POLITICA
Un informe del Gobierno detectó que los organismos de control tuvieron fallas graves cuando supervisaron los laboratorios del fentanilo mortal
Un informe del Gobierno , al que Infobae tuvo acceso exclusivo a través de fuentes del caso, reveló graves falencias en los controles que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) ejercieron sobre los laboratorios, en particular sobre las plantas que fabricaron el fentanilo contaminado vinculado a la muerte de 90 pacientes y que dejó secuelas en otros 41. El documento, fechado en junio de 2026, concluye que el sistema de control vigente “presenta debilidades relevantes en su diseño e implementación, las cuales limitan su capacidad para propiciar un grado razonable de seguridad respecto de la calidad, trazabilidad, transparencia y oportunidad de los procesos evaluados” y que ello “se evidencia en las deficiencias observadas en el ejercicio de las funciones de regulación, fiscalización y vigilancia sanitaria, particularmente en lo referido al control de calidad de medicamentos y la gestión de desvíos”.
Los auditores, apuntaron, sin nombrarlas, a las dos ex titulares de la ANMAT, Agustina Nélida Bisio, y del INAME, Gabriela Mantecon Fumadó por los ostensibles retrasos -que investiga la Justicia- en las inspecciones a las instalaciones que elaboraron el fentanilo contaminado con dos bacterias multiresistentes a los antibióticos: Laboratorios Ramallo y HLB Pharma. También hace mención a la falta de personal para llevar adelante esas inspecciones, aunque sin mencionar el personal en nómina y cuántos profesionales sería necesario contratar.
Sobre ese tema, el informe señala que el “sistema informático de inspecciones carece de controles que aseguren la incorporación de documentación obligatoria, como el acta de inspección firmada por la totalidad de los inspectores intervinientes”.
Entre las recomendaciones, la auditoría sugiere “dotar a las áreas competentes de los recursos humanos, tecnológicos, técnicos y operativos” necesarios.
La causa judicial ya tiene 13 directivos y responsables de las plantas elaboradoras propiedad de Ariel García Furfaro —HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A.— procesados por delitos contra la salud pública, con una expectativa de pena de entre 10 y 25 años de prisión. Tres de ellos están con prisión efectiva y otros tres con detención domiciliaria. Ahora, la Justicia extendió ese mismo encuadre a Gabriela Mantecón Fumadó y Agustina Nélida Bisio. Ambas fueron detenidas, indagadas, imputadas y beneficiadas con la excarcelación bajo una caución real de 75 millones de pesos cada una y con la prohibición de salir del país.
Inspecciones a los laboratorios de García Furfaro
Una de las cifras más contundente del informe reservado es la siguiente: ante más de cien notificaciones por desvíos de calidad recibidas desde el año 2018 provenientes de distintos efectores de salud de todo el país, el INAME realizó solo cinco inspecciones a HLB Pharma entre enero de 2018 y abril de 2025.
Las fechas fueron el 26 de septiembre de 2018, el 15 de mayo de 2019, el 26 de febrero de 2020, el 29 de septiembre de 2021 y el 30 de marzo de 2023. A la planta elaboradora, Laboratorios Ramallo S.A., solo se le practicaron tres inspecciones: el 26 y el 21 de enero y febrero de 2022, y el 28 de noviembre de 2024.
De las ocho inspecciones totales realizadas a ambas firmas, en seis de ellas la clasificación resultante fue “CON OBSERVACIONES SIGNIFICATIVAS”. Pese a ese registro, los auditores constataron que en los expedientes analizados “no se verificó la realización oportuna de inspecciones in situ” para constatar las deficiencias reportadas.
El informe agrega otro dato de alcance sistémico: el 21,70% de los establecimientos farmacéuticos habilitados en el país —51 de un total de 235— no habían sido inspeccionados desde hacía más de cinco años en el marco de las normas sobre Verificación de Buenas Prácticas de Fabricación.
