POLITICA
Ultimátum de la Justicia para el financista ligado a la AFA: será detenido si no se presenta a declarar
El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella fijó para el 26 de mayo de 2026 una nueva fecha de indagatoria para Maximiliano Ariel Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, dueños del holding Sur Finanzas, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su detención inmediata si no se presentan.
La decisión llega después de que la defensa del empresario —vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia— no compareciera a la audiencia prevista y la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (CFALP) rechazara los planteos recursivos del abogado defensor, Pablo Parera, y allanara el camino para que las audiencias se efectivicen sin demoras.
El magistrado fijó las audiencias para Maximiliano Ariel Vallejo a las 10 de la mañana y para Graciela Vallejo una hora más tarde, a las 11, del 26 de mayo, en la sede del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora.
La resolución, dictada el 5 de mayo de 2026, señala que ante la incomparecencia de los imputados, tanto la querella —la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)— como la fiscal federal Cecilia Incardona habían solicitado la detención inmediata de ambos para garantizar su presencia.
Armella no ordenó la detención de forma anticipada, pero advirtió que si los responsables de Sur Finanzas no se presentan, se declarará su rebeldía y se enviará a la fuerza pública a buscarlos.
El rechazo de la Cámara
La nueva citación se produce tras una secuencia de planteos judiciales que buscaron suspender las indagatorias. La defensa de Vallejo interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio contra el decreto del 27 de abril de 2026, mediante el cual el juzgado había concedido sin efecto suspensivo la apelación de la defensa contra la resolución que dispuso la citación a indagatoria.
La defensa calificó esa decisión de “arbitraria y carente de fundamentación” y argumentó que realizar la audiencia con un planteo de nulidad pendiente generaría un riesgo de irreversibilidad.
El juez Luis Armella rechazó ese razonamiento. En la resolución del incidente FLP 29107/2025/56/1, el magistrado sostuvo que supeditar el avance del proceso a la resolución de un recurso de nulidad “implicaría admitir que el mero planteo de recursos pueda paralizar el proceso”, lo que constituiría un uso “manifiestamente obstructivo del sistema procesal”. Declaró inadmisible el recurso de apelación presentado en subsidio y condenó en costas a la defensa por considerar que “no tuvo una razón plausible para litigar”. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, el tribunal de segunda instancia federal con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires, al pronunciarse sobre el incidente, avaló la postura del juzgado.
La fiscal Incardona también refutó el argumento de la “irreversibilidad”: señaló que la indagatoria es, por definición, un acto de defensa material que permite al imputado ingresar su versión de los hechos al proceso, por lo que resultaría contradictorio alegar un agravio ante una convocatoria diseñada para garantizar el derecho de defensa.
Nuevos imputados en la causa
En paralelo, y como ya anticipó Infobae de manera exclusiva, el juez Armella dictó el 4 de mayo una resolución de mayor alcance en la causa FLP 29107/2025, que amplió el universo de imputados. A pedido de la fiscal Incardona, el magistrado convocó a declarar a cuatro dirigentes del Club Atlético Banfield: Eduardo Juan Spinosa (presidente), Federico José Spinosa (vicepresidente), Ignacio Javier Uzquiza (tesorero) y Oscar Fabián Tucker (secretario).
Las fechas quedaron fijadas del siguiente modo: Eduardo Spinosa y Federico Spinosa deberán comparecer el 18 de junio de 2026 a las 10:00 y 10:30 horas, respectivamente; Uzquiza y Tucker fueron citados para el 24 de junio a las mismas horas; y los representantes legales de las personas jurídicas Banfileños S.A. y el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña tienen audiencias el 25 de junio. A todos se les impusieron medidas cautelares: prohibición de salida del país, presentación periódica ante el juzgado, retención de documentos de viaje, prohibición de contacto entre coimputados y restricción de alejarse más de 100 kilómetros de la sede judicial.
Los cargos contra Eduardo Spinosa son los más graves: asociación ilícita en calidad de jefe u organizador, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos agravado por habitualidad, todos en calidad de coautor.
