de la semana pasada, ante la presencia de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, dividir el tratamiento de la iniciativa.

El planteo apunta a debatir por separado el aumento de las sanciones a las empresas que exploten hidrocarburos en las cuencas de las Islas Malvinas y las modificaciones a las leyes de Seguridad Interior e Inteligencia.

Sin embargo, el Gobierno rechazó esa alternativa y resolvió mantener el tratamiento unificado. De esta manera, los diputados deberán optar por acompañar o rechazar el proyecto en su conjunto, aunque podrán proponer cambios durante las negociaciones.

Uno de los pedidos de los sectores aliados apunta a establecer mecanismos de control sobre las políticas de seguridad nacional. En ese sentido, Ibarzabal Murphy anticipó que el Gobierno analiza incorporar una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad Nacional.

“Estos temas de seguridad nacional deben tener la coordinación de los tres poderes. Estamos analizando incorporar la creación de una comisión Bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad nacional”, señaló la funcionaria.

Otro de los artículos que genera cuestionamientos establece penas de hasta 12 años de prisión para quienes, según el texto impulsado por el Gobierno, “financien o coordinen campañas de desinformación masiva destinadas a manipular la opinión pública”.

La iniciativa también fija restricciones al financiamiento y al asesoramiento de origen extranjero en las campañas políticas. Estos puntos forman parte de las conversaciones que el oficialismo mantiene con los bloques dialoguistas para intentar destrabar el tratamiento parlamentario.

Qué establece el proyecto sobre la soberanía en Malvinas

Entre los principales ejes de la iniciativa figura un nuevo régimen de sanciones para la explotación no autorizada de recursos naturales vinculados con las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

El texto contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas conductas relacionadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina.

También prevé consecuencias económicas para las personas y empresas sancionadas. Entre otras medidas, podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades en el país, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.

Además de las sanciones vinculadas con la explotación de recursos naturales, el proyecto propone modificaciones en la estructura de seguridad nacional y en distintos aspectos de la legislación de inteligencia.

Lee También: El Gobierno reunió a la mesa política para frenar a la oposición en el Congreso y avanzar en las negociaciones con gobernadores

El nuevo plenario se realizará horas después de la presentación de la Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con el objetivo de impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca de Malvinas.

El canciller Pablo Quirno anunció la iniciativa a través de sus redes sociales y afirmó: “En un hecho sin precedentes, la República Argentina solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que tome medidas provisionales para que el Reino Unido cese las acciones unilaterales en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas”.

El funcionario agregó que el país pidió al tribunal que impida el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de Malvinas por parte del proyecto denominado “Sea Lion”.

El respaldo a la política de defensa

En paralelo con las negociaciones parlamentarias, el diputado libertario Federico Pelli se reunió con el general Jorge Alberto Puebla, secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, quien también participó del primer plenario de comisiones.

Tras el encuentro, Pelli destacó la necesidad de fortalecer la política de defensa y avanzar en medidas vinculadas con la soberanía nacional.

“Intercambiamos ideas sobre la importancia de fortalecer nuestra política de defensa y avanzar con acciones concretas en la defensa de nuestros derechos soberanos, especialmente en la cuestión Malvinas. La soberanía se defiende con convicción, responsabilidad y decisiones concretas. Ese es nuestro compromiso con la Argentina y con quienes dieron su vida por nuestra Nación”, expresó el legislador.

Con las diferencias todavía abiertas y sin una versión definitiva del proyecto, el plenario de este miércoles será clave para determinar si el oficialismo logra acercar posiciones con los aliados o debe postergar la firma de los dictámenes.

Malvinas Argentinas, Diputados, Pablo Quirno

Tras el diagnóstico de cáncer de León XIV, el Gobierno quedó otra vez a la espera de una definición del Vaticano y puertas adentro ya se especula con el impacto que tendría una visita papal en el año electoral.

