POLITICA
Ultimátum de la Justicia para el financista ligado a la AFA: será detenido si no se presenta a declarar
El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella fijó para el 26 de mayo de 2026 una nueva fecha de indagatoria para Maximiliano Ariel Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, dueños del holding Sur Finanzas, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su detención inmediata si no se presentan.
La decisión llega después de que la defensa del empresario —vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia— no compareciera a la audiencia prevista y la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (CFALP) rechazara los planteos recursivos del abogado defensor, Pablo Parera, y allanara el camino para que las audiencias se efectivicen sin demoras.
El magistrado fijó las audiencias para Maximiliano Ariel Vallejo a las 10 de la mañana y para Graciela Vallejo una hora más tarde, a las 11, del 26 de mayo, en la sede del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora.
La resolución, dictada el 5 de mayo de 2026, señala que ante la incomparecencia de los imputados, tanto la querella —la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)— como la fiscal federal Cecilia Incardona habían solicitado la detención inmediata de ambos para garantizar su presencia.
Armella no ordenó la detención de forma anticipada, pero advirtió que si los responsables de Sur Finanzas no se presentan, se declarará su rebeldía y se enviará a la fuerza pública a buscarlos.
El rechazo de la Cámara
La nueva citación se produce tras una secuencia de planteos judiciales que buscaron suspender las indagatorias. La defensa de Vallejo interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio contra el decreto del 27 de abril de 2026, mediante el cual el juzgado había concedido sin efecto suspensivo la apelación de la defensa contra la resolución que dispuso la citación a indagatoria.
La defensa calificó esa decisión de “arbitraria y carente de fundamentación” y argumentó que realizar la audiencia con un planteo de nulidad pendiente generaría un riesgo de irreversibilidad.
El juez Luis Armella rechazó ese razonamiento. En la resolución del incidente FLP 29107/2025/56/1, el magistrado sostuvo que supeditar el avance del proceso a la resolución de un recurso de nulidad “implicaría admitir que el mero planteo de recursos pueda paralizar el proceso”, lo que constituiría un uso “manifiestamente obstructivo del sistema procesal”. Declaró inadmisible el recurso de apelación presentado en subsidio y condenó en costas a la defensa por considerar que “no tuvo una razón plausible para litigar”. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, el tribunal de segunda instancia federal con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires, al pronunciarse sobre el incidente, avaló la postura del juzgado.
La fiscal Incardona también refutó el argumento de la “irreversibilidad”: señaló que la indagatoria es, por definición, un acto de defensa material que permite al imputado ingresar su versión de los hechos al proceso, por lo que resultaría contradictorio alegar un agravio ante una convocatoria diseñada para garantizar el derecho de defensa.
Nuevos imputados en la causa
En paralelo, y como ya anticipó Infobae de manera exclusiva, el juez Armella dictó el 4 de mayo una resolución de mayor alcance en la causa FLP 29107/2025, que amplió el universo de imputados. A pedido de la fiscal Incardona, el magistrado convocó a declarar a cuatro dirigentes del Club Atlético Banfield: Eduardo Juan Spinosa (presidente), Federico José Spinosa (vicepresidente), Ignacio Javier Uzquiza (tesorero) y Oscar Fabián Tucker (secretario).
Las fechas quedaron fijadas del siguiente modo: Eduardo Spinosa y Federico Spinosa deberán comparecer el 18 de junio de 2026 a las 10:00 y 10:30 horas, respectivamente; Uzquiza y Tucker fueron citados para el 24 de junio a las mismas horas; y los representantes legales de las personas jurídicas Banfileños S.A. y el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña tienen audiencias el 25 de junio. A todos se les impusieron medidas cautelares: prohibición de salida del país, presentación periódica ante el juzgado, retención de documentos de viaje, prohibición de contacto entre coimputados y restricción de alejarse más de 100 kilómetros de la sede judicial.
Los cargos contra Eduardo Spinosa son los más graves: asociación ilícita en calidad de jefe u organizador, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos agravado por habitualidad, todos en calidad de coautor.
Los restantes dirigentes enfrentan cargos similares en distintas combinaciones, según su rol dentro de la estructura investigada.
La maniobra que investiga el juez Armella
La investigación reconstruye un esquema que, según la fiscalía, combinó el vaciamiento patrimonial del Club Atlético Banfield con el reciclaje de fondos de origen espurio a través de vehículos societarios diseñados para opacar el rastro del dinero.
