POLITICA
Eduardo Barcesat, el abogado acusado por Schoklender de integrar una “usina de denuncias contra Pro” con fondos públicos
Sergio Schoklender, uno de los máximos responsables del programa de viviendas Sueños Compartidos, instrumentado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo con fondos públicos, intentó despegarse de las acusaciones sobre desvíos millonarios. Cuando amplió ayer su indagatoria en el juicio oral de la causa, habló de una presunta “usina de denuncias contra Pro” vinculada al abogado Eduardo Barcesat.
“Se arma como un centro de investigación de la universidad que recibía un subsidio de Aníbal Fernández que iba directo a [Eduardo] Barcesat. La función de Barcesat era hacer todos los meses nuevas denuncias contra algún funcionario de Pro, en Capital, por supuesto”, sostuvo Schoklender durante el juicio oral en el que se investiga un presunto fraude al Estado.
En diálogo con , Barcesat respondió: “Todo eso es una fantasía de este hombre [por Schoklender]“. El abogado reconoció haber tenido contacto con Aníbal Fernández, pero no sobre la fabricación de denuncias contra opositores. “Me pidió que formara un centro de estudios, pero Madres de Plazas de Mayo no tenía nada que ver con eso”. Según dijo, se trata del “Centro de Estudios Políticos sobre Estado y Sociedad”.
Barcesat, que tiene 86 años, mencionó que su vínculo con Madres de Plaza de Mayo fue solo como “asesor ad honorem”, miembro del equipo de abogados de Hebe de Bonafini y como parte de su “compromiso ideológico” con los derechos humanos. Su vínculo con la extitular de la organización no es el único punto de conexión con el kirchnerismo. En 2013, el gobierno de Cristina Kirchner lo propuso como conjuez para la Cámara de Casación.
Años más tarde, y con el avance de causas sobre presunta corrupción contra la expresidenta, entre otros acusados, encabezó un proyecto que proponía crear un «tribunal de ética para el juzgamiento del lawfare“. En aquel momento, cuando trancurría 2020, fuentes de la administración de Alberto Fernández sostvieron que la iniciativa de Barcesat era a título personal. “Siempre fue un desafiante. Esto es una locura de él, que nosotros no impulsamos”, había dicho a una alta fuente del entonces gobierno en referencia al plan de crear un tribunal de ética que juzgue a jueces y periodistas por su actuación en causas contra exfuncionarios políticos. Un dirigente cercano a Cristina Kirchner sostuvo lo mismo. Sin embargo, nadie quiso ponerse al frente de las críticas a la iniciativa.
Más allá de eso, sus inicios lo encuentran como afiliado al Partido Comunista (PC), hace cinco décadas.
En su currículum publicado en la página de Common Action Forum, Barcesat se presentaba como asesor de la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. En el kirchnerismo destacan el vínculo que cosechó con Julián Domínguez, expresidente de la Cámara.
En 2012, en un acto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), expuso sobre la necesidad de una reforma constitucional, en tiempos en que el ultrakirchnerismo postulaba que se habilitara la posibilidad de otro mandato de Cristina Kirchner. Él decía que eso no era “lo importante”, que lo importante era la integración latinoamericana, la tutela de los recursos naturales y los derechos humanos. Pero que habilitar otro mandato no era tampoco “una llamada a las puertas del infierno”. Su plan no prosperó.
Barcesat había participado de la redacción de la última reforma constitucional, en 1994. Fue convencional constituyente en representación del PC, por entonces en alianza con el Frente Grande, antecesor del Frepaso. Graciela Fernández Meijide era una de las principales dirigentes de ese movimiento. Ella y Barcesat se conocían desde hacía años.
“Lo conocí durante la dictadura. Barcesat era abogado en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Fue abogado mío en una querella que llevamos a la Corte contra la Obediencia Debida”, relató Fernández Meijide a en tiempos en los que el abogado impulsaba la idea del tribunal de ética. “Como abogado era muy bueno, tenía un profundo conocimiento de la ley. Por eso, toda su derivación posterior me llamó la atención -dijo entonces-. Por la calidad intelectual que yo le conocí, es un contrasentido total esta aventura de ser jueces éticos”.
Barcesat se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires, de la que fue también docente desde que era estudiante. Su carrera como profesor se interrumpió durante la dictadura militar. En ese momento, Barcesat era adjunto de Filosofía del Derecho en la cátedra de Jorge Rébori. Con el regreso de la democracia volvió a las aulas.
Siempre ejerció como abogado. Su primer estudio lo tuvo en Uruguay al 600 junto con Beinusz Szmukler, exconsejero de la Magistratura y presidente consultivo de la Asociación Americana de Juristas. “Trabajamos hasta que la dictadura nos obligó a separarnos como una medida de protección. Compartimos varios años de militancia común”, recordó hace unos años Szmukler, que militaba en el PC desde antes que Barcesat.
Muchos años más tarde, Barcesat encabezó otra aventura de voltaje político: fue abogado de Marta Holgado en su reclamo fracasado para ser reconocida como hija de Juan Domingo Perón.
amplió ayer su indagatoria,punto de conexión con el kirchnerismo,@CoronelGonorrea,https://t.co/4VrVqfASWG,pic.twitter.com/oNanJbfZyl,May 27, 2026,Sueños compartidos,Sergio Schoklender,Conforme a,,Fútbol y política. El Gobierno quiere evitar que los ministros viajen al Mundial,,»En mora». El Gobierno apeló la cautelar para postergar las deudas con los prestadores de discapacidad de PAMI,,Análisis. Un poder inesperado cubre la ausencia opositora,Sueños compartidos,,En el juicio. Schoklender declaró que Aníbal Fernández financió una “usina de denuncias contra Pro” y que Chávez aportó fondos a las Madres,,In memoriam,,»Hubo incumplimientos». Sergio Massa declaró como testigo en el juicio de Sueños Compartidos
POLITICA
Un informe de la TV chilena reveló que tiraron placas argentinas del Cementerio de Darwin en Malvinas
Un informe de la televisión chilena mostró una serie de placas argentinas que fueron descartadas del Cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas, por ser consideradas “una provocación para los kelpers”. Sumado a objetos conmemorativos y recuerdos relacionados a soldados argentinos que murieron en la guerra de 1982, y que aparecieron tirados fuera del lugar.
Las imágenes se vieron en un informe del canal Teletrece sobre la comunidad chilena que reside en las Islas Malvinas. En ese contexto el periodista Samuel Rojas recorrió el Cementerio de Darwin, donde yacen los restos de 249 soldados argentinos que murieron durante la guerra.
Entre las imágenes se vio una placa colocada por una radio de Comodoro Rivadavia con la leyenda: “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. ‘Malvinas nos une’ – Abril 