POLITICA
Turbulencias en la sala de máquinas

El lunes arrancó la semana nublado y húmedo. Casi premonitorio. También empezó con la aplicación del decreto 690 sobre practicaje y pilotaje de barcos, una medida que generó una crisis breve, pero profunda, y que expuso los laberintos inexplicables de un gobierno que no logra encontrar un modo de funcionamiento orgánico, a pesar de que se encamina a cumplir tres años.
La iniciativa tuvo siempre ese inconfundible gusto por las grandes batallas contra los pequeños privilegios que Federico Sturzenegger saborea como nadie. Era una vieja idea que había compartido con Javier Milei, siempre entusiasta con todas las propuestas de desregulación. Sin embargo, durante dos años no encontraba eco en el gabinete para sumar las firmas necesarias, entre otras razones porque Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad se lo venía frenando. Con Alejandra Monteoliva en su lugar, y Carlos Presti en Defensa, ese problema había quedado resuelto. Eran piezas clave porque se suponía que oficiales de la Armada y de Prefectura deberían hacerse cargo de la operatoria con los barcos en el caso, muy previsible, de que la medida derivara en un conflicto. Los dos garantizaron cobertura absoluta ante esa eventualidad.
Cuando el tema avanzó, la Secretaría Legal y Técnica planteó observaciones técnicas, pero Sturzenegger aceleró y el decreto finalmente se firmó con el claro objetivo de reducir los envidiables salarios de más de US$15.000 que cobran algo más de 500 prácticos y pilotos navales. La reacción fue una medida de fuerza que paralizó 185 barcos. Pero cuando se quisieron activar las medidas de emergencia previstas, todas fracasaron.
A la hora de reemplazar a los marinos, la Armada admitió que sólo contaba con seis oficiales disponibles para la tarea y la Prefectura con ninguno. Alguien sugirió entonces recurrir a quienes se encargan de otorgar las habilitaciones a los prácticos, dado que se supone que deben contar con la experiencia suficiente. Pero se enteraron ahí que son ellos mismos los que se autorizan las titulaciones.
En sólo 48 horas la situación se agravó exponencialmente. Las empresas del sector hidrocarburífero avisaron al Gobierno que quedaban insumos para sólo tres días más y después podía haber faltante de combustibles. Sonaron las alarmas y el tema estalló en la mesa política del martes. Bullrich arremetió contra Sturzenegger y esta vez no halló resistencia en Karina Milei, quien también dejó circular su malestar con el ministro.
Se resolvió dar marcha atrás, pero sin derogar el decreto, y se acordó una baja salarial para los prácticos para disimular la derrota. Diego Santilli se encargó de instrumentar el repliegue, también con la intervención de Santiago Caputo. “Quizás debimos haberlo analizado en la mesa política antes de firmar el decreto. Federico tiene buenas intenciones, pero no termina de contar con reflejos políticos. No podemos tomar una medida así y no tener garantías de poder sostener el conflicto. No midió el problema operativo”, resumió con piedad un integrante de la mesa política. Sus pares tuvieron expresiones menos misericordiosas.
El episodio hubiera tenido el carácter de una anécdota rápidamente olvidable si no hubiese retratado tan fielmente el conjunto de falencias que todavía aquejan al gobierno y que dan cuenta de que, un mes y medio después de la salida de Manuel Adorni, la oxigenación interna que generó ese movimiento no derivó aún en un funcionamiento interno más fluido.
Problema 1: Sturzenegger tiene una llegada directa a Milei, quien siente admiración por su ministro, por sus pergaminos académicos, y también por su atrevimiento para ser políticamente incorrecto. Es una de las debilidades del Presidente. Ese diálogo directo entre ellos opera como un bypass a la mesa política, que no logra filtrar sus ideas. Lo mismo ocurre con otros ministros y denota que sigue habiendo un esquema radial en muchas decisiones, en detrimento de un mecanismo más orgánico.