El andamiaje se apoyó en la superposición de roles: Eduardo Spinosa, Federico Spinosa, Uzquiza y Tucker ejercían simultáneamente cargos directivos en el club —presidente, vicepresidente, tesorero y secretario— y eran autoridades y accionistas de Banfileños S.A., empresa que a su vez integraba el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, constituido en 2012. Ese fideicomiso fue instrumentado para que cualquier financiamiento externo obtenido por el club quedara automáticamente canalizado hacia cuentas bajo el control de las mismas personas físicas que administraban la institución.
El primer eje de la defraudación fueron los contratos de mutuo. El 17 de julio de 2023, la dirigencia de Banfield firmó con Sur Finanzas Group S.A. —representada por Maximiliano Ariel Vallejo— un préstamo de USD 500.000 a una tasa del 3% mensual. Apenas tres meses después, el 9 de octubre de 2023, suscribió un segundo mutuo por otros USD 500.000, esta vez al 4% mensual. El club quedó obligado a devolver un total de USD 1.150.000 en menos de seis meses, de los cuales USD 150.000 correspondían a intereses.
Ambos contratos incluían una cláusula que declaraba la recepción del millón de dólares “en dinero efectivo”, lo que impidió cualquier trazabilidad bancaria y bloqueó el control institucional.quier trazabilidad bancaria y bloqueó el control institucional.
El segundo eje fue la triangulación de ingresos genuinos. Banfield celebró contratos de sponsoreo con Sur Finanzas Group S.A. y con Roma Inversiones S.A. —ambas del entorno de Vallejo—, pero los pagos derivados de esos convenios fueron cedidos a la orden del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña en lugar de ingresar a las cuentas formales del club. La empresa PagoTic, encargada de recaudar las cuotas sociales, también acreditaba los fondos en cuentas del fideicomiso desde febrero de 2019 hasta agosto de 2023.
Los allanamientos realizados en el domicilio de la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, permitieron incautar cheques de pago diferido por sumas millonarias librados a la orden del club, pero con endosos manuscritos para ser depositados en la cuenta fiduciaria.
La fase de integración del dinero ilícito se materializó, según la fiscalía, en la adquisición de bienes registrables: Eduardo Spinosa compró una Toyota SW4 valuada en $53.745.000 y un Peugeot 208 valuado en $14.947.000; Federico Spinosa adquirió el 50% de un inmueble en la calle Ugarteche 3354 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por USD 170.000; y Tucker registró a su nombre vehículos valuados en conjunto en más de $15 millones.
El cierre del circuito se habría completado con la concesión del Estadio José María Minella a través de Minella Stadium S.A., firma cuyo CEO es el extesorero del club y en la que Eduardo Spinosa habría actuado como apoderado sin cargo declarado.
La estructura de Sur Finanzas no operó de forma aislada. En los allanamientos a la sede central de la empresa se secuestraron biblioratos denominados “CLUBES” y “PSP nómina de clientes”, que confirmaron la existencia de operaciones con al menos 16 entidades deportivas: Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué, Racing Club, Morón, San Lorenzo, Platense y Banfield. La fiscalía sostiene que la investigación patrimonial apunta a movimientos sospechosos por más de 880.000 millones de pesos.
La causa se inició en noviembre de 2025 a partir de una denuncia de ARCA por evasión de $3.327 millones en impuestos. Cuatro empleados de Sur Finanzas ya fueron procesados por encubrimiento agravado tras ser sorprendidos en el retiro de computadoras y documentación de un galpón en Turdera durante los allanamientos del 1° de diciembre de 2025.
POLITICA
Régimen de zonas frías: el Gobierno busca recortar los subsidios al gas y focalizarlos en hogares de bajos ingresos
En la antesala del invierno, el Gobierno envió a la Cámara de Diputados un proyecto para reformar el Régimen de Zonas Frías y reducir el alcance de los subsidios al gas. La iniciativa, incluida en el paquete titulado “Medidas Energéticas”, propone un cambio de criterio: pasar de un esquema masivo, definido por ubicación geográfica, a otro focalizado según el nivel de ingresos de los hogares.
El Poder Ejecutivo busca así desarmar la ampliación dispuesta por la el diputado Máximo Kirchner en 2021, que extendió el beneficio a nuevas regiones del centro y norte del país. En los fundamentos del proyecto, sostiene que esa modificación incorporó áreas sin “severidad climática” suficiente y que eso terminó por “desnaturalizar” el régimen.
La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei y sus ministros Luis Caputo (Economía) y Manuel Adorni (jefe de Gabinete), apunta a eliminar el subsidio automático del 30% en la llamada “zona ampliada”. En esas regiones -que incluyen amplias zonas del interior de Buenos Aires (centro, norte, oeste y costa atlántica), el sur de Santa Fe, el sur y centro de Córdoba, casi toda San Luis y sectores de Mendoza y San Juan- dejarán de recibir el beneficio los usuarios de ingresos medios y altos.
