POLITICA
Un senador peronista de Entre Ríos propuso crear un programa oficial para registrar ovnis
“Este proyecto no se trata de creencias, sino de transparencia y derecho a la información”, expresó el legislador entrerriano, Víctor Sanzberro, en la fundamentación de su propuesta legislativa para el avistamiento de ovnis.
La idea es que el Programa Provincial de Registro de Fenómenos Anómalos (PRFA) pueda “recibir, registrar, analizar y preservar de forma sistemática los reportes de objetos o fenómenos no identificados en el espacio aéreo, terrestre o en los cursos de agua del territorio entrerriano”. Su implementación “se realizará optimizando los recursos existentes, sin que implique la creación de estructuras burocráticas gravosas”, agregó.
Luego, señaló: “Entre Ríos posee una geografía particular con vastas extensiones de cielo y agua” que comprende los ríos Paraná y su delta y el Uruguay. Por ello “resulta una responsabilidad institucional proveer un marco ordenado y serio para que los ciudadanos y profesionales del aire y el agua puedan reportar avistamientos anómalos sin temor a la ridiculización”, argumentó.
El articulado de la iniciativa contempla que la estructura estatal a crear “implementará un sistema digital y telefónico de recepción de denuncias que garantice la estricta confidencialidad y reserva de identidad de los informantes (pilotos, controladores, fuerzas de seguridad, navegantes y ciudadanos) para evitar cualquier estigma o perjuicio profesional”.
El programa tendrá una persona responsable designada por el Poder Ejecutivo. Estará acompañada por un consejo consultivo ad honoren integrado por siete personas.
Los consejeros tendrán que reunir ciertas características. Deberán ser “investigadores con trayectoria reconocida en el estudio de estos fenómenos”. Los entrerrianos tendrán prioridad. Además, tendrá que sumarse a “representantes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la temática” y “expertos en aviación, seguridad aeroportuaria o náutica”. Su misión será la de “auditar los casos, otorgar rigor científico y asesorar técnicamente”
Victoria, ciudad ufóloga
El senador representa al Departamento Victoria. La ciudad cabecera lleva el mismo nombre. Y es reconocida en el plano nacional e internacional por la comunidad de ufólogos y entusiastas.
La creencia es que la zona es un punto de atracción para naves del espacio exterior y habitantes de otros lugares del cosmos. Por eso Sanzberro propuso que sea sede del programa provincial.
La localidad ya tiene un museo del ovni. Es parte del recorrido turístico. Sanzberro es consciente del lugar que ocupa su ciudad y lo destacó en su proyecto. “Victoria ya es un referente gracias al trabajo serio y sostenido de Silvia y Andrea Pérez Simondini junto al equipo de Visión OVNI”, señaló.
En este marco, agregó, “cabe destacar la labor de CEFORA (Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina), organización que ha liderado la desclasificación de documentos oficiales mediante la Ley Nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública”.
Este proceso “ha dado lugar a la creación de ALAS (América Latina para Aeroespacios Seguros), presidida por el piloto en actividad Pablo Ducau, aportando una perspectiva técnica esencial sobre la seguridad en la navegación aérea”, detalló.
Luego, el legislador citó: “El contexto internacional nos marca el camino. El pasado 8 de mayo de 2026, el Gobierno de los Estados Unidos inició una desclasificación histórica de archivos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP). Países como Brasil, Chile y Uruguay ya cuentan con programas oficiales de seguimiento”.
En ese contexto “Entre Ríos tiene la oportunidad de ser vanguardia nacional en esta materia”, se entusiasmó.
El proyecto de Sanzberro quedó registrado con el número 15.702. Tomó estado parlamentario en la sesión del miércoles 27. Fue remitido a la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. El comité lo preside otro peronista: el médico Martín Oliva.
OVNI,UAP,Entre Ríos,Argentina,Paraná,puente Victoria,PRFA,fenómeno anómalo,investigación,cielo nocturno
POLITICA
La Legislatura porteña debate proyectos clave: la línea F de subte, cambios en la VTV y la ley antitrapitos
La Legislatura porteña sesiona este jueves desde las 11 con una agenda cargada que reúne proyectos vinculados al transporte, el espacio público, la regulación de los vapeadores, la revisión técnica vehicular y medidas de alivio económico para familias endeudadas.
El temario incluye iniciativas impulsadas por el Gobierno de la Ciudad y propuestas de los distintos bloques políticos.
Uno de los proyectos centrales enviados por la gestión de Jorge Macri es el que habilita el financiamiento para la construcción de la Línea F de subterráneos.