Problema 2: la mesa política ganó dinámica con la renovación del gabinete, pero no cuenta con una voz ordenadora. Su ampliación le quitó eficacia, además de que las desconfianzas internas por las filtraciones hicieron que muchas veces se eludan los temas espinosos. Karina Milei es claramente la más influyente, pero no llega a todos los rincones de la gestión. Cada vez se apoya más en Santilli, quien ejerce de bombero de emergencias. Los Menem intervienen con intermitencias. Caputo está en una etapa de retracción. No faltan actores; el problema es la dinámica. Muchas veces hay temas que deambulan y no se definen simplemente porque nadie baja el martillo. Y en otras ocasiones, los problemas pasan por la colectora sin ser detectados, como el de los prácticos.
Problema 3: el más grave de todos, sin duda, es que Milei profundizó su aislamiento de la dinámica diaria de la gestión a partir de la salida de Adorni, algo que sorprendió mucho a sus interlocutores de las últimas semanas. En el propio Gobierno lo admiten. Como si hubiese quedado desgastado emocionalmente. Se retrajo en el mundo de Olivos, de los viajes y de la teoría económica, y no hay registro de que haya intervenido en la crisis de los prácticos, como tampoco en el debate por la ley de tierras. Su entorno se angostó mucho y se volvió más impermeable al intercambio de ideas. Esa ausencia de una conducción clara en el Gabinete deriva muchas veces en un proceso de toma de decisiones inconcluso, contradictorio e inconsulto.
Todos estos problemas autogenerados también quedaron expuestos en el traspié con el capítulo de la extranjerización de las tierras. Hubo un déficit para interpretar el clima nacionalista post Mundial que era contradictorio con el otorgamiento de un beneficio a los forasteros “antiargentinos”.
Esto hizo que el Gobierno, que hace dos meses relegó la iniciativa en medio de la indiferencia social para priorizar los pliegos judiciales (y después se pasó semanas sin poder sesionar por miedo a una interpelación a Adorni), ahora perdiera rápidamente el debate público. Nadie articuló un discurso convincente de por qué había que eliminar el límite a la compra de tierras. También se sumó el hartazgo que hace tiempo generan en el Congreso los proyectos ómnibus que redacta Sturzenegger, sobrecargados de muchos ejes diferentes y sensibles, todos en el mismo texto.
Pero el dato político más complejo fue el corcoveo de los gobernadores aliados, que empezaron a manifestar un cansancio con las indefiniciones de la Casa Rosada respecto del futuro electoral. “Nos están llevando de a poco y no resuelven nada”, fue la queja que escucharon en el Gobierno esta semana de mandatarios cercanos, como el tucumano Osvaldo Jaldo, el neuquino Rolando Figueroa, el misionero Hugo Passalacqua (que acaba de rebelarse contra Carlos Rovira y adoptó una posición más opositora) y el salteño Gustavo Sáenz.
Empieza a desgastarse otra vez el mecanismo de negociación ley por ley, gobernador por gobernador, senador por senador. En el verano, con el ímpetu del triunfo electoral, el mecanismo funcionó aceitadamente. Ahora, la ecuación ya no es la misma; el Gobierno volvió a perder ritmo. ¿Qué pasó con el acuerdo marco con una docena de gobernadores que en junio se había conversado en la cúpula del poder para blindar la economía y el camino electoral? Laberintos, radialidad, descoordinación, prescindencia.
El Gobierno parece por momentos haber extraviado el sensor del humor social que lo caracterizaba en su primera etapa, y eso lo lleva a impulsar una agenda que luce descalzada de las principales demandas. La batería de proyectos que atragantan la agenda legislativa se entiende sólo bajo una lógica endogámica, no política: súper RIGI, inocencia fiscal, Banco Central, lobby, hojarasca. Milei puro, pero nada que genere conexión. Por eso dejaron trascender en la mesa política que propuestas como la desregulación de farmacias, inmobiliarias o precios de libros quedarán congeladas. “Basta de batallas que no conducen a ningún lugar”, tronó una voz brava de la conducción.
El reformismo permanente encontró un límite en el Congreso, pero también en la percepción social porque con sus iniciativas el Gobierno no logra implicancias directas en la vida cotidiana y desgasta uno de los principales mandatos que tenía.