Laboratorios Ramallo: la inspección que llegó tarde
Esa acta enumeró irregularidades clasificadas como “Crítico” y concluyó que Laboratorios Ramallo “no podría utilizar las áreas de elaboración de pequeño volumen en ampollas plásticas ni las de dosificado en polvos, así como tampoco el sector de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen (SPGV) en envases flex” hasta tanto obtuviera un informe favorable del Departamento de Inspectorado del INAME.
Los auditores documentaron que las especialidades medicinales elaboradas por HLB Pharma en esa planta fueron producidas en una línea no habilitada para el fraccionamiento en ampollas plásticas con tecnología Below-Fill-Seal (BFS), que significa “soplado-llenado-sellado”. La planta elaboradora de medicamentos y soluciones parenterales- como dextrosa y soluciones salinas-, no contaba con validaciones de procesos de elaboración de las Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen en envase de plástico, no poseía lotes pilotos, ni muestras en estabilidad, ni estudios de estabilidad de los productos fabricados en esa línea.
El proyecto de Disposición de fecha 3 de enero de 2025 concluyó que los productos representaban “un alto riesgo sanitario para la población” y que “no se puede establecer calidad, seguridad y eficacia” de esas especialidades medicinales. La Disposición que formalizó esas sanciones fue aprobada recién el 18 de abril de 2025. Sin ninguna objeción de la autoridad sanitaria.
La carta de advertencia a Laboratorios Ramallo S.A. fue publicada en la página web de la ANMAT el 21 de febrero de 2025, con la advertencia de que el laboratorio no podría continuar con su actividad productiva hasta dar cumplimiento a las deficiencias detectadas.
393 lotes sin autorización y una entrevista sin sanciones
El 7 de octubre de 2024, representantes de HLB Pharma Group S.A. se presentaron en la sede del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) para tratar la regularización de la condición registral y los desvíos de calidad de distintos productos de la firma. Esa reunión, documentada en el Acta de Entrevista NO-2024-110489733-APN-DFYGR#ANMAT, abordó las notificaciones recibidas por cambio de envase de soluciones parenterales de pequeño volumen (SPPV), irregularidades en certificados y desvíos de calidad. El INAME instruyó a la firma el retiro e inmovilización de los lotes correspondientes a esa categoría que no contaran con envases autorizados. En el informe del Gobierno se señaló que esa reunión “no concluyó con advertencias, sanciones, penalidades ni clausura del establecimiento”.
La gravedad de lo tratado en esa reunión tenía antecedentes directos. Un año antes, en octubre de 2023, el INAME ya había requerido a la firma la regularización de la condición registral de todos sus certificados y la presentación de investigaciones de análisis causa raíz. Según consta en el acta de la reunión del 7 de octubre de 2024, “a la fecha, no consta registro de que la misma haya sido remitida a este Instituto Nacional”. Loa auditores concluyeron que esa inacción evidenció “la falta de acción oportuna por parte de la ANMAT para la aplicación de las sanciones pertinentes” y “el incumplimiento de las competencias que le corresponden en su carácter de entidad regulatoria”.
A ese cuadro se sumó otro dato que el informe calificó de patrón: en el año 2023, HLB Pharma elaboró en las instalaciones de Laboratorios Ramallo S.A. un total de 393 lotes de productos en sistema abierto sin presentar la documentación respaldatoria de la autorización de excepción para envasar bajo ese sistema. Como resultado, se ordenó el retiro de mercado de 69 lotes acondicionados en envases no autorizados. Pese a que en la reunión del 7 de octubre de 2024 se ordenó inmovilizar los lotes con envases irregulares, la evidencia de denuncias posteriores a esa fecha, según el informe, “da cuenta de los incumplimientos reiterados de la firma a las acciones correctivas comprometidas”. Un proyecto de Disposición de enero de 2025 (IF-2025-00965326-APN-INAME#ANMAT) lo confirmó con precisión: la empresa “no cumplimentó con la medida regulatoria indicada mediante Acta de Entrevista de fecha 07 de octubre de 2024”.