Los restantes dirigentes enfrentan cargos similares en distintas combinaciones, según su rol dentro de la estructura investigada.
La maniobra que investiga el juez Armella
La investigación reconstruye un esquema que, según la fiscalía, combinó el vaciamiento patrimonial del Club Atlético Banfield con el reciclaje de fondos de origen espurio a través de vehículos societarios diseñados para opacar el rastro del dinero.
El andamiaje se apoyó en la superposición de roles: Eduardo Spinosa, Federico Spinosa, Uzquiza y Tucker ejercían simultáneamente cargos directivos en el club —presidente, vicepresidente, tesorero y secretario— y eran autoridades y accionistas de Banfileños S.A., empresa que a su vez integraba el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, constituido en 2012. Ese fideicomiso fue instrumentado para que cualquier financiamiento externo obtenido por el club quedara automáticamente canalizado hacia cuentas bajo el control de las mismas personas físicas que administraban la institución.
El primer eje de la defraudación fueron los contratos de mutuo. El 17 de julio de 2023, la dirigencia de Banfield firmó con Sur Finanzas Group S.A. —representada por Maximiliano Ariel Vallejo— un préstamo de USD 500.000 a una tasa del 3% mensual. Apenas tres meses después, el 9 de octubre de 2023, suscribió un segundo mutuo por otros USD 500.000, esta vez al 4% mensual. El club quedó obligado a devolver un total de USD 1.150.000 en menos de seis meses, de los cuales USD 150.000 correspondían a intereses.
Ambos contratos incluían una cláusula que declaraba la recepción del millón de dólares “en dinero efectivo”, lo que impidió cualquier trazabilidad bancaria y bloqueó el control institucional.quier trazabilidad bancaria y bloqueó el control institucional.
El segundo eje fue la triangulación de ingresos genuinos. Banfield celebró contratos de sponsoreo con Sur Finanzas Group S.A. y con Roma Inversiones S.A. —ambas del entorno de Vallejo—, pero los pagos derivados de esos convenios fueron cedidos a la orden del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña en lugar de ingresar a las cuentas formales del club. La empresa PagoTic, encargada de recaudar las cuotas sociales, también acreditaba los fondos en cuentas del fideicomiso desde febrero de 2019 hasta agosto de 2023.
Los allanamientos realizados en el domicilio de la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, permitieron incautar cheques de pago diferido por sumas millonarias librados a la orden del club, pero con endosos manuscritos para ser depositados en la cuenta fiduciaria.
La fase de integración del dinero ilícito se materializó, según la fiscalía, en la adquisición de bienes registrables: Eduardo Spinosa compró una Toyota SW4 valuada en $53.745.000 y un Peugeot 208 valuado en $14.947.000; Federico Spinosa adquirió el 50% de un inmueble en la calle Ugarteche 3354 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por USD 170.000; y Tucker registró a su nombre vehículos valuados en conjunto en más de $15 millones.
El cierre del circuito se habría completado con la concesión del Estadio José María Minella a través de Minella Stadium S.A., firma cuyo CEO es el extesorero del club y en la que Eduardo Spinosa habría actuado como apoderado sin cargo declarado.
La estructura de Sur Finanzas no operó de forma aislada. En los allanamientos a la sede central de la empresa se secuestraron biblioratos denominados “CLUBES” y “PSP nómina de clientes”, que confirmaron la existencia de operaciones con al menos 16 entidades deportivas: Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué, Racing Club, Morón, San Lorenzo, Platense y Banfield. La fiscalía sostiene que la investigación patrimonial apunta a movimientos sospechosos por más de 880.000 millones de pesos.
La causa se inició en noviembre de 2025 a partir de una denuncia de ARCA por evasión de $3.327 millones en impuestos. Cuatro empleados de Sur Finanzas ya fueron procesados por encubrimiento agravado tras ser sorprendidos en el retiro de computadoras y documentación de un galpón en Turdera durante los allanamientos del 1° de diciembre de 2025.
