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POLITICA

Un proyecto de Sturzenegger busca eliminar organismos en provincias aliadas y podría afectar la relación en el Congreso

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El Gobierno se prepara para enviar al Congreso un nuevo paquete de leyes para desregular y suprimir leyes relacionadas a la actividad económica y productiva.

Desde que asumió como ministro de Desregularización, Federico Sturzenegger ha tenido en la mira la eliminación de los diferentes institutos de promoción. Así fue que el gobierno de Javier Milei avanzó sobre una amplia cantidad de institutos y organismos vinculados a esta actividad mediante el DNU 70/23, la Ley Bases y decretos. Y ahora va por más con el argumento de reducir la intervención estatal y fomentar la competencia en sectores como la energía, la cultura y el agro.

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En el nuevo megaproyecto que prepara el ministro al que Milei apodó “el coloso” y que llegaría al Congreso de la Nación, el funcionario vuelve a apuntar a los institutos de promoción y desarrollo entendiendo que los mismos atentan contra la liberalización del mercado económico local. El problema que va a enfrentar es que en este caso impacta en institutos que operan en provincias gobernadas por aliados a la Casa Rosada, lo que podría complicar que esos gobernadores que hasta ahora dieron los votos de sus diputados y senadores acompañen en este caso.

En esta nueva edición de los megaproyectos —algo que desde el Congreso supuestamente rechazan tratar pero que el oficialismo tiene como estrategia parlamentaria desde que asumió— incorpora ahora la derogación de la Ley 26.020, Régimen de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP); la Ley 23.149 que creó mecanismos de promoción y control vinculados a la actividad vitivinícola; la Ley 25.849, que creó la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), encargada de ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola y financiada mediante aportes obligatorios del sector. La derogación implica además la liquidación de la corporación.

También deroga parte de la Ley 25.507, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), eliminando parte del sistema de financiamiento obligatorio del instituto, incluyendo los artículos 16 y 17.

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El instituto nacional de vitivinicultura, con fuerte presencia en Mendoza, perdería el financiamiento.

La derogación implica, además, la liquidación de la corporación, medida que marca un antes y un después en la organización interna del sector.

Estas medidas que se esperan ingresen junto a un paquete que incluye la eliminación de otras normas —como la Ley 25.542, de Defensa de la Actividad Librera y la Ley 23.316, de Doblaje— en un megaproyecto de 349 artículos, se suman a otras medidas tomadas en los últimos dos años.

En total, entre julio de 2024 y julio de 2025 el gobierno disolvió, fusionó o reformuló 101 organismos públicos, según el propio Ministerio de Desregulación. La cifra no incluye las medidas tomadas antes de ese período ni las previstas en el anteproyecto de desregulación enviado al Congreso en 2026.

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Hasta ahora, el Gobierno eliminó el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), Régimen de promoción industrial (Ley 21.608); Programa Nacional para el Desarrollo de los Parques Industriales; Programas de promoción PyME (incluyendo agencias regionales de desarrollo productivo, programas de certificación de calidad, apoyo tecnológico y exportación); Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven y los Regímenes de promoción sectorial agropecuaria — derogados los de ganadería ovina, llamas, gusano de seda, actividad caprina, ganadería bovina en zonas áridas, búfalos de agua y producción algodonera.

Hasta el momento, se suman numerosas instituciones que fueron eliminadas, fusionadas o reformuladas en el marco de la política de desregulación.

A este grupo se le suma otro que fue desfinanciado o que se le eliminó la capacidad de mediar entre los diferentes sectores, como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Yerba Mate, entre otros.

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POLITICA

Rodríguez Larreta: “Voy a ser el candidato de todos, hay que frenar a la extrema derecha en Buenos Aires”

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El legislador Horacio Rodríguez Larreta ratificó su intención de volver a postularse como jefe de Gobierno porteño en las elecciones de 2027, y se mostró como alguien dispuesto a realizar acuerdos con todos los sectores que busquen “frenar a la extrema derecha”.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, Larreta volvió a cuestionar la alianza política del PRO con el gobierno de Javier Milei, y planteó como modelo a seguir “el ejemplo de Brasil”, que consagró a Luiz Inácio Lula da Silva para un cuarto mandato presidencial.

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“Para defender la democracia, Lula hizo algo que yo creo que la Argentina necesita y que es hacer un acuerdo muy amplio. Eligió de vicepresidente a alguien como (Geraldo) Alckmin, que claramente viene de un sector ideológico diferente”, señaló, y deslizó que le genera “vergüenza ajena” que el presidente Milei no reconozca las elecciones en el país vecino. “Este tipo de cosas también importan. Ir a un país donde vos ves que el presidente del país en el que querés invertir es violentamente agresivo con tu presidente, la pensás dos veces”, remarcó.

