POLITICA
Ultimátum de la Justicia para el financista ligado a la AFA: será detenido si no se presenta a declarar
El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella fijó para el 26 de mayo de 2026 una nueva fecha de indagatoria para Maximiliano Ariel Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, dueños del holding Sur Finanzas, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su detención inmediata si no se presentan.
La decisión llega después de que la defensa del empresario —vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia— no compareciera a la audiencia prevista y la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (CFALP) rechazara los planteos recursivos del abogado defensor, Pablo Parera, y allanara el camino para que las audiencias se efectivicen sin demoras.
El magistrado fijó las audiencias para Maximiliano Ariel Vallejo a las 10 de la mañana y para Graciela Vallejo una hora más tarde, a las 11, del 26 de mayo, en la sede del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora.
La resolución, dictada el 5 de mayo de 2026, señala que ante la incomparecencia de los imputados, tanto la querella —la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)— como la fiscal federal Cecilia Incardona habían solicitado la detención inmediata de ambos para garantizar su presencia.
Armella no ordenó la detención de forma anticipada, pero advirtió que si los responsables de Sur Finanzas no se presentan, se declarará su rebeldía y se enviará a la fuerza pública a buscarlos.
El rechazo de la Cámara
La nueva citación se produce tras una secuencia de planteos judiciales que buscaron suspender las indagatorias. La defensa de Vallejo interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio contra el decreto del 27 de abril de 2026, mediante el cual el juzgado había concedido sin efecto suspensivo la apelación de la defensa contra la resolución que dispuso la citación a indagatoria.
La defensa calificó esa decisión de “arbitraria y carente de fundamentación” y argumentó que realizar la audiencia con un planteo de nulidad pendiente generaría un riesgo de irreversibilidad.
El juez Luis Armella rechazó ese razonamiento. En la resolución del incidente FLP 29107/2025/56/1, el magistrado sostuvo que supeditar el avance del proceso a la resolución de un recurso de nulidad “implicaría admitir que el mero planteo de recursos pueda paralizar el proceso”, lo que constituiría un uso “manifiestamente obstructivo del sistema procesal”. Declaró inadmisible el recurso de apelación presentado en subsidio y condenó en costas a la defensa por considerar que “no tuvo una razón plausible para litigar”. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, el tribunal de segunda instancia federal con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires, al pronunciarse sobre el incidente, avaló la postura del juzgado.
La fiscal Incardona también refutó el argumento de la “irreversibilidad”: señaló que la indagatoria es, por definición, un acto de defensa material que permite al imputado ingresar su versión de los hechos al proceso, por lo que resultaría contradictorio alegar un agravio ante una convocatoria diseñada para garantizar el derecho de defensa.
Nuevos imputados en la causa
En paralelo, y como ya anticipó Infobae de manera exclusiva, el juez Armella dictó el 4 de mayo una resolución de mayor alcance en la causa FLP 29107/2025, que amplió el universo de imputados. A pedido de la fiscal Incardona, el magistrado convocó a declarar a cuatro dirigentes del Club Atlético Banfield: Eduardo Juan Spinosa (presidente), Federico José Spinosa (vicepresidente), Ignacio Javier Uzquiza (tesorero) y Oscar Fabián Tucker (secretario).
Las fechas quedaron fijadas del siguiente modo: Eduardo Spinosa y Federico Spinosa deberán comparecer el 18 de junio de 2026 a las 10:00 y 10:30 horas, respectivamente; Uzquiza y Tucker fueron citados para el 24 de junio a las mismas horas; y los representantes legales de las personas jurídicas Banfileños S.A. y el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña tienen audiencias el 25 de junio. A todos se les impusieron medidas cautelares: prohibición de salida del país, presentación periódica ante el juzgado, retención de documentos de viaje, prohibición de contacto entre coimputados y restricción de alejarse más de 100 kilómetros de la sede judicial.
Los cargos contra Eduardo Spinosa son los más graves: asociación ilícita en calidad de jefe u organizador, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos agravado por habitualidad, todos en calidad de coautor.
Los restantes dirigentes enfrentan cargos similares en distintas combinaciones, según su rol dentro de la estructura investigada.
La maniobra que investiga el juez Armella
La investigación reconstruye un esquema que, según la fiscalía, combinó el vaciamiento patrimonial del Club Atlético Banfield con el reciclaje de fondos de origen espurio a través de vehículos societarios diseñados para opacar el rastro del dinero.
