POLITICA
El techo de cristal: la cantidad de mujeres en puestos jerárquicos de la Administración Pública Nacional cayó de 39% al 22% en cuatro años
El 78% de los cargos en ministerios, secretarías y subsecretarías están ocupados por varones y solo el 22% por mujeres, lo que implica que 8 de cada 10 puestos de alto rango en la Administración Pública Central (APN) están ocupados por hombres. Solo 2 ministerios y el 15% de las secretarías políticas de la estructura estatal centralizada tienen a mujeres en puestos jerárquicos en la actual gestión de Javier Milei.
Así surge de un relevamiento realizado por Infobae de la información publicada en el Mapa del Estado que abarca 194 cargos públicos jerárquicos de Jefatura de Gabinete, 9 ministerios, 50 secretarías y 134 subsecretarías, todos organismos que dependen directamente de la Presidencia de la Nación. No se contabilizan los cargos de presidente ni de vicepresidente.
De los 177 puestos cubiertos en abril pasado, 138 corresponden a hombres y solo 39 a mujeres. Todas son designaciones políticas, o sea no son ocupados por empleados de carrera. Otros 17 puestos permanecían vacantes.
Los datos analizados por este medio muestran que la brecha entre hombres y mujeres en la estructura estatal centralizada ha empeorado en los últimos cuatro años.
En octubre de 2022, el 61% de 291 cargos estaba ocupado por hombres y el 39% por mujeres. Al año siguiente, la situación se mantuvo relativamente estable, con 295 cargos, de los cuales el 63% eran ocupados por varones y el 37% por mujeres, según la comparación de las distintas plantas realizada por Infobae.
El “techo de cristal”
La participación femenina en los puestos de mayor rango de la APN es minoritaria en la totalidad de las jurisdicciones, de acuerdo a la Base Integrada de Mapa del Estado con datos actualizados al 30 de abril pasado.
Las mujeres encabezan solo 2 de los 10 ministerios (contabilizando la Jefatura de Gabinete): Sandra Pettovello en Capital Humano y Alejandra Monteoliva en Seguridad. El 80% de los restantes están ocupados por hombres.
La menor proporción de mujeres en cargos de mayor responsabilidad en contraste con el dominio de los hombres en puestos con capacidad real de decisión es conocida como el “techo de cristal”. Se refiere a la barrera invisible que frena el ascenso de las mujeres a puestos altos de decisión, a pesar de que puede haber paridad en los cargos bajos. Revela que las mujeres enfrentan mayores obstáculos para acceder a los niveles más altos de la administración y por ende, alcanzar mejores sueldos.
“Sabemos por el Global Gender Gap Report del Foro Económico Mundial que de las cuatro dimensiones que mide el índice de paridad, la política es la más rezagada y difícil de cerrar: a nivel global, apenas se cerró un 22,5% de esa brecha en 2024. Por eso son cruciales las acciones estatales efectivas para acelerar la ruptura del techo de cristal», le dijo Ana Castellani, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad de Buenos Aires, a Infobae.
La gestión de Milei reestructuró el Gabinete, redujo la cantidad de organismos y una de sus primeras decisiones fue disolver el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, creado durante el gobierno de Alberto Fernández. Primero, el área perdió jerarquía y pasó a depender de la cartera de Justicia y, finalmente, su cierre definitivo se concretó en junio de 2024.
En octubre de 2022, los ministerios eran 19 y las mujeres encabezaban 4 carteras (21%): Desarrollo Social (Victoria Tolosa Paz), Trabajo (Raquel Olmos), Salud (Carla Vizzotti) y el Ministerio de las Mujeres, cuya primera titular fue Elizabeth Gómez Alcorta, reemplazada en octubre de ese año por Ayelén Mazzina. La participación femenina se mantuvo en valores similares al año siguiente, último del Frente de Todos.
“Los incrementos de participación durante el gobierno anterior se dieron en el marco de una instrucción presidencial que exigía paridad en los cargos directivos de la Administración Pública”, señaló Castellani, autora del paper “Desigualdad de género en la Administración Pública. Análisis del caso argentino entre 2009 y 2023″, publicado en la revista del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).