En ese marco, el legislador porteño del bloque Confianza y Desarrollo no descartó sellar un acuerdo electoral con el peronismo, y remarcó que “voy a ser el candidato de todos” que “coincidan con esta visión” de “frenar a la extrema derecha en la Ciudad”. “No podemos tener un jefe de Gobierno que el día de mañana concrete lo del muro” en la General Paz, expresó, en clara referencia a la gestión de Jorge Macri.

Según su postura, Jorge Macri “está haciendo todos los deberes para ser candidato de La Libertad Avanza” para su posible reelección en 2027, y lo definió como “una pobre copia de Milei”, que expresa una postura de “extrema derecha”. “Alguien que propone sacar a la gente de las villas con una topadora, alguien que dice que hay que poner un muro en la General Paz para que no entren los indeseables de la provincia. ¿Cómo lo llamarías?”, dijo sobre el actual alcalde capitalino. “Yo no creo en los extremos”, sostuvo en Infobae al Mediodía.

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A nivel nacional, Rodríguez Larreta expresó que “nunca voy a estar apoyando un gobierno que hace de la violencia su forma de gobernar”. Además, rechazó las políticas que afectan a los recursos destinados a personas con discapacidad, universidades nacionales y a los ingresos de los trabajadores. “Es un gobierno que hace de la crueldad una bandera, que parece que disfruta cuando cierra una empresa. Eso es ser inhumano”, afirmó.

En ese marco, diferenció las políticas de orden público de las acciones que consideró violentas contra vendedores ambulantes o vecinos de barrios populares. “Una cosa es orden, otra cosa es violencia”, expresó. Y reivindicó la política de integración de los barrios populares que, pese a las críticas recientes, no le impidieron al partido amarillo y a su candidatura se imponga con el 56% de los votos en elecciones pasadas. “El PRO gobierna hace muchos años y nunca pusimos un muro. No solo no entramos con la topadora en las villas, sino que hicimos todo un trabajo de integración”, remarcó, al mencionar el barrio Fraga en la zona residencial de Chacarita. “Mejoró las condiciones para la gente que vive en el barrio y para todo el alrededor también”, sostuvo.

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La ruptura con el PRO y la nueva etapa

Al referirse a dirigentes del PRO que se incorporaron al Gobierno, Larreta nombró a Diego Santilli, Pablo Quirno, Luis “Toto” Caputo y Juan Bautista Mahiques como algunos de los principales ejemplos. “Ellos tomaron un camino diferente al que yo creo, tienen el derecho de hacerlo”, afirmó, pero advirtió: “El primer día dije: ‘No hay que entregar el PRO a Milei’”.

En particular, apuntó contra el presidente partidario Mauricio Macri, que ha calificó “sus posiciones cuanto menos erráticas”. “A veces sí, a veces no, que se pelean, que no se pelean. Yya no sé ni dónde están parados”, describió. “En las últimas elecciones, el PRO fue a la cola en las listas, con lo cual sí se le entregó” el partido, planteó.

Por lo tanto, para Larreta queda como alternativa construir otro tipo de fuerza política. Y aclaró que no excluirá a posibles aliados por su pertenencia política u origen partidario. “Voy a hacer los acuerdos que haya que hacer con los que piensan como yo”, aseguró. “Yo no creo en el frente anti. Yo soy anti el anti”, dijo, al evaluar la posibilidad de crear un frente opositor amplio contra Milei, como propuso el diputado Martín Lousteau.

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Sin embargo, Rodríguez Larreta afirmó que no observa todavía una alternativa consolidada para competir con el oficialismo. “Me gustaría que haya una propuesta desarrollista que nos diga cómo vamos a generar trabajo en la Argentina, cómo vamos a exportar más con valor agregado, lo cual genere mejores sueldos”, expresó.

El legislador tomó como referencia la coalición de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil para plantear acuerdos en Argentina.

Las propuestas de su campaña electoral

El legislador adelantó que su plataforma para la Ciudad incluirá obras de infraestructura, movilidad, tecnología, educación, limpieza y recuperación del espacio público. “Hay que hacer obras transformadoras como levantar el tren Sarmiento para sacar todas las barreras que parten la ciudad en dos”, enumeró.