A diferencia de lo que ocurrió con Mauricio Macri, Milei asumió con una sociedad que, después de décadas de mantener una postura adaptativa pro status quo, pasó a pedir cambios radicales. Él fue un emergente extremo de esa voluntad de viraje profundo que sólo un hartazgo muy estructural e inédito logró modelar.
Pero entre la persistencia de las dificultades económicas y el desenfoque de la agenda del Gobierno, parece empezar a producirse también una erosión en lo que Milei representa como vector de transformaciones profundas, aunque con un límite muy claro: cualquier cosa menos el pasado. Cada vez que el pasado amenaza, el Presidente recupera crédito en su misión.
Una tendencia estructural
En el fondo emerge un diagnóstico compartido internamente: el caso Adorni generó mucho daño, pero su apartamiento no mejoró demasiado la imagen del Gobierno, al que le está costando demasiado administrar el arranque del segundo semestre.
Según los números que se manejan en la Casa Rosada, la imagen positiva de la gestión pasó de 45% favorable-55% desfavorable a principio de año, a 35% favorable-65% desfavorable ahora. El problema mayor es que no evolucionó desde que se fue el jefe de Gabinete. Lo bueno es que tampoco se agravó y eso sigue dejando competitivo a un oficialismo que mantiene un tercio del electorado como piso. Es otras de las anomalías del fenómeno libertario, que puede hacer coexistir malestar y pesimismo con la percepción de que incluso así puede ganar el año próximo.
Mientras siga apareciendo Ricardo Quintela con propuestas de expropiación, Milei seguirá con chances altas de reelección; si emerge alguien con un mensaje más convocante que aglutine el enojo con el Gobierno, la suerte estará echada.
Una encuesta de la consultora Escenarios, de Federico Zapata y Pablo Touzón, arroja algunas conclusiones importantes que ayudan a entender las dificultades libertarias. En primer lugar, que se quebró el principal activo del Gobierno que eran las expectativas positivas (52,9% piensa que estará peor dentro de un año), un dato que puede empezar a erosionar la paciencia con el ajuste.
En segundo término, que finalizó el crédito de la herencia recibida: entre el 70% y el 90% responsabiliza a la actual gestión por los diferentes problemas económicos. Después ratifica que la lucha contra la corrupción quedó erosionada como capital anticasta del oficialismo, para entonces concluir: “El deterioro oficialista dejó de ser coyuntural”, porque esos indicadores “configuran un piso de malestar estructural que la sola estabilización monetaria ya no compensa”. No era sólo un problema de cascadas.
A pesar de estas evidencias, el Presidente no tiene previsto alterar sus prioridades. “Javier no va a cambiar nada, no a va a hacer otra cosa por el riesgo de perder la elección. La gente lo votó para que baje la inflación y ajuste el gasto, y es lo que está haciendo. Si la gente ahora pide otra cosa, votará a otro; él no tiene problemas en perder, esa es la novedad del personaje. Si piden más producción, apoyo a las pymes o asistencia a los morosos, eso no es para nosotros”. La reflexión, muy reveladora, pertenece a una persona de extrema confianza de los Milei. Es uno de los principales atributos que conserva el líder libertario: ser frontal y genuino con sus posturas, aunque eso le traiga problemas.
Pero esta inflexibilidad no es inocua. Hace tiempo que Luis Caputo viene expresando internamente su inquietud por la lentitud que exhiben los indicadores de reactivación económica. Más allá de la batalla que libra en público por los datos, hacia adentro del Gobierno deja traslucir su impaciencia, pero no logra perforar la barrera presidencial.
Concretamente, el ministro estaría dispuesto a resignar algo del ritmo de la baja de la inflación, a cambio de motorizar el crédito, el consumo y la actividad. Pero Milei no cede; la inflación es su prioridad total, aun cuando le explican que las preocupaciones de la gente se desplazaron desde los precios hacia el poder adquisitivo y el empleo. “¿Qué hace entonces Toto? Equilibrio, entre el Presidente y su equipo económico, y la va llevando. Pero él preferiría atender ahora más la recuperación”, señala un interlocutor directo del ministro.