Productos vendidos sin autorización de primer lote
El expediente EX-2024-96658693-APN-DVPS#ANMAT documenta que el 6 de septiembre de 2024 distintos efectores de salud reportaron la adquisición de Metformina HLB 850 mg y Metformina 1000 mg HLB, productos que revestían la condición de no comercializados en el Vademécum Nacional de Medicamentos (VNM) y para los cuales la firma no contaba con autorización de comercialización, en incumplimiento de la Disposición ANMAT N° 5743/2009 sobre Verificación Técnica del Primer Lote.
El INAME solicitó en el Acta de Entrevista del 7 de octubre de 2024 la regularización de la situación y ordenó inmovilizar los lotes con un plazo de 20 días hábiles, con constancia de que el organismo realizaría el seguimiento. El expediente fue enviado a guarda temporal el 19 de febrero de 2025 sin que conste seguimiento alguno de las acciones correctivas ni apercibimiento por el incumplimiento. Los auditores determinaron que esa práctica —comercializar sin verificación técnica de primer lote— fue “recurrente” por parte de HLB Pharma Group S.A.
El fentanilo, los fallecimientos y las disposiciones de último momento
El informe señaló que “a la fecha de las tareas de campo de esta auditoría no se constató el dictado de la clausura definitiva de los Laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. ni sanciones a sus directivos”.
La baja definitiva de la habilitación de ambas firmas llegó recién el 9 de abril de 2026, mediante la Disposición ANMAT N° 1848/2026. A la fecha de cierre de la auditoría, el laboratorio nunca realizó el retiro de mercado ordenado y los productos distribuidos en el mercado y en distintos efectores de salud aún no habían sido objeto de medidas sanitarias concretas para su destrucción.
El sumario interno, sin resolución
La ANMAT ordenó un sumario administrativo disciplinario (DI-2025-5295-APN-ANMAT#MS) para esclarecer los hechos investigados en la causa penal que investiga el juez Ernesto Kreplak para analizar la actuación de las distintas áreas del organismo ante los incumplimientos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A.
Al 26 de enero de 2026, según lo informado por el propio auditado, las actuaciones se encontraban en la Secretaría Técnica con una propuesta de escisión del objeto investigativo, sin que se hubiera dictado resolución alguna sobre responsabilidades.
Los auditores recomendaron dar continuidad a esas actuaciones y, en los casos en que no se habían iniciado, analizar la procedencia de instruir sumarios administrativos para determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados. Hasta ahora la justicia actuó con más velocidad que los funcionarios nacionales.
POLITICA
Javier Milei recibió a Patricia Bullrich en Olivos: el trasfondo de la cumbre y la aclaración que le hizo la senadora
El presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich se reunieron esta mañana en la Quinta de Olivos. El encuentro duró casi dos horas y configuró un hecho de altísimo vuelo político, ya que los diferentes desmarques que la jefa de bloque venía haciendo en la esfera pública generaban suspicacias sobre cómo podría actuar políticamente en la campaña del año próximo.
La cumbre se dio a conocer a través de un posteo de Bullrich en su cuenta de X. “Conversación profunda con el Presidente @JMilei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad. TMAP [Todo Marcha Acorde al Plan]”, escribió y le adjuntó una foto de ambos una vez finalizada la charla. El Presidente citó esa publicación y escribió los términos “MAGA” y “VLLC”, las respectivas siglas de Make Argentina Great Again y Viva La Libertad Carajo. En su cuenta de Instagram dio algunos detalles adicionales: “Desayuno de trabajo con @patobullrich en Olivos para hablar de todos los temas a fondo”.
A priori, la reunión y las declaraciones posteriores sirvieron para descomprimir las versiones de internas entre ambos dirigentes. En el último tiempo, Bullrich incrementó los desmarques en ciertas medidas y decisiones (tanto políticas como económicas) que tomó el Ejecutivo. Estas fueron leídas tanto por actores externos como internos del Gobierno como una suerte de diferenciación de la dirigente, que podría especular con un proyecto nacional propio. Otros despachos del Gobierno afirman que solo muestra poder político de cara a las negociaciones por las listas electorales del año próximo.
