Desde 2015, Sudamérica acumuló una regularidad electoral que atravesó gobiernos de izquierda, de derecha y de centro. Si se toma el resultado de la primera vuelta de este domingo en Brasil, con el balotaje todavía pendiente, de las 25 elecciones presidenciales válidas celebradas en nueve países —sin contar Venezuela ni los comicios anulados de Bolivia de 2019—, los oficialismos ganaron apenas cuatro, el 16%, y perdieron 21, el 84%, según los datos procesados por TN.

La tendencia es todavía más marcada cuando se observa país por país. En siete de los nueve casos analizados, ningún oficialismo consiguió retener la presidencia. Ocurrió en la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Las únicas excepciones fueron Paraguay y Ecuador.

El fenómeno tampoco responde a un único giro ideológico. En la Argentina perdieron tres oficialismos consecutivos desde 2015. Chile encadenó cinco derrotas de gobiernos de distinto signo desde 2009. Uruguay pasó de una derrota de la izquierda en 2019 a otra de la centroderecha en 2024. Brasil alternó derrotas oficialistas en 2018, 2022 y, por ahora, en la primera vuelta de 2026. La secuencia se repite aun cuando cambia el color político de las fuerzas que detentan el poder.

Una región que castiga a sus gobiernos

Para Mario Riorda, académico y politólogo, el trasfondo excede incluso a Suramérica. “Hay un marcado pesimismo ideológico. Mucha oferta política trabaja desde el escepticismo social y el desencanto. Es la era de la protesta perpetua”, planteó.

Riorda vinculó ese clima con el deterioro de instituciones que antes tenían mayor capacidad para responder a las demandas sociales. “El Estado enfrenta una pérdida de eficacia al mismo tiempo que aumenta la presión sobre sus funciones”, explicó. A eso sumó una representación partidaria debilitada y una política cada vez más personalizada en liderazgos capaces de generar expectativas rápidamente, pero también de perder apoyo con la misma velocidad.

Gustavo Córdoba, director de Zuban Córdoba y Asociados, ubicó un punto de quiebre en la pandemia. Según su análisis, desde entonces aumentó “la expectativa de la sociedad de la capacidad de los gobiernos de resolver los problemas, todos los problemas, en simultáneo”, mientras los Estados perdieron recursos y capacidad de respuesta.

Ese desajuste deja a los gobiernos expuestos a un desgaste acelerado. “Tenemos configurado un escenario en el cual la sociedad latinoamericana pospandemia es una sociedad altamente demandante de resultados y con una correlación inversamente proporcional a la paciencia”, afirmó Córdoba.

Facundo Cruz, politólogo y coordinador de Pulsar UBA, describió el mismo proceso como un ciclo de alternancia recurrente. Los gobiernos pueden incluso mostrar resultados favorables en algunas áreas y aun así perder las elecciones si esos avances no llegan con la velocidad que espera el electorado.

“Las causas suelen ser nacionales antes que regionales, pero tienen un hilo común, la ansiedad por los resultados”, explicó. Para Cruz, la demora entre una decisión de gobierno y sus efectos concretos se convirtió en un problema electoral en sociedades que demandan respuestas rápidas.

Economía, seguridad y problemas cotidianos

La economía atraviesa buena parte de ese malestar, aunque no alcanza por sí sola para explicar las derrotas. Cruz señaló que las economías suramericanas quedaron particularmente expuestas a un escenario internacional menos favorable después de la pandemia, con dificultades para conseguir divisas y garantizar bienes y servicios públicos de calidad. En algunos países, además, el deterioro de la seguridad agregó una presión adicional.

Así, la combinación entre problemas económicos, servicios insuficientes y aumento del crimen alimentó una demanda de resultados inmediatos que terminó favoreciendo la alternancia.

Claudio Montiel, director de Zentrix, puso el foco en la distancia entre la agenda política y las preocupaciones cotidianas. “Hace rato que los distintos gobiernos vienen embarcados quizás en discursos más de la batalla cultural ‘nosotros venimos a cambiar’ o ‘nosotros somos los buenos, los demás son los malos’”, explicó.

Según sus mediciones, aparecen reclamos bien concretos: “Necesito tener seguridad en mi laburo, necesito poder estudiar tranquilo, necesito salir y que no me maten o que no me roben”, sintetizó sobre las demandas que recoge entre los encuestados.

Para Montiel, esa desconexión ayuda a explicar por qué el castigo no distingue demasiado entre izquierda y derecha. Y el hecho de que “los oficialismos no reeligen” lo atribuyó como parte del fenómeno a gobiernos que pierden contacto con “lo que le pasa al tipo común de la calle”.

