El jueves pasado, hace exactamente una semana, los periodistas acreditados en la Casa Rosada no pudieron ingresar a cumplir sus tareas por orden del gobierno de Javier Milei. La medida, inédita desde el retorno de la democracia al país en 1983, fue repudiada por todo el arco político no libertario, entidades periodísticas y miembros de la sociedad civil. Se mantiene hasta el momento sin fecha cierta de finalización.

Desde aquel jueves, el presidente Milei subió la apuesta: en discursos públicos, posteos propios y reposteos en las redes sociales, publicó decenas de insultos y acusaciones contra medios y periodistas, en una escalada que parece no tener límite.

“Basuras inmundas”, “basuras repugnantes” “corruptos” y “delincuentes”, fueron los calificativos más usados por el primer mandatario, en su mayoría seguidos por la frase “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, o la sigla NO$ALP, con la letra S convertida en un signo pesos.

De la acción concreta, el cierre de la sala y la quita de las acreditaciones para más de 60 periodistas, el Presidente escaló la ofensiva en cuanto canal encontró a mano, sin necesidad de someterse a preguntas sobre la incertidumbre en torno al plan económico, el estancamiento del consumo o el índice de inflación, que en marzo trepó por décimo mes consecutivo, hasta el 3,4 por ciento. Tampoco tuvo la necesidad de responder por distintos hechos de presunta corrupción investigados por la Justicia, como la pesquisa del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita en relación a los viajes y propiedades del jefe de gabinete Manuel Adorni, a quien el Presidente y su gabinete en pleno fueron a respaldar al Congreso.

“BASURAS INMUNDAS Geuna, Salerno, productores y autoridades de TN delincuentes. Han cometido un delito grave y deberían pagar por ello. El comportamiento de los involucrados luego de lo ocurrido muestra la malicia de los periodistas y la complicidad de las autoridades. CIAO!”, publicó el Presidente, horas después del cierre de la sala de prensa, en un tuit contra la periodista Luciana Geuna, conductora del ciclo donde se mostraron imágenes de la Casa Rosada, informe que mereció una denuncia penal llevado a cabo por la Casa Militar, encargada de cuidar la seguridad del primer mandatario.

En un intento por justificar la penalización a todos los acreditados, el primer mandatario escribió horas después: “BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!”

Geuna, que dio sus explicaciones en el programa que conduce el domingo pasado, donde sostuvo que las imágenes fueron tomadas en espacios de libre circulación y que funcionarios oficiales estaban al tanto de la grabación, fue particularmente atacada por el primer mandatario, quien además reposteó una imagen elaborado por Inteligencia Artificial donde se la veía con traje de presidiaria anaranjado, al estilo del que suele utilizarse en las prisiones de los Estados Unidos. No se trató de la única periodista mujer a la que Milei atacó en los últimos días: también embistió, sin mencionarla, contra Romina Manguel, a quien califica como la “imbécil del Telepase”.

En innumerables reposteos, Milei la emprendió contra la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) –hizo suya una mención crítica a su decálogo de la prensa argentina–, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y otros periodistas con nombre y apellido.

“Aquí EL PROFE desenmascarando a un periodista basura que miente recurrentemente. Su labor es tan indigna que criticaba en función de lo que él pensaba (operaba) y no respecto de lo que la norma decía. Después lloran cuando los critico. ¿Podrán probar diciendo la verdad? CIAO!”, afirmó el Presidente en referencia a una antigua entrevista del periodista Joaquín Morales Solá al profesor Juan Carlos De Pablo.

“Podés odiar a Milei y lo entiendo, pero jamás en mi vida vi al periodismo tan expuesto. Tan asquerosamente desnudo en sus repugnantes operetas con la que nos han llevado de las narices como pastores al rebaño durante décadas”, escribió ayer un usuario bajo el seudánimo Refugio Zeta, en un posteo que el Presidente hizo suyo ayer.

