La Justicia Federal rechazó el pedido presentado por la defensa de Martín Insaurralde para apartar al fiscal Sergio Mola de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, al considerar que no se acreditó ninguna de las causales previstas por la ley para disponer su recusación.

La resolución fue firmada por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien concluyó que los argumentos expuestos por los abogados del exintendente bonaerense se sustentan en una “valoración subjetiva” de distintas actuaciones procesales y no generan “una duda objetiva, seria y razonable” sobre el deber de objetividad que debe regir la actuación del representante del Ministerio Público Fiscal.

El planteo de la defensa llegó después de una serie de cruces entre el magistrado y el fiscal por el rumbo de la investigación. Los abogados de Insaurralde sostuvieron que Mola había perdido la imparcialidad y cuestionaron el impulso de distintas medidas de prueba y coerción, entre ellas allanamientos, requisas, tasaciones, secuestros y el pedido de detención del exfuncionario y de Jésica Cirio. También señalaron que existió una supuesta “sobreactuación” procesal y un “ensañamiento” en la investigación.

En su respuesta, Mola rechazó todas las acusaciones. Señaló que la recusación no identificaba ninguna causal concreta prevista en el artículo 55 del Código Procesal Penal y sostuvo que las medidas impulsadas respondieron exclusivamente al avance de la investigación y a la necesidad de evitar que los imputados pudieran entorpecer el expediente o sustraerse del accionar de la Justicia.

Al mismo tiempo, sostuvo que se trata de la tercera vez que se intenta apartarlo del expediente y consideró que existe una estrategia orientada a condicionar su trabajo. “Todo ello configura un intento de condicionar la labor del Ministerio Público Fiscal”, expresó en su presentación.

El fiscal también negó cualquier responsabilidad en las filtraciones de información vinculadas a la causa. Incluso calificó como “un verdadero dislate” insinuar que la propia fiscalía hubiera difundido el pedido de detención de Insaurralde y Cirio, al remarcar que una filtración de esas características solo hubiera perjudicado el éxito de las medidas solicitadas.

Al analizar el planteo, Armella reconoció que durante la investigación existieron diferencias de criterio con el fiscal respecto de la conducción del expediente. Sin embargo, aclaró que esas discrepancias responden a las funciones que cumplen el juez y el Ministerio Público y no constituyen un motivo para apartar al fiscal.

En ese sentido, recordó que en una resolución anterior había advertido sobre el riesgo que podía representar para la investigación la difusión pública de determinadas medidas, pero enfatizó que esas observaciones “no deben ser interpretadas como una descalificación de la labor investigativa que realiza el Fiscal”. Por el contrario, destacó “el compromiso y la dedicación con que la Fiscalía intervino desde los inicios de la pesquisa, impulsando numerosas medidas de prueba que a su entender resultaban pertinentes”.

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El magistrado también sostuvo que las medidas promovidas por Mola fueron adoptadas conforme a la interpretación que el fiscal hizo de la legislación vigente y que, en todo caso, las diferencias jurídicas sobre ese criterio no pueden resolverse mediante una recusación. Además, afirmó que no encontró pruebas de que la actuación del representante del Ministerio Público hubiera respondido a intereses ajenos a los fines propios del proceso penal.

En otro tramo de la resolución, Armella afirmó que mantiene un “alto concepto de probidad y honestidad” respecto de Mola y aseguró que las diferencias funcionales no afectan esa valoración personal. También recordó que toda recusación debe analizarse con criterio restrictivo y que, en este caso, la defensa no incorporó elementos nuevos que permitieran acreditar una pérdida de objetividad por parte del fiscal.

Con esos argumentos, el juez resolvió no hacer lugar al pedido de apartamiento y confirmó que Sergio Mola continuará al frente de la investigación contra Martín Insaurralde.

La Fiscalía espera pericias clave para detectar dónde están los dólares del video de Jesica Cirio

El fiscal federal Sergio Mola espera recibir en los próximos días una serie de pericias que considera determinantes para avanzar sobre una nueva línea de investigación en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio. Los informes apuntan a determinar si los fajos de dólares que aparecen en los videos pueden ser atribuidos formalmente a ambos.

La expectativa de la fiscalía está puesta en distintas medidas de prueba que fueron ordenadas en las últimas semanas y cuyos resultados podrían darle nuevos elementos para insistir con un avance procesal. Entre ellas figuran la pericia sobre la autenticidad de los videos, el análisis técnico del vestidor donde habrían sido grabados, la estimación de la cantidad de dinero que aparece en las imágenes y nuevas medidas patrimoniales.