La iniciativa autoriza al Ejecutivo porteño a tomar deuda por hasta 1350 millones de dólares mediante organismos multilaterales, entidades financieras y la eventual emisión de títulos públicos.
La futura Línea F será la primera ampliación de la red de subtes en 25 años y busca mejorar la conectividad entre el norte y el sur de la Ciudad.
El recorrido previsto abarcará 9,8 kilómetros y contará con 12 estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Santa Fe/Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón/Hospital Rivadavia, Parque Las Heras/Coronel Díaz, Plaza Italia/Ecoparque y Pacífico.
Además, el trazado permitirá combinar con las líneas A, B, C, D, E y H de subterráneos y conectar con los ferrocarriles Roca, en Plaza Constitución, y San Martín, en la zona de Palermo. El proyecto contó con un trabajo de articulación entre distintos bloques legislativos.
Ley Antitrapitos
Otro de los expedientes impulsados por el oficialismo es la denominada Ley Antitrapitos, que también incorpora aportes de una iniciativa presentada por La Libertad Avanza.
La propuesta apunta a endurecer las sanciones para quienes realicen actividades no autorizadas vinculadas al estacionamiento de vehículos, su cuidado en la vía pública o la limpieza de parabrisas.
Las propuestas de la oposición
La sesión también debatirá un proyecto promovido por la Unión Cívica Radical para regular el uso, la comercialización y la promoción de vapeadores y otros productos emergentes de tabaco y nicotina.
El objetivo de la iniciativa es restringir el acceso de menores de 18 años a estos dispositivos.
Por su parte, La Libertad Avanza incorporó dos proyectos al temario, ambos presentados por la legisladora María del Pilar Ramírez.
El primero propone una reforma integral del régimen de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTV), con el objetivo de desregular la prestación del servicio, ampliar la competencia y adecuar los requisitos técnicos a los avances tecnológicos y a la normativa nacional.
Leé también: El Gobierno apelará el fallo que avaló el cambio de domicilio de la AFA y anuló la veeduría
La iniciativa establece que los vehículos particulares cero kilómetro realicen su primera verificación a los cinco años del patentamiento.
Luego, las revisiones serían bianuales para las unidades de hasta diez años de antigüedad y anuales para las más antiguas. También prevé organizar los controles según el último número de la patente para evitar concentraciones de demanda.
El proyecto, además, elimina el cupo de plantas verificadoras y habilita a que talleres, concesionarios e importadores que cumplan las exigencias técnicas puedan prestar el servicio, sin tarifas máximas ni mínimas fijadas por el Estado.
La propuesta también modifica el régimen de grabado de autopartes. El procedimiento seguiría siendo obligatorio sobre seis partes de la carrocería, aunque contempla la posibilidad de que el propio titular lo realice bajo las normas correspondientes.
Asimismo, dispone que los talleres habilitados verifiquen su cumplimiento antes de aprobar la VTV.
El segundo expediente de La Libertad Avanza es la denominada Ley Hojarasca, que plantea derogar más de 20 normas consideradas desactualizadas, redundantes o sin aplicación efectiva.
También prevé que las partidas presupuestarias vinculadas a esas regulaciones pasen al Ministerio de Hacienda y Finanzas y encomienda al Poder Ejecutivo adecuar la normativa reglamentaria y administrativa que resulte afectada.
En tanto, Fuerza por Buenos Aires impulsa la creación de un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal a cargo del Banco Ciudad. El proyecto, presentado por el diputado Leandro Santoro, busca asistir a sectores vulnerables mediante líneas de crédito especiales destinadas exclusivamente a cancelar deudas previas.
La iniciativa contempla préstamos exentos de impuestos, con una tasa nominal anual máxima del 40% y plazos de hasta 36 meses. Podrían acceder quienes registren deudas mensuales superiores al 40% de sus ingresos y menores a diez salarios mínimos y acrediten al menos dos años de residencia en la Ciudad de Buenos Aires.
Leé también: Un concejal le pegó una trompada en la cara a un intendente tras discutir por una jineteada en Entre Ríos
El programa alcanzaría a empleados, monotributistas hasta la categoría G y jubilados, aunque excluye a quienes posean inmuebles adicionales, activos financieros superiores al monto adeudado o hayan realizado compras de divisas recientemente.
También deja afuera deudas alimentarias, tributarias, hipotecarias, prendarias y las vinculadas a la adquisición de vehículos o bienes registrables.
La propuesta prevé que los fondos se transfieran directamente a los acreedores, la creación de una ventanilla única física y digital y una campaña de difusión.
Además, establece un sistema de prioridades para hogares con menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes de la educación pública, inquilinos y trabajadores de bajos ingresos, y contempla la eventual participación de otras entidades financieras bajo las mismas condiciones del programa.
