POLITICA
Un acto de arbitrariedad, persecución y torpeza

La calidad institucional en la Argentina siempre se puede degradar un poco más. Si todas las evidencias y versiones se confirman, el propio presidente de la Nación le acaba de poner su firma, su sello y el membrete del Poder Ejecutivo Nacional a un ejemplo de arbitrariedad, autoritarismo, venganza y ataque a la libertad de prensa y de expresión al que cuesta encontrarle paralelismos y precedentes desde la recuperación democrática.
Después de haber propuesto a insistido hasta límites impensados con la postulación para integrar la Corte Suprema de Justicia de uno de los jueces federales más cuestionados del sistema (lo que ya es mucho decir), como es Ariel Lijo, Javier Milei acaba de solicitar el retiro del pliego de una candidata que el mismo gobierno había enviado y cuya trayectoria, formación y desempeño resultan intachables.
¿El motivo de semejante decisión? Todas las fuentes al tanto del caso, inclusive destacados integrantes del oficialismo, coinciden en que se debe a que la postulante a jueza del tribunal oral federal N°3 de La Plata es la cuñada de un periodista que ha investigado e investiga al poder desde más de dos décadas, sin concesiones ni parcialidades. En ese lapso, él y su familia han sufrido distintos actos de persecución, hostigamientos y espionaje por parte de todos los gobiernos. La aspirante a magistrada es María Verónica Michelli, y su cuñado es Hugo Alconada Mon, el periodista de investigación de .
“Hay una obsesión fatal del Presidente y de Karina {Milei] para bajarla. Varios hablamos con ella en estos días para explicarles que, además, de ser una decisión incompatible con los principios liberales que se pregonan es una enorme torpeza política con mucho costo para el Gobierno. Solo nos queda tratar de que el Presidente lo entienda y lo haremos durante el fin de semana. Pero creemos que va a ser muy difícil que se revierta esta decisión”, admite una alta fuente del oficialismo que ha seguido el asunto desde que llegó al bloque libertario de la Cámara alta la orden de frenar el pliego.
La decisión, además, abrió otro frente de conflictos en el seno del Gobierno, donde han recrudecido cuestionamientos al flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que llegó a su cargo como resultado de una imposición de la hermanísima secretaria general de la Presidencia, que le arrebató la influencia sobre esa cartera a su adversario Santiago Caputo.
“Este pibe juega para él y sus amigos de la Justicia, antes que para el Gobierno, y hace cosas sin consultar a nadie que después generan estos problemas. Así es como mando buena parte de los pliegos y después cuando alguno hace ruido en la Casa Rosada hacen estos desastres”, señaló una destacada figura oficialista, que participa de la mesa política y que no está enrolado en el bando santicaputista.
El caso abunda en tantas singularidades que nadie en el Consejo de la Magistratura, en el Senado y entre los especialistas recuerda antecedentes similares.
Al respecto, vale decir que no solo la postulante había pasado exitosamente los exámenes y entrevistas del Consejo de la Magistratura, por lo cual el cuerpo la incluyó en la terna enviada al Poder Ejecutivo, sino que fue el propio Gobierno el que envió su pliego al Senado y que entre su envío y el pedido de retiro no medió un cambio de funcionarios. El detalle no es menor.
Con esas consideraciones coincidieron otros integrantes de la Comisión de Acuerdos y un miembro del Consejo de la Magistratura.
Para más rarezas, la decisión del Presidente llegó luego de que el pliego de Michelli hubiera obtenido el número de firmas suficientes en la Comisión de Acuerdos del Senado para que su designación fuera tratada en el recinto. Por entonces, ya se le hacía insostenible al titular de esa comisión, el libertario riojano Juan Carlos Pagotto, seguir cajoneando el dictamen votado por la mayoría del cuerpo. La reunión de la firma de nueve senadores, a los que se había intentado frenar por varias vías, hacía inevitable el tratamiento.
Tres legisladores que votaron favorablemente el pliego de Michelli, revelaron a que Pagotto les había admitido que la orden de impedir su tratamiento le había llegado de su comprovinciano Eduardo “Lule” Menem, a instancias de la jefa de ambos, hermana presidencial y secretaria general de la Presidencia (en ese orden), Karina Milei, por tratarse de la cuñada de Alconada Mon.
