POLITICA
Después de más de tres meses sin actividad, diputados bonaerenses hicieron la primera sesión ordinaria del año

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires llevó adelante este jueves su primera sesión ordinaria de 2026, luego de más de tres meses de inactividad legislativa desde la apertura del período ordinario encabezada por el gobernador Axel Kicillof el pasado 2 de marzo.
El encuentro se realizó en medio de las tensiones internas del peronismo bonaerense, que también mantienen paralizado al Senado provincial. Con 50 legisladores presentes sobre un total de 92, el presidente de la Cámara, Alejandro Dichiara, dio inicio a una jornada atravesada por debates políticos y cuestionamientos por la demora en retomar la actividad parlamentaria.
Uno de los primeros temas aprobados fue la designación de los representantes de Diputados en el Consejo de la Magistratura bonaerense. Los elegidos fueron Martín Endere, del PRO, y Diego Garciarena, de UCR + Cambio Federal.
Como las comisiones legislativas quedaron conformadas recién la semana pasada, gran parte de los expedientes se trataron sobre tablas. En ese contexto, obtuvo media sanción un proyecto conocido como “Ley Joaquín”, impulsado por el jefe del bloque oficialista, Facundo Tignanelli.
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La iniciativa busca establecer medidas obligatorias de seguridad para la instalación y mantenimiento de arcos de fútbol, juegos de plaza, postes y otras estructuras recreativas o deportivas en espacios públicos y privados.
El proyecto surgió a partir de la muerte de Joaquín Gatto, un chico de 12 años de Ramos Mejía que falleció en enero pasado durante un viaje a Neuquén, luego de que un arco de fútbol se desplomara sobre él. La propuesta fue promovida junto a la familia del menor.
Además de esa iniciativa, la Cámara otorgó media sanción a otros proyectos, entre ellos una declaración para reconocer como ciudadana ilustre a la bailarina Eleonora Cassano y la adhesión de la provincia a la ley nacional de diagnóstico humanizado.
Una jornada caliente en la Legislatura bonaerense
La sesión también estuvo atravesada por la discusión sobre la quita de subsidios energéticos en zonas frías, una medida que comenzó a debatirse la semana pasada en la Cámara de Diputados de la Nación. Mientras La Libertad Avanza respaldó la postura del gobierno de Javier Milei, desde distintos bloques opositores cuestionaron el impacto que podría tener la medida en los usuarios bonaerenses.
Las críticas más fuertes apuntaron contra la demora en el funcionamiento legislativo. La diputada Sabrina Sabat, del bloque Unión y Libertad, cuestionó que recién a fines de mayo se haya concretado la primera sesión ordinaria del año y advirtió sobre la situación económica y social de la provincia.
“Se perdió demasiado tiempo”, planteó la legisladora, que además mencionó problemas vinculados a la inseguridad, la situación de IOMA y la crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas bonaerenses.
Sus declaraciones generaron respuestas de distintos sectores políticos. Diego Garciarena defendió el trabajo parlamentario realizado fuera del recinto y sostuvo que la actividad legislativa no debe medirse únicamente por la cantidad de sesiones celebradas.
En la misma línea se expresaron el diputado del PRO Alejandro Rabinovich y el propio Tignanelli, quien advirtió que cuestionar el funcionamiento de la Cámara en esos términos puede alimentar “un discurso antipolítica”.
La Legislatura bonaerense atraviesa semanas de tensión política y negociaciones internas que condicionan el ritmo parlamentario. Por ahora, el Senado provincial continúa sin convocatorias a sesión, mientras persisten las diferencias dentro del oficialismo.
legislatura bonaerense, Provincia de Buenos Aires, Diputados
POLITICA
El Gobierno volverá a reunirse con la Iglesia por la visita del Papa y espera la agenda para resolver si decreta feriado o asueto

El Gobierno prevé mantener otra reunión con representantes de la Iglesia a mediados de septiembre para avanzar con la organización de la visita del papa León XIV y espera conocer antes la agenda definitiva de actividades. La Casa Rosada también postergó hasta ese momento la definición sobre un eventual feriado o asueto durante la estadía del Pontífice.