POLITICA
Bartolomé Abdala: “El Presidente es quien va a resolver si le pide o no la renuncia a Adorni”
La ceremonia del Tedeum por el aniversario de la Revolución de Mayo alteró la dinámica habitual en la cúpula política: la ausencia de Victoria Villarruel en la Catedral Metropolitana ubicó a Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, como la máxima autoridad legislativa en el acto.
Su presencia junto al presidente subrayó el valor institucional del cargo en un escenario de internas en el oficialismo. En diálogo con Infobae al Regreso, Abdala explicó cómo se definió su participación y analizó el peso político de cada señal en la etapa actual del gobierno.
Abdala y el desafío de la unidad política en La Libertad Avanza
Abdala reconoció la tensión dentro del oficialismo y el efecto de la foto de unidad tras la misa: “El presidente está gobernando y los resultados se están viendo. Tiene un gabinete que se reúne, se reunió el día lunes, se reunió hoy día, donde se los ve todos juntos. Para mí, el tema de la interna prefiero dejarlo en un segundo plano”.
El senador admitió que, aunque las diferencias existen, “los aliados seguimos siendo 44 con opción a 47 y estamos cerca de llegar a los 48, que sería el número para poder tener los dos tercios”.
Consultado sobre su vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, Abdala señaló: “Hablo con Victoria, sí. Pero respecto a este tema lo tiene que expresar ella. Entiendo que es una persona inteligente, es grande y tiene la capacidad para dar las explicaciones cuando quiera”.
En relación a la conducción política, Abdala no dudó: “En el país claramente manda Javier. La Argentina es un país presidencialista en donde tenemos que cuidar al presidente”.
Opinó que sería deseable la reelección presidencial: “Hace muchos años que Argentina no reelige el presidente. Perdió Cristina, perdió Macri, perdieron los Fernández. Los que terminan perdiendo es el pueblo, el ciudadano común”.
La figura presidencial y la polémica por Adorni
El senador abordó la polémica en torno al jefe de gabinete Manuel Adorni y la demora en la presentación de su declaración jurada: “Como contador, una declaración jurada es una cosa muy fácil de hacer. Él todavía no se ha vencido, a favor de Manuel, no se ha vencido el plazo. Hasta el último día de vencimiento tiene tiempo de presentarla”.
Añadió que Patricia Bullrich “la presentó antes también”, pero insistió en que “en este caso particular es decisión de él cuándo la va a presentar”.
Sobre la posibilidad de que Adorni sea citado a indagatoria y eventualmente procesado, Abdala fue cauto: “Es difícil cuando se hace futurología. Hay que ver qué va a resolver el juez. El presidente es quien de manera personalísima va a resolver si le pide o no la renuncia”.
Reiteró: “Manuel está confiado de que no va a ser procesado. Veremos qué resuelve la justicia con toda la independencia que corresponde”. Al referirse al rol de Adorni como funcionario, Abdala fue directo: “Adorni es un empleado del presidente. Si el presidente lo tiene es porque considera que lo está cuidando. Sí, lo estaría cuidando”.
Remarcó la necesidad de proteger la figura presidencial: “No solamente los funcionarios tienen que cuidar al presidente, los legisladores, los periodistas, el pueblo. El presidente es la figura institucional más respetable que hay y tenemos todos que bregar para que gobierne de la mejor manera”.
Diálogo, Iglesia y futuro institucional
Abdala valoró el mensaje de diálogo de la homilía del arzobispo Jorge García Cuerva durante el Tedeum: “Fue una homilía en donde invita a que la Argentina crezca y pone al diálogo como uno de los íconos principales. Es algo que a mí siempre me ha caracterizado”.
Respecto a las críticas del diputado Bertie Benegas Lynch sobre el papel de la Iglesia, Abdala diferenció su postura: “Claramente, esas palabras no son las mías. Soy creyente, católico apostólico romano. Si León XIV viene a la Argentina, seré uno de los tantos argentinos que nos pondremos contentos de que el Papa nos visita”.