En el último año, el periodista ha sido objeto de reiteradas descalificaciones e insultos por parte del Presidente, especialmente luego de que publicara numerosas investigaciones que complicaban o desmentían al propio Milei, a su hermana y a algunos de sus principales colaboradores en diversos escándalos que se investigan en la Justicia, como el caso de la fraudulenta criptomoneda $LIBRA o en el de los gastos suntuarios y adquisiciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
“Nunca vimos algo así, ya que si bien hay antecedentes de pedidos de retiro de un pliego que está a consideración del Senado, esto solo ha sucedido cuando ha habido un cambio de Gobierno o un reemplazo de las autoridades del Ministerio de Justicia y cuando no tiene dictamen de la mayoría de la Comisión de Acuerdos. Pero en este caso, los mismos que firman el pedido de retiro son los que firmaron la postulación. Además, en el pedido de retiro no hay ninguna explicación y, para peor, en las explicaciones que nos dieron desde el oficialismo bajo reserva admiten que la razón es el parentesco con Alconada Mon”, señaló un senador de una de las bancadas dialoguistas que votó a favor de Michelli.
Según senadores de tres bloques distintos, incluida la bancada libertaria, el retiro del pliego debe ser tratado ahora por el pleno de la Cámara, lo que implicaría una complicación adicional para el Gobierno, que intenta dar por terminado el escandaloso asunto y no exponerse al debate en una sesión que puede ser de alto voltaje y en la que corre el riesgo de ser derrotado
Al respecto, desde la bancada de la UCR advirtieron: “Estamos aguardando explicaciones. Para nosotros, sin una justificación razonable no se detiene el proceso y hasta ahora nadie del Gobierno ni del bloque oficialista ha dado una explicación formal y pública”.
Senadores en el laberinto
Según expertos en Derecho, el caso reúne todas las características para ser considerado una arbitrariedad grave. “Se lo puede incluir en una de las trece causales que el gran jurista Genaro Carrió estableció para definir la arbitrariedad de una sentencia, que es acá el de la contradicción”, explicó el asesor letrado de uno de los legisladores que evalúa cómo podría continuar con el caso.
Ante esta situación, los miembros de las bancadas no oficialistas de la Cámara alta se encuentra ante una oportunidad y un dilema. Por un lado, tienen la oportunidad de demostrar que defienden la independencia del poder que integran, el valor que le asignan a la calidad institucional y el respeto que profesan por derechos fundamentales consagrados por la Constitución.
Por otro lado, son muchos los que se debaten sobre la conveniencia de dar esa batalla y poner en riesgo el tratamiento de los pliegos de numerosos jueces que ellos o sus gobernadores impulsan. Los intereses que se juegan en la designación de magistrados nacionales son demasiados. La politización de la Justicia, a la que Milei prometió ponerle fin como parte de su batalla contra las castas, está a punto de demostrar su vitalidad gracias al oxígeno que le da el Gobierno con su arbitraria decisión.
“Lo de Michelli es muy grosero, pero nadie quiere inmolarse. Son muchos los que temen que se caigan los pliegos de jueces que ellos mismos o sus gobernadores impulsan”, admite un senador que está entre los que dieron pelea por sostener el pliego de la candidata objetada por el Gobierno.
A mismo tiempo, entran en juego cuestiones de índole político-electoral que complican la resolución de este asunto. Es lo que le sucede al macrismo, por un lado, y al radicalismo por el otro.
Los vínculos de colaboración y confrontación con el oficialismo atravesados por necesidades de recursos en los casos de quienes conducen gobiernos provinciales y especulaciones electorales irresueltas hacen que toda definición atraviese numerosos procesos de discusión subterráneos.
En este último plano, la desconfianza y la indefinición sobre eventuales alianzas electorales provinciales o nacionales para 2027 hace que nadie quiere exponerse públicamente. Las consultas realizadas con los principales dirigentes partidarios de Pro y del radicalismo sobre este conflicto solo encontraron respuestas en off the record.
Al mismo tiempo, el caso de la postulación a jueza de Michelli abre un dilema para el kirchnerismo en el Senado, que tiene en Alconada Mon a uno de los investigadores más tenaces y que más ha revelado hechos de corrupción ocurridos durante los cuatro gobiernos krichneristas. En sus manos podría estar la posibilidad de que cuando el pliego llegue al recinto aporte los votos para que sea designada magistrada y propinarle otro golpe al Gobierno.
“Es tan torpe lo que hicieron Javier, Karina y Mahiques con esto que están a punto de revivir la alianza entre kirchneristas y antikirchneristas que votó la ley de financiamiento universitario, que todavía estamos padeciendo”, señala, al borde del desconsuelo, un integrante del oficialismo al que los hermanos Milei escuchan, pero no siempre atienden sus razones.
Todo parece posible en la Argentina, donde la calidad institucional siempre puede devaluarse un poco más.
