POLITICA
Ultimátum de la Justicia para el financista ligado a la AFA: será detenido si no se presenta a declarar
El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella fijó para el 26 de mayo de 2026 una nueva fecha de indagatoria para Maximiliano Ariel Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, dueños del holding Sur Finanzas, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su detención inmediata si no se presentan.
La decisión llega después de que la defensa del empresario —vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia— no compareciera a la audiencia prevista y la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (CFALP) rechazara los planteos recursivos del abogado defensor, Pablo Parera, y allanara el camino para que las audiencias se efectivicen sin demoras.
El magistrado fijó las audiencias para Maximiliano Ariel Vallejo a las 10 de la mañana y para Graciela Vallejo una hora más tarde, a las 11, del 26 de mayo, en la sede del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora.
La resolución, dictada el 5 de mayo de 2026, señala que ante la incomparecencia de los imputados, tanto la querella —la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)— como la fiscal federal Cecilia Incardona habían solicitado la detención inmediata de ambos para garantizar su presencia.
Armella no ordenó la detención de forma anticipada, pero advirtió que si los responsables de Sur Finanzas no se presentan, se declarará su rebeldía y se enviará a la fuerza pública a buscarlos.
El rechazo de la Cámara
La nueva citación se produce tras una secuencia de planteos judiciales que buscaron suspender las indagatorias. La defensa de Vallejo interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio contra el decreto del 27 de abril de 2026, mediante el cual el juzgado había concedido sin efecto suspensivo la apelación de la defensa contra la resolución que dispuso la citación a indagatoria.
La defensa calificó esa decisión de “arbitraria y carente de fundamentación” y argumentó que realizar la audiencia con un planteo de nulidad pendiente generaría un riesgo de irreversibilidad.
El juez Luis Armella rechazó ese razonamiento. En la resolución del incidente FLP 29107/2025/56/1, el magistrado sostuvo que supeditar el avance del proceso a la resolución de un recurso de nulidad “implicaría admitir que el mero planteo de recursos pueda paralizar el proceso”, lo que constituiría un uso “manifiestamente obstructivo del sistema procesal”. Declaró inadmisible el recurso de apelación presentado en subsidio y condenó en costas a la defensa por considerar que “no tuvo una razón plausible para litigar”. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, el tribunal de segunda instancia federal con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires, al pronunciarse sobre el incidente, avaló la postura del juzgado.
La fiscal Incardona también refutó el argumento de la “irreversibilidad”: señaló que la indagatoria es, por definición, un acto de defensa material que permite al imputado ingresar su versión de los hechos al proceso, por lo que resultaría contradictorio alegar un agravio ante una convocatoria diseñada para garantizar el derecho de defensa.
Nuevos imputados en la causa
En paralelo, y como ya anticipó Infobae de manera exclusiva, el juez Armella dictó el 4 de mayo una resolución de mayor alcance en la causa FLP 29107/2025, que amplió el universo de imputados. A pedido de la fiscal Incardona, el magistrado convocó a declarar a cuatro dirigentes del Club Atlético Banfield: Eduardo Juan Spinosa (presidente), Federico José Spinosa (vicepresidente), Ignacio Javier Uzquiza (tesorero) y Oscar Fabián Tucker (secretario).
Las fechas quedaron fijadas del siguiente modo: Eduardo Spinosa y Federico Spinosa deberán comparecer el 18 de junio de 2026 a las 10:00 y 10:30 horas, respectivamente; Uzquiza y Tucker fueron citados para el 24 de junio a las mismas horas; y los representantes legales de las personas jurídicas Banfileños S.A. y el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña tienen audiencias el 25 de junio. A todos se les impusieron medidas cautelares: prohibición de salida del país, presentación periódica ante el juzgado, retención de documentos de viaje, prohibición de contacto entre coimputados y restricción de alejarse más de 100 kilómetros de la sede judicial.
Los cargos contra Eduardo Spinosa son los más graves: asociación ilícita en calidad de jefe u organizador, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos agravado por habitualidad, todos en calidad de coautor.
Los restantes dirigentes enfrentan cargos similares en distintas combinaciones, según su rol dentro de la estructura investigada.
La maniobra que investiga el juez Armella
La investigación reconstruye un esquema que, según la fiscalía, combinó el vaciamiento patrimonial del Club Atlético Banfield con el reciclaje de fondos de origen espurio a través de vehículos societarios diseñados para opacar el rastro del dinero.