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Legislatura porteña, Subte, PRO
El Gobierno estrenó hoy el decreto con el que modificó los trámites para elegir jueces y limitó la participación de la ciudadanía en el proceso. Puso en práctica el nuevo mecanismo con concursos clave, tendientes a elegir a magistrados que llevarán causas de alta sensibilidad política.
El Ministerio de Justicia publicó hoy en el Boletín Oficial las ternas de candidatos que le envió el Consejo de la Magistratura correspondientes a siete concursos. Incluyen el destinado a cubrir dos de los seis cargos de camaristas federales en Comodoro Py y cuatro cargos en la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. También, el juzgado federal 1 de Corrientes (el único federal con competencia electoral de la provincia), el juzgado 10 en lo penal económico y el federal 2 de La Plata.
La publicación de hoy -que es por un solo día- cumple con enumerar los cargos a cubrir, la integración de las ternas y la referencia a la página web del Ministerio de Justicia donde pueden consultarse los curriculum y los puntajes obtenidos por los distintos candidatos. Eso es todo lo que demanda el nuevo decreto.
Hasta la semana pasada, estaba vigente el decreto 588/2003, que preveía un período de quince días para que particulares, colegios profesionales y asociaciones vinculadas a la Justicia presenten observaciones y objeciones a los candidatos. Contemplaba también la posibilidad de que el ministerio invitara a exponer su opinión a organizaciones especializadas. Establecía además que el Gobierno les pediría una declaración jurada patrimonial a los postulantes y que esa declaración podría ser consultada por la ciudadanía.
El Ministerio estaba obligado, asimismo, a pedir a ARCA un informe sobre “el cumplimiento por parte de los candidatos ternados de sus obligaciones impositivas y previsionales”. Después, debía presentarle su informe sobre los postulantes al Presidente.
El nuevo decreto de Milei cambia tanto la forma de elegir jueces, fiscales y defensores, como ministros de la Corte Suprema. Fue muy cuestionado por reducir la participación ciudadana en el proceso de selección de magistrados.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó esta semana una acción de amparo para frenar la aplicación del decreto.
En paralelo, un grupo de ONGs publicó un comunicado conjunto en rechazo de la nueva norma, a la que consideran un retroceso en materia de institucionalidad.
Firmaron el documento la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, Democracia en Red, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Campaña GQUAL.
Las organizaciones coincidieron en que los cambios introducidos por el Decreto 467/2026 implican “un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género, y por ende, también para la calidad de nuestra democracia”.
Además de eliminar la instancia de participación popular ante el Ministerio de Justicia, que es previa a la nominación presidencial, el decreto dejó sin efecto la sugerencia de contemplar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional que debían guiar la elección de los candidatos a la Corte.
El Gobierno argumentó que ese primer paso de participación era redundante con el que se abre una vez que los pliegos ingresan al Senado. Quienes cuestionan la decisión advierten que esa primera etapa de participación, ahora derogada, era central para poner al tanto al Poder Ejecutivo de posibles impugnaciones y objeciones antes −y esto es lo central− de que elija a los candidatos a jueces y los envíe al Congreso.
Conforme a
El recital de una banda musical, un partido de fútbol, el show de un DJ o cualquier evento masivo siempre tuvieron un denominador común: los “cuidacoches” o “trapitos”. En este sentido, la Legislatura porteña tratará en sesión ordinaria un proyecto que abarca esta problemática.
La normativa -impulsada por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y por la diputada María del Pilar Ramírez, en proyectos separados y posteriormente unificados- propone una reforma clave al Código Contravencional que endurece las penalidades contra este tipo de prestación ilegal de servicios. De esta manera, la medida marca una acción concreta en la política oficial: busca frenar la proliferación de esta actividad y responde a las reiteradas denuncias de vecinos y automovilistas por intimidación y apropiación del espacio público.
El cambio, que modifica los artículos 91 y 92 de la Ley N° 1.472, introduce una escala sancionatoria mucho más rigurosa. El texto explica que el esquema de penalizaciones vigente era insuficiente: la baja entidad de las sanciones favorecía la repetición de la conducta y minaba la convivencia barrial. Ahora, el nuevo texto distingue entre infractores ocasionales y quienes organizan o coordinan el cobro ilegal, además de establecer agravantes para casos de intimidación, vulnerabilidad o persistencia.