Según pudo saber TN de fuentes cercanas al expediente, Mola ya considera que existen indicios suficientes para vincular ese dinero con Insaurralde. De hecho, esa fue una de las bases del pedido de detención que presentó anteriormente junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Sin embargo, el juez federal Luis Armella rechazó ese planteo por considerarlo prematuro. Ahora, el fiscal espera reforzar su posición con nuevas pruebas antes de volver a impulsar una medida procesal.

Martín Insaurralde, enriquecimiento ilicito, Lavado de dinero

Los movimientos sociales agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), de izquierda, enrolados en Territorios en Lucha y gremios combativos, se preparan para enfrentar al gobierno de Javier Milei, con un plan de lucha que incluye marchas y piquetes, y que concluirá con una Marcha Federal y un supuesto paro general que hasta ahora la CGT no confirmó ni anunció.

Los principales reclamos están concentrados en tres puntos: el Salario Social Complementario, el cierre del programa Volver al Trabajo y la “parálisis total de las obras de integración socio urbana en todo el país”.

Las reuniones entre los principales dirigentes de los movimientos sociales se multiplicaron en los últimos días. ¿El catalizador? La decisión de la Cámara Federal de San Martín de revocar la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a mantener el programa “Volver al Trabajo”, sucesor del Potenciar Trabajo, lo que habilita el cierre definitivo de este esquema de asistencia social en agosto.

La resolución, dictada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, deja sin la prestación mensual de 78.000 pesos a más de 900.000 beneficiarios en todo el país a partir de agosto. El fallo incluye un segundo aspecto criticado por la dirigencia opositora: le permite al Gobierno nacional avanzar con el reemplazo del programa “Volver al Trabajo” por un sistema de vouchers de capacitación laboral, ya anunciado por la funcionaria de Javier Milei.

Sobre las posibles consecuencias de la eliminación del programa social que reemplazó al Potenciar Trabajo, Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP, expresó a este medio: “Esto lo único que va a generar es la profundización de la crisis social en los territorios. La plata que el gobierno quiere sacarle a los trabajadores más humildes es plata que dejará de circular en las economías locales y eso va a golpear de lleno a todo el circuito económico local: verdulerías, almacenes de barrio, kioscos, todos esos comercios van a desaparecer con este ajuste brutal. Los gobernadores que acompañan al Gobierno nacional deberían estar muy preocupados porque esto lo único que va a generar es que la crisis les va a estallar en la cara, porque esa plata que dejará de circular en las provincias golpea de lleno a las economías regionales”.

Uno de los referentes que impulsa las medidas de fuerza contra las políticas de la Casa Rosada es Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP. En diálogo con Infobae, explicó: “Desde la UTEP hemos definido construir este plan de lucha junto a la CGT y las dos CTA con el objetivo de darle continuidad a la pelea contra este modelo económico que va generando un genocidio social en goteo”.

Gramajo explicó: “En este contexto de bronca social creciente, definimos este plan de acción conjunto, poniendo el eje en los problemas profundos de nuestro pueblo. Dentro de estas jornadas, vamos a movilizarnos al Ministerio de Economía para visibilizar la realidad de las familias endeudadas en el sistema formal”.

De esta manera, el militante social agregó: “Casi siete millones de argentinos han quedado excluidos del sistema de crédito formal debido a un aumento histórico en la morosidad, que alcanzó el 12,7%. Pero hay una realidad que no muestran estos datos: en el sistema informal muchos casos están vinculados a préstamos ligados al narco, el juego y las billeteras virtuales”.

«El 22 de julio vamos a acompañar a los jubilados, que son un ejemplo de lucha. Además, el 7 de agosto vamos a impulsar una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo. Convocaremos a todos los sectores afectados por la crisis, desde empresarios pymes y sectores universitarios hasta organizaciones comunitarias y agrupaciones estudiantiles”, anticipó.

Para la Marcha de San Cayetano, la UTEP no estará sola. Este año, los líderes de la CGT decidieron participar orgánicamente, al igual que las dos CTA. Según los organizadores, la idea es que este año, a 10 años de la primera gran marcha, “se relance la resistencia contra las políticas de ajuste de este Gobierno”.

La peregrinación, en celebración del día del patrono del trabajo, partirá desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y llegará hasta Plaza de Mayo, tal como sucede desde la primera marcha histórica de “Los Cayetanos”, que tuvo lugar el 7 de agosto de 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. En esa oportunidad, se movilizaron casi medio millón de personas.