En paralelo, el Ejecutivo ya fijó una línea política frente a los discursos que pueda pronunciar León XIV durante su visita. En Nación no esperan una crítica directa contra la gestión y descartan responder públicamente aun si el Papa plantea cuestionamientos.
“No hay que cometer errores ni sobregirarse”, sostienen en la Casa Rosada. La evaluación oficial es que la visita tendrá un tono de celebración, convocará a una gran cantidad de personas y no debería convertirse en un foco de tensión con el Gobierno.
En el Ejecutivo reconocen que el Pontífice mantiene una discursiva centrada en temas sociales, el diálogo y la necesidad de reducir la polarización, pero sostienen que no esperan que apunte específicamente contra la administración de Javier Milei. La instrucción política es evitar cualquier reacción que pueda escalar una diferencia.
“Hasta que no esté la agenda final no lo vamos a decidir”, aseguran en Nación sobre la posibilidad de establecer un día no laborable. En el Gobierno explican que la medida dependerá de cómo quede distribuido el itinerario entre la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba y de la magnitud de los actos previstos.
La próxima instancia de coordinación está prevista, en principio, para mediados de septiembre, cuando el Gobierno espera que la Santa Sede comunique oficialmente el programa completo. Hasta ahora están confirmadas las fechas generales: León XIV permanecerá en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.
La Casa Rosada viene trabajando desde agosto junto con la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Argentina, Cancillería y las jurisdicciones involucradas. Karina Milei quedó al frente de la coordinación política e institucional y encabezó las primeras reuniones con funcionarios nacionales, provinciales y porteños.
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La segunda avanzada de la Santa Sede terminó a comienzos de septiembre y permitió recorrer los principales lugares bajo análisis. Los equipos visitaron el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, el Cottolengo Don Orione, la Basílica de Luján y distintos puntos de Córdoba, entre ellos FAdeA, el Arzobispado, la Catedral y el aeropuerto internacional.
La agenda preliminar contempla además actos multitudinarios en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. El Gobierno ya había mencionado como posibles escenarios el Monumento a los Españoles, la Basílica de Luján y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones.
El itinerario, sin embargo, todavía no está cerrado. La propia Oficina del Presidente informó el 5 de septiembre que el proyecto seguirá siendo evaluado y que los detalles definitivos serán comunicados por la Santa Sede durante este mes.
Esa definición es la que la Casa Rosada considera necesaria antes de resolver el esquema laboral de los días de la visita. La discusión incluye si corresponde establecer un feriado nacional, un asueto para determinados sectores o algún régimen limitado territorialmente según las actividades previstas.
El operativo de seguridad, en cambio, ya comenzó a formalizarse. El Ministerio de Seguridad creó tres comandos unificados federales para coordinar los despliegues en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Claypole y la provincia de Córdoba durante el viaje apostólico.
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Las estructuras reúnen a representantes de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y áreas de inteligencia criminal, además del Servicio Penitenciario Federal cuando corresponda. También habrá coordinación con los equipos de seguridad de la Santa Sede.
La organización tiene además una dimensión política. El Ejecutivo tendrá a su cargo, junto con la Nunciatura, parte del encuentro protocolar de León XIV con representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. En la Iglesia esperan que la convocatoria alcance a dirigentes de distintos espacios políticos, gobernadores y representantes institucionales.
La próxima definición central llegará cuando el Vaticano publique el itinerario definitivo. A partir de esa agenda, el Gobierno terminará de ordenar las reuniones, los operativos y los actos masivos, resolverá si habrá feriado o asueto y sostendrá una estrategia de evitar cualquier confrontación con el Papa.
Gobierno, Iglesia, papa León XIV
POLITICA
Cuarenta días cruciales para el Gobierno y la oposición

La evolución de la economía real y cómo se despejen tres incógnitas internacionales en los próximos cuarenta días serán cruciales para empezar a definir el mapa electoral de 2027. El punto de quiebre en el calendario está fijado en la primera semana de noviembre. Mientras tanto, lo que ocurra habrá que mirarlo como acciones preparatorias, nada menores, para el posicionamiento final.