En este contexto, lo que considera el problema más acuciante es la falta de circulante, por la absorción de pesos y porque los dólares no fluyen. En las últimas semanas se dio una larga discusión en torno de la propuesta de introducir un cambio monetario para promover que los bancos puedan otorgar préstamos en dólares, que movilice parte de los US$7000 millones que están encajados. Finalmente en los últimos días se llegó a un acuerdo para avanzar y se prevé su anuncio en las próximas semanas. Si no vuelve a caer en el laberinto libertario.
Jorge Liotti,Conforme a
POLITICA
Un condecorado veterano de Malvinas sería el candidato a asumir como director de la Escuela Nacional de Inteligencia

Un condecorado veterano de la guerra en las Islas Malvinas se perfila como candidato principal para asumir al frente de la Escueal de Inteligencia (ENI), con la misión de llevar adelante un nuevo modelo de formación de especialistas de la SIDE.
El coronel retirado Carlos Daniel Esteban es actualmente secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de la Defensa y, más allá de su conocida carrera militar y la medalla “Al Valor en Combate” obtenida por su desempeño en el conflicto en 1982, cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas cursado en la Universidad de El Salvador.
Aquellos que conocen el ambiente castrense destacan que desde su retiro Esteban sumó una importante participación en la vida universitaria, por lo que señalan que su posible llegada a la ENI apuntaría a consolidar un perfil técnico a la carrera de profesionales de inteligencia.
En septiembre pasado, el Gobierno presentó el cambio en el estatuto de formación de agentes de la SIDE, cuya base será la actualización de la ENI. “Por primera vez, tendrá un proceso de ingreso abierto y transparente y una carrera profesional basada en parámetros objetivos. [El nuevo estatuto] sentará las bases para construir un Cuerpo de Inteligencia integrado por los mejores perfiles, despolitizado y preparado para defender los intereses de la Argentina”, se fundamentó en el decreto presidente Javier Milei.
Y se estableció que “la Escueal de Inteligencia brindará una formación común obligatoria para todo el personal y capacitación específica según cada función. También podrá articular con universidades e instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, y otorgar becas para promover la especialización”.
Justamente, el ámbito universitario no es desconocido para Esteban. No solo por los últimos años como secretario en la Undef, sino que cursó licenciatura y posgrados en varias casas de altos estudios, donde también es profesor titular. Además del consignado doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de El Salvador, entre sus antecedentes se incluyen un título de posgrado en la Escuela e Negocios de la UADE -donde luego fue director académico de los MBA- , una maestría en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Católica Argentina y una maestría en Conducción y Estrategia en la escuela de guerra de las fuerzas armadas de Alemania.
Durante varios años fue el representante del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) en seminarios realizados en La Haya.
Su medalla “Al Valor en Combate” fue obtenida por liderar a 60 oficiales, suboficiales y soldados que se enfrentaron al desembarco británico en San Carlos.
Superados 10 a 1, el por entonces teniente primero Esteban y su sección derribaron tres helicópteros con fuego de fusiles y resistieron los embates de batallones de paracaidistas. Lograron detener momentáneamente la cabeza de playa británica y no tuvieron bajas.
Ya en su rol de secretario de la Undef, en agosto pasado fue uno de los disertantes en el seminario sobre Inteligencia Artificial aplicada a la Defensa, la Seguridad y la Inteligencia, que se desarrolló en la ENI, la sede de la formación de agentes de la SIDE que, de acuerdo con diversas fuentes, quedaría bajo su conducción para iniciar el mencionado proceso de reforma.
Hasta ahora, esa posición está en manos de Juan Bautista Yofre, quien seguiría ligado al área por su experiencia, que incluye haber sido Señor 5, tal como se denomina al jefe de la SIDE.
El proceso de reforma es liderado por la actual conducción del espionaje nacional, con la jefatura a cargo de Cristian Auguadra.
El esquema previsto para la nueva formación es preparar niveles para tres áreas de agentes, aquellos que cuentan con títulos de grado o superiores, quienes tienen tecnicaturas o cursan estudios universitarios y quienes tienen títulos de nivel secundario.
La tarea de quien asuma como rector de la ENI -se reitera que en ese sentido Esteban aparece como el principal candidato- será consolidar los planes de estudios de cada nivel para que luego puedan establecerse sistemas de ascensos y capacitaciones por mérito.