A esas acciones se suman otras iniciativas:

• El 3 o 4 de agosto -resta definir el día- se realizará la Marcha Educativa. Desde la UTEP, explicaron que “esta es una acción de los gremios docentes, que están resolviendo convocar a un paro para la vuelta a clases”. Y recordaron: “En cada provincia la realidad es distinta. Probablemente haya un acto en la Plaza de Mayo”.
• En la primera quincena de agosto se realizará una movilización al Consejo del Salario. En ese marco, la organización de la economía popular reclamará “el aumento del Salario Social Complementario y el reenganche con el salario mínimo”.
• Por el mencionado “endeudamiento familiar”, los movimientos sociales marcharán, en las dos primeras semanas de agosto -la fecha aún no se fijó- al Ministerio de Economía. Antes, desarrollarán una campaña previa de “agitación con volanteadas en estaciones de tren y lugares de concentración de gente”.
• El 2 de septiembre, Día de la Industria, los dirigentes sociales realizarán un encuentro “entre trabajadores y empresarios en conflicto con el gobierno de Javier Milei”.
• También está previsto realizar acciones solidarias en la “Semana Social de la Iglesia”. Este hecho se enlazará en octubre con la prevista “Marcha Federal” y un paro general, instancia que la CGT aún no anunció oficialmente.

Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur, opinó al ser consultada por Infobae: “El Gobierno sigue avanzando alevosamente, pisoteando la vida de jubilados, personas con discapacidad, estudiantes, trabajadores”. Además, consideró: “El modelo político de La Libertad Avanza muestra su cara más cruda. Mientras los funcionarios se enriquecen, Milei celebra un equilibrio fiscal ficticio y una inflación apaciguada por el derrumbe del consumo de las mayorías y las importaciones indiscriminadas”.

Los militantes sociales también se preparan para una posible visita del papa León XIV, un hecho que el Vaticano tampoco confirmó. De todos modos, los dirigentes lo viven como “una instancia de movilización y donde entendemos que su mirada va a confrontar con el cuerpo de valores que defiende el gobierno de Javier Milei”.

El Gobierno reforzará la seguridad de la embajada británica en la Argentina antes de la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra. En Nación aseguran que el operativo será de “gran magnitud” y que movilizará alrededor de 300 efectivos de la Policía Federal Argentina, con vallados, custodia especial y un monitoreo reforzado en Recoleta.

El Ejecutivo tomó la decisión por el componente simbólico del partido, atravesado por la rivalidad futbolística, el recuerdo de los cruces mundialistas y la cuestión Malvinas. “Van a tomarse recaudos como si fuera un 2 de Abril”, expresan en Nación, en referencia al dispositivo que se activa cada año por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

La Casa Rosada busca evitar incidentes frente a tres objetivos considerados sensibles: el Ministerio de Seguridad, la Embajada del Reino Unido y la Embajada de Israel. La cercanía entre esas sedes llevó al Ejecutivo a pensar el dispositivo como un operativo de zona, con prevención antes, durante y después del partido.

En Balcarce 50 remarcan que el operativo buscará prevenir desbordes en un contexto de alta sensibilidad pública.

El Gobierno también coordina con la Ciudad el seguimiento de los festejos que puedan producirse en el Obelisco y en zonas de alta circulación. El punto tradicional de reunión será monitoreado por fuerzas porteñas y federales, mientras que el Ministerio de Seguridad concentrará parte del seguimiento operativo desde una sede ubicada dentro del mismo radio sensible que la embajada británica.

El Ejecutivo prevé desplegar múltiples anillos de seguridad, dos fuerzas de reserva, unidades de contención, brigadas de civil, motociclistas, personal de Bomberos y equipos de Comunicaciones. En el operativo también intervendrán especialistas en explosivos y riesgos especiales, además de otras áreas operativas de la Policía Federal.

La Casa Rosada sigue también el despliegue en Estados Unidos, donde se jugará la semifinal. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló que el operativo en Atlanta contará con 1600 agentes policiales y fue coordinado con representantes de la FIFA, el FBI, autoridades estadounidenses, fuerzas inglesas y delegados argentinos de seguridad.

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En Balcarce 50 señalan que la delegación argentina participó de reuniones de coordinación en el Centro Internacional de Cooperación Policial, aunque las autoridades locales son las responsables del dispositivo en el estadio. La Argentina realizó recomendaciones sobre el manejo de hinchas, accesos, antecedentes de violencia y puntos de concentración.

El Gobierno tomó nota de que los simpatizantes argentinos e ingleses tendrán ingresos diferenciados al estadio: los argentinos por la puerta 4 y los ingleses por la puerta 3. La medida busca reducir cruces en los accesos, aunque no habrá segregación estricta de parcialidades dentro del estadio.

El Ejecutivo también sigue la aplicación de restricciones sobre banderas, carteles y camisetas con mensajes políticos o provocativos. Monteoliva aclaró que no podrán ingresar elementos con contenido político, racial o de provocación, lo que alcanza a referencias a Malvinas si son consideradas dentro de esa categoría por las autoridades del evento.

Gobierno, embajada, Inglaterra