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POLITICA
El cruce de Javier Alonso con Patricia Bullrich por la inseguridad en el conurbano: “No sea contradictoria”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, protagonizó este jeuves un cruce con la jefa de bloque en el Senado de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, luego de que la legisladora criticara al gobernador Axel Kicilof por la inseguridad en el conurbano, y a quien el funcionario le pidió que “no sea contradictoria”.
El cruce comenzó con un posteo de Bullrich en X, en el cual compartió el testimonio de una madre que había sufrido este jueves un intento de robo en El Palomar este jueves cuando estaba por dejar a su hijo en la escuela.
“7:14 AM, dejando a su hija en la escuela y termina herido por el tiro de un delincuente. El colmo: si son menores, quedarían libres por la locura de la jueza garantista”, expresó la senadora, en alusión a Marta Elba Pascual, quien quedó en el centro de la escena tras suspender la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires por 60 días.
El episodio ocurrió cerca de las 7.15 frente al colegio Emaus y un hombre, quien también estaba trasladando a su hija a la institución, sufrió una herida de bala.
Luego, la exministra de Seguridal le apuntó a Kicillof por considerarlo ausente ante el crecimiento del crimen en el conurbano.
“¿Dónde está Kicillof? ¿Va a seguir en silencio mientras los bonaerenses viven con miedo, rodeados de violencia y terror? Y si no se anima a hablar con ellos, prenda la tele: ‘Todos los días pasa lo mismo’, dicen. Nota tras nota, siempre el conurbano», manifestó.
Horas después, Alonso respondió el posteo y acusó a Bullrich de ser “contradictoria” en sus dichos y accionar.
“Cuando usted era ministra, sus propias estadísticas mostraban a la Argentina como uno de los países más seguros de la región. Hoy (Alejandra) Monteoliva difunde números similares y, de repente, todo es violencia y terror. ¿En qué quedamos?“, afirmó el funcionario.
A su vez, instó a la senadora a dejar la “chicana”, trabajar y devolverle a los bonaerenses “los miles de millones de dólares que les quitaron”, en referencia a la deuda de $22 millones que, según denuncia Kicillof, Nación mantiene con Provincia.
“Esos recursos también hacen falta para seguir construyendo una provincia más segura. Mientras ustedes chicanean en redes, la droga que llega a la Provincia recorre miles de kilómetros atravesando una frontera llena de agujeros que este Gobierno no logra contener”, subrayó.
“¿No sería mejor que trabajaran seriamente para impedir que esa droga llegue al territorio bonaerense? Y no se pongan nerviosos. El gobernador está sólido, trabajando todos los días, recorriendo la Provincia y acompañado por el pueblo bonaerense en las urnas», indicó.
Asimismo, le apuntó al gobierno de Javier Milei por no gestionar ni invertir y se preguntó en sentido irónico si “mostrar indignación por redes” era lo único que la administración libertaría sabía hacer por los argentinos. “Trabajen con seriedad y dejen de mentirle a la gente”, cerró.
Nueva respuesta de Bullrich
Bullrich respondió pero dirigiéndose a Kicillof. “Primero, la inseguridad no existe solo en las redes sociales, como dice su ministro. No tomen de tontos a los bonaerenses. Caminen por los barrios, sin militantes, o, al menos, prendan la televisión”, reclamó.
“Segundo: la Argentina es hoy el país más seguro de la región gracias al esfuerzo que hacemos desde el Gobierno nacional, muchas provincias y las Fuerzas. Pero ese resultado se logra, en buena medida, a pesar de la provincia de Buenos Aires.
Y prosiguió: “En los municipios del conurbano, el índice de homicidios duplica al del resto de la provincia y al nacional, mientras que los robos con violencia aumentaron más de 150% en el último año”.
“Escudarse en el cuento de los 135 municipios les permitió durante años profundizar sus políticas pro-delincuentes. Tercero: el esfuerzo para sacar a la Argentina de la catástrofe que dejó su Gobierno en 2023 lo estamos haciendo todos, menos su gobierno de la provincia de Buenos Aires”, acusó.
Y prosiguió: “Ustedes siguen con más de 20 ministerios, choferes, estructuras gigantes y contrataciones masivas. ¿Cuánto gastan en mantener todo eso? ¿Para qué tienen un Ministerio de la Mujer si no sirve? ¿De verdad no pueden achicarse para poner más recursos donde hacen falta: en seguridad, por ejemplo?”.