El horizonte sigue demasiado brumoso. En los últimos 10 días se ha registrado un choque de cifras convertidas en insumos de la disputa por la narrativa sobre el cuadro de la situación económica, en la que se enfrentan el Gobierno, economistas de diversas escuelas, empresarios y, sobre todo, políticos del oficialismo y de la oposición.
Este jueves, la baja de la inflación en agosto, que con un 1,7% tocó el piso de los últimos 14 meses, vino a competir con la difusión, en los días previos, de diversos indicadores oficiales de signo negativo respecto de la actividad económica, como los números de caída de la industria y de la construcción (principales dadores de trabajo) y la destrucción de empleo formal privado.
Esa proliferación de indicadores de signos contrapuestos le agregó condimento y suspenso a la dinámica político-electoral, ante la imposibilidad de imponer un relato dominante. Todo sigue siendo gris.
Sin embargo, para desvelo del oficialismo no parece que la nueva disminución registrada en el índice general de precios al consumidor alcance hoy para cambiar la mirada negativa o pesimista sobre la realidad política-económica que tiene más del 60% de los argentinos. La inflación ha sido desplazada en el ranking de los temas que más preocupan a la sociedad por el empleo, los ingresos, la pobreza, el consumo, el endeudamiento y la corrupción, en casi todas las encuestas.
Malvinas no alcanza
Así, después del breve paréntesis que impuso la conversión nacionalista de la administración de Javier Milei, con la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas y el anuncio de medidas en consecuencia, se reinstaló en el centro de la escena la disputa de sentido respecto de la realidad económica y la percepción ciudadana al respecto. El bolsillo sigue mandando.
El dominio absoluto de la agenda pública por parte del Gobierno con la cadena nacional por el diferendo con Gran Bretaña duró poco más de 72 horas, según diversas encuestas y relevamientos de la conversación en redes sociales como los realizados por las consultoras Management Fit y AdHoc.
Lo efímero de esa preeminencia temática tiene además el agravante de que el tenor de las interacciones digitales y de las respuestas de los encuestados resultaron más críticas que elogiosas para con la administración libertaria.
Se trata de un resultado demasiado magro para la expectativa y la pompa con la que se abrazó a la bandera soberanista el Gobierno, que procura que se sostenga el interés por la cuestión Malvinas para ayudarlo a transitar estos meses complicados. Tiene la ilusión de poder mostrar un panorama económico más auspicioso en los próximos dos meses, apalancado en algunas de las tibias medidas tomadas recientemente, destinadas a mover en algo la actividad.
La opinión mayoritaria de los economistas no oficialistas, sin embargo, no avala ese optimismo. La perspectiva de una mejora sensible en la economía personal en ese tiempo no está en sus cálculos, al menos mientras siga primando el fundamentalismo de Milei y su coloso Federico Sturzenegger. Contra la opinión, con muchos matices, de casi todo el resto del gabinete, incluido el ministro de Economía, Luis Caputo, que sobreactúa obediencia discursiva y demanda respeto de los críticos a los que disfruta de descalificar con epítetos que en su vida no mileísta se le desconocían.
Por eso, entre la dirigencia política, luego de la sorpresa y el impacto que causó el muy preparado y promocionado anuncio malvinero, volvió la dispersión y cierto desconcierto, que operan como retardadores para la toma de muchas decisiones en la oposición y entre los aliados o fuerzas colaboracionistas con el Gobierno.
La política mira y no ayuda
En el universo no mileísta husmean la sopa espesa en la que se mueve la economía real para diferir cualquier definición respecto de su vínculo con el Gobierno con miras a 2027 tanto como para sacar provecho de las fragilidades que le impone al oficialismo la realidad. Hasta el macrismo domesticado arrastra los pies en el camino hacia algún acuerdo, aunque no ha dejado de andar en ese sentido.