El andamiaje se apoyó en la superposición de roles: Eduardo Spinosa, Federico Spinosa, Uzquiza y Tucker ejercían simultáneamente cargos directivos en el club —presidente, vicepresidente, tesorero y secretario— y eran autoridades y accionistas de Banfileños S.A., empresa que a su vez integraba el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, constituido en 2012. Ese fideicomiso fue instrumentado para que cualquier financiamiento externo obtenido por el club quedara automáticamente canalizado hacia cuentas bajo el control de las mismas personas físicas que administraban la institución.
El primer eje de la defraudación fueron los contratos de mutuo. El 17 de julio de 2023, la dirigencia de Banfield firmó con Sur Finanzas Group S.A. —representada por Maximiliano Ariel Vallejo— un préstamo de USD 500.000 a una tasa del 3% mensual. Apenas tres meses después, el 9 de octubre de 2023, suscribió un segundo mutuo por otros USD 500.000, esta vez al 4% mensual. El club quedó obligado a devolver un total de USD 1.150.000 en menos de seis meses, de los cuales USD 150.000 correspondían a intereses.
Ambos contratos incluían una cláusula que declaraba la recepción del millón de dólares “en dinero efectivo”, lo que impidió cualquier trazabilidad bancaria y bloqueó el control institucional.quier trazabilidad bancaria y bloqueó el control institucional.
El segundo eje fue la triangulación de ingresos genuinos. Banfield celebró contratos de sponsoreo con Sur Finanzas Group S.A. y con Roma Inversiones S.A. —ambas del entorno de Vallejo—, pero los pagos derivados de esos convenios fueron cedidos a la orden del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña en lugar de ingresar a las cuentas formales del club. La empresa PagoTic, encargada de recaudar las cuotas sociales, también acreditaba los fondos en cuentas del fideicomiso desde febrero de 2019 hasta agosto de 2023.
Los allanamientos realizados en el domicilio de la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, permitieron incautar cheques de pago diferido por sumas millonarias librados a la orden del club, pero con endosos manuscritos para ser depositados en la cuenta fiduciaria.
La fase de integración del dinero ilícito se materializó, según la fiscalía, en la adquisición de bienes registrables: Eduardo Spinosa compró una Toyota SW4 valuada en $53.745.000 y un Peugeot 208 valuado en $14.947.000; Federico Spinosa adquirió el 50% de un inmueble en la calle Ugarteche 3354 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por USD 170.000; y Tucker registró a su nombre vehículos valuados en conjunto en más de $15 millones.
El cierre del circuito se habría completado con la concesión del Estadio José María Minella a través de Minella Stadium S.A., firma cuyo CEO es el extesorero del club y en la que Eduardo Spinosa habría actuado como apoderado sin cargo declarado.
La estructura de Sur Finanzas no operó de forma aislada. En los allanamientos a la sede central de la empresa se secuestraron biblioratos denominados “CLUBES” y “PSP nómina de clientes”, que confirmaron la existencia de operaciones con al menos 16 entidades deportivas: Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué, Racing Club, Morón, San Lorenzo, Platense y Banfield. La fiscalía sostiene que la investigación patrimonial apunta a movimientos sospechosos por más de 880.000 millones de pesos.
La causa se inició en noviembre de 2025 a partir de una denuncia de ARCA por evasión de $3.327 millones en impuestos. Cuatro empleados de Sur Finanzas ya fueron procesados por encubrimiento agravado tras ser sorprendidos en el retiro de computadoras y documentación de un galpón en Turdera durante los allanamientos del 1° de diciembre de 2025.
POLITICA
El Gobierno busca los votos para suspender las PASO, entre la resistencia de Bullrich y la demanda de la UCR para darle su apoyo
El tiempo se acorta. El Congreso avanza con varios proyectos. Karina Milei y Diego Santilli necesitan suspender las PASO en las próximas tres semanas; Javier Milei regresó de Washington y viaja como referente de la derecha a Madrid, y la economía argentina sigue creciendo, aunque a menor velocidad y sin derramar entre los votantes.
Santilli tiene los votos para suspender las PASO antes de fin de año. En rigor, hay todavía algunos senadores rebeldes que quieren negociar antes de votar afirmativamente. El proyecto está en el Senado y empezará a moverse a más tardar en la primera semana de noviembre. Karina Milei teme que se trabe. Sabe que uno de los integrantes de la mesa política que ella dirige prefiere que siga habiendo PASO y no se moverá para suspenderlas: Patricia Bullrich. Ella es la jefa del bloque libertario, por lo cual la sospecha que deslizan sobre ella es un dato sensible.