Daniel Gallo,Conforme a
POLITICA
Tierras rurales: Patricia Vásquez defendió la compra por extranjeros y explicó qué restricciones propone el Gobierno

Patricia Vásquez, diputada nacional de La Libertad Avanza, defendió la posibilidad de que ciudadanos extranjeros compren tierras en la Argentina y sostuvo que las restricciones deben responder a razones de seguridad nacional, especialmente en las zonas de frontera. En una entrevista con Infobae al Regreso, se refirió al debate legislativo que se abrirá la próxima semana y anticipó que el oficialismo buscará sostener su propuesta original, aunque reconoció que el texto definitivo dependerá de las negociaciones parlamentarias.
El Gobierno convocó a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para el miércoles 14, en el marco del tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluirá un capítulo sobre tierras rurales. La reunión se realizará un día antes de la sesión impulsada por la oposición para debatir el DNU 70/23, cuyo artículo 154 derogó la Ley de Tierras.
Uno de los puntos en discusión es la posibilidad de recuperar el límite del 15% por provincia para la titularidad extranjera de tierras rurales, establecido por la Ley 26.737. Vásquez reconoció que todavía no conoce la redacción definitiva de la iniciativa que llegará a Diputados. “No sé cómo va a proponerse actualmente, porque lo que se votó en contra en el Senado no sé cómo llega a Diputados”, afirmó.
La compra de tierras y la discusión sobre la soberanía
Durante la entrevista, Vásquez rechazó que la derogación de las restricciones anteriores implique una cesión de soberanía nacional. Según planteó, la iniciativa oficialista apunta a garantizar la propiedad privada y ampliar las posibilidades de inversión, sin que eso suponga renunciar al control estatal sobre el territorio argentino.
“La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que siempre sostuvo el Gobierno, apuntaba a determinados temas. Uno de ellos era el tema de la mal llamada extranjerización. En realidad, era de protección de la propiedad privada en todos los articulados”, sostuvo.
La legisladora cuestionó las críticas de la oposición y afirmó que el Gobierno nunca manifestó la intención de entregar soberanía. “Nunca dijo el Gobierno querer o pretender ceder soberanía, porque esto se manejó con un relato muy eficiente del lado de la oposición”, expresó.
Para fundamentar su postura, distinguió la compra de un inmueble por parte de un particular extranjero de la presencia de instalaciones bajo control de otros Estados. En ese contexto, mencionó la base china de 200 hectáreas en el sur argentino y sostuvo que se trata de una situación diferente.
Vásquez también recordó la llegada de inmigrantes europeos durante el siglo XIX y su participación en el desarrollo de actividades productivas. “Vinieron, compraron tierra, produjeron, crecieron, desarrollaron, fueron agropecuarios. Bueno, y acá estamos nosotros”, señaló.
Consultada sobre la posibilidad de restablecer el límite del 15%, insistió en que las restricciones deben estar vinculadas con la seguridad nacional, especialmente en las zonas fronterizas. La definición sobre el alcance de esas condiciones quedará sujeta al debate legislativo.
“Lo que seguramente se quiere sostener es la idea original de darle la posibilidad al extranjero que compre tierras igual que el argentino”, afirmó. Sin embargo, admitió que la propuesta deberá adaptarse a los acuerdos que puedan alcanzarse en el Congreso. “Uno no llega a la ley ideal o por lo menos a la que uno quiere proponer. Llega a la posible, a la negociada, a la escuchada, a la debatida”, agregó.

Inmigración y acceso a los servicios públicos
La conversación también derivó en un intercambio sobre las condiciones de acceso de los extranjeros a la salud y la educación públicas. Vásquez sostuvo que el contexto actual de la Argentina es diferente del que existía durante las grandes corrientes migratorias y defendió la aplicación de criterios de reciprocidad.
“Estábamos hablando de una situación totalmente diferente porque éramos ocho millones de habitantes en todo el país. Ahora somos casi 50”, afirmó.