Una fuente directa de una de estas dos personas le comentó a Infobae que fue una “buena reunión”. Allí, Bullrich le planteó a Milei que “va a seguir marcando lo que ella ve que está mal”. En tanto, Milei le dijo que “está perfecto” y que respeta esa postura.
Este trascendido coincide con lo que le han escuchado decir a Milei en privado, que no va a molestarse por las declaraciones de la senadora libertaria. Se trata de una conversación parecida a la que mantuvieron meses atrás, cuando Bullrich hizo público su malestar con la cúpula del Gobierno por negarse a avalar el pliego a jueza de María Verónica Micheli por ser cuñada de un periodista apuntado por el Gobierno.
Días atrás hubo otro episodio ligado a lo judicial y que volvió a marcar distancia con la estrategia judicial de los hermanos libertarios. La jefa del bloque libertario anunció que no acompañará el pliego de la fiscal Susana Pernas, propuesta por la Casa Rosada para ser nombrada como fiscal general ante los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal. Su cuestionamiento se basa en la actuación de la magistrada en la causa contra el policía Luis Chocobar, a quien pidió condenar con tres años de prisión.
“No le pueden pedir a Patricia que haga algo que no siente o que no va con sus convicciones”, justifican en su entorno, para agregar: “Hay cosas que ella nunca a perder y la gente que la sigue sabe que no se mueve de sus banderas”.
El tramo respecto de los desmarques públicos fue solo una parte de la extensa reunión entre ambos. Hace días que en el entorno de ambos se venía avisando que iba a haber una reunión de trabajo. Esta se pudo haber hecho tiempo atrás, pero en los dos sectores afirman que los viajes del Presidente postergaron cualquier cónclave.
La relación que Bullrich tiene con Milei es mejor que con muchas personas de su entorno. El Presidente la respeta y le reconoce el caudal de votos que tiene, así como la imagen positiva que tiene en un segmento del electorado.
El vínculo con Karina Milei no goza de esa misma salud, si bien ambas no tienen problema de reunirse en privado y mostrarse juntas en público. El último caso fue la cena con senadores que hubo dos semanas atrás en un restorán en el barrio porteño de Villa Urquiza. Quienes forman parte del círculo más cercano de la senadora afirman que la relación con la hermana presidencial “podría ser mejor si no tuviera influencias por atrás”. La mención indirecta es a los primos Menem, con quienes existe un vínculo mucho más tenso. Esos roces terminan exteriorizándose en los nombramientos judiciales que el Gobierno impulsa a través del Senado, ya que la selección primaria de los candidatos del Poder Ejecutivo tiene una influencia determinante por el karinismo.
Ese foco de conflicto podría tener otras aristas. Bullrich pretende tener un rol más importante al interior del esquema de poder del Gobierno. Su avance ha sido progresivo: comenzó desde su rol específico como ministra de Seguridad y a partir de su rotunda victoria en la Ciudad del año pasado comenzó a valorizarse internamente. La creación de la Mesa Política la colocó en un rol dentro de la toma de decisiones del oficialismo, pero podría pretender una centralidad mayor en términos de la elección de candidatos el año próximo. La lapicera pasa por las autoridades del partido nacional de La Libertad Avanza y ahí existe una puja inevitable.
A modo de síntesis, Bullrich piensa que hay dos socios mayoritarios de la empresa libertaria: Javier Milei y ella. Para sustentar esa visión es que muestra la imagen nacional que ostenta y su capilaridad en el establishment económico. Fue la principal figura del Coloquio de IDEA celebrado la semana pasada y tuvo varios encuentros privados con figuras del Círculo Rojo empresarial, que le sonríe a la idea de un “mileismo sin Milei”. Es decir, con la senadora a la cabeza.
Esa posibilidad no parece ser realista con los números que todavía sigue teniendo Milei. Las encuestas que más siguen los estrategas del Presidente lo tienen con un promedio de 33%. El número no es alto, pero puede tener potencialidad de ser mayor si la economía se recupera. En el mientras,, Milei entiende que hay un sector de sus votantes que valora que abrace a la exministra de Seguridad. Aunque se ha escuchado a bullrichistas decir que les encantaría ver a su dirigente presentándose como candidata en 2027, también reconocen que hoy las condiciones no son óptimas y que los incentivos están orientados a sostener esa alianza estratégica.