La instalación, el miércoles, en el recinto de la Cámara de Diputados por parte de los opositores de dos temas urticantes para la Casa Rosada, como son el endeudamiento y la morosidad de los individuos (que sigue en el centro de la agenda, a pesar de los esfuerzos minimizadores del Gobierno) y los fondos para la discapacidad, constituye una foto fidedigna del estado de cosas. Los 18 mejores meses mileístas se hacen esperar, como los brotes verdes de Macri, aunque quizá no tanto como la baja de la inflación de Massa.
A pesar de que el mileísmo trató de disimularlo sumándose al quorum que ya tenían los opositores, sufrió un golpe la Cámara baja que había intentado evitar por muchas vías y numerosas promesas, pero apenas lo atenuó y logró dilatar el abordaje de la cuestión de fondo. Ganar tiempo sigue siendo un objetivo y cada día cuenta.
No obstante, ciertas demoras inquietan en la Casa Rosada. El empantanamiento de la reforma político-electoral es el caso más paradigmático, en particular en lo que refiere a la eliminación o la suspensión de las PASO, por lo que se afana el oficialismo para dificultar la conformación de una oferta competitiva opositora. Más ahora cuando los números muestran que la chance de lograr la reelección de Milei sigue estando en el margen de lo probable, pero lejos todavía de lo seguro. Una incertidumbre que, en la medida, que se prolongue altera los nervios y lleva a revisar la exposición de los inversores al riesgo argentino.
Los tiempos que calculaba hace menos de dos meses para el tratamiento de esa reforma el siempre optimista jefe de Gabinete, Diego Santilli, ya están vencidos. El exmacrista le auguraba a los hermanos Milei que este mes se aprobaría en Diputados. Todavía el proyecto del Poder Ejecutivo no solo no tiene dictamen de comisión, siquiera, sino que hasta para los propios todavía es susceptible de cambios importantes. La realidad le ofrece una ecuación de suma cero: el tiempo que el Gobierno gana por un lado lo pierde por otro.
“El temor mayor es que no se pueda sancionar antes de fin de año”, admite una de las espadas mileístas en la Cámara de Diputados, que no descarta que quede para que el Senado lo trate en febrero, en sesiones extraordinarias.
“Sería muy complicado si tuviéramos que intentar la sanción ya en el mismo año electoral. No va a ser lo mismo que en 2025 cuando se logró la suspensión de las PASO aunque era un año electoral. Y el precio de los gobernadores con los que tenemos que negociar los votos en el Congreso va a ser altísimo, además de que tenemos que acordar con ellos lo que se hará en las elecciones de cada provincia”, agregan las fuentes parlamentarias mileístas.
El armado para llevar a buen puerto la reforma no es sencillo, sobre todo porque para aprobar leyes electorales se exige mayoría especial de la mitad más uno de los miembros de cada cámara. Es decir, 129 manos en Diputados y 37 en el Senado. La incertidumbre cuesta cara.
Elecciones de otros
Por otra parte, todos los jugadores esperan que se develen tres incógnitas electorales internacionales que se definirían entre la última semana de octubre y la primera de noviembre.
El 25 de octubre está previsto que se celebre la segunda vuelta de la elección presidencial en Brasil, realización que se da por descontada, ya que no hay previsiones de que ninguno de los dos candidatos con más chances de ganar (el actual presidente, Lula da Silva, y el derechista Flávio Bolsonaro) puedan obtener la mitad más uno de los votos en la primera vuelta por efectuarse el 4 del mes próximo.
Rota en la práctica la relación diplomática en la actualidad, a raíz de los insultos de Milei a Lula, el presidente argentino apuesta todo al triunfo del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, actualmente en prisión por su participación en el intento de golpe de Estado, el 8 de enero de 2023. La condición de primer socio comercial de la Argentina exime de mayores explicaciones sobre la importancia de esta elección.