Muchos intuyen que Bullrich, íntimamente, sueña con enfrentarse en una PASO con el Presidente si ve que Milei está mal en las encuestas. Lo decidirá entre marzo y mayo. Así visto, la suspensión de las PASO tendría un doble efecto: por un lado, serviría para complicarle el armado al peronismo y, por el otro, pondría a Milei a salvo del riesgo de que Bullrich lo desafíe a una interna. Bullrich tiene peso específico propio, por lo cual habrá que esperar su próxima jugada.
¿Qué es lo que le falta al Gobierno para suspender las PASO? El apoyo de la UCR y, en particular, del gobernador mendocino, Alfredo Cornejo. El mandatario quiere que Karina lo saque de juego a Luis Petri como eventual candidato a gobernador provincial. No es seguro que Karina vaya a aceptarlo. La otra urgencia es la aprobación del Presupuesto con el menor costo posible. El debate en comisión comenzó el miércoles.
POLITICA
El desafío opositor tras la fallida sesión: construir mayorías en un Congreso moldeado por los gobernadores
“Se van a llevar todo”, dice una diputada, en una mezcla de bronca y resignación. “Empujamos, coordinamos, cedemos, hacemos lo que podemos, pero no nos acompañan los números”, graficó otro diputado de la oposición.
Los bloques de la oposición sienten cierta frustración respecto de los resultados que están teniendo en el Parlamento, donde entienden que los dos primeros años de la gestión de La Libertad Avanza estuvieron signados por el apoyo al Gobierno para “dotarlo de gobernabilidad” y que este año la gobernabilidad “es para los gobernadores”.
En ese esquema, los bloques de la oposición intentaron avanzar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 la semana que pasó y chocaron de frente con la ausencia de los diputados que responden directamente a gobernadores como los de Santa Fe, Misiones, Salta, Tucumán y Corrientes. Algo que se repite en varias sesiones y que los más pesimistas estiman que el próximo miércoles sucederá de la misma manera.
El oficialismo citó para el miércoles a una sesión cuyo temario incluye el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que modifica las leyes 21.499, de Expropiaciones, y 24.374, de Regularización Dominial—, desalojos express y, además, la vuelta de la ley de Tierras de 2011; la creación de un módulo informático interoperable con el Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo (MAR) y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA); modificaciones al Código Penal sobre vandalismo rural; la transferencia a título gratuito a la provincia del Chaco del inmueble propiedad del Estado nacional Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB); la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 de la ley 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad; y la ley sobre endeudamiento familiar.
A diferencia de lo ocurrido este jueves, la oposición no tendrá que construir el quórum, ya que la convocatoria fue solicitada por el oficialismo. Su objetivo será concentrarse en las mayorías necesarias para imponer sus posiciones durante el tratamiento de los proyectos.
Cruces de estrategias
“Puede ser que alguna nos la den vuelta”, reconoció un diputado de La Libertad Avanza que suele tener reuniones en la Casa Rosada. Aunque la oposición tiene dictamen propio en cada una de las normas a debatir —salvo en trazabilidad, que salió por unanimidad—, la referencia del legislador libertario apunta, principalmente, a discapacidad, propiedad privada y morosidad.
En algunos despachos se especuló con la idea de pedir una sesión para ese mismo día a las 10 de la mañana con un temario propio. Sin embargo, la propuesta fue descartada para que “no nos pase lo mismo que el otro día” y se quedaran cortos para el quórum.
En algún momento la palabra de Miguel Ángel Pichetto resonó en el debate. Así como alguna vez les dijo a los libertarios “¿qué aplauden? acá se viene a ganar, aprendan”, ahora el experimentado legislador advirtió que la oposición debe mejorar sus cálculos parlamentarios y evitar exponerse a nuevas derrotas.
En la oposición se renueva la esperanza de la mano de algunos datos que dejó la sesión anterior. “Quedamos a ocho, pero teniendo en cuenta que faltaron dos de Unión por la Patria, el número baja a seis. Es difícil, pero no imposible”.
En este caso, los diputados de los gobernadores nuevamente serán quienes definan si se impone el proyecto de LLA o el de la oposición en cada una de las votaciones.