El andamiaje se apoyó en la superposición de roles: Eduardo Spinosa, Federico Spinosa, Uzquiza y Tucker ejercían simultáneamente cargos directivos en el club —presidente, vicepresidente, tesorero y secretario— y eran autoridades y accionistas de Banfileños S.A., empresa que a su vez integraba el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, constituido en 2012. Ese fideicomiso fue instrumentado para que cualquier financiamiento externo obtenido por el club quedara automáticamente canalizado hacia cuentas bajo el control de las mismas personas físicas que administraban la institución.
El primer eje de la defraudación fueron los contratos de mutuo. El 17 de julio de 2023, la dirigencia de Banfield firmó con Sur Finanzas Group S.A. —representada por Maximiliano Ariel Vallejo— un préstamo de USD 500.000 a una tasa del 3% mensual. Apenas tres meses después, el 9 de octubre de 2023, suscribió un segundo mutuo por otros USD 500.000, esta vez al 4% mensual. El club quedó obligado a devolver un total de USD 1.150.000 en menos de seis meses, de los cuales USD 150.000 correspondían a intereses.
Ambos contratos incluían una cláusula que declaraba la recepción del millón de dólares “en dinero efectivo”, lo que impidió cualquier trazabilidad bancaria y bloqueó el control institucional.quier trazabilidad bancaria y bloqueó el control institucional.
El segundo eje fue la triangulación de ingresos genuinos. Banfield celebró contratos de sponsoreo con Sur Finanzas Group S.A. y con Roma Inversiones S.A. —ambas del entorno de Vallejo—, pero los pagos derivados de esos convenios fueron cedidos a la orden del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña en lugar de ingresar a las cuentas formales del club. La empresa PagoTic, encargada de recaudar las cuotas sociales, también acreditaba los fondos en cuentas del fideicomiso desde febrero de 2019 hasta agosto de 2023.
Los allanamientos realizados en el domicilio de la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, permitieron incautar cheques de pago diferido por sumas millonarias librados a la orden del club, pero con endosos manuscritos para ser depositados en la cuenta fiduciaria.
La fase de integración del dinero ilícito se materializó, según la fiscalía, en la adquisición de bienes registrables: Eduardo Spinosa compró una Toyota SW4 valuada en $53.745.000 y un Peugeot 208 valuado en $14.947.000; Federico Spinosa adquirió el 50% de un inmueble en la calle Ugarteche 3354 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por USD 170.000; y Tucker registró a su nombre vehículos valuados en conjunto en más de $15 millones.
El cierre del circuito se habría completado con la concesión del Estadio José María Minella a través de Minella Stadium S.A., firma cuyo CEO es el extesorero del club y en la que Eduardo Spinosa habría actuado como apoderado sin cargo declarado.
La estructura de Sur Finanzas no operó de forma aislada. En los allanamientos a la sede central de la empresa se secuestraron biblioratos denominados “CLUBES” y “PSP nómina de clientes”, que confirmaron la existencia de operaciones con al menos 16 entidades deportivas: Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué, Racing Club, Morón, San Lorenzo, Platense y Banfield. La fiscalía sostiene que la investigación patrimonial apunta a movimientos sospechosos por más de 880.000 millones de pesos.
La causa se inició en noviembre de 2025 a partir de una denuncia de ARCA por evasión de $3.327 millones en impuestos. Cuatro empleados de Sur Finanzas ya fueron procesados por encubrimiento agravado tras ser sorprendidos en el retiro de computadoras y documentación de un galpón en Turdera durante los allanamientos del 1° de diciembre de 2025.
Se cumplen 14 semanas desde que la esposa de Manuel Adorni, Bettina Angeletti, fue fotografiada junto a la comitiva oficial en los Estados Unidos. Desde entonces, la vida del jefe de gabinete entró en una pesadilla (consecuencia de sus actos) y el Gobierno en una crisis que parece no tener piso. A esta altura, salvo el presidente Javier Milei y su hermana Karina, el resto de los que están en el Gobierno cree que debe renunciar. Y aunque Milei insista en que todo se trata de operaciones, las idas y vueltas de su funcionario no convencen a nadie.
Pero algo cambió desde que Adorni presentó su declaración jurada y dio la entrevista para dar una increíble explicación de cómo consiguió la fortuna que ahora tiene. La novedad es que, en primer lugar, ya ninguno de sus compañeros de ruta sale a bancarlo. Lo segundo es que los bloques que son aliados dieron la señal de hartazgo y de que -ahora sí- le soltaron la mano. Los mensajes fueron contundentes el viernes (comunicado del PRO y de la UCR) y habrá, según pudo saber Infobae, una estrategia de arrinconamiento para que no haya más salida que la renuncia. El terreno será el parlamentario, más allá de lo que pueda decidir el juez de la causa, Ariel Lijo, ahora en Francia junto al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques en un viaje oficial. El momento elegido generó todo tipo de suspicacias, aunque alguien que trata con el juez hace más de dos décadas se despachó ante Infobae: «Creer que porque Lijo viaja con el ministro eso significa que ya hay un acuerdo es no entender cómo trabaja Comodoro Py“, sentenció.