“Gobernador, esta pelea no tiene sentido porque nuestras posiciones sobre cómo combatir la inseguridad son opuestas. Para ustedes, una clara defensa a los delincuentes. Para nosotros, una sola regla: el que las hace, las paga”, concluyó Bullrich, al citar uno de los slogans de campaña de LLA.
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Malvinas: el Gobierno creará un Sistema de Articulación de la Política Exterior para monitorear actividades extranjeras ilegales

El Gobierno nacional anunció este jueves la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, un nuevo mecanismo que funcionará en el ámbito de la Cancillería y que buscará coordinar las actividades estatales vinculadas a los reclamos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos e insulares.
La medida fue confirmada a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, que enmarcó la decisión dentro de las políticas orientadas a “la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía” sobre los archipiélagos del Atlántico Sur.
Según el texto oficial, el nuevo sistema tendrá como objetivo “implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales que puedan afectar la política exterior o los intereses internacionales de la Argentina”.
El comunicado precisa que la Cancillería podrá garantizar, a través de este mecanismo, que toda actividad vinculada a las relaciones exteriores del país sea “coherente, compatible y uniforme” con los lineamientos generales de la política exterior en materia de Malvinas.
En ese sentido, el Gobierno sostuvo que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía “exige una acción estatal coordinada que integre dimensiones diplomáticas, jurídicas y políticas”, y que ese trabajo conjunto permite “sostener una postura firme y coherente en el tiempo” y “fortalecer los reclamos de la República Argentina ante la comunidad internacional”.
A su vez, remarcó que la iniciativa apunta a “adoptar las medidas necesarias para defender nuestros legítimos derechos e intereses nacionales”, en lo que definieron como un “compromiso irrenunciable con la recuperación de los territorios usurpados”.
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“El Gobierno Nacional continuará articulando todos los medios disponibles para fortalecer el accionar coordinado de sus organismos para defender nuestra soberanía”, cierra el comunicado firmado por el Presidente.
La lista de medidas que impulsó el Gobierno desde la cadena nacional de Milei sobre Malvinas
Desde el mensaje que Milei emitió junto a todo su Gabinete el jueves pasado, el Gobierno avanzó con una batería de medidas para sancionar a las empresas vinculadas a la explotación hidrocarburífera en Malvinas y reforzar la influencia nacional sobre la región.
En ese sentido, el Gobierno reasignó $217.959 millones —unos US$142 millones— del Presupuesto nacional para el Ministerio de Defensa destinados principalmente a avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.
A su vez, ordenó que los organismos del Estado que detecten incumplimientos legales informen a la Cancillería para que pueda impulsar sanciones y dispuso incorporar declaraciones juradas en los trámites hidrocarburíferos y en el RIGI para bloquear a las empresas que operan en la plataforma continental sin reconocer la soberanía argentina.
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En paralelo, el Gobierno avanzó con una serie de denuncias penales contra Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas, y otras firmas señaladas por operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina, junto con otros procesos iniciados contra 60 personas jurídicas y humanas.
A esa serie de medidas se suma el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará a Diputados en los próximos días, que además de reforzar las sanciones contra empresas que operen en las Islas sin autorización, creará un Consejo de Seguridad Nacional para responder ante amenazas de actores estatales o no estatales.
Gobierno, Islas Malvinas
POLITICA
Aprobaron la interpelación del intendente de Morón por la inseguridad en el distrito

El Concejo Deliberante de Morón aprobó este jueves la interpelación del intendente Lucas Ghi, de Unión por la Patria (UxP), por los casos de inseguridad en el distrito, según pudo confirmar de fuentes municipales.
Los concejales le solicitaron al jefe comunal que se presente en el recinto para que “brinde un informe detallado sobre la creciente inseguridad que sufren los vecinos y las políticas tomadas y que tomará en materia de seguridad”.
El proyecto, impulsado por los bloques de La Libertad Avanza (LLA), PRO y la UCR, establece que, según el artículo 108 inciso 7º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Ghi o quien el jefe comunal “corresponda” deberá brindar al Concejo Deliberante un “informe detallado sobre la creciente inseguridad que sufren los vecinos de Morón, y las políticas tomadas y/o que tomará en materia de seguridad”.
Además fija que, una vez sancionado el proyecto, “el intendente o quien él disponga deberá presentarse en forma pública en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante dentro de un plazo de cinco días hábiles”.
Qué pasó
Este jueves un hombre resultó herido de tres disparos frente a un colegio de El Palomar cuando tres delincuentes intentaron asaltar a padres y madres que llevaban a sus hijos al establecimiento.