En adelante, el descuento en la tarifa solo se mantendrá para quienes acrediten vulnerabilidad económica a través del registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El esquema alcanza a hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas ($4,3 millones, según los últimos datos del Indec), beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) y veteranos de Malvinas.
En contraste, el proyecto preserva el subsidio pleno -sin filtro de ingresos- en las zonas consideradas de “efectiva severidad climática”. Allí se incluyen la Patagonia (incluye las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa), el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna (abarca zonas andinas de Jujuy, Salta y Catamarca).
El cambio ya genera reparos en provincias cuyos gobernadores han sido aliados circunstanciales del oficialismo en el Congreso, como Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan). Sus legisladores fueron determinantes en votaciones recientes, ya sea para bloquear iniciativas incómodas o para garantizar el avance de reformas impulsadas por el Gobierno.
Además del rediseño del mapa de beneficiarios, el proyecto introduce modificaciones técnicas en el funcionamiento del régimen, con el objetivo de reducir el costo fiscal y ordenar la cadena de pagos del sector.
Uno de los cambios centrales es la forma de calcular el subsidio. Hasta ahora, la bonificación se aplicaba sobre toda la factura de gas. Con la reforma, se limitará únicamente al precio del gas en origen (el valor del combustible), y ya no cubrirá los costos de transporte y distribución. En la práctica, esto reduciría el monto subsidiado.
También se modifica el circuito de pagos. El Estado pasará a compensar directamente a los productores y proveedores de gas, en lugar de hacerlo a través de las distribuidoras. El objetivo es evitar atrasos y deudas en la cadena, un problema recurrente en el sistema actual.
El financiamiento del régimen será a través de un recargo en las facturas de gas de todo el país, que podrá llegar hasta el 7,5%. El proyecto habilita al Poder Ejecutivo a ajustar ese porcentaje -al alza o a la baja- en un margen de hasta el 50%.
La iniciativa incluye, además, un capítulo de regularización para el mercado eléctrico mayorista. Propone un esquema excepcional para que distribuidoras con deudas con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Eléctrico) puedan cancelarlas mediante compensaciones vinculadas a créditos acumulados durante los períodos de congelamiento tarifario.
En paralelo, establece nuevas pautas de transparencia en las facturas: los costos de la energía deberán trasladarse de manera directa a las tarifas y se busca limitar la inclusión de tributos locales ajenos al servicio.
Como contrapartida a los recortes, el proyecto extiende beneficios fiscales para energías renovables hasta 2045 y propone eliminar regímenes de promoción y acceso a divisas para el sector hidrocarburífero, con el argumento de reducir gastos tributarios.
El nuevo esquema de zonas frías, en caso de aprobarse, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.
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POLITICA
Causa Sur Finanzas: la fiscal pidió la detención de Ariel Vallejo, el financista cercano a Chiqui Tapia
La fiscal Cecilia Incardona y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solicitaron este martes la detención de Ariel Vallejo, el financista vinculada a la AFA y con lazos con su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.
Vallejo y su madre, Graciela, debían presentarse a declarar esta mañana en el marco de la causa que los investiga por un supuesto esquema de lavado de dinero y administración fraudulenta que involucra a la financiera Sur Finanzas, a la AFA y a más de 15 clubes de fútbol.
Sin embargo, ambos decidieron no presentarse. Por ese motivo, la fiscal Incardona pidió su detención, pero el juez federal Luis Armella le fijó una nueva fecha para el 26, bajo apercibimiento que si no concurre ordenará su captura.
La declaración de Vallejo está cargada de expectativa por las sospechas de los investigadores de que el financista habría manejado dinero de dirigentes del fútbol y de la política.
La investigación sobre Vallejo y sus lazos con la AFA
El Juzgado Federal de Lomas de Zamora investiga un supuesto esquema que habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.
En ese periodo, según la fiscal federal Cecilia Incardona y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, los contratos de sponsoreo firmados entre Sur Finanzas y diversas instituciones deportivas habrían servido para dar “apariencia de legitimidad” a flujos económicos sin contraprestación real.
El expediente involucra movimientos por más de 800 mil millones de pesos y alcanza a 17 clubes: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
En ese contexto, el juez federal Luis Armella y la fiscal Incardona buscan determinar si existió una asociación ilícita creada con el objetivo de “cometer una pluralidad indeterminada de delitos en nombre y representación de las empresas del grupo Sur Finanzas y mediante la utilización de numerosas entidades deportivas instrumentadas para obtener ganancias ilícitas derivadas de su administración fraudulenta e infiel por parte de sus dirigentes”.