Vayamos, entonces, al Senado. El miércoles habrá reunión de jefes de bloque para acordar si hay o no sesión este jueves. En caso de abrir el recinto, la oposición buscará aprobar la moción de censura contra el jefe de Gabinete. Se necesitan dos tercios. Son 48 senadores. Habría cerca de 45 confirmados. Un senador dialoguista explicó que la situación cambió con el correr de las semanas: «Este tema rompió la grieta. Nadie cree en una versión insostenible. La sociedad sabe que cometió el delito. Hasta ustedes, los periodistas, piensan todos igual. En el Gobierno todos te dicen que se tiene que ir, pero Milei no lo echa. Entonces lo que tenemos que hacer es presionar para que el propio funcionario entienda que ya no tiene margen. Se tiene que ir de una buena vez para no seguir trabando todo“, resumió.
Dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) ya el tema no pasa por saber quién presiona. “Es cierto que la moción de censura la plantea el peronismo. Eso no agrada, pero es un tema que no da para más”, dijo uno de ellos a este medio tras la reunión de bloque que mantuvieron vía zoom este lunes. Hoy volverán a reunirse para buscar una alternativa que le dé un cierre al asunto. “El gobierno debió ya tomar una decisión. No tenemos intención de quedarnos con ese tema”, agregó. “Vos podés zafar de la punición del delito. Pero eso no significa que no hayas cometido el delito”. En la Cámara de Diputados, el pedido de sesión especial para tratar los pedidos de moción de censura será el 23 de junio. El PRO espera que el Gobierno tome antes una decisión.
Las voces de apoyo se apagaron. Un ejemplo lo dio el youtuber mileísta, Mariano Pérez. Siempre contundente a la hora de defender todo lo que haga Milei y su Gobierno, esta vez reconoció que la nueva versión de Adorni sobre su fortuna no lo convenció: “No termina de convencer la explicación. Hace 3 meses que está el Gobierno parado y que las buenas noticias están siendo tapadas por esta situación. Algo se tiene que hacer. No sé para qué dio esa entrevista si la explicación era tan vaga. Eso de ‘puse 200 mil y gané esto, gané lo otro’, no me termina de cerrar. Tampoco vi una manifestación tan fuerte del Presidente como la otra vez“, disparó.
Mientras todas las miradas apuntan a Manuel Adorni, el Presidente busca demostrar que la situación económica ya está en una nueva etapa. Ayer la baja del riesgo país se profundizó. Descendió a 425 puntos (no sucedía hace más de 8 años) y las estimaciones privadas consideran que la inflación podría comenzar de nuevo con el 1 adelante.
Sin duda, el Presidente se siente más a gusto en viajes al exterior que en la diaria de la Quinta de Olivos. Por eso aparecen nuevos destinos en el horizonte, aunque antes habrá actos protocolares en la Argentina. El sábado 20 estará en Rosario para el acto principal por el Día de la Bandera. También participará el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que viene de recibir a Mauricio Macri. A propósito del expresidente, alguien que trabaja con él desde antes de asumir al frente de Casa Rosada, consideró casi imposible que busque una candidatura: “Ni fuerza ni ganas de jugar a ver qué pasa”, dijo ante Infobae.
Mientras Macri esté en Estados Unidos mirando el mundial, Milei viajará a España, el miércoles 24 y por tres días, para una conferencia y reuniones con empresarios. El 30 de junio estará en la cumbre del Mercosur, en Asunción del Paraguay, y luego irá una vez más a Estados Unidos para los festejos de la independencia de ese país, el 4 de julio.
La campaña ya está en marcha y en la provincia de Buenos Aires se da un hecho interesante que demuestra el hartazgo social con la política. El último informe de la consultora Eunomia, denominado «Termómetro digital PBA 2027» (datos de abril y mayo), arroja una radiografía para el peronismo bonaerense de cara a las próximas elecciones a gobernador. Ninguno de los siete potenciales candidatos medidos logra que la adhesión supere al rechazo, desnudando un problema estructural de marca política. Así, cuando una figura salta a la luz pública, el rechazo crece infinitamente más rápido que la aprobación.