Además de utilizar las vías ferroviarias para mejorar los traslados dentro de la Ciudad, también propuso recuperar el espacio público y modernizar sistemas tecnológicos. “Hay que volver a poner tecnología en la ciudad, como hicimos con el Boti hace 8 años, que hoy quedó en la prehistoria”, ilustró.

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POLITICA

Diputados: el Gobierno informó que recortó más de 81.000 puestos estatales y anticipó una nueva ley de semillas

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El gobierno de Javier Milei redujo 81.108 puestos de trabajo en el Estado nacional desde diciembre de 2023, una disminución del 16% de la dotación total del sector público. Así lo informó Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, en el marco del debate del presupuesto 2027.

El oficialismo mantiene conversaciones con aliados y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, con la intención de llegar a un texto en común. Apuntan a sancionarlo en la Cámara baja a mediados de noviembre. “No está cerrado”, admitieron a referentes de dos bloques diferentes que suelen votar junto al Gobierno. Se espera que las negociaciones presupuestarias continúen a lo largo de toda la semana: los libertarios buscan dictaminar lo antes posible.

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Los funcionarios junto a Silvana Giudici, secretaria parlamentaria del bloque libertario

Fariña detalló, además, que más de 6200 empleados públicos aceptaron retiros voluntarios y que el Gobierno eliminó 26 organismos nacionales. También anticipó que el Ejecutivo trabaja en un sistema único de liquidación de salarios para 2027.

A su turno, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, anunció que se prepara una nueva ley de semillas para fortalecer la protección de la propiedad intelectual y promover inversiones en el sector agropecuario.

Según precisó Fariña, casi 47.000 de las bajas corresponden al personal civil de la Administración Pública Nacional y otras 22.000 a las empresas públicas. La reducción continuó durante este año, con cerca de 20.000 puestos menos entre enero y septiembre de 2026.

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Uno de los mecanismos utilizados fue la implementación de programas de retiros voluntarios en más de 15 organismos y empresas estatales. Hasta el momento, 6254 trabajadores aceptaron desvincularse del Estado mediante este sistema. Entre las dependencias con mayor cantidad de adhesiones figuran ANSES, PAMI y Corredores Viales, con más de 1000 retiros cada una; el INTA, con más de 800, y Vialidad Nacional, con más de 600.

Vialidad Nacional, donde los cargos jerárquicos pasaron de 1543 a 176 y hubo 600 retiros voluntariosRodrigo Nespolo

El funcionario también contó el impacto del régimen de disponibilidad, una herramienta que permite reubicar o desvincular empleados cuando se eliminan funciones o se reorganizan organismos. Según indicó, durante 2025 unas 200 personas ingresaron a ese sistema, de las cuales 38 fueron reasignadas a otras dependencias.

La reducción de personal estuvo acompañada por una reorganización de las estructuras estatales. Según Fariña, el Gobierno pasó de 117 organismos nacionales a 91, una disminución del 22%. También redujo de 307 a 192 los cargos de autoridades superiores, entre ministros, secretarios y subsecretarios, y de 2476 a 1994 los puestos de alta dirección. Estas últimas modificaciones, sostuvo, representan un ahorro anual de $50.000 millones en salarios de funcionarios y autoridades.

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Como ejemplo de la reorganización, mencionó el caso de Vialidad Nacional, donde los cargos jerárquicos pasaron de 1543 a 176. “Nos encontramos con un cargo cada tres personas”, señaló, en referencia a la estructura previa del organismo, que contaba con alrededor de 5300 empleados. También destacó la reducción de 891 a menos de 260 cargos en la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Un nuevo sistema para liquidar salarios

En paralelo, Fariña anticipó que el Gobierno trabaja en la implementación de un sistema único de recursos humanos y liquidación de salarios para 2027, con el objetivo de unificar los mecanismos de pago, el control de ausencias y la detección de incompatibilidades.

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“Hoy tenemos más de 150 sistemas diferentes o áreas administrativas dentro del Estado nacional. Cada una tiene su propio sistema de liquidación, sus propias reglas y diferentes software”, explicó. Según sostuvo, esa fragmentación dificulta el control y la auditoría del empleo público.

Alberto Benegas Lynch (LLA) conduce la Comisión de Presupuesto Soledad Aznarez

También destacó que el Gobierno eliminó la obligación de comprar combustible exclusivamente a YPF y abrió la contratación a otras petroleras mediante licitaciones competitivas. Según estimó, el nuevo esquema permitirá ahorrar $7000 millones en 2027.