Sobre la proyección electoral y la posible reelección de Javier Milei, Abdala sostuvo: “En el cuarto domingo de octubre va a haber una elección. Los argentinos van a tener para elegir entre el proyecto del oficialismo, que seguramente será Javier Milei, o habrá otro que seguramente va a surgir del ala kirchnerista, llámese Kicillof o alguno de los peronistas que se sumen a Cristina. Creo que va a haber un sector del peronismo racional, que es anti kirchnerista, que han entendido de que el camino correcto es el nuestro”.
El senador también se refirió a la importancia de completar la Corte Suprema: “La seguridad jurídica es algo prioritario que también te la da conformar la corte. Si pudiéramos conformarla actualmente con cinco miembros, eso nos va a dar más seguridad jurídica. Me encantaría que salgan por unanimidad los jueces de la corte para darle más confianza a la Argentina”.
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bartolomé abdala
El Gobierno tiene un problema con la religión católica. Ni siquiera se lo puede atribuir a la simpatía del Presidente por la religión judía porque el diálogo interreligioso, que el entonces cardenal Jorge Bergoglio impulsó desde Buenos Aires, ha continuado y comprende a todas las religiones, pero fundamentalmente a las tres monoteístas: al cristianismo, al judaísmo y a la musulmana. En ese contexto, y también cuando gobernaba el kirchnerismo, el 25 de Mayo se ha convertido no solo en la Fecha Patria, sino en un permanente tironeo entre la dirigencia política y los líderes de la religión católica por el contenido de las homilías de los arzobispos de Buenos Aires en el Tedeum.
Está más que claro que la homilía del lunes del actual arzobispo, Jorge García Cuerva, no le gustó ni a Milei ni a sus fanáticos seguidores. Aunque el Presidente fue mesurado en su respuesta a García Cuerva (solo calificó de “exagerados” algunos párrafos de la epístola del arzobispo), su voceros más fidedignos llegaron hasta la ofensa y la descalificación del jefe religioso. Deberían haber agradecido: García Cuerva no hizo ninguna alusión a la corrupción de la dirigencia política en un momento en el que se ventilan notables hechos de deshonestidad en la función pública, pasados y presente, en la Justicia.
Se extraña al cardenal Bergoglio, quien en la única homilía que pronunció ante Néstor Kirchner les reprochó a los políticos la corrupción que ya se percibía. Ninguno de los dos Kirchner volvió nunca más a un tedeum de Bergoglio. El entonces matrimonio presidencial participó en adelante de los tedeums de los 25 de Mayo en provincias con obispos más tolerantes y menos sinceros.
El lunes pasado, García Cuerva se limitó a criticar, con razón, la fragmentación social y la violencia que existe en las redes sociales, espoleada en gran medida por un oficialismo obsesivo con la hegemonía en X (la vieja Twitter). No fue más allá. Mucho más moderado que Bergoglio, García Cuerva se conformó con pedir por la pacificación nacional. “Basta de arengar la división y la polarización”, exhortó, y agregó. “A ver cuando la vamos a cortar con mirarnos como enemigos”. También calificó de “terrorismo en las redes” lo que está sucediendo con las guerras virtuales en el universo de las plataformas digitales. Esta fue una de las partes de la homilía que provocaron la reacción posterior de Milei, quien calificó de “exagerada” la expresión de García Cuerva. También dijo que le parecía normal “combatir” entre quienes quieren y no quieren que “las cosas cambien”. La violencia verbal o física no son nunca normales en un ámbito donde deberían prevalecer las formas democráticas. Pero cosas peores pasaron entre el papa León XIV y el presidente norteamericano, Donald Trump, también porque el Pontífice no está de acuerdo con la guerras reales o virtuales.
Sin embargo, esa suave refutación presidencial (aunque los presidentes no suelen responder de ninguna forma las homilías de obispos y arzobispos) fue el santo y seña para que los generales de las perpetuas guerras mileístas salieran al campo de batalla. El primero en aparecer fue el diputado Bertie Benegas Lynch, quien calificó al arzobispo de Buenos Aires como un “militante con sotana” que había “romantizado la pobreza”.
La vocación de la Iglesia por reclamar por los sectores más vulnerables de la sociedad es un viejo fastidio de los gobernantes argentinos. Deberían, y debieron, leer los cuatro evangelios para descubrir que la preocupación por los pobres está en la primera doctrina de los cristianos y también en los libros de la religión judía. En síntesis, mientras haya un pobre la Iglesia reclamará por los pobres, porque además a ella le toca estar en el frente de batalla contra las carencias más esenciales. Basta caminar al mediodía cerca de cualquier Iglesia para observar la cola de gente que espera recibir un plato de comida caliente.
En la Argentina no hay un pobre, sino muchos más: casi el 30 por ciento de la sociedad −tal vez el número bien medido sea mayor− sobrevive bajo la línea de la pobreza. El propio presidente del Episcopado, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, ha hecho numerosas alusiones a la penurias de los pobres y hasta de la clase media. Colombo tiene el cargo más importante de la Iglesia católica argentina. En esas mismas declaraciones, Benegas Lynch señaló que García Cuerva (o la Iglesia, quién lo sabe) se ocupa de la “demonización del individuo”. ¿Qué quiso decir con la palabra “demonización”? ¿Cuál es el individuo presuntamente “demonizado”? ¿De dónde sacó semejante conclusión?
Peor que Benegas Lynch fue el biógrafo del Presidente, Nicolás Márquez, quien calificó de “obispillo” a García Cuerva y lanzó una doble ofensa cuando señaló que había sido designado por el “apóstata Bergoglio”. Como la palabra “apóstata” refiere a personas que renegaron de una fe religiosa, debe reconocerse que Márquez es una buen biógrafo de Javier Milei por las coincidencias que existen entre ellos: el actual Presidente calificó en su momento al papa Francisco de “enviado del maléfico” y como el “representante del demonio en la Tierra”. El Papa prematuramente muerto lo perdonó luego a Milei y hasta aceptó un pedido del jefe del Estado argentino para abrazarlo. Pero los políticos a veces solo actúan las reconciliaciones, simplemente porque les conviene.
Francisco hasta programó una visita al país durante el gobierno de Milei, según le adelantó a este periodista. La enfermedad y la muerte se lo impidieron. Pero sucede algo más profundo y constante: hay una evidente disidencia entre el pensamiento libertario y las antiguas ideas de la Iglesia, que en la mayoría de los casos no responden a las supuestas simpatías políticas de esta. Se trata solo de la interpretación de los libros sagrados de la religión. Milei prefiere detenerse en los libros de sus economistas preferidos, sobre todo si pertenecen a la escuela austríaca de economía. Está en su derecho. El derecho que no tiene es el de habilitar a sus voceros a la agresión verbal de los que piensan distinto de él, incluidos los líderes religiosos del país.
En una dirección simultánea, el gobierno de Milei decidió alejar al país de comisiones de derechos humanos que pertenecen a organismos multilaterales. Fue un remedo de una decisión del gobierno de Trump, que también retiró a su país del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El presidente norteamericano hasta le retiró los recursos que Estados Unidos le dedicaba a ese Consejo. La decisión de Trump y de Milei es equivocada, aunque muchas resoluciones de ese Consejo sean verdaderamente cuestionables. El solo hecho de que la Venezuela del chavismo y la Cuba de la dictadura de los Castro hayan estado (o están) en ese Consejo es ya un error palpable de la diplomacia internacional. Pero la deserción de los países democráticos solo promueve que esas tiranías tengan más influencia aún en tales organismos multilaterales. Además, nunca se sabe cuándo se sumarán −si es que se suman− países con gobiernos como los de Venezuela y Cuba al escenario internacional. Será oportuno, en tal caso, que naciones que respetan las reglas de la democracia, aun con sus desvíos y desafecciones, estén en esos organismos para denunciar las violaciones de los derechos humanos de sociedades indefensas.