La reforma parte del diagnóstico de que el fenómeno del “trapito” dejó de ser un “mero ofrecimiento informal”. Según lo aprobado, en muchas ocasiones la conducta involucra presión o intimidación directa: los conductores se ven forzados a pagar para evitar conflictos o represalias, en zonas que llegan a funcionar como “territorios” tomados de hecho por quienes ejercen el rol de cuidacoches.
Uno de los puntos centrales de la reforma es el reconocimiento de esquemas organizados en torno a eventos masivos y grandes parques. Según la Comisión de Justicia de la Legislatura, “la experiencia en espectáculos deportivos o recitales evidencia coordinación y distribución territorial, ameritando sanciones más severas, con diferenciación clara entre el infractor individual y quienes fomentan la actividad en grupo”.
Penalidades agravadas y restricciones de acercamiento
El nuevo artículo 91 establece que ofrecer o prestar servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios sin autorización será penado con diez a treinta días de arresto, trabajos de utilidad pública de veinte a cuarenta y cinco días o multas que pueden llegar a 7.000 unidades fijas. Es decir, la infracción puede ascender hasta los $6.649.930.
Como novedad, se añade la posibilidad de que el magistrado aplique la «prohibición de concurrencia e interdicción de cercanía» al lugar, restricciones ya utilizadas en delitos vinculados a violencia. Esto es que el infractor no puede concurrir o acercarse a la zona donde realizó el delito.
El texto suma agravantes: en situaciones donde haya intimidación, persistencia, desigualdad de género o aprovechamiento de la vulnerabilidad del conductor o del entorno, la pena se duplicará automáticamente, siempre que el hecho no constituya delito penal.
Frente a la existencia de organización, las sanciones se endurecen todavía más. Los organizadores, jefes y coordinadores podrán recibir hasta sesenta días de arresto y se habilita la inhabilitación para acceder a programas sociales, subsidios o beneficios estatales por hasta dos años.
Eventos masivos y responsabilidad institucional
El artículo 92 eleva el nivel de rigurosidad cuando estas contravenciones suceden en torno a grandes espacios o durante eventos masivos, como partidos de fútbol o recitales. En esos casos, si la prestación ilegal ocurre en un radio de hasta cincuenta cuadras y entre las seis horas previas y las tres siguientes a la finalización del evento, la sanción escalará de 15 a 50 días de arresto para los partícipes y entre 45 y 60 días para quienes tengan roles en dicha organización.
Además, el nuevo marco dispone que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, junto con otros organismos, podrá instalar oficinas móviles en los alrededores de los eventos para recepcionar denuncias de los perjudicados.
La ley incorpora una cláusula inédita destinada a clubes y organizadores: si se prueba la participación directa o indirecta de personas vinculadas al club, institución o entidad organizadora en la actividad ilegal, esa entidad será sancionada con multas de hasta 20.000 unidades fijas ($18.999.800) y clausura de instalaciones por un período de 30 a 90 días.
Ambos artículos reformados prevén la obligación de que el juez interviniente ponga en conocimiento de los infractores la oferta de programas de asistencia a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, o el organismo que en el futuro lo reemplace. Pero también refuerzan una línea dura: quienes lideren o promuevan la actividad podrán ser excluidos de los programas estatales por dos años, en un intento de desalentar la repetición.
concierto,multitud,estadio,Buenos Aires,recital,banderas,bombos,luces,energía,música en vivo
Desempleados: el proceso para acceder a la prestación por desempleo de ANSES en junio
WATCH: Cruz sounds alarm on Trump Iran deal, warns against handing billions to ‘theocratic lunatics’
Serena Williams reveló el peso de su hija en su decisión de regresar junto a Venus en Wimbledon: “Ella siempre tiene razón”
La Legislatura porteña debate proyectos clave: la línea F de subte, cambios en la VTV y la ley antitrapitos
Lionel Messi, el hombre que lo supera todo: la mirada de Fernando Marín sobre un fenómeno para la eternidad
El Gobierno estrenó su polémico decreto de designación de jueces
Patricia Bullrich: “El Presidente considera que Adorni dio una explicación razonable”
El Gobierno envía señales de que Adorni tiene las horas contadas para evitar que sesione el Senado
La secuencia del golazo de Messi para Argentina ante Argelia en el debut en el Mundial 2026 y los récords que rompió
Gaspi, reconocido streamer argentino, falleció en un accidente aéreo en Brasil
POLITICA15 horas agoPatricia Bullrich: “El Presidente considera que Adorni dio una explicación razonable”
- POLITICA1 día ago
El Gobierno envía señales de que Adorni tiene las horas contadas para evitar que sesione el Senado
- DEPORTE2 días ago
La secuencia del golazo de Messi para Argentina ante Argelia en el debut en el Mundial 2026 y los récords que rompió
