POLITICA
“Un desafío grande”: el dato que mira el Gobierno para las próximas elecciones y que podría capitalizar el peronismo

El esquema de elecciones nacionales cada dos años trae algunas dificultades para los oficialismos. Cuando en la Casa Rosada recién terminaban de bajar la guardia tras los comicios legislativos del año pasado para discutir las reformas libertarias, las presidenciales del año próximo ya asoman de manera inevitable y se cuelan en la discusión pública. No son inminentes, pero el solo hecho de su acercamiento ya configura un condicionante en sí mismo. No hay tiempo para el descanso.
Javier Milei quiere la suspensión de las PASO por un sinfín de razones. Pero hay dos motivos que son funcionales a su estrategia económico-política: patea la incertidumbre electoral unos meses para adelante y elimina la ventana que se genera entre las primarias y la primera vuelta, la cual estuvo marcada por fuerte inestabilidad en comicios como los de 2019 y 2023.
El nivel del riesgo país evidencia que el mercado, por ahora, descuenta que no existe una oposición lo suficientemente competitiva como para confrontar seriamente contra el Presidente. Esta semana se vio una leve suba hacia los 440 puntos básicos, pero esa variación se explica más por el deterioro del contexto internacional que por motivos internos.
Muy cerca de Milei tratan de enfatizar que lo primero que pretenden construir es un frente sólido desde el punto de vista macroeconómico: “A partir de ahí es que tenemos que reforzar lo político. Si no existe la primera, no vamos a tener la segunda. Es una condición sine qua non”.

El equipo económico que comanda Luis Caputo parece haber querido dar todas las señales posibles de que el programa financiero tiene cubiertos todos sus compromisos para los vencimientos del año próximo, lo cual configura una señal política en sí misma: no tenerlos podría implicar inestabilidad y, con ello, menores condiciones para lograr una percepción positiva del electorado sobre la situación económica.
Pero al interior de la Casa Rosada afirman que todavía no está resuelto otro frente: el político. Es una esfera que comenzará a ganar mayor preponderancia con el paso de los meses. “Estamos ganando la discusión de la macro, la inflación y la estabilidad; no hay dudas de eso. No así la de la microeconomía. Ahí estamos corriendo de atrás”, confirma un importantísimo miembro del Gobierno.
En el equipo económico se esmeran en decir que no existe algo así como “la micro”. Dicen que la sumatoria de micros configura la macro. Y que esta última está bien.
Pero los responsables de la estrategia política de la Presidencia hacen otra lectura. “Esa discusión no la estamos pudiendo ganar por el siguiente motivo: los sectores que realmente están creciendo y los que están empujando la reactivación son todos los sectores que no tienen que ver con ‘la calle’ y las grandes urbes”.
Se trata de una referencia al funcionamiento del modelo macroeconómico del Gobierno. La consultora financiera más leída en el círculo rojo, 1816, dedicó su briefing semanal a esta cuestión. “Muestra una clara recuperación en forma de K: hay sectores que vuelan y sectores a los que todavía les cuesta traccionar. La actividad agropecuaria y el sector energético crecieron 15% y 27% desde nov-23, respectivamente, la industria, la construcción y el comercio todavía están con niveles inferiores a los del último mes de la era de Alberto Fernández”.