“La gestión de Milei desconoce por completo el problema de las brechas de género en cualquiera de sus dimensiones y por eso desmanteló ese entramado normativo generando un retroceso en la participación femenina en cargos de dirección pública”, agregó esta investigadora que estuvo al frente de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación en la administración anterior.
El análisis por ministerios
Actualmente, el caso más extremo de nula participación femenina en la gestión actual es el Ministerio de Defensa, encabezado por el teniente general Carlos Presti, donde ninguno de los cargos está ocupado por una mujer.
A esta cartera le siguen el Ministerio de Seguridad Nacional con apenas una mujer entre 13 cargos (8%) – la ministra Monteoliva-, y el Ministerio de Justicia, conducido por Juan Bautista Mahiques, con una sola mujer de ocho posiciones jerárquicas (13%).
En el resto de las carteras, la presencia femenina tampoco superó una de cada cuatro posiciones. En el Ministerio de Economía, las mujeres ocupan el 16% de los cargos jerárquicos (7 de 45); en Interior, el 20% (2 de 10 puestos de alto rango); y en la Cancillería, el 22% (2 de 9).
Por su parte, los Ministerios de Salud y el de Desregulación y Transformación del Estado tienen un 25% de presencia femenina en cargos jerárquicos: 4 de 16, y 2 de 8 puestos de alto rango, respectivamente.
Las mayores proporciones de mujeres se concentran en tres organismos, aunque sin alcanzar la paridad. El Ministerio de Capital Humano encabeza el listado con un 37% de representación femenina (7 de 19 cargos).
Le sigue Presidencia de la Nación, con 6 mujeres en 19 puestos jerárquicos ocupados, el 32%. Incluye a la Secretaría General, cuya titular es Karina Milei, y bajo cuya órbita está la subsecretaria de Planificación, María Belén Agudiez; la secretaría Legal y Técnica, María Ibarzábal; la subsecretaria de Planeamiento Estratégico, María Paula Taddei Farfán; la subsecretaría de Patrimonio Cultural, Liliana Varela; la subsecretaria de Gestión y Desarrollo Cultural, Florencia Iannello
El mismo porcentaje de representación femenina – 32% – se repite en la Jefatura de Gabinete, con 7 mujeres de los 22 puestos de alto rango.
En comparación con la gestión anterior, la mayor reducción de las designaciones políticas de mujeres en puestos de jerarquía se registra en las secretarías y subsecretarías. En el primer caso, la proporción femenina pasó de 37% en 2022 al 15% en 2026. En tanto, en las subsecretarías descendió del 42% al 25% este año, mientras que los hombres pasaron a concentrar tres de cada cuatro cargos de alto rango (75%).
En lo concerniente a la edad de los funcionarios que ocupan puestos jerárquicos, el promedio es de 51 años, existiendo una dispersión de 8 años de edad entre ministros (58 años) y subsecretarios (50 años). La variable etaria no está discriminada por género.
El universo de la APN
Infobae analizó también el Directorio del Estado, donde figura el listado de todas las personas que trabajan o prestan servicios para la APN, incluyendo la administración central (como los ministerios y las Fuerzas Armadas); la descentralizada, como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); y otros entes como el PAMI y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El registro contiene 358.974 nombres y discrimina quienes son planta permanente, transitoria, contratados y bajo locación de servicios. De este total, el 61% de agentes son varones y el 39% mujeres.
De ese universo de datos se desprende que en solo 8 organismos de un total de 87 la relación se invierte.
Aquellos que muestran una participación de mujeres mayor del 60 % son la Comisión Nacional Antidopaje (75%); el Banco Nacional de Datos Genéticos (73%); el Instituto Nacional del Teatro (67%); la Comisión Nacional de Valores; la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, estas tres últimas con el 64% de participación femenina. Le siguen la Administración Nacional de Establecimientos de Salud y el Ministerio de Salud, con 63%.