Los delincuentes habían llegado al lugar a bordo de un camioneta Volkswagen Amarok, descendieron armados y comenzaron a amenazar a los padres que acompañaban a sus hijos, con la intención de aprovechar la concentración de personas a la hora de ingreso escolar.
Entre quienes se encontraban en la zona había un comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense, que a bordo de su Peugeot 208 lleva a su hija de 10 años al colegio. Al advertir lo que sucedía, el hombre se identificó ante los delincuentes. Fue entonces cuando los sospechosos comenzaron a efectuar disparos.
La secuencia se produjo en medio del ingreso de los alumnos y generó momentos de extrema tensión entre las familias que se encontraban frente al colegio. Por la tarde hubo protestas de vecinos en el distrito.
Los fundamentos
En el proyecto, que fue aprobado en el recinto sobre tablas, los bloques de la oposición plantearon que “es de público conocimiento la situación que sufren los vecinos del distrito con respecto a la inseguridad”.
“Desde los distintos bloques políticos de la oposición hemos presentado en forma reiterada proyectos, pedidos y memorandos vinculados con la prevención y la seguridad en el distrito, solicitando medidas concretas como la instalación y reparación de alarmas, mayor iluminación, incorporación y mantenimiento de cámaras de videovigilancia, incremento del patrullaje y una mayor presencia territorial tanto del personal policial como de los agentes de la guardia urbana”.
Según aclararon, “estas iniciativas tuvieron como objetivo aportar herramientas concretas de prevención, ante una problemática que constituye una de las principales preocupaciones de los vecinos de Morón”.
También señalaron que “persisten interrogantes respecto de la denominada ‘Policía Municipal de Morón’”, dado, que advirtieron, “la propia normativa recientemente difundida establece que la estructura creada por el Departamento Ejecutivo constituye un programa municipal de carácter civil y administrativo y que carece de estado policial”.
“Es decir, más allá de la denominación elegida públicamente, no se trata jurídicamente de una fuerza policial en sentido estricto. Llamamos a trabajar en conjunto desde todos los bloques políticos para no tener que lamentar más pérdidas humanas y que los delitos en el municipio disminuyan”.
Ley Orgánica de Municipalidades
El inciso 7 del artículo 108 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que el jefe comunal deberá “concurrir personalmente, o por intermedio del secretario o secretarios de la intendencia, a las Sesiones del Concejo cuando lo juzgue oportuno, o sea llamado por Decreto del Cuerpo, con una antelación de cinco (5) días para suministrar informes”.
Y agrega que “el Intendente podrá tomar parte en los debates, pero no votar. La falta de concurrencia del intendente o secretarios cuando haya sido requerida su presencia por decreto, o la negativa de ellos a suministrar la información solicitada por dicho Cuerpo, será considerada falta grave”.
Qué hace falta para la destitución de un intendente
El capítulo X de esa ley, titulado Sanciones y Procedimientos, establece que en su artículo 247 que el intendente “cuando incurra en transgresiones será destituido y reemplazado en la forma prevista en el artículo 15”.
“Imputándose al intendente la comisión de un delito doloso, procederá su destitución de pleno derecho, cuando recaiga sentencia condenatoria firme”, dice el artículo 248.
Y agrega que, en ese caso, se “procederá a la suspensión preventiva de pleno derecho cuando hallándose detenido, se dictare en su contra auto de prisión preventiva firme, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el artículo 249”.
“El sobreseimiento provisorio o definitivo, o la absolución, restituirán automáticamente al Intendente al pleno ejercicio de su cargo. No procederá la destitución o la suspensión preventiva cuando se tratare de un delito de acción privada”, aclara la ley.
El artículo 249, a su vez, define que “corresponderá” al Concejo Deliberante juzgar al intendente en los siguientes casos:
Para eso designará una Comisión Investigadora “integrada por concejales con la aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros”.
Esa comisión “deberá constituirse con no menos de una cuarta parte de los mismos y representación de todos los bloques reconocidos; y “tendrá como objeto reunir los antecedentes y elementos de prueba necesarios para la valoración de los hechos, que deberán ser precisamente definidos. Para ello tendrá un plazo de treinta (30) días”.
Quién es
Con origen en el partido Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella, Ghi había ocupado el municipio de manera interina en 2009 y hasta 2011 completó el mandato de su referente y antecesor.
En 2011 ganó las elecciones y llevó adelante su primera gestión hasta 2015. En 2019 volvió a tomar las riendas del municipio al imponerse en los comicios y obtuvo la reelección en 2023. Hoy milita en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), referenciado en el gobernador Axel Kicillof.
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