Un día después de la segunda vuelta brasileña, se hará la elección en Israel, donde las encuestas indican que el primer ministro y aliado personal de Milei, Benjamin Netanyahu, tiene todas las de perder. El peso, sobre todo simbólico, de este vínculo, que llevó a un alineamiento acrítico, explica la relevancia de estos comicios.
De todas maneras, nada supera la importancia de las elecciones de medio término de los Estados Unidos, pese a que no sean presidenciales y aunque el faro máximo de Milei, Donald Trump, seguirá en el cargo sea cual fuere el resultado. Si es derrotado su partido y pierde el control de una o las dos cámaras del Congreso, lo cual asoma como altamente probable en este momento, significaría un golpe muy fuerte para el gobierno libertario. La administración trumpista, con la adhesión absoluta de Milei al excéntrico republicano, es garante de supervivencia y ha sido el fiador de última instancia.
La reacción de los mercados en caso de una derrota de Trump, que lo convierta en un pato demasiado rengo, podría tener sobre la Argentina un impacto muy duro en varias dimensiones. Tanto en cuanto al riesgo país como respecto de planes de inversiones. La incertidumbre financiera y la incertidumbre político-electoral tenderían a retroalimentarse a niveles impredecibles.
De suceder un triunfo trumpista, Milei no tendría asegurada la reelección, ya que hay demasiados cabos sueltos internos aun como para que estos factores externos tengan tanto peso, pero su proyecto de permanecer en el poder más allá de 2027 recibiría un fuerte envión.
Por eso, todas las martingalas y especulaciones electorales están en suspenso. Y algunos eventuales candidatos demoran sus definiciones hasta dentro de dos meses. Así lo explicitó el outsider empresario de medios Daniel Hadad, quien vive buena parte del tiempo en Miami y sabe como pocos la relevancia del resultado de la elección norteamericana. Para los influyentes aliados que tiene en ese país uno u otro resultado será determinantes.
Pero no es el único en esa situación. En el peronismo, muy especialmente, esperan que en la primera semana de noviembre se aclare el panorama. Saben que después de eso no les quedará mucho más tiempo disponible para definir su armado electoral, ya que antes de discutir candidaturas deben resolver su profunda fractura interna, que solo los principales dirigentes peronistas confían que al final se solucionará. Mientras tanto, juegan con las fichas ajenas que le proveen la pálida realidad económica y las incógnitas internacionales, que, dicho sea de paso, no se limitan a esas tres elecciones, aunque estas corren con la ventaja de que tienen fecha para su esclarecimiento.
Mientras tanto, Axel Kicillof sigue moviéndose y tratando de construir confianza fuera de su pequeño circulo de leales, pero sin lograr todavía ninguna promesa de fidelidad.
El gobernador bonaerense ya tiene que lidiar con la hiperactividad y la sombra que ha vuelto a proyectar Sergio Massa, a pesar del reciente escándalo de su viaje en avión privado al Caribe y la inflación del 211% que dejó su gestión como ministro de Economía, entre otras opacidades. Así como Milei se autodenomina doctor, el tigrense se autoeligió como arquitecto de la unidad peronista, con la pretensión de quedarse con la suite presidencial de esa casa hoy llena de goteras y fisuras.
Quedan por delante 40 días cruciales en los que prometen pasar demasiadas cosas. Noviembre será la línea de largada del proceso electoral.
Claudio Jacquelin,Javier Milei,Donald Trump,Lula da Silva,Conforme a
POLITICA
Argentina le comprará cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk a Estados Unidos

El Departamento de Estado de EEUU dio luz verde a una operación militar que fortalece los lazos de defensa con Buenos Aires: la posible venta de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk y equipo relacionado al Gobierno argentino, por un valor estimado de 140 millones de dólares. La decisión, comunicada este jueves, se suma a una serie de adquisiciones que el país sudamericano encaró en los últimos meses en materia de defensa.