La diputada reclamó controles migratorios y cuestionó el ingreso de personas que, según dijo, llegan al país para cometer delitos. También planteó que las políticas públicas deben contemplar las condiciones económicas y fiscales antes de ampliar las prestaciones disponibles para quienes no son ciudadanos argentinos.
El economista y exdiputado Martín Tetaz planteó durante la entrevista una tensión entre las ideas liberales que reivindica el Gobierno y las posiciones nacionalistas que, a su entender, aparecen en algunas de sus propuestas. Vásquez respondió con un argumento basado en la reciprocidad entre países.
“Vas a Estados Unidos y vos te comprás el departamento que quieras, el terreno que quieras y el campo que quieras y nadie te va a decir nada. Ahora, andá a Estados Unidos y pretendé que te paguen la salud gratis”, sostuvo.
El respaldo a Milei y las diferencias con Bullrich
En otro tramo de la entrevista, Vásquez se refirió al vínculo entre Patricia Bullrich y Javier Milei. La diputada, que fue secretaria de Estado en el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Bullrich al frente de esa cartera, consideró que la actual senadora continuará acompañando al Gobierno, aunque mantenga posiciones propias.

“Ella siempre va a decir lo que piensa, esté donde esté, y va a seguir acompañando este rumbo de país en el cual está convencida, porque es el mismo que ella proponía”, afirmó.
Vásquez defendió la posibilidad de expresar desacuerdos dentro de La Libertad Avanza y señaló que ella misma plantea diferencias ante funcionarios de distintas áreas. “Porque somos liberales no somos manada, lo dice el presidente y yo lo comparto”, sostuvo.
Consultada sobre una eventual candidatura presidencial de Bullrich, la legisladora manifestó su respaldo a la continuidad del actual mandatario. “En lo personal, quiero que Javier Milei reelija”, dijo. Para justificar esa posición, sostuvo que los procesos de estabilización económica requieren tiempo y afirmó que, históricamente, otros países necesitaron entre 15 y 20 años para superar crisis profundas.
Por último, se refirió al estilo confrontativo de Milei y a sus agravios contra periodistas, empresarios y dirigentes políticos. Vásquez reconoció que esa forma de expresarse no coincide con la suya, aunque diferenció el tono de las intervenciones presidenciales del contenido de sus decisiones.
“No es mi estilo, claramente. Y a Patricia obviamente le pasa lo mismo. No es su forma, pero es una cuestión de forma, no de fondo”, concluyó.
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La Corte Suprema se reúne este viernes a las 9 para volver a fallar sobre la ley de tierras

La Corte Suprema de Justicia se reunirá mañana a las 9, en un acuerdo extraordinario, para tratar un nuevo caso sobre la ley de tierras. La convocatoria la hizo su presidente, Horacio Rosatti, informaron fuentes del tribunal.
El expediente que tienen para resolver incluye un pedido de medida cautelar; si la Corte la concede, pondría nuevamente en vigencia restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros.
En la práctica, podría revertir los efectos que tuvo su propio fallo del martes de la semana pasada. Ese día, invocando un motivo procesal, revocó una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023, de Javier Milei, que derogó por completo la ley de tierras.
El fallo de la Corte Suprema motivó muchas críticas y una amenaza de la oposición con hacer caer en el Congreso todo el DNU 70/2023 -y no solo el artículo 154-. La oposición pretende tratar el tema en una sesión especial el jueves de la semana próxima. Una nueva decisión del máximo tribunal podría ayudar al Gobierno a desactivar esa iniciativa, que nació como reacción a la sentencia anterior de la Corte.
Del acuerdo extraordinario de mañana participarán los jueces Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
El caso que tratarán es un planteo vinculado con el fallo anterior: una “aclaratoria” solicitada el jueves pasado por la asociación ambientalista Árbol de Pie, dos comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, que defienden la ley de tierras y quieren que les precisen si la sentencia dictada por el máximo tribunal alcanza también al amparo colectivo presentado por ellos o no.
A diferencia de la semana pasada, los tres jueces de la Corte ahora no están de acuerdo en cómo seguir y, como sin tres votos no hay fallo posible, el martes pasado convocaron a dos conjueces. Todo indica que Carlos Rosenkrantz no está dispuesto a tomar una decisión que vuelva a cambiar el panorama. En la vereda de enfrente están Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, según fuentes que conocen los movimientos internos del tribunal.