Por otro lado, la mayoría de varones se da en la Prefectura Naval Argentina, donde representan el 80%; la Dirección Nacional de Vialidad, Gendarmería Nacional, la Administración Nacional de Aviación y el Estado Mayor del Ejército, todos con el 74% de hombres; y el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa con el 70% de integrantes del género masculino.
Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener
Carga y chequeo: Desiré Santander
POLITICA
El Gobierno sigue de cerca la recuperación del Papa tras recibir el alta y asegura que no hay cambios en su visita a la Argentina
El Gobierno monitorea la evolución de la salud del papa León XIV después de que este sábado recibiera el alta hospitalaria e insiste en que no hubo modificaciones en la visita prevista a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.
En la Casa Rosada aseguran que Cancillería mantiene el contacto con la Santa Sede y que los equipos encargados de la organización continúan trabajando sobre el cronograma original, mientras esperan las próximas definiciones médicas.
La Oficina de Prensa del Vaticano informó este sábado 17 de octubre que los médicos autorizaron la salida del Pontífice del Policlínico Gemelli de Roma, donde permanecía internado desde el martes 13 después de una intervención en el pulmón derecho.
La decisión se tomó a partir de los resultados de los análisis de sangre, una radiografía de tórax realizada durante la mañana y la evaluación de su estado clínico. León XIV regresará al Vaticano y tiene previsto rezar el Ángelus el domingo desde la ventana del apartamento pontificio.
“Estamos monitoreando constantemente y seguimos en contacto con el Vaticano vía Cancillería. Los equipos siguen trabajando para la visita bajo la premisa de que viene. No cambió nada”, expresan en Nación. En el Ejecutivo aclaran que la instrucción es sostener los preparativos mientras no exista una comunicación oficial que disponga una modificación o postergación del viaje.
En Balcarce 50 remarcan además que no recibieron hasta ahora una nueva comunicación de la Santa Sede que altere las fechas o las actividades previstas en el país. Otro integrante del Gobierno aseguró que tampoco hubo novedades adicionales sobre la evolución médica del Pontífice por los canales diplomáticos. La Casa Rosada distingue así entre la información sanitaria que difunde públicamente el Vaticano y las decisiones que eventualmente deberá comunicar sobre la gira.
El Gobierno mantiene abierta la posibilidad de introducir cambios en el recorrido, los horarios y las actividades si la recuperación del Papa lo requiere. “Estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios para que venga. Por ahora nos comunicaron que sigue todo igual y que tiene intenciones de venir”, explicó otra fuente oficial. En ese sector destacan que el objetivo es preservar la visita siempre que León XIV esté en condiciones de realizarla y que las decisiones médicas tendrán prioridad sobre cualquier planificación.
La operación se realizó el martes 13 de octubre y consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, después de que los estudios detectaran un nódulo que resultó ser un adenocarcinoma pulmonar. El Vaticano informó que la intervención se desarrolló sin complicaciones y que la evolución posterior fue favorable. Durante los últimos días, León XIV retomó progresivamente su alimentación, comenzó a caminar y realizó ejercicios de fisioterapia respiratoria.
El alta representa un avance en su recuperación, pero todavía no resuelve los interrogantes sobre su capacidad para afrontar una gira internacional de casi dos semanas. Los especialistas deben completar la evaluación del tejido extraído y determinar si será necesario algún tratamiento adicional. El viaje contempla escalas en Uruguay, la Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, con numerosos traslados y actividades multitudinarias.
POLITICA
Tras la marcha universitaria, Yacobitti afirmó: “El Gobierno tiene que cumplir una ley que ya votó el Congreso en dos instancias”
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, reclamó hoy al Gobierno nacional que aplique la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en dos instancias, una de las cuales revirtió el veto presidencial con una mayoría especial. Además, y tras la la quinta Marcha Federal Universitaria, sostuvo que existen fallos judiciales firmes que el Ejecutivo tampoco cumple.
“Lo único que tiene que hacer el Gobierno es cumplir una ley que ya votó el Congreso”, insistió Yacobitti en diálogo con Radio Continental, y agregó que lo único en instancia de apelación es una multa, no las medidas cautelares que ordenan el pago de salarios y becas. “A nosotros no nos interesa la multa. Lo que nos interesa es que el presidente cumpla la ley entera y que los profesores universitarios y los estudiantes reciban los sueldos y las becas que tienen que recibir”, afirmó.