Según el comunicado oficial, el pedido incluye, además de las cuatro aeronaves, dos motores T700-GE-701D, fabricados por la rama aeroespacial de General Electric y utilizados también en helicópteros de ataque como el Apache. A esto se agrega una larga lista de equipos que Washington clasifica como “no mayores”: sistemas de referencia de rumbo y actitud, transpondedores de Identificación Amigo o Enemigo (IFF), receptores de radio y de aterrizaje visual, radios de alta y muy alta frecuencia, un sistema de posicionamiento global Garmin GTN-750 y un transmisor localizador de emergencia, entre otros dispositivos.
El paquete contempla también elementos pensados para tareas de rescate y emergencia, como el sistema de extracción rápida por inserción de cuerda, equipos de polipasto y el denominado Bambi Bucket, utilizado para el combate de incendios desde el aire. Se suman, por otro lado, cascos, repuestos, herramientas de prueba, documentación técnica y programas de formación para las tripulaciones, así como servicios de apoyo logístico y técnico a cargo de personal estadounidense y de la empresa contratista.
El contrato recae en Sikorsky, subsidiaria de Lockheed Martin con sede en Stratford, Connecticut. Por el momento, el Departamento de Estado no tiene registro de ningún acuerdo de compensación asociado a la operación; ese tipo de convenios, aclaró el organismo, quedan sujetos a las negociaciones directas entre el comprador y el contratista.

El comunicado del Departamento de Estado enmarca la operación dentro de los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos. La venta, señala el texto, busca “mejorar la seguridad de un importante aliado no perteneciente a la OTAN”, categoría que Argentina ostenta desde hace años y que Washington describe como “una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en Sudamérica”.
Entre los usos previstos para los nuevos helicópteros figuran la seguridad fronteriza, la lucha contra el crimen transnacional y las tareas de asistencia humanitaria o respuesta ante desastres. El propio organismo estadounidense sostuvo que Argentina “no tendrá dificultades para absorber estos artículos y servicios en sus fuerzas armadas” y remarcó que la operación no requerirá el envío de representantes adicionales del Gobierno estadounidense ni de contratistas al país.
El texto oficial subraya, además, que la venta “no alterará el equilibrio militar básico en la región” y que no habrá impacto negativo en la preparación de defensa de Estados Unidos como consecuencia de esta transacción.
El Black Hawk acumula cerca de 50 años en operación y pasó de ser un helicóptero utilitario exclusivamente militar a una aeronave empleada también en evacuaciones médicas, respuesta ante catástrofes y transporte de autoridades. Más de treinta países lo utilizan actualmente, entre ellos Colombia y Brasil.

Argentina, hasta el momento, contaba con una sola unidad del modelo, destinada al traslado del presidente de la Nación. Los cuatro aparatos ahora habilitados por Washington están orientados, principalmente, a reemplazar a los Bell UH-1H/Huey II que integran el Comando de Aviación del Ejército, una flota con varias décadas de antigüedad.
La operación se da en medio de un proceso más amplio de renovación de equipamiento militar que impulsa la gestión de Javier Milei. En paralelo a la incorporación de los Black Hawk, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada realizaron pruebas para conectar a los aviones F-16, adquiridos a Dinamarca, con los P-3C Orion comprados a Noruega, mediante el sistema de enlace de datos Link 16, utilizado por países de la OTAN.
El Ejército, por su parte, incorporó vehículos Stryker y avanzó en la modernización de tanques TAM 2C y en la llegada de camiones Unimog U 4000, entre otros elementos presentados meses atrás por la Dirección de Arsenales. Según había anticipado el analista Andrei Serbin Pont en Infobae, se preveía la llegada de un primer lote de dos helicópteros Black Hawk antes de fin de año y otros dos durante el próximo, aunque esa información se encontraba todavía en desarrollo al momento de conocerse.
El proceso de reequipamiento no está exento de cuestionamientos internos. La diputada nacional Agustina Propato, vicepresidenta de la Comisión de Defensa, había advertido semanas atrás sobre el deterioro salarial del personal militar, que a su juicio acumula una pérdida de 80 puntos porcentuales de poder adquisitivo desde 2023, y sobre la salida de 19.000 efectivos de las fuerzas armadas en ese mismo período.
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