El asunto es que los sectores perjudicados son habituales en los conurbanos más poblados del país: el AMBA, el de Córdoba y el de Santa Fe. “Son los principales generadores de empleo directo, el mercado laboral continúa débil (el empleo asalariado privado registrado cayó en abril por decimoprimer mes consecutivo) y los salarios privados registrados volvieron a descender en mayo, tras el rebote que habían experimentado en abril“, afirman.
La pregunta que se hacen quienes miran el clima político es cómo será ese proceso de absorción de la mano de obra que queda desocupada. “Ese es un desafío grande, y la única forma de superar eso es que esté fragmentada la alternativa peronista”, dicen.
Es una novedad significativa: hay quienes al interior de la Casa Rosada ponen parte de la responsabilidad en lo que haga el peronismo. No es que las chances de Axel Kicillof o cualquier candidato de ese espacio se reducen a cero, como afirmó Luis Caputo.
La apuesta principal del Gobierno parece ser el sector de la construcción: primero por el esquema de concesiones y otro por la voluntad de recuperar el crédito hipotecario. El Gobierno cedió finalmente el control de la Ruta Nacional A012 a la provincia de Santa Fe, potente en el ámbito agro pero con variaciones negativas en términos de puestos de trabajo. Datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) indican que la cantidad de empleadores se redujo de 50.674 a 47.758 establecimientos. En tanto, se redujeron 15.930 puestos de trabajo.
El acto en donde se hizo el anuncio fue llamativamente amplio. El gobernador Maximiliano Pullaro fue recibido por Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo. No fue menor que en ese acto estuviera la presidenta provincial de La Libertad Avanza, Romina Diez. Su presencia se entiende porque invitaron a los diputados nacionales de ambas fuerzas, pero el Poder Legislativo no tiene injerencia en asuntos de este estilo: algunos de los que participaron no terminaron de decodificar si fue una marcada de cancha o una demostración de que ambas fuerzas pueden coexistir en un mismo ámbito. Lo cierto es que el Gobierno está encontrando en Pullaro un aliado cada vez más frecuente: no descartan un pacto de no agresión.
Si esta semana que pasó tuvo una foto de la armadora libertaria con el gobernador de su provincia (Santa Fe), en estos días que vendrán se hará una postal para comunicar enfáticamente que no hay un pacto con el cordobés Martín Llaryora. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibirá en su despacho el martes a las 16 a los referentes cordobeses de La Libertad Avanza en ambas cámaras del Congreso, Gabriel Bornoroni (Diputados) y Luis Juez (Senado). “Será para hablar de temas de la provincia”, confirmaron, aunque el motivo definitivo está en la foto que se difundirá después.