El reclamo de fondo tiene dos ejes, según explicó el vicerrector: los salarios de docentes y trabajadores de las universidades, y el valor de las becas Progresar, que por el incumplimiento de la norma se ubican en $35.000 mensuales por alumno. “Con eso no llegan ni al 15 del mes con los viáticos”, señaló, y agregó que las becas perdieron el 80% de su poder adquisitivo en los últimos tres años.
Por otro lado, Yacobitti le respondió a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien había sostenido que “nadie está por encima de la ley” tras los incidentes frente al Congreso. “El primero que no está por encima de la ley es el presidente”, replicó el vicerrector. “Si nadie está por encima de la ley, el primero que tiene que dar el ejemplo es el presidente de la nación”, concluyó.
Una marcha “muy genuina” que se replicó en todo el país
El vicerrector de la UBA separó la jornada en dos capítulos: la movilización pacífica y masiva que se replicó a lo largo del país, y los hechos de violencia que la empañaron sobre el final. “En ninguna de las cuatro anteriores hubo ningún incidente”, remarcó, y describió la concentración como “muy genuina” y representativa de un reclamo social por la calidad del sistema universitario.
Sin embargo, mientras el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA) tomaba la palabra en el escenario montado frente al Palacio Legislativo, el gas lacrimógeno ya resultaba insoportable. “Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario, donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes”, describió Yacobitti.
A pocos metros del acto central, sobre la avenida Rivadavia entre Callao y Rodríguez Peña, un grupo de personas con el rostro cubierto rompía bancos de la plaza y veredas para arrojar piedras contra el vallado que protegía el Congreso. Las fuerzas de seguridad respondieron con camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos. El saldo incluyó al menos ocho efectivos heridos y 31 detenidos, entre ellos un menor de 14 años.
El vicerrector cuestionó la actuación policial y pidió que las fuerzas se concentren en identificar a quienes generaron los disturbios. “La Policía tiene que identificar uno por uno a los que rompían los bancos de la plaza para tirar piedras”, sostuvo, y señaló que la ciudad cuenta con tecnología de vigilancia suficiente para hacerlo.
“Lo primero que hacían era ser funcionales al Gobierno que no cumple la ley y atentar contra la movilización pacífica”, afirmó sobre los responsables de los incidentes. Descartó vincularlos con los partidos de izquierda que participaron de la marcha y apuntó que se trató de “algo que fue preparado”. “Si no, pasa a ser como los que ayer se dedicaron a tirar piedras en la plaza en vez de manifestarse en paz”, cerró.
POLITICA
La Sociedad Rural se sumó al masivo repudio contra el fallo que absolvió a los sindicalistas que bloquearon San Nicolás
La Sociedad Rural Argentina se sumó a las múltiples expresiones de preocupación y repudio por el fallo judicial que esta semana absolvió al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro, jefe de la regional San Nicolás, San Pedro y Ramallo, acusado de haber bloqueado las instalaciones de la empresa Rey Distribución SRL y exigido dinero a sus propietarios.
“Ante las decisiones judiciales que se tomaron en la semana, la Sociedad Rural Argentina expresa su preocupación frente a fallos que pueden debilitar el respeto por la ley y los derechos fundamentales. La libre circulación, la libertad de trabajo y el ejercicio de toda actividad lícita son pilares de una sociedad democrática y de una economía que busca desarrollarse. Ningún reclamo puede justificar la violencia, las amenazas, la extorsión ni los bloqueos que impidan el normal funcionamiento de una actividad productiva”, sostuvo la entidad agropecuaria.
La Sociedad Rural Argentina agregó que “la defensa de la propiedad privada, garantizada por nuestra Constitución Nacional, es una condición indispensable para el desarrollo, la inversión y la generación de empleo. El derecho a huelga y la libertad sindical deben ser respetados, pero no pueden utilizarse como argumento para avasallar los derechos de terceros ni para legitimar acciones que vulneren la ley. El ejercicio de los derechos debe darse en un marco de respeto por las libertades individuales y por los bienes y el trabajo de los demás”.