Mientras tanto, la senadora seguirá haciendo planteos puntuales, y así se lo transmitió al Presidente: “Se lo dijo y a Milei le gusta que le avisen y le digan las cosas en la cara”. Tal vez, uno de los puntos más sensibles ha sido los referidos a la marcha de la economía. Su sector es uno de los que más puja puertas adentro para que se produzcan ciertos estímulos a grupos específicos de la sociedad. Resultó una novedad que se haya conocido por estas semanas su contacto cuasipermanente con el economista Carlos Melconian, alguien que no cae bien en el equipo económico, particularmente en Milei.
Javier Milei,Patricia Bullrich,La Libertad Avanza
POLITICA
El Gobierno avanza en un acuerdo con EE.UU. para reemplazar tecnología china del Estado y establecer un centro de ciberseguridad
El Gobierno avanza con Estados Unidos en un programa para reemplazar progresivamente tecnología china utilizada en redes estatales y crear un centro nacional de operaciones de ciberseguridad. La iniciativa cuenta con financiamiento del Departamento de Estado y apunta a revisar la infraestructura informática del sector público, definir qué equipamiento debe ser sustituido y ampliar la capacidad para detectar y responder ataques.
En Nación explican que el objetivo incluye cambiar equipamiento de Huawei instalado en el núcleo de redes gubernamentales y desarrollar una estructura de monitoreo que hoy el Estado no tiene con ese alcance. El centro funcionará dentro de la órbita del Centro Nacional de Ciberseguridad y no de ARSAT.
El plan coincide con una convocatoria de financiamiento del Departamento de Estado por hasta US$13.912.185, destinada específicamente a la Argentina. El programa prevé un plazo de hasta 36 meses para diseñar, establecer y poner en funcionamiento un centro civil y centralizado capaz de proteger redes gubernamentales e infraestructura crítica.
El documento estadounidense, que circula entre áreas vinculadas con la negociación, es explícito sobre el trasfondo estratégico. Señala que el Gobierno argentino solicitó asistencia para fortalecer su ciberseguridad mediante una transición ordenada hacia tecnología considerada confiable por Washington y reducir la dependencia de proveedores externos al hemisferio.
El texto menciona además directamente el objetivo de avanzar mientras se produce el desplazamiento de equipamiento de origen chino. Estados Unidos plantea que la transición debe acompañarse de una revisión integral de las redes públicas para determinar dónde permanecen equipos considerados sensibles y qué sistemas deben quedar bajo observación del futuro centro.
La primera etapa contempla un relevamiento de redes, sistemas y centros de datos del Gobierno nacional. El programa prevé confeccionar inventarios actualizados, identificar equipos considerados no confiables y elaborar un orden de prioridades para retirarlos, aislarlos o neutralizarlos sin interrumpir servicios esenciales.
El segundo eje es construir la capacidad que permita vigilar esas redes de manera permanente. El proyecto incluye sistemas para centralizar registros de seguridad, instalar sensores, detectar comportamientos anómalos, cruzar información sobre amenazas y coordinar la respuesta ante incidentes entre organismos públicos.
POLITICA
La Justicia de Estados Unidos contactó a un financista ligado a la ruta de dinero de la AFA y la compra del club Perugia
Avanza la investigación en Estados Unidos sobre los negocios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los fiscales a cargo de la pesquisa contactaron a uno de los financistas que más sabe cómo fue la ruta del dinero que utilizó la entidad durante los últimos años y cuál fue el destino de decenas de millones de dólares con ramificaciones en al menos dos continentes, confirmaron fuentes en dos países al tanto de lo ocurrido a .