De vuelta a las apuestas económicas del Gobierno, fuentes de diálogo directo con el Presidente están preocupados por los niveles de mora de los hogares. Cifras del Banco Central (BCRA) muestran que ascendió 12,8% durante mayo y que se consolida como la marca más elevada de los últimos 20 años. De ese segmento, preocupa que la irregularidad de los deudores de 18 a 25 años supere el 40%. Porque es un público donde predomina el votante libertario y que, además, es el más codiciado por los bancos.
“Estamos tratando de que los bancos se propongan rescatar a ese público y, especialmente, los que están en Situación 3 o 4. Si se caen del sistema no los recuperás más y son los que, por ejemplo, más deberían estar dispuestos a pedir un crédito”, dijo una fuente de altísimo rango del Gobierno que coordina este tipo de políticas.
Es algo que preocupa sobremanera a diferente tipo de entidades. El Banco Nación (BNA) es el que lidera estas políticas, ofreciendo que clientes de la entidad y de otros bancos puedan consolidar sus deudas, incluidas de las billeteras virtuales. Medidas con un espíritu similar están realizándose desde los bancos de la Ciudad, Córdoba, Provincia y Santa Fe.
Quienes conversan con Milei y tienen fuerte incidencia en la política económica afirman: “Todavía no entendemos por qué los bancos privados no nos ayudan del todo. Tienen que empezar a trabajar como bancos y prestar plata como con los créditos hipotecarios. Si apuntan al público joven con tasas competitivas se van a quedar con un cliente por 20 o 30 años”.
En ese esfuerzo se encuadran diferentes acciones de la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda para vender previsibilidad. Es una tarea compleja porque depende de crear un marco de reglas claras hacia las empresas, sobre las cuales el Gobierno pone el peso de generar la reactivación del consumo a través de que exporten o inviertan más. “Nosotros desregulamos, simplificamos, desburocratizamos y abrimos la economía; pero ellos necesitan ser los que den el siguiente paso”, indican en un despacho de la Casa Rosada. Es un pedido que implícitamente también hace el ministro de Economía al enviar al Congreso el segundo proyecto de Inocencia Fiscal, que busca volcar al sistema al menos una parte de los USD 170.000 millones que estiman que están “en el colchón”.
Todo este entuerto es el motivo por el cual hubo una fuerte rabia cuando el vocero presidencial, Adrián Ravier, cometió el furcio de dejar a libre interpretación que el tipo de cambio podía irse a $1800 en cuestión de meses. En rigor, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que hace el BCRA deja la posibilidad de que exista esa cifra para dentro de un año. El techo de la banda está arriba de esa cifra, por lo que existe margen.
Como pocas veces en el último tiempo, la lectura de que se había cometido un furcio grave fue unánime en las alas del Gobierno: significa decir que el dólar tiene margen de crecer cerca de 20% “en los próximos meses”.
“Quienes entendemos del tema sabemos qué quiso decir. Pero nosotros no somos todos. Le estás diciendo al ahorrista que si quiere meter un plazo fijo con los dólares que tiene, tal vez, no le conviene. Es increíble”, se sinceró un importante miembro de la mesa política. Dos integrantes de ese mismo grupo también opinaron, pero el nivel de sus expresiones no son reproducibles para este artículo.
Aunque los modos son diametralmente mejores que los de Manuel Adorni, el perfil bajo y su tono más monocorde hace que sus conferencias no logren instalar temas en agenda. Ravier acusó esta semana al periodismo de haberlo malinterpretado cuando sugirió que Argentina es un “país bananero” (dijo que usó el tiempo condicional cuando, en rigor, no lo utilizó), pero al interior del Gobierno describen que los furcios que viene teniendo son repetidos.
“Se degradó mucho la figura del Vocero Presidencial. En un país normal, con un vocero serio, estas declaraciones serían un verdadero escándalo”, afirmaron desde una área de la comunicación, aunque en todos los despachos más importantes de la Casa Rosada reconocieron que se agarraron la cabeza al ver el clip del dólar viralizado en redes.
La comunicación está en debate no solo en los despachos, sino entre todas las facciones del Gobierno. Temas de similar naturaleza se hablaron en la reunión de mesa política que se hizo la semana pasada. “Los periodistas escriben sobre las internas, pero alguien se lo dice, no es que lo inventan de la nada. Hay que bajar un cambio”, dijo una de sus principales figuras a sus compañeros. Muchos seguían riéndose días después: “Las dos personas que pidieron que dejemos de operarnos entre nosotros son, paradójicamente, quienes más hablan con los periodistas”.
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POLITICA
El desafío opositor tras la fallida sesión: construir mayorías en un Congreso moldeado por los gobernadores

“Se van a llevar todo”, dice una diputada, en una mezcla de bronca y resignación. “Empujamos, coordinamos, cedemos, hacemos lo que podemos, pero no nos acompañan los números”, graficó otro diputado de la oposición.
Los bloques de la oposición sienten cierta frustración respecto de los resultados que están teniendo en el Parlamento, donde entienden que los dos primeros años de la gestión de La Libertad Avanza estuvieron signados por el apoyo al Gobierno para “dotarlo de gobernabilidad” y que este año la gobernabilidad “es para los gobernadores”.
En ese esquema, los bloques de la oposición intentaron avanzar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 la semana que pasó y chocaron de frente con la ausencia de los diputados que responden directamente a gobernadores como los de Santa Fe, Misiones, Salta, Tucumán y Corrientes. Algo que se repite en varias sesiones y que los más pesimistas estiman que el próximo miércoles sucederá de la misma manera.
El oficialismo citó para el miércoles a una sesión cuyo temario incluye el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que modifica las leyes 21.499, de Expropiaciones, y 24.374, de Regularización Dominial—, desalojos express y, además, la vuelta de la ley de Tierras de 2011; la creación de un módulo informático interoperable con el Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo (MAR) y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA); modificaciones al Código Penal sobre vandalismo rural; la transferencia a título gratuito a la provincia del Chaco del inmueble propiedad del Estado nacional Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB); la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 de la ley 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad; y la ley sobre endeudamiento familiar.