La Santa Sede, más preocupada por la salud del Sumo Pontífice que por cualquiera de sus actividades programadas, no comunicó cambios aún a los países de la región que aún tiene planeado visitar, incluida la Argentina. Y en la Casa Rosada, si bien quedaron en ascuas y no tienen claridad sobre la posibilidad de que se suspenda o postergue la visita, algunos dirigentes respiraron aliviados.

Otros abrieron un nuevo interrogante: la posibilidad de que una reprogramación -que reconoció anoche la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva– provoque que el Papa llegue al país en el año electoral.

La de las visitas papales en año electoral no es una regla escrita, pero en general los papas suelen evitarlas. Y si bien no hay una política clara de parte de Robert Prevost al respecto, en mileismo deslizan que en su corto papado por ahora no hay registros de visitas a países en la previa de sus elecciones presidenciales.

La visita está prevista para el 8 al 11 de noviembre y, desde que se confirmó, algunos en la Casa Rosada vieron el viaje como un bálsamo político para cerrar el año antes de que arranque la campaña de 2027. Otros reconocieron que estaría atravesado por una lectura social (negativa) del país.

Una jornada de desconcierto

El Gobierno quedó en ascuas tras conocerse el diagnóstico del Papa. No esperaban que el nódulo fuera maligno. Y creían, contra los pronósticos y análisis de los mejores médicos, que no habría inconvenientes con que pudiera viajar.

Hasta la mañana de ayer, las terminales de contacto con el Vaticano estaban convencidas de que el Papa vendría. Esto a pesar de que en ámbitos de especialistas advertían que el posoperatorio sería complicado. “No es una operación grave” y “no hay riesgo de que no venga” eran las frases que se repetían en el oficialismo.

Los oncólogos suelen recomendar no volar durante tres semanas después de una cirugía de este tipo, un plazo que coincide con el margen del viaje. Se abrieron así las especulaciones sobre si podría volar, cuándo, y qué lugar ocuparía una eventual reprogramación en el calendario político electoral argentino para el oficialismo.

La secuencia del Gobierno evidenció el desconcierto. La conferencia del vocero Adrián Ravier estaba fijada para las 16 y, hasta ese momento, la información que manejaba el Gobierno, transmitida por el vocero vaticano, era que la operación había sido un éxito y que no alteraba la visita. Ravier habló con ese dato. Poco después, cerca de las 17, llegó el segundo parte con la confirmación de la malignidad. Pese al impacto, la agenda oficial siguió su curso. Y la consigna que bajó desde la cúpula fue esperar al Vaticano y mantener la cautela.

Milei le había expresado sus buenos deseos a Su Santidad de cara a la operación, pero después del resultado de la intervención se llamó a silencio, al igual que sus ministros. “Sería caranchear. Ya está, ya dijimos lo que había que decir sobre el tema”, justificaron en Balcarce 50. “Se hará algún ajuste, pero sigue todo normal”, le bajaron importancia en uno de los ministerios.

Por lo bajo era otro cantar. “Nadie va a decirlo, pero es un alivio”, admitieron en el Gobierno, después de semanas de ruidos con la Iglesia y de un dato de pobreza que debilitó el argumento oficial en vísperas de una visita que estaría atravesada por una lectura social del país.

Sea cual sea la decisión, con la enfermedad del Papa otra vez el Gobierno queda a merced de Roma. Durante todo el año esperaron que el Vaticano confirmara el viaje, designara al nuncio y fijara la fecha. Ahora harán lo mismo: la orden es no adelantar nada. “Todas las comunicaciones las hicieron ellos. Por ahora lo único que tenemos es esto”, dijo un funcionario.

La incógnita es si el Vaticano ratifica, ajusta o posterga el viaje, y cuándo lo informa. Hasta entonces, en la Casa Rosada piensan seguir como hasta ahora: esperar, no anunciar y mantener la agenda. Mientras, las especulaciones políticas están en marcha.

Europe,Religion / Belief,VATICAN