Por el lado del oficialismo, la Casa Rosada maniobra con los jefes de los estados provinciales en busca de asegurarse los votos necesarios. “Les prometen que van a buscar inversiones para un tren y te bajan los diputados. Entendemos la gobernabilidad, pero una promesa de posibles inversiones no puede ser suficiente”.
El lunes muchos legisladores volverán a sus despachos en la Cámara de Diputados. Los teléfonos sonarán todo el fin de semana. Ganar o perder una votación hoy se define con dos o tres legisladores que se sumen o que no. Pero el oficialismo parece correr con ventaja en esa discusión.
POLITICA
El gobernador de Neuquén salió sorteado en el narcotest provincial y mostró el resultado negativo
NEUQUÉN.- El gobernador Rolando Figueroa se sometió este viernes a un narcotest sorpresivo y obligatorio para los funcionarios públicos de la provincia. Compartió en sus redes sociales el resultado negativo de la muestra y aseguró que los políticos deben “predicar con el ejemplo”.
El mandatario provincial fue seleccionado para someterse al control toxicológico obligatorio para todos los integrantes del sector público neuquino, como lo fija una ley provincial aprobada en 2025 y reglamentada en febrero de este año.
En un video que compartió en su perfil oficial de redes sociales, Figueroa mostró el momento en que le comunicaban los resultados negativos que arrojó la muestra de orina. Los profesionales a cargo del test aclararon que la finalidad del análisis es comprobar la presencia de sustancias, como marihuana, cocaína, anfetaminas, barbitúricos, opiáceos y metadona.
“Para nosotros es muy importante poder cumplir con esta ley”, dijo el gobernador. Y agregó: “Quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones tan importantes con nuestra firma debemos actuar con plena conciencia y responsabilidad”.
En septiembre de 2025, la Legislatura de Neuquén aprobó la ley provincial 3531, que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos como requisito para la permanencia en cargos públicos para los miembros de los tres poderes del Estado.
La iniciativa tuvo 29 votos a favor y dos en contra, de diputados del Frente de Izquierda (FIT), y se redactó a partir de la unificación de dos proyectos similares que habían presentado distintos bloques políticos. En febrero de este año, la norma fue reglamentada a través de un decreto firmado por Figueroa y, luego, publicada en el Boletín Oficial.
La norma establece que los exámenes toxicológicos se realizarán de manera sorpresiva y de forma trimestral, mediante un sorteo administrado por el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), que garantiza la imparcialidad de la selección. Cada tres meses, se presenta un listado de funcionarios seleccionados que comprende a un 12,5% del total de la planta.
Los funcionarios que se sometan al control y obtengan resultados positivos tendrán derecho a pedir una contraprueba que deberá ser presentada en un plazo de 48 horas. Si un funcionario se niega a presentar sus muestras, su resultado será considerado positivo, lo que derivará en su suspensión y posterior expulsión del cargo.
La norma indica que los exámenes deben desarrollarse bajo estrictos protocolos de confidencialidad. En este caso, el gobernador Figueroa decidió hacer públicos sus resultados en un llamado a “predicar con el ejemplo” por parte de las autoridades.
Para Figueroa, que impulsó uno de los dos proyectos que derivaron en esta ley, la iniciativa “está en línea con la política pública que llevamos adelante en el gobierno de la provincia, en la lucha contra el narcotráfico”. Una norma similar fue aprobada en 2023 en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba.
Réplicas en otros poderes
Tras la aprobación de la ley, otras jurisdicciones, como la Municipalidad de Neuquén, también adhirieron a la normativa. Así, los integrantes del gabinete municipal y hasta el defensor del Pueblo deberán someterse al test junto al intendente, que ya estaba incluido en la normativa provincial.
En otros poderes del Estado, como la Legislatura, la implementación de los controles toxicológicos se demoró por la falta de consenso sobre los protocolos para llevar adelante los tests.
En agosto de este año, finalmente se aprobó un protocolo que establece controles trimestrales, que se realizan in situ y con el costo a cargo de cada diputado provincial.
Entre las voces que cuestionaron la implementación de la medida se contó la de la diputada Julieta Ocampo (FIT), quien criticó las sanciones de expulsión directa sin un abordaje integral de tratamiento hacia los consumos problemáticos.
pic.twitter.com/1wwPFn5Isz,October 16, 2026,Sofía Sandoval,Conforme a
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