Los conjueces que se sumarán para este caso son los camaristas Diego Barroetaveña (de Casación) y Juan Ignacio Pérez Curci (de la Cámara Federal de Mendoza). Fueron sorteados el martes y las reglas del proceso indican que las partes tienen 72 horas para recusarlos. Sin embargo, a las 19:09 de ayer, la Corte acortó a 24 horas ese plazo “en atención a las particulares circunstancias de la causa” (particularidades que no detalló). El apuro fue tal, que además habilitó “días y horas inhábiles”.
Este jueves, pasadas las 19:09, ya sin chances de que los conjueces fueran recusados, Rosatti convocó al acuerdo de mañana.
Si la Corte accede a contestar la “aclaratoria” y decide que este amparo colectivo debe recibir un tratamiento por separado del caso de la semana pasada, la Corte, con sus tres titulares y sus dos conjueces, debe determinar qué trámite le da al expediente. Una opción es devolverlo a la justicia federal de La Plata o de Bariloche, donde se inició. Difícilmente sea eso lo que discute, considerando la urgencia con la que se está manejando.
Otra opción sería que la propia Corte tratara ella -sin enviar el caso a primera instancia- la medida cautelar. Sería una decisión muy excepcional, advirtieron a constitucionalistas con mucha experiencia en la Corte. Posiblemente, una medida “interina”, en los términos de la ley que regula las cautelares contra el Estado.
El nuevo planteo
El planteo que la Corte tratará mañana lo hicieron Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y Odarda, que presidió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas durante el gobierno de Alberto Fernández. Ellos habían presentado una acción colectiva para que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto 70/2023, que derogó la ley de tierras. Este planteo fue tratado por la Cámara Federal de La Plata como un caso conexo al del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que solicitaba lo mismo. En el expediente de los excombatientes, la Cámara Federal de La Plata les dio la razón. Ese fue el fallo que la Corte revocó la semana pasada, con el argumento de que el Cecim, que había invocado que estaba en juego la soberanía, no tenía legitimación activa para promover el caso.
Quienes presentaron la “aclaratoria” sostienen que ellos invocaron “títulos de legitimación propios y diferentes de aquel examinado en Cecim”. Remarcaron que el planteo de ellos no tuvo que ver con la defensa de la soberanía nacional, sino con “derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas, particularmente relacionados con sus territorios ancestrales y con la incidencia que sobre ellos podría producir la eliminación del régimen de protección establecido por la Ley 26.737 [la ley de tierras]″.
La aclaratoria de Odarda, Árbol de Pie y las comunidades indígenas fue presentada el jueves pasado, el mismo día que Rosatti y Lorenzetti habían dado a conocer un comunicado en el que dijeron que alguien que sí estuviera legitimado podría peticionar una medida cautelar si considera que la regulación vigente hoy en materia de tierras “es inconstitucional”.
Los conjueces
Barroetaveña y Pérez Curci son penalistas, cuentan con una larga carrera judicial y no es la primera vez que son nombrados conjueces. Pérez Cursi, de hecho, falló la semana pasada como parte de la Corte que revocó la absolución de César Milani. El sorteo por el que se los eligió se hizo con un bolillero y fue seguido por videoconferencia por las partes.
Barroetaveña, cercano a Rosatti, el presidente de la Corte, es miembro del Consejo de la Magistratura y había presentado una demanda judicial con el objetivo de poder ser reelegido en el Consejo para el año próximo, planteo del que finalmente desistió. Pérez Curci es discípulo de Carlos Mahiques, el juez de Casación y padre del actual ministro de Justicia.
Los dos conjueces tenían, hasta el año pasado, cargos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Barroetaveña presidía el Tribunal de Ética de la asociación que encabeza Claudio Tapia; Pérez Curci formaba parte de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA. Renunciaron en diciembre, después de que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) le pidió a la Corte que dispusiera el cese de las funciones de todos los jueces en los tribunales de la AFA por considerar que eran funciones incompatibles.
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