“Desde la Sociedad Rural Argentina sostenemos que el respeto por la ley y la seguridad jurídica son fundamentales para garantizar la convivencia, fortalecer las instituciones y promover el crecimiento del país. La Argentina necesita reglas claras y justas, una Justicia que garantice los derechos de todos y el rechazo a cualquier forma de violencia o coerción. Defender la libre circulación, la propiedad privada y la libertad de trabajar es defender la producción, el empleo y el futuro de todos los argentinos”, concluyó.
Otras entidades manifestaron su inquietud por el precedente que podría sentar la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, que absolvió al sindicalista vinculado al gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano de los cargos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.
El juez Alejandro López argumentó que el accionar del sindicalista se enmarcó en el ejercicio del derecho de huelga, a pesar de que la fiscalía había pedido condenarlo a diez años de prisión por varios delitos.
Sin embargo, los propietarios de Rey Distribución SRL, una firma de San Pedro dedicada a la distribución de alimentos y bebidas, con 34 empleados, denunciaron bloqueos ocurridos en 2021 y aseguraron haber sufrido extorsiones por parte del dirigente y otros referentes camioneros desde 2017.
“Constituye un preocupante retroceso en materia de seguridad jurídica y respeto por los derechos de quienes producen y trabajan en la Argentina”, consideraron desde la Unión Industrial Argentina (UIA), en un comunicado difundido este viernes.
Desde el sector advirtieron que, aunque la sentencia del juez López “reconoce la existencia de medidas que impidieron el normal funcionamiento de la empresa”, finalmente se ampara en el derecho a huelga para eximir al sindicalista camionero.
En su sentencia, López argumentó que “no existe la posibilidad de que esos eventos [por los bloqueos] sean considerados típicos de los delitos acusados”.
Además de Cabaleyro, fueron juzgados y también absueltos los exempleados de la distribuidora Maximiliano Pérez, Carlos Ojeda, Lucas Torrez, Matías Torrez, Enzo Ojeda y Edgardo Di Mayo. Todos ellos acusados de turbación de la posesión.
En relación a ello, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) sostuvo que avalar estas prácticas “representa un grave retroceso para la seguridad jurídica, pilar esencial para la inversión, el empleo formal y el desarrollo del país”.
La entidad se encargó de reafirmar su “pleno respeto a los derechos laborales y a la huelga”, para luego enfatizar que “ningún reclamo puede justificar impedir el funcionamiento de una actividad productiva ni vulnerar el derecho al trabajo”.
Así, instaron a la Justicia a “aplicar la ley con equidad y revisar esta resolución, resguardando la convivencia, el diálogo y las garantías constitucionales de todas las partes”.
La UIA también ahondó en la importancia de la seguridad jurídica para sostener la actividad empresarial, promover inversiones y generar empleo formal. Y en ese marco, reclamó que “las instancias judiciales correspondientes revisen los alcances de esta sentencia, con pleno respeto por los procedimientos legales y las garantías de todas las partes”.
Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su “más honda consternación” por la absolución del dirigente camionero y los otros seis sindicalistas acusados de bloquear la pyme en 2021, y cuestionó duramente la decisión de los magistrados.
“La impunidad es siempre lamentable y lo es aún más cuando, teniendo los magistrados los elementos correspondientes para hacer justicia, optan por avalar el delito”, sentenció la entidad.
“La CAC reconoce el derecho de huelga consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Esto en modo alguno implica aceptar que, bajo una interpretación absolutamente deformada, se acepten accionares a todas luces contrarios a la ley y al sentido común”, advirtieron luego.
Pese a que la CAC admitió que revertir problemas estructurales como la elevada carga impositiva y las deficiencias de infraestructura requiere tiempo, aclaró que “la recuperación del imperio de la ley” no admite demora.
absolvió al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro,,Rey Distribución SRL,Conforme a
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