El Gobierno aprobó un nuevo régimen de retiros voluntarios para empleados de la administración pública nacional centralizada. Lo hizo mediante el decreto 1203, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Los estatales podrán anotarse en el plan de desvinculación voluntaria entre el 1 y el 30 de noviembre. La norma estableció la posibilidad de una prórroga en el proceso de inscripción de 30 días.

El régimen establece compensaciones económicas diferenciadas por edad, años de aportes jubilatorios y la antigüedad de cada agente. Según cálculos oficiales, son 20.000 los estatales en condiciones de solicitar el retiro.

De acuerdo con el texto, quien adhiera a la iniciativa y según su edad, aportes y antigüedad, puede llegar a cobrar hasta 25 sueldos o el 60% del salario mensual bruto por tres años desde la desvinculación.

El decreto estableció, además, que quienes acuerden dejar su puesto en el Estado, donde no podrá volver a trabajar por ocho años, indica el decreto.

La medida, que forma parte del plan “motosierra” para achicar el Estado que impulsan Javier Milei y particularmente su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apunta a los empleados de planta permanente bajo la Ley 25.164 y a quienes tengan contratos por tiempo indeterminado bajo los términos de la Ley 20.744.

“Los cargos en los que presta servicios el personal que adhiera al presente Régimen de Retiro Voluntario, serán suprimidos, lo que redundará en una mejor gestión de los recursos del Estado”, se indicó en los considerandos del decreto firmado por Milei, Sturzenegger y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Una vez pedido el retiro, las autoridades de cada jurisdicción (ministerio, secretaria, etc.) correspondiente tendrá 40 días para expedirse. Si no hay respuesta expresa en ese plazo, la solicitud se considerará rechazada.

Nuevos retiros voluntarios en el Estado: quiénes podrán acceder

El régimen de retiro voluntario está dirigido exclusivamente a empleados de la administración pública nacional centralizada, es decir, quienes se desempeñan en las jurisdicciones incluidas en el inciso a) del artículo 8 de la Ley 24.156.

Es decir, para solicitar el retiro deben trabajar en Presidencia de la Nación; Jefatura de Gabinete y los distintos ministerios y secretarías; El Congreso (las cámaras de Diputados y Senado); Poder Judicial de la Nación (Corte Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores); o en el Ministerio Público (tanto el fiscal y como el de defensa).

En el nuevo esquema de retiros voluntarios en el Estado quedan excluidos todos quienes revisten contratos transitorios o los empleados de los organismos descentralizados, como la ANSES; las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Servicio Exterior y otros sectores específicos.

Para poder pedir el retiro voluntario, el empleado público de la administración central deberá ser planta permanente; no tener procesos penales ni sumarios administrativos graves pendientes. Tampoco pueden ingresar quienes estén en el cuarto año de licencia por afecciones de largo tratamiento, ni quienes hayan presentado una renuncia pendiente de aceptación.

Ademas, los empleados con demandas judiciales o administrativas deberán desistir formalmente de esas acciones para poder adherirse; y no deben estar en disponibilidad al momento de la inscripción.

Nuevos retiros voluntarios en el Estado: a qué grupos apunta y cómo serán las compensaciones

El decreto 1203 estableció las modalidades de compensación diferenciada según la edad, los aportes y la antigüedad de los agentes:

• Grupo 1: mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no tengan aportes suficientes para jubilarse. Podrán optar entre una gratificación única o el cobro del 60% del salario bruto mensual por hasta 36 meses.
• Grupo 2: mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64, con al menos 30 años de aportes. Recibirán hasta 18 sueldos de gratificación más cinco remuneraciones adicionales.
• Grupo 3: mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. Cobrarán un salario por cada año de antigüedad, hasta 20 remuneraciones, más un adicional de cuatro o cinco salarios según tengan menos de 15 años de servicio o 15 años o más.

En todos los casos, la adhesión implica el cese definitivo de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario correspondiente.

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El gobierno de Axel Kicillof ratificó esta mañana su defensa de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y cuestionó el plan de la administración de Javier Milei, que pretende eliminarlas o suspenderlas antes de las elecciones de 2027.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que el peronismo asumió el compromiso de sostener el actual sistema de primarias como mecanismo para resolver candidaturas dentro de los frentes políticos. En ese marco, el funcionario planteó que una eventual modificación del régimen electoral persigue una finalidad política evidente que fue confesada por los propios referentes de La Libertad Avanza.

“Quieren evitar que la oposición se organice para que Milei sea reelecto”, sostuvo Bianco. Y agregó que una reforma concebida para facilitar el triunfo de una fuerza política no tiene justificación institucional: “Eso está mal, es un delito”.

El funcionario bonaerense vinculó la iniciativa con otros cambios promovidos durante la gestión libertaria, entre ellos la implementación de la Boleta Única Papel y los proyectos sobre el funcionamiento de los partidos políticos.

Bianco afirmó que el sistema electoral argentino no presentaba un reclamo que exigiera una reforma de esta magnitud y defendió la experiencia de las elecciones bonaerenses del año pasado. Según sus datos, en esos comicios se emitieron más de 8,6 millones de votos y se registraron 11 infracciones a la legislación electoral.

También cuestionó el argumento económico utilizado por el oficialismo para avanzar con cambios en el mecanismo de votación. Dijo que la organización de la elección bonaerense tuvo un costo de $85.000 millones y aseguró que la proyección de una votación nacional con Boleta Única Papel duplicaría ese monto para el distrito.

“La modificación del sistema electoral tiene que ser para hacerlo más transparente, más económico o más eficaz”, planteó el ministro. “No se puede modificar para ganar una elección”.

Las negociaciones del gobierno nacional

Mientras la provincia de Buenos Aires reclama preservar las primarias, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que el Gobierno podrá avanzar en el Congreso con una reforma electoral que contemple la eliminación o suspensión de las PASO.

Santilli sostuvo que la propuesta responde al rechazo de parte del electorado a participar de varias instancias de votación y al costo de las internas partidarias. El funcionario estimó ese gasto en USD 200 millones y aseguró que el oficialismo conseguirá aprobar el proyecto, pese a que todavía no cuenta con un acuerdo legislativo cerrado.

“La reforma electoral va a salir y la eliminación o suspensión de las PASO va a salir”, afirmó Santilli el fin de semana, a pesar de las dudas de una buena parte de la política.

En la misma línea, el jefe de Gabinete afirmó que la continuidad o eliminación de las primarias no modificará, según su pronóstico, el resultado de las próximas elecciones presidenciales. “Con PASO, sin PASO, con más o menos acuerdos, Milei va a ganar. “Si fuera este domingo las elecciones, el Presidente va a volver a ganar”, enfatizó en diálogo con LN+.

Finalmente, Santilli vinculó esa proyección con la situación interna del peronismo, al que acusó de buscar una reunificación pese a sus diferencias. “Se muestran separados, pero van a terminar juntos. Entonces, otra vez la película esta no”, concluyó.

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