Lucas Klobovs, director de Opinión Pública de QSocial Big Data, encontró otra expresión del mismo deterioro en la evaluación de las instituciones. Según los datos que relevó, durante la última década cayó alrededor de 10 puntos la satisfacción con la educación pública, los hospitales, el sistema judicial y la policía en América Latina, mientras aumentó, en una proporción similar, la percepción de que el Estado hizo poco o nada por las familias.

“Esa combinación genera un estado de desafección, de enojo o de desilusión con los oficialismos y habilita movimientos electorales entre opciones ideológicas diferentes. Un votante puede acompañar a un espacio en una elección y desplazarse hacia otro en la siguiente si considera que sus problemas siguen sin resolverse”, explicó.

La reelección cambia el escenario

Los datos históricos de Sudamérica muestran, sin embargo, que no todos los oficialismos enfrentan las mismas condiciones. La posibilidad de que el presidente vuelva a competir modifica fuertemente las chances de continuidad.

En Brasil, el oficialismo retuvo cinco de las últimas nueve elecciones presidenciales y tres de esas victorias llegaron con el mandatario en ejercicio como candidato. La única derrota de un presidente que buscó continuar fue la de Jair Bolsonaro en 2022. En 2026, Luiz Inácio Lula da Silva llegó como presidente y quedó segundo en la primera vuelta.

En Bolivia ocurrió algo similar. Las continuidades se produjeron con Evo Morales en la boleta en 2009 y 2014, mientras que sin el entonces presidente como candidato, el oficialismo perdió. En Ecuador, Rafael Correa consiguió retener el poder durante su ciclo y Daniel Noboa lo hizo como candidato en 2025.

La situación es diferente en Chile, Uruguay y Paraguay, donde la reelección presidencial inmediata está prohibida. Allí la continuidad depende necesariamente de que el oficialismo consiga transferir apoyo a un sucesor. Chile no lo logra desde 2005 y perdió cinco elecciones consecutivas desde 2009, mientras Uruguay vio caer a dos gobiernos de signos diferentes en 2019 y 2024.

Paraguay es la gran excepción regional. El Partido Colorado consiguió conservar el poder en ocho de las últimas diez elecciones y, desde 2015, es, junto con Ecuador, uno de los únicos dos casos suramericanos en los que un oficialismo logró ganar una presidencial.

La alternancia antes que el color político

La secuencia de la última década complica cualquier explicación basada únicamente en una ola de izquierda o de derecha. Cruz consideró que la dinámica actual está marcada menos por esos movimientos ideológicos que por la dificultad de los gobiernos para conservar apoyo.

Esa lectura aparece con especial claridad en Chile, Uruguay y la Argentina, donde fueron derrotados oficialismos de distinto signo, pero también en Colombia, que pasó de una larga etapa de mayor continuidad a tres derrotas consecutivas desde 2018. En Perú, la alternancia es todavía más estructural. Desde 2001, ningún presidente saliente consiguió dejar un sucesor competitivo y el oficialismo ni siquiera llegó al balotaje.

Riorda agregó que el debilitamiento de los partidos favoreció electorados más vinculados con liderazgos que con identidades partidarias estables. Ese “voto movimientístico”, según su definición, puede construirse con rapidez alrededor de demandas materiales, simbólicas o ideológicas y desarmarse con la misma velocidad cuando las expectativas no se cumplen.

Los números de Sudamérica muestran que ese desgaste dejó de ser una excepción. Cuatro victorias oficialistas contra 21 opositoras en poco más de una década convierten a la alternancia en el dato dominante de la región. Para la Argentina de 2027, el antecedente no determina un resultado, pero coloca al gobierno de Javier Milei dentro de una secuencia que, hasta ahora, castigó mucho más a quienes buscaban conservar el poder que a una orientación ideológica en particular.

Elecciones

Mientras los focos están puestos en la Cámara de Diputados de la Nación por lo que pueda llegar a pasar con el Decreto 70/2023, en los pasillos del Senado hay un tema que parece tabú a esta altura: la reforma electoral.

El debate está paralizado en el Congreso de la Nación y la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, optó por dejar en manos de la Casa Rosada las chances de avanzar con el tema.

“Santilli —el jefe de Gabinete— estuvo en Francia con los gobernadores, es quien se junta con ellos, que son los que les tienen que dar las órdenes a los senadores. Que él se encargue de juntar los votos y, en todo caso, Patricia se encarga de los ‘sueltos’ —los senadores que no son del peronismo y que no tienen su terminal política en el jefe del estado provincial—”, advirtieron desde el entorno de la exministra de Seguridad.