Una nueva ley de semillas y más desregulaciones

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A su turno, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, anticipó que el Gobierno trabaja en una nueva ley de semillas para fortalecer la protección de la propiedad intelectual y promover inversiones en el sector agropecuario.

“Necesitamos avanzar hacia una nueva ley que asegure esa inversión en innovación y cierre completamente las brechas de productividad que tenemos en el agro”, sostuvo. Como primer paso, destacó una resolución que modificó los mecanismos de fiscalización del uso de semillas para garantizar el reconocimiento de la innovación.

Alejandro Cacace, secretario de Desregulación

La iniciativa se negocia con entidades rurales, productores y empresas semilleras nacionales e internacionales, con la intención de alcanzar un consenso antes de enviarla al Congreso.

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Cacace también defendió la política de desregulación del Gobierno y sostuvo que las principales dificultades para el comercio exterior no provienen de los aranceles, sino de las restricciones administrativas.

“El reclamo más fuerte que nos hacen los socios comerciales no es por los aranceles, sino por las barreras no arancelarias, por todas las trabas regulatorias que tenemos que impiden el comercio”, afirmó.

En ese sentido, destacó la eliminación de controles duplicados para facilitar el ingreso de productos autorizados en países con organismos reguladores reconocidos.

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Como ejemplo de los resultados de esa política, señaló que, tras la derogación de una resolución de 2012 que restringía el patentamiento químico-farmacéutico, las patentes aprobadas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) pasaron de un promedio de 60 a 120 mensuales, según las cifras que presentó.

El funcionario vinculó esa reforma con nuevas inversiones, entre ellas la creación de un centro de investigación de Pfizer para ensayos clínicos en la Argentina y un memorándum firmado por una cámara de laboratorios extranjeros con el Ministerio de Salud, que contempla inversiones por US$8000 millones para los próximos años.

Finalmente, anticipó que el Gobierno continuará revisando las regulaciones del Senasa y la Anmat para simplificar los procesos de producción, comercialización e importación.

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Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a

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POLITICA

La dura respuesta del Gobierno al sindicalista que había pedido hacerle un examen médico a Javier Milei

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El Gobierno respondió al pedido de acceso a la información pública que presentó el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, para conocer el estado de salud del presidente Javier Milei y saber si está en condiciones de ejercer sus funciones.

“El Señor Presidente de la Nación Argentina ostenta el cargo de elección popular, conforme a los términos y requisitos previstos en la Constitución Nacional Argentina”, señaló el documento firmado por Laura Zuvanic, directora general de Recursos Humanos de la Secretaría General de la Presidencia.

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“Se hace saber esta Dirección General de Recursos Humanos, es competente en relación al marco normativo aplicable en materia de Empleo Público Nacional”, cerró Zuvanic.

Desde ATE consideraron que la respuesta del Ejecutivo fue “incompleta y evasiva” y cuestionaron la falta de precisiones sobre la salud del mandatario.

La respuesta del Gobierno ante el pedido de ATE acerca de la salud del presidente Javier Milei (Foto: X/@rodoaguiar)

“Desde el sindicato creemos que la respuesta no cumple con los requisitos legales mínimos. Debieran adjuntarse estudios complementarios o certificados firmados por los profesionales intervinientes. La salud del Presidente no es un asunto privado, es un asunto de Estado”, señaló Aguiar en la red social X.

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Como antecedente, el dirigente mencionó los casos de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Según planteó, cuando los expresidentes atravesaron problemas de salud, se difundieron partes médicos oficiales con información sobre diagnósticos, tratamientos y pronósticos.

“Si la salud del Presidente está bien, que lo demuestren”, cerró.

El pedido de ATE al Gobierno sobre la salud de Milei

A principios de septiembre, el gremio ATE presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer si Milei fue sometido a algún examen, junta médica o evaluación que determine su aptitud psicofísica y psíquica para ejercer el cargo.

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En el documento, el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, solicitó que, en caso de que exista una evaluación, se informe la fecha en que fue realizada, el organismo o profesional interviniente y el resultado, limitado a determinar si el Presidente se encuentra “apto”, “no apto” o su equivalente.

La solicitud de ATE al Gobierno (Foto: X/@rodoaguiar)
La solicitud de ATE al Gobierno (Foto: X/@rodoaguiar)

“No buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función”, sostuvo Aguiar.

Además, el gremio pidió conocer si existe alguna normativa, protocolo o reglamento interno que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente, en su carácter de jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Javier Milei, ate, Rodolfo Aguiar

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