A diferencia de lo ocurrido este jueves, la oposición no tendrá que construir el quórum, ya que la convocatoria fue solicitada por el oficialismo. Su objetivo será concentrarse en las mayorías necesarias para imponer sus posiciones durante el tratamiento de los proyectos.
Cruces de estrategias
“Puede ser que alguna nos la den vuelta”, reconoció un diputado de La Libertad Avanza que suele tener reuniones en la Casa Rosada. Aunque la oposición tiene dictamen propio en cada una de las normas a debatir —salvo en trazabilidad, que salió por unanimidad—, la referencia del legislador libertario apunta, principalmente, a discapacidad, propiedad privada y morosidad.
En algunos despachos se especuló con la idea de pedir una sesión para ese mismo día a las 10 de la mañana con un temario propio. Sin embargo, la propuesta fue descartada para que “no nos pase lo mismo que el otro día” y se quedaran cortos para el quórum.
En algún momento la palabra de Miguel Ángel Pichetto resonó en el debate. Así como alguna vez les dijo a los libertarios “¿qué aplauden? acá se viene a ganar, aprendan”, ahora el experimentado legislador advirtió que la oposición debe mejorar sus cálculos parlamentarios y evitar exponerse a nuevas derrotas.

En la oposición se renueva la esperanza de la mano de algunos datos que dejó la sesión anterior. “Quedamos a ocho, pero teniendo en cuenta que faltaron dos de Unión por la Patria, el número baja a seis. Es difícil, pero no imposible”.
En este caso, los diputados de los gobernadores nuevamente serán quienes definan si se impone el proyecto de LLA o el de la oposición en cada una de las votaciones.
Por el lado del oficialismo, la Casa Rosada maniobra con los jefes de los estados provinciales en busca de asegurarse los votos necesarios. “Les prometen que van a buscar inversiones para un tren y te bajan los diputados. Entendemos la gobernabilidad, pero una promesa de posibles inversiones no puede ser suficiente”.
El lunes muchos legisladores volverán a sus despachos en la Cámara de Diputados. Los teléfonos sonarán todo el fin de semana. Ganar o perder una votación hoy se define con dos o tres legisladores que se sumen o que no. Pero el oficialismo parece correr con ventaja en esa discusión.
POLITICA
El gobernador de Neuquén salió sorteado en el narcotest provincial y mostró el resultado negativo

NEUQUÉN.- El gobernador Rolando Figueroa se sometió este viernes a un narcotest sorpresivo y obligatorio para los funcionarios públicos de la provincia. Compartió en sus redes sociales el resultado negativo de la muestra y aseguró que los políticos deben “predicar con el ejemplo”.
El mandatario provincial fue seleccionado para someterse al control toxicológico obligatorio para todos los integrantes del sector público neuquino, como lo fija una ley provincial aprobada en 2025 y reglamentada en febrero de este año.
En un video que compartió en su perfil oficial de redes sociales, Figueroa mostró el momento en que le comunicaban los resultados negativos que arrojó la muestra de orina. Los profesionales a cargo del test aclararon que la finalidad del análisis es comprobar la presencia de sustancias, como marihuana, cocaína, anfetaminas, barbitúricos, opiáceos y metadona.
“Para nosotros es muy importante poder cumplir con esta ley”, dijo el gobernador. Y agregó: “Quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones tan importantes con nuestra firma debemos actuar con plena conciencia y responsabilidad”.
En septiembre de 2025, la Legislatura de Neuquén aprobó la ley provincial 3531, que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos como requisito para la permanencia en cargos públicos para los miembros de los tres poderes del Estado.
La iniciativa tuvo 29 votos a favor y dos en contra, de diputados del Frente de Izquierda (FIT), y se redactó a partir de la unificación de dos proyectos similares que habían presentado distintos bloques políticos. En febrero de este año, la norma fue reglamentada a través de un decreto firmado por Figueroa y, luego, publicada en el Boletín Oficial.
La norma establece que los exámenes toxicológicos se realizarán de manera sorpresiva y de forma trimestral, mediante un sorteo administrado por el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), que garantiza la imparcialidad de la selección. Cada tres meses, se presenta un listado de funcionarios seleccionados que comprende a un 12,5% del total de la planta.
Los funcionarios que se sometan al control y obtengan resultados positivos tendrán derecho a pedir una contraprueba que deberá ser presentada en un plazo de 48 horas. Si un funcionario se niega a presentar sus muestras, su resultado será considerado positivo, lo que derivará en su suspensión y posterior expulsión del cargo.
La norma indica que los exámenes deben desarrollarse bajo estrictos protocolos de confidencialidad. En este caso, el gobernador Figueroa decidió hacer públicos sus resultados en un llamado a “predicar con el ejemplo” por parte de las autoridades.
Para Figueroa, que impulsó uno de los dos proyectos que derivaron en esta ley, la iniciativa “está en línea con la política pública que llevamos adelante en el gobierno de la provincia, en la lucha contra el narcotráfico”. Una norma similar fue aprobada en 2023 en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba.
Réplicas en otros poderes
Tras la aprobación de la ley, otras jurisdicciones, como la Municipalidad de Neuquén, también adhirieron a la normativa. Así, los integrantes del gabinete municipal y hasta el defensor del Pueblo deberán someterse al test junto al intendente, que ya estaba incluido en la normativa provincial.
En otros poderes del Estado, como la Legislatura, la implementación de los controles toxicológicos se demoró por la falta de consenso sobre los protocolos para llevar adelante los tests.
En agosto de este año, finalmente se aprobó un protocolo que establece controles trimestrales, que se realizan in situ y con el costo a cargo de cada diputado provincial.
Entre las voces que cuestionaron la implementación de la medida se contó la de la diputada Julieta Ocampo (FIT), quien criticó las sanciones de expulsión directa sin un abordaje integral de tratamiento hacia los consumos problemáticos.
pic.twitter.com/1wwPFn5Isz,October 16, 2026,Sofía Sandoval,Conforme a
POLITICA
Video: así un grupo de manifestantes rompió bancos y veredas para tirar piedras durante la Marcha Federal Universitaria