La citación la recibió uno de los socios fundadores de la firma Adcap Asset Management, Juan Martín Molinari, quien deberá aportar documentación sensible ante un gran jurado (“grand jury”) en Miami. Contactado por , el abogado de Molinari en Estados Unidos, Daniel Fridman, aseguró que se trata de “un requerimiento de documentación dirigido a una sociedad estadounidense de su propiedad”. “Pide registros vinculados a terceros, incluidas transferencias que esa sociedad recibió de uno de ellos. No está dirigido al Sr. Molinari ni lo menciona”, agregó.
La investigación de los fiscales Michael Berger, desde Miami, y Patrick Gushue y Christopher Ting, desde Washington DC, se centra en las operaciones que con base en Estados Unidos desarrolló la agente recaudadora de la AFA, TourProdEnter LLC, del productor teatral argentino Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Como “intermediaria”, recibió y administró cerca de US$300 millones provenientes de patrocinadores y auspiciantes de la AFA desde diciembre de 2021, según la documentación revelada por .
Los fiscales buscan determinar si las operaciones bancarias que instrumentaron Faroni y Gillette a través de TourProdEnter LLC pudieron configurar delitos, entre ellos un eventual lavado de activos o un presunto fraude bancario o financiero. Los investigadores también procuran establecer qué conocimiento y eventual participación pudieron tener el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, en esas operaciones.
La trama comenzó a urdirse hace años, cuando TourProdEnter LLC recurrió a Adcap para mover al menos US$109 millones con destino a las Islas Vírgenes Británicas y Uruguay, y ejecutar operaciones de “contado con liqui” que canalizaron fondos hacia la Argentina durante la vigencia del “cepo” cambiario, de manera legal.
Desde la financiera aclararon que “no recibieron de parte de la justicia estadounidense ni de ninguna otra jurisdicción pedido de información alguno como tampoco de los entes que regulan su actuación y poseen fiscalización constante sobre sus operaciones”.
El pedido de información, entregado en una dirección en Nueva York hace unos diez días, apuntaría a una sociedad de Molinari, Beagle Capital Management LLC, que estuvo involucrada en la compra del club italiano de fútbol Perugia. reveló en enero que para esa operación se utilizaron al menos US$ 6,2 millones provenientes de la recaudación de la AFA.
De ese total, Javier Faroni giró US$ 5,7 millones a una firma suya llamada Sports Next Gen Ltd, que integró el grupo empresario que adquirió el club en 2024. Lo hizo por medio de 25 transferencias a dos cuentas de Sports NextGen Ltd en los bancos Revolut, del Reino Unido, y Afrasia Bank Ltd., en las islas Mauricio, unos mil kilómetros al oeste de Madagascar, en el océano Índico.
A ese flujo de dinero se sumó otro medio millón de dólares que TourProdEnter LLC transfirió a Beagle Capital Management LLC, el 16 y 27 de octubre de 2023, mediante dos giros de US$250.000 cada uno. El único rostro visible en esa firma Beagle Capital es Molinari.
La compra del Perugia comenzó a gestarse formalmente cinco meses después, en marzo de 2024. En su oficina, Molinari soltó delante de dos intermediarios italianos: “Tengo el comprador”. Y al cabo de dos semanas, en el mismo lugar, apareció Faroni. “Hasta ese momento nosotros no sabíamos quién era Faroni. Molinari nos decía que era un hombre de Tapia, y que por eso había ganado el contrato con (la ticketeadora) Deportick”, reveló el empresario italiano Simone Chiarella, uno de los protagonistas de la trama, a , en abril pasado.
La operación se concretó el 7 de septiembre de 2024, en la escribanía Biavati, en el centro de la ciudad de Perugia. Luego, Faroni recorrió las instalaciones del club, posó con la camiseta que llevaba su nombre y se encargó de darle la noticia al presidente de la AFA. “Lo llamó a Tapia ahí mismo para avisarle que había terminado todo bien”, rememoró Chiarella.
Pero no fue todo. Al día siguiente, Faroni planteó que quería reunirse con el entonces presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina. Las gestiones estuvieron a cargo de un agente FIFA, Pierpaolo Triulzi, y el vendedor del Perugia, Massimiliano Santopadre.