La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y necesita reunir 37 votos para aprobar la iniciativa, lo que implica sumar al menos 16 apoyos de otros bloques. Por ese motivo, la Cámara Alta permanece con actividad limitada desde hace semanas, a la espera de que avancen los acuerdos políticos.

El pasado 15 de septiembre fue la última reunión de comisión respecto de este proyecto de ley y, tras cuatro meses sin reunirse, el Gobierno insistió en que no plantea otra cosa que la eliminación de las PASO y en que, además, Ficha Limpia se discuta dentro de la misma ley. Los aliados, en cambio, siguen pensando en un proceso de suspensión de las PASO y en que el proyecto de ley que establece restricciones para posibles candidatos con causas penales se debata en forma separada.

“Hace una semana y media que fueron a París y no solo no hay un adelanto en la conversación, sino que no hay ni un gesto al respecto”, explicaron.

En medio de esto, el problema que tiene el bloque de LLA para convencer a sus socios de que lo acompañen presenta varios frentes. El primero es que los gobernadores no parecen confiar en la palabra del oficialismo de no plantar candidatos en las provincias que les compitan directamente. “No hay una sola señal que indique que van a cumplir, el caso de Catalán es el mejor ejemplo”, explicó un senador radical que no adelanta qué va a hacer.

El senador de la UCR se refiere a Lisandro Catalán, exvicejefe de Gabinete, que ya se lanzó en Tucumán, provincia en la que el gobernador peronista Osvaldo Jaldo rompió con el peronismo en el Congreso y acompañó a La Libertad Avanza en las votaciones. “Si hay una provincia en la que se esperaba que esto no sucediera, era Tucumán”, agregó.

Ahora se espera una ronda de encuentros “mano a mano” entre Santilli y los gobernadores, en especial los radicales, donde siete de los diez senadores del bloque responden a los ejecutivos de sus provincias. Cada uno tiene sus reclamos, que van desde obras y apoyo financiero hasta el posible candidato que los suceda. Ese es el caso de Alfredo Cornejo, de Mendoza, que no tiene reelección. Los libertarios proponen a Luis Petri, un radical hoy en el bloque libertario que está enfrentado con Cornejo.

El Congreso espera a la Casa Rosada. Bullrich espera a Santilli y la oposición juega con los tiempos. La Justicia Electoral avisó que los plazos se consumen, y a La Libertad Avanza solo pareciera quedarle el Presupuesto para poner algo sobre la mesa de negociación. Por ahora, las PASO siguen siendo tabú.

El Gobierno evalúa prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso durante diciembre ante el retraso que acumuló la agenda legislativa y la demora en la negociación del Presupuesto 2027. La Casa Rosada había proyectado inicialmente votar la ley de gastos durante la primera semana de noviembre, pero ahora trabaja con un tratamiento en Diputados para mediados o la tercera semana de ese mes.

La decisión todavía no está formalizada, pero en el Ejecutivo consideran que el calendario hace difícil terminar la agenda antes del 30 de noviembre, cuando concluye constitucionalmente el período ordinario. La intención es extenderlo mediante un decreto presidencial y evitar una convocatoria a sesiones extraordinarias.

El cambio comenzó con el desplazamiento de otros proyectos que el oficialismo tenía previsto resolver a comienzos de octubre. Discapacidad y Morosidad quedaron para una sesión que La Libertad Avanza prepara para el 21 de octubre, junto con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional vinculada con Malvinas y, eventualmente, Inviolabilidad de la Propiedad Privada si avanza antes en comisión.

Ese corrimiento impactó directamente sobre el Presupuesto. La planificación original del oficialismo apuntaba a llevarlo al recinto durante la primera semana de noviembre. Ahora, en Balcarce 50 calculan que la votación se realizará después de la visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, y ubican la ventana entre mediados y la tercera semana del mes.

En el Congreso comenzó a circular el 17 de noviembre como una fecha tentativa, aunque en el Gobierno no la dan por cerrada. La negociación todavía atraviesa una etapa inicial y el Ejecutivo debe resolver modificaciones reclamadas por los bloques que necesita para aprobar la iniciativa.

Entre los principales puntos pendientes aparecen las partidas destinadas a Discapacidad, el financiamiento de las universidades nacionales y los pedidos de obras y recursos que acercaron los gobernadores. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ya recibió planteos de representantes del PRO, la UCR y bloques provinciales, que condicionan parte de su respaldo a cambios en esos capítulos.

La Casa Rosada considera que el Presupuesto tiene altas posibilidades de avanzar, pero reconoce que el texto todavía no está suficientemente acordado como para acelerar la votación. En el Gobierno le asignan además un valor político y financiero: entienden que conseguir una ley de gastos aprobada funciona como una señal de gobernabilidad ante los mercados y los organismos internacionales.