El intendente de La Plata, Julio Alak, es “el rey de la visibilidad en volumen con 7.495 menciones (el 69,2% del total de la muestra), pero el 85% proviene de medios de comunicación y genera apenas 640 interacciones espontáneas. Su perfil es plano: 93% de neutralidad”, reza el informe. Detrás de él, Carlos Bianco registra 805 menciones (80% en medios) y muy pocas interacciones (561). Su conversación depende casi exclusivamente de sus declaraciones y su ligazón a la figura de Axel Kicillof. Del otro lado, aparecen figuras con una presencia genuina y nativa en redes sociales, pero que pagan un costo altísimo en términos de negatividad. Mayra Mendoza (Quilmes) es la que más conversación ciudadana real tracciona con 15.000 interacciones y un 82% de presencia en redes (especialmente en X). Sin embargo, la atención es hostil: tiene un 75% de negatividad. Algo similar ocurre con Sergio Berni, que tiene un alto debate (12.000 interacciones sobre solo 518 menciones), traccionando fuertemente por TikTok, pero con un 50% de sentimiento negativo impulsado por el enojo.
Lejos de Capital Federal pero como puntapié clave para entender 2027, días atrás el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunció que aquella provincia desdoblará la elección de la nacional e irán a las urnas el segundo fin de semana de mayo. De esta manera, Tucumán será la primera elección del 2027. El mandatario dijo que irá por la reelección. “Acá ya estamos en campaña. Así que Jaldo seguramente se va a empezar a mover de una manera distinta, mirando encuestas y todo lo referido a la elección local. Para nosotros empezó el cuarto año de Milei”, dijo un aliado suyo.
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POLITICA
El Gobierno oficializó los nuevos requisitos para la designación de jueces de la Corte Suprema
Tal como adelantó , el Gobierno oficializó este martes los nuevos requisitos para la designación de jueces de la Corte Suprema. La medida fue publicada mediante el Decreto 467/2026 en el Boletín Oficial y, entre otras cuestiones, elimina la instancia de observaciones e impugnaciones ciudadanas ante el Poder Ejecutivo y deja sin efecto la recomendación para que el Presidente contemple criterios de diversidad de género, especialidad y procedencia regional al momento de proponer candidatos.
La norma modifica los procedimientos a través de los decretos 222/2003 y 588/2003, mecanismos establecidos durante la gestión de Néstor Kirchner para la designación de jueces, fiscales y defensores públicos.
En particular, el Decreto 222/2003 obligaba al Gobierno a publicar los antecedentes de los candidatos a la Corte Suprema y abrir un período para que ciudadanos, organizaciones y universidades presentaran apoyos u objeciones. Ahora se derogaron los artículos 3, 6 y 7, por lo que desaparece esa etapa administrativa.
El argumento oficial es que esas instancias duplicaban controles porque el Senado ya realiza audiencias públicas obligatorias y recibe observaciones durante el tratamiento de los pliegos.
El Gobierno seguirá obligado a publicar los nombres y antecedentes de los candidatos a la Corte Suprema en el Boletín Oficial y en la web del Ministerio de Justicia. Sin embargo, ya no habrá un procedimiento formal dentro del Ejecutivo para recibir impugnaciones o adhesiones.
La presentación de objeciones en el Ministerio se elimina ya que “guarda similitud con las que se cumplen en el proceso que ya se lleva a cabo en el Senado”, dijeron en el Gobierno.
Agregaron que hay una “duplicación de instancias administrativas (publicación de antecedentes y la recepción de observaciones ciudadanas) dentro de la órbita del Ministerio de Justicia”. En los hechos, los tiempos del proceso para designar un juez de la Corte se reducen drásticamente.
Por otro lado, se modificó el Decreto 588/2003, que regulaba las ternas de jueces inferiores, fiscales y defensores. A partir de ahora se publicará durante un solo día la integración de las ternas.
En paralelo, los candidatos deberán seguir presentando la declaración jurada patrimonial, información sobre sociedades, asociaciones, estudios jurídicos y clientes de los últimos ocho años. El decreto establece cinco días para que los candidatos presenten sus declaraciones juradas.
El texto normativo sostiene que existe una “crisis institucional” por la gran cantidad de vacantes en la Justicia nacional y federal, y que los procedimientos vigentes generaban demoras innecesarias porque repetían controles que luego realiza el Senado. La publicidad, la transparencia y la participación ciudadana seguirán garantizadas en la etapa de acuerdo del Senado, aseguró el oficialismo.