En sus dos apariciones públicas desde el jueves (ese día dio una entrevista al streaming Neura, sin ser consultado por el cierre de la sala), el Presidente lanzó frases hirientes contra la prensa. “Vean que por cada indicador encuentran una mentira. No puede ser que nos dejemos psicopatear por los kukas. No puede ser que le compremos la mentira a los periodistas ensobrados y corruptos”, dijo en la noche del lunes, en la cena de la Fundación Libertad, y recogió tibios aplausos. “Lo peor de todo es que esa mentira no está en solo en Página/12, o en C5N. Está en los que supuestamente alguna vez defendieron la libertad y hoy son más zurdos que Página 12”, acusó, en referencia implícita a este diario.

Anoche, en el Palacio Libertad, y en una charla dedicada a criticar al economista John M. Keynes junto a Juan Carlos De Pablo, Milei volvió a atacar. “Nunca en la historia argentina hubo tanta discrepancia entre los datos reales y lo que los medios quieren vender”, afirmó, sin alguna precisión sobre la escala elegida. Y agregó que meterse con “empresarios corruptos, medios de comunicación corruptos y periodistas corruptos no es gratis”. Allí, ante un auditorio de leales, entre los que estaba el comunicador Alejandro Fantino (a quien saludó de modo afectuoso) sí recogió sonoros aplausos.

La ola de críticas se diversificó. Mientras criticaba al “zurdo” alcalde de New York, Zohran Mamdami, Milei fustigó a periodistas argentinos que supuestamente lo elogiaban. “Son parte del problema”, escribió.

Hoy, al ingresar al Congreso, Milei tuvo un nuevo cruce con periodistas. Cuando cruzaba el pasillo en dirección a los palcos y evitaba detenerse ante la prensa, le preguntaron “¿por qué sostiene a Adorni?“ y si el jefe de Gabinete ”¿es corrupto?“. Mientras se alejaba, el Presidente miró hacia donde estaban los periodistas y les espetó: “Corruptos son ustedes”.

El intercambio se repitió cuando Milei dejaba el Congreso. “Presidente, ¿cómo calificó lo de Adorni?“, le preguntó un periodista. ”Presidente, ¿alcanza con esto?“, inquirió otro, en referencia a la exposición del jefe de Gabinete. Milei solo giró su cabeza para mirar a los periodistas y, mientras se alejaba, les gritó: ”¡Chorros!“.

En su informe de gestión escrito de 1936 páginas ante la Cámara de Diputados, Manuel Adorni respondió una batería de preguntas centradas en su situación patrimonial y en las causas judiciales que lo involucran. El jefe de Gabinete se amparó en respuestas breves que se limitaron a remitir a información “reservada” o a expedientes judiciales en trámite. Sus respuestas sirven de anticipo de la posición que el funcionario expondrá ante los legisladores, cuando concurra hoy personalmente al recinto.

El primer eje de tensión fueron sus bienes. Legisladores de la oposición le pidieron explicaciones por la presunta omisión de propiedades en su última declaración jurada patrimonial. En particular, mencionaron un inmueble en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, adquirido en noviembre de 2024, y un departamento en Caballito donde actualmente reside el funcionario.

La respuesta oficial evitó dar precisiones. Adorni señaló que los bienes correspondientes a su cónyuge o al grupo familiar están incluidos en un anexo reservado de la declaración jurada, de carácter confidencial según la ley de ética pública. Ese documento -indicaron- solo puede ser consultado por la Justicia, que ya interviene en la causa por enriquecimiento ilícito abierta en 2026.

El anexo reservado al que remite el funcionario fue presentado con demoras. Bettina Angeletti, la mujer de Adorni,compró una casa en el country Indio Cuá el 15 de noviembre de 2024. El jefe de Gabinete debió haber consignado esta incorporación al patrimonio familiar en el anexo reservado de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) el año pasado, pero no lo hizo, tal como consignó el 14 de abril pasado.