Un grupo de manifestantes con caras tapadas vandalizaron los bancos y veredas en las inmediaciones del Congreso de la Nación y mantuvieron enfrentamientos con los efectivos policiales en medio de la Marcha Universitaria.
Los incidentes comenzaron minutos antes de las 16, cuando un grupo de personas comenzó a romper veredas y a tirar piedras a los agentes. Como respuesta, los oficiales utilizaron el camión hidrante y gases lacrimógenos para dispersarlos.
Inmediatamente a través de las redes, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, apuntó contra “los mismos violentos de siempre” y sentenció: “Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”.
“El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”, agregó la funcionaria.
En las imágenes, se puede ver cómo un manifestante destruía con una maza uno de los bancos de la Plaza del Congreso, mientras que otro tomaba los pedazos para luego utilizarlos como proyectiles. Algunos manifestantes también arrancaron cordones de las veredas.
A su vez, una persona encapuchada volvió a lanzar una granada de gas lacrimógeno a los efectivos, que buscaban contener la protesta con el camión hidrante. Los cruces continuaron por más de cuarenta minutos y se reportaron oficiales de la Policía y la Gendarmería heridos por las piedras de los manifestantes.
“La policía empezó a reprimir a todos los que vinimos a manifestarnos de manera pacífica”, aseguró un joven participante de la movilización a TN. Y agregó: “El pueblo se cansó, estamos hartos”. En la previa de la movilización, el Gobierno había desplegado un gran operativo policial para contener la movilización de estudiantes, gremios y organizaciones sociales.
Pese a los incidentes, la comunidad universitaria continuó con el acto central, donde exigió la derogación del DNU de Javier Milei de desregulación económica y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Horas antes, la oposición no había logrado reunir el quórum para tratar el decreto presidencial.
A su vez, el documento universitario cuestionó el Presupuesto 2027 y advirtió que las casas de estudio están en riesgo de no poder sostener sus actividades el próximo año. Los organizadores acusaron al gobierno de Javier Milei de poner en riesgo la democracia por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario y las decisiones judiciales que ordenan su aplicación. “El incumplimiento por parte del gobierno nacional de la Ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano”, advirtieron.
Al finalizar el acto, el grueso de los manifestantes comenzaron a desconcentrar de la Plaza, mientras que un grupo de encapuchados continuó los enfrentamientos con la Policía.
Protesta, Marcha universitaria
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