Contactado por , Molinari decidió responder a través de su abogado. “Recibir un pedido así no significa, por sí solo, que la empresa o su dueño estén acusados de nada. La sociedad está respondiendo como corresponde. Se trata de un procedimiento reservado, y por eso no vamos a comentar su contenido ni a referirnos a terceros”, contestó Fridman.
“Sujetos de interés”
En enero, cuando consultó a Adcap sobre el proceder de Molinari, uno de sus socios fundadores y gerente, la financiera se distanció de manera tajante. “La operatoria de Molinari con la firma Sports NextGen es absolutamente ajena a Adcap, que no tenía conocimiento alguno hasta ahora sobre la compra de un club de fútbol, y Adcap no tuvo ni tiene participación en compañía o negocio alguno con Faroni. La participación de Molinari en esa operatoria fue a título personal, como director, cargo al que ya renunció, y en el día de hoy [por el lunes 5 de enero de este año] Molinari presentará un pedido de licencia en Adcap por tiempo indeterminado, lo que se comunicará a la CNV”, indicaron, en alusión a la Comisión Nacional de Valores.
La situación no cambió. “Actualmente está en curso un proceso de recompra de su paquete accionario. Molinari posee actividades comerciales independientes por fuera de la sociedad de bolsa”, dijeron fuentes de la financiera.
Ahora, la “subpoena” que recibió una empresa de Molinari de Estados Unidos se suma a las citaciones que desde el Departamento de Justicia libraron a fines de julio con la orden de presentarse ante la Corte del Distrito Sur de Florida, en el edificio Wilkie D. Ferguson Jr. Courthouse. Las recibieron varios testigos o partícipes de la operatoria bajo sospecha, como el por entonces director Comercial y de Marketing de la AFA, Leandro Petersen, según reconstruyó .
Una “subpoena” es una orden escrita emitida por un tribunal u otra autoridad competente de Estados Unidos que obliga a la persona requerida a colaborar con un proceso legal, ya sea compareciendo a declarar como testigo en una fecha y lugar determinados o entregando documentos, registros u otros objetos que puedan servir como evidencias. La función central de esa orden es garantizar la obtención de pruebas y testigos esenciales, y el incumplimiento puede acarrear sanciones por desacato, incluida la detención.
Otro “sujeto de interés” que habría sido convocado a presentarse en Miami, según reconstruyó , es Juan Pablo Beacon, quien fuera uno de los principales colaboradores de Toviggino dentro de la AFA durante años. Fiscales y agentes del FBI lo contactaron para comprender desde adentro cómo funcionó la estructura de decisiones y los circuitos financieros de la entidad.
En paralelo a esas citaciones, fiscales y agentes del FBI también comenzaron a contactar a empresas no argentinas que firmaron contratos millonarios con la AFA, pero que giraron dinero a cuentas que TourProdEnter LLC en bancos de Estados Unidos, como el Citibank, el Bank of America, el Synovus Bank, el JP Morgan y el PNC Bank.
La ruta del dinero que pasó por Estados Unidos incluyó, luego, sociedades constituidas en Miami que solo existen en los papeles y que recibieron fondos de TourProdEnter LLC y otras empresas “intermediarias”. Y concluía con el envío de parte de esos fondos a la Argentina a través de “cuevas” de la City porteña, que acercaban las “puntas” y entregaban el dinero en efectivo, mediante bolsos.
La investigación arrancó en septiembre de 2025. Desde entonces, los fiscales y agentes del FBI mantuvieron múltiples reuniones con el empresario Guillermo Tofoni. La última se habría concretado en junio de este año, en Miami, durante el desarrollo del Mundial. Durante tres horas, los investigadores requirieron datos para determinar si ciertas operaciones en Estados Unidos configuran lavado de activos o fraude bancario.
cerca de US$300 millones provenientes de patrocinadores y auspiciantes de la AFA desde diciembre de 2021,al menos US$ 6,2 millones provenientes de la recaudación de la AFA.,también comenzaron a contactar a empresas no argentinas que firmaron contratos millonarios con la AFA,Hugo Alconada Mon,Nicolás Pizzi,AFA,Miami,Conforme a
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