De esta manera, en su presentación escrita, Adorni no explicó públicamente ni la composición de su patrimonio ni el origen de los fondos utilizados para las adquisiciones, y derivó las respuestas al ámbito judicial.

Sobre el traslado a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval de 2026, realizado en un avión privado, Adorni tampoco sumó precisiones. El informe evitó confirmar quién financió el viaje bajo el argumento de que se trata de un asunto personal del funcionario.

Las preguntas se dieron por la inconsistencia en la que incurrió el jefe de Gabinete: mientras Adorni aseguró haber costeado los pasajes de su familia, el piloto del vuelo declaró ante la Justicia que el pago fue realizado por el empresario Marcelo Grandío.

Ante esa contradicción, el informe se limitó a señalar que el Estado “no registra ningún pago de costos” sobre traslados personales del funcionario, al considerarlos erogaciones privadas. También indicó que no existen registros de viajes financiados por terceros ante la Oficina Anticorrupción.

En paralelo, la oposición indagó sobre el vínculo con Grandío y la posible existencia de contratos con el Estado -en particular con la TV Pública- que pudieran generar un conflicto de interés. La respuesta de Adorni fue tajante en ese punto: negó la existencia de contrataciones entre Radio y Televisión Argentina (RTA) y el empresario y remitió a respuestas previas, sin aportar documentación adicional.

Como complemento, el jefe de Gabinete utilizó un argumento institucional para acotar el alcance de las preguntas. Sostuvo que las consultas vinculadas a hechos ocurridos durante su etapa como vocero presidencial -incluidos algunos de los viajes y encuentros cuestionados- no corresponden a su rol actual y, por lo tanto, no deben ser respondidas en el marco del informe de gestión.

El jefe de Gabinete también eludió precisiones sobre la causa de la criptomoneda $LIBRA que investiga una presunta megaestafa en la que estaría involucrado el presidente Javier Milei. “Los hechos vinculados al lanzamiento del criptoactivo $LIBRA son objeto de una investigación judicial en curso y que su divulgación por parte del Poder Ejecutivo podría comprometer la integridad de la investigación y los derechos de las personas involucradas. Se señala además que, varias preguntas se fundan exclusivamente en informaciones periodísticas derivadas de supuestas filtraciones parciales del expediente judicial, cuya autenticidad, integridad y contexto no han sido verificados”, respondió Adorni, relativizando de alguna manera el impacto del caso.

Adorni puso además en duda la pericia sobre el teléfono de Mauricio Novelli, uno de los impulsores locales del criptoactivo y quien tuvo una relación cercana con Milei. También rechazó que haya existido un contrato o un acuerdo entre el Presidente y los creadores del proyecto. “No existen constancias de ningún instrumento de esa naturaleza”, dijo el jefe de Gabinete.

Como en las respuestas que presentó sobre su patrimonio, Adorni recurrió a la misma estrategia para hacer frente a las consultas sobre las acusaciones de sobreprecios y fraude en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). “Los hallazgos fueron y siguen siendo remitidos al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, y a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 del Dr. Picardi, donde se encuentra en trámite la causa judicial en el marco de la cual los hechos denunciados están bajo investigación», se limitó a responder el funcionario.

Desde el Gobierno, hicieron un detalle temático sobre las respuestas de Adorni. En el comunicado, se indica que el 20% se refieren a asuntos económicos (deuda, FMI, reservas, tarifas y programa macroeconómico); un 15 % a salud (medicamentos, hospitales y prestaciones); un 13% a temas de seguridad (narcotráfico, fuerzas federales y delitos); un 12% a políticas sociales (alimentos y asistencia); un 12% a asuntos de Justicia (vacantes de cargos); un 9% sobre seguridad social (Anses, jubilaciones y pensiones); un 8% sobre Defensa (reequipamiento de las Fuerzas Armadas y la crisis de la obra social militar); un 6% sobre educación, con eje en los presupuestos y universidades, y un 5% temas personales y judiciales.