Además, se eliminan las recomendaciones del decreto de Kirchner para que los jueces de la Corte sean propuestos teniendo en cuenta la diversidad de género, especialidad y procedencia regional.
Son recomendaciones que, de todos modos, el Gobierno no tuvo en cuenta cuando propuso para la Corte al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel García-Mansilla. Sin embargo, el trámite extendido que establece el Decreto 222/2003 multiplicó los días de desgaste político para el oficialismo, a medida que se apilaban las impugnaciones contra Lijo. Objeciones que luego se repitieron en el Senado.
Estos cambios se dan en momentos en que el Gobierno aceleró para cubrir las vacantes de jueces y fiscales de la Justicia Nacional y Federal. Ya envió al Senado más de 100 pliegos de candidatos que pasaron el examen en el Consejo de la Magistratura y logró el acuerdo para 74 pliegos.
En paralelo, el Gobierno puede volver a hacer un intento para completar la Corte Suprema, que cuenta con tres de los cinco jueces previstos en la ley: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El Presidente hizo saber que prefiere cubrir las dos vacantes luego de 2027, convencido de que logrará un triunfo electoral que le dará suficiente fuerza en el Senado para obtener los votos de los dos tercios sin negociar con la oposición.
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POLITICA
Diego Santilli acelera las negociaciones con las provincias y suma nuevas reuniones por la reforma electoral
La reforma electoral continúa entre las prioridades legislativas del Gobierno y Diego Santilli volverá este martes a dedicar buena parte de su agenda a una ronda de reuniones con gobernadores para intentar sumar respaldos antes de que el proyecto llegue al Congreso.
El ministro del Interior recibirá en la Casa Rosada al chaqueño Leandro Zdero, a las 10; al sanjuanino Marcelo Orrego, a las 15, y al fueguino Gustavo Melella, a las 16. Los encuentros forman parte de una estrategia que el funcionario viene desplegando desde hace semanas para construir consensos con mandatarios de distintos espacios políticos y medir el margen real de apoyo con el que cuenta el oficialismo.
La búsqueda de acuerdos se volvió especialmente relevante porque la reforma electoral permanece empantanada por las diferencias que existen entre el Gobierno y parte de los bloques dialoguistas sobre el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), uno de los capítulos más sensibles de la iniciativa.
Mientras intenta ordenar la discusión parlamentaria, la Casa Rosada también procura fortalecer el vínculo con las provincias en una agenda que incluye reclamos por recursos, infraestructura y obras públicas, temas que suelen aparecer en las conversaciones con los gobernadores.
La construcción de apoyos
Santilli quedó al frente de las negociaciones políticas con las provincias para avanzar con la reforma electoral y en las últimas semanas sumó reuniones con mandatarios de distintos signos políticos.
Entre los antecedentes más recientes figura el encuentro con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que ya expresó públicamente su respaldo a la eliminación de las PASO. También recibió al catamarqueño Raúl Jalil, que luego de reunirse con el ministro sostuvo que “las internas deben resolverse dentro de los partidos”, una definición que fue interpretada en el oficialismo como una señal favorable a la propuesta.
La agenda también incluyó conversaciones con el neuquino Rolando Figueroa, el salteño Gustavo Sáenz y otros gobernadores con los que el Gobierno mantiene canales de diálogo abiertos para explorar coincidencias en materia legislativa.
La incorporación de Melella a la agenda de este martes agrega un componente político particular. El mandatario de Tierra del Fuego mantiene una relación distante con la Casa Rosada desde el inicio de la gestión y representa uno de los sectores opositores con los que el oficialismo ahora intenta sostener conversaciones institucionales.
El debate sobre las PASO
La eliminación de las PASO sigue siendo el principal obstáculo para la aprobación de la reforma. Aunque el Gobierno consiguió respaldos parciales entre algunos gobernadores, todavía no logró reunir los consensos necesarios para garantizar el avance del proyecto en el Congreso.
Por ese motivo, en las últimas semanas comenzó a ganar terreno dentro del oficialismo la posibilidad de introducir modificaciones para acercar posiciones con sectores aliados. Entre las alternativas que se analizan aparece una iniciativa impulsada por el radicalismo que propone transformar las PASO en un mecanismo optativo en lugar de eliminarlas.
Además de la discusión sobre las primarias, la reforma electoral contempla otros cambios, entre ellos la incorporación de un casillero para votar lista completa en la Boleta Única Papel, un proyecto de Ficha Limpia y modificaciones en el sistema de financiamiento de los partidos políticos.
Diego Santilli, reforma electoral, Gobernadores
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