Ahora bien, ¿es necesario que Milei oriente su política exterior para seguir en todos los casos las líneas fundamentales que establece el gobierno de Washington? Debe recordarse que en enero de este año Trump decidió retirar a su país de la Organización Mundial de la Salud. Milei hizo lo mismo con la Argentina dos meses después. Si se mira lo que está sucediendo en un mundo de sucesivas guerras, es comprobable que Trump lleva a los Estados Unidos, la otrora única potencia mundial, a una situación de patética irrelevancia. Su amigo Putin no cesa de devastar a la pobre Ucrania y el jefe de la Casa Blanca no pudo, hasta ahora, terminar con el criminal régimen teocrático que gobierna Irán.
Kiev está sufriendo en estos días uno de los más ruinosos ataques bélicos de parte de Moscú. El gobierno ruso hasta se dio el lujo de advertirle a Washington que es mejor que retire de Kiev, capital de Ucrania, a sus diplomáticos. Trump calla porque, dice, eligió mantener un canal de diálogo, que lo viene explorando sin éxito desde hace casi dos años. Ucrania puede esperar la solidaridad de los europeos, pero casi ninguna del gobierno norteamericano. Trump está negociando, al mismo tiempo, una prórroga de la tregua con el gobierno de los ayatollahs iraníes después de haber asegurado que borraría del mapa a esa cruel tiranía. ¿Cómo se llama eso si no una sucesión de derrotas? ¿Cómo, si Ucrania sigue sufriendo y la jerarquía iraní sigue controlando el estrecho de Ormuz, una vía navegable indispensable para el trasiego del petróleo y el gas hacia el resto del mundo?
Trump lo salvó a Milei de una derrota electoral. ¿O fue solo la perspicacia del poderoso secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien le prometió el año pasado 20.000 millones de dólares que nunca entregó cuando el presidente argentino había perdido la provincia de Buenos Aires? A Trump también le convenía el triunfo de Milei, como sucedió después. Las relaciones internacionales son siempre un ejercicio de equilibrios inestables.
exagerados,Se reunió la mesa política del Gobierno después de los gestos de Milei para frenar la interna libertaria,“Basta de arengar la división y la polarización”,“militante con sotana”,alejar al país de comisiones de derechos humanos,Se quebró en plena audiencia: la expareja de Centeno dijo que él la usó de testaferro y que ella hizo copias de sus anotaciones,Joaquín Morales Solá,Javier Milei,Jorge García Cuerva,Papa Francisco,Conforme a,,»Es una mala señal». Preocupa en la Iglesia el proyecto del Gobierno que no restringe la publicidad de las apuestas online,,El achique del Estado. El Gobierno despide a los trabajadores del complejo hotelero de Embalse que ordenó cerrar,,Lobby, regulación y fútbol. El proyecto de Milei contra la ludopatía evita tocar el corazón del negocio de las apuestas,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: las repercusiones del tedeum y la expansión de la interna libertaria,,“No le falten el respeto a las provincias”. La reacción de Jaldo ante la polémica por la ausencia de Tucumán en un mapa difundido por Milei,,Más dólares. Entró el giro del FMI y las reservas del BCRA marcaron el nivel más alto desde 2019
POLITICA
El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley de Lobby: qué regula y qué actividades quedan excluidas
En medio del envío de una nueva tanda de reformas al Congreso, el Gobierno presentó un proyecto para regular la actividad de lobby o gestión de intereses ante el Estado. La iniciativa propone crear un régimen con registros públicos, reglas de transparencia y mecanismos de trazabilidad para las interacciones entre funcionarios y actores privados con el objetivo de influir en decisiones públicas.
Los fundamentos del Gobierno nacional sobre el proyecto de ley de Lobby sostienen que la gestión de intereses es una actividad legítima y presentan la iniciativa como un “Régimen de Gestión de Intereses destinado a garantizar la publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad de las interacciones entre actores públicos y privados en los procesos de formación y toma de decisiones estatales”.