Entre los ilícitos que se investigan, la hipótesis incluye el lavado de activos en nombre y representación de Sur Finanzas Group y Centro de Inversiones Concordia S.R.L.
Los próximos pasos de la causa Sur Finanzas
Además de Vallejo y su madre, el juez Armella citó a indagatoria a otras 14 personas acusadas de integrar la presunta asociación ilícita para lavar dinero.
En ese contexto, la Justicia ya realizó allanamientos en Sur Finanzas, varios clubes que recibieron fondos de la financiera y en propiedades ligadas a esas maniobras.
Leé también: El Banco Central multó por $18.000 millones a una financiera vinculada a Tapia y la inhabilitó para operar
Junto con Vallejo, su madre figuraba como propietaria de varios autos y de algunas de las empresas. Por eso fue citada junto con dos allegadas: Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, que ya estuvo detenida al comienzo de la investigación.
El resto del listado de indagados incluye a Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado (la ex suegra de Vallejo), y Maite Sofía Lorenzo, entre otros.
La ronda de indagatorias finalizará el 30 de mayo con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A y Centro de Inversiones Concordia, otra de las financieras que tuvo Vallejo.
Además, el Banco Central le aplicó días atrás una multa de $18 mil millones al financista por un sumario que apunta contra una de sus casas de cambio por presuntas irregularidades en operaciones por US$25 millones.
Sur Finanzas, AFA, Claudio Tapia
POLITICA
Revisarán el celular del contratista para buscar mensajes borrados: Manuel Adorni le dijo que podía contar con él
El juez federal Ariel Lijo ordenó analizar el celular del contratista Matías Tabar, que remodeló la casa de Manuel Adorni en Exaltación de la Cruz, para rescatar mensajes borrados automáticamente de sus conversaciones con el jefe de Gabinete.
El fiscal Gerardo Pollicita pidió realizar esta medida luego de que ayer Tabar le dejó el celular al declarar como testigo.
Allí, Tabar contó que las obras de remodelación tuvieron un costo total de 245.000 US$, incluida la mano de obra, los materiales y todos los muebles y artefactos adquiridos para la casa.
Asimismo, Tabar relató que en los días previos a su declaración Adorni le mandó un mensaje de WhatsApp. Fue cuando la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito ya estaba en la agenda pública de los medios y faltaban pocos días para que Tabar se presentara a declarar.
Adorni le mandó un chat para consultarle si lo podía llamar y Tabar lo telefoneó.
Allí, en esa conversación telefónica, que duró diez minutos, hablaron sobre la situación.
“Le dijo que era una mierda para él pasar por la instancia de tener que ir a declarar, de lo incómodo que era para su socia y para su familia”, cuentan amigos de Tabar.
Allí, Adorni le dijo que si necesitaba “ayuda, que contara con él y su equipo”, según dijeron allegados a Tabar, que indicaron que el jefe de Gabinete nunca mencionó el ofrecimiento de un abogado.
Tabar rechazó la ayuda.
Ese mensaje se eliminó porque el servicio de mensajería tiene activado un sistema de borrado automático.
Por eso, los investigadores ahora buscan rescatar este mensaje y los que intercambió con Adorni referidos al avance de las obras.
El análisis del teléfono fue encomendado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y se intentará recuperar los mensajes temporales o borrados.
Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga a Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito.
Adorni pagó supuestamente 120.000 US$ por la vivienda, que tiene una superficie total de 400 metros cuadrados.
Tabar estuvo en los tribunales de Comodoro Py entre las 10.30 y las 13.30. Su declaración testimonial fue filmada y estuvieron presentes el fiscal Pollicita y Matías Ledesma, el abogado defensor de Adorni.
El testigo explicó que el pago total de las refacciones fue de US$ 245.000 y que el dinero se lo dio en mano el propio Adorni, sin que mediara factura por su trabajo, según dijeron las fuentes judiciales.
Con ese dinero se pagaron los muebles de la cocina, los artefactos del baño, se hicieron pisos y paredes nuevas, según detallaron las fuentes judiciales.
El testigo fue a declarar con un detalle de todos los arreglos que efectuó y las facturas de lo que gastó tanto en materiales como en mobiliarios nuevos. Aportó además videos de la obra y de los avances a medida que iba trabajando y eso quedó en poder de la fiscalía.
Los elementos nuevos colocados incluyeron los revestimientos, un gran quincho, una pileta de natación con mosaico travertino y una cascada. Se hizo a nuevo la entrada de la galería y se colocaron cerramientos nuevos de PVC.
“Todo se pagó cash, de contado”, señalaron las fuentes consultadas sobre la declaración del contratista.
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