Para el Ejecutivo, “un Estado más transparente es aquel que se erige sobre una base sin arbitrariedad ni privilegios, con mayor libertad y participación ciudadana”. Además, agrega: “La calidad institucional no se declama, se construye con reglas claras que limiten el poder y expongan su ejercicio al control público”.
El proyecto será girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, encabezadas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio.
Qué establece el proyecto
La iniciativa define a la gestión de intereses como toda actividad de promoción, representación, intermediación, asesoramiento o incidencia desarrollada por personas humanas o jurídicas —por cuenta propia o de terceros, con o sin fines de lucro, de manera onerosa o gratuita— con el objetivo de influir en la adopción, modificación, postergación, rechazo, implementación o evaluación de decisiones públicas.
Entre las actividades alcanzadas figuran la elaboración, aprobación, modificación o derogación de leyes, actos administrativos y políticas públicas; procedimientos de contratación estatal; concesiones, permisos, licencias y habilitaciones; además de la asignación o modificación de partidas presupuestarias, subsidios, beneficios fiscales o regímenes promocionales.
En cambio, quedarán excluidas las comunicaciones de carácter protocolar, social o institucional y las actividades académicas, científicas, técnicas, periodísticas o de difusión general, siempre que no busquen influir sobre una decisión pública determinada. También quedará exceptuado el ejercicio individual del derecho de petición ante las autoridades.
El proyecto prevé además la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, de acceso abierto, destinado a identificar a las personas humanas y jurídicas que desarrollen actividades de lobby ante los poderes Ejecutivo y Legislativo.
También establece incompatibilidades: ningún funcionario podrá actuar como gestor de intereses mientras ejerza funciones públicas, en línea con la Ley de Ética de la Función Pública.
Quedarán incluidas dentro del régimen las gestiones vinculadas con la elaboración o derogación de leyes, licitaciones, concesiones o la asignación de subsidios y beneficios fiscales.
En La Libertad Avanza sostienen que la propuesta “es una herramienta para contribuir a la construcción de una democracia más deliberativa, transparente y liberal”.
Antecedentes legislativos
El último proyecto de ley de Lobby presentado en el Congreso ingresó en 2024 y fue impulsado por la diputada radical Karina Banfi, hoy integrante del monobloque Adelante Buenos Aires.
“La existencia de un régimen implica reglas y constituye el primer paso para evitar conflictos de intereses, que son centrales en la conducta ética de cualquier funcionario o tomador de decisiones”, señaló Banfi a TN. Y agregó: “El conflicto de intereses y los lobbies son la puerta de ingreso a la corrupción cuando la ética del funcionario queda expuesta a beneficios o privilegios por encima del bien común”.
La legisladora también cuestionó al Poder Ejecutivo: “No responde pedidos de acceso a la información, pero ahora quiere autorregularse respecto de con quiénes se reúne. Lo celebro de todas maneras si toman en serio, de una vez por todas, la agenda de transparencia y fortalecimiento institucional”.
Su iniciativa fue acompañada por los radicales Fabio Quetglas, Mario Barletta, Soledad Carrizo, Gerardo Cipollini y Marcela Coli. En los fundamentos del proyecto señalaron que una regulación de este tipo “representa una de las deudas del Congreso para fortalecer la democracia y promover la probidad en la función pública”.
Sin embargo, esa propuesta nunca avanzó en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Antecedentes internacionales
En Estados Unidos, la ley de Lobby fue sancionada en 1995 y reformada en 2007. El sistema establece un esquema de transparencia basado en registros públicos y la divulgación obligatoria de las actividades de cabildeo.
La normativa exige que cualquier individuo u organización contratada para realizar tareas de lobby se registre ante la Secretaría del Senado y la Cámara de Representantes.
En la Unión Europea no existe una ley específica, aunque sí un sistema regulatorio apoyado en un Registro de Transparencia. Funciona bajo el principio de “condicionalidad”: registrarse es un requisito indispensable para cualquier persona u organización que quiera realizar actividades de influencia sobre las decisiones públicas.
Diputados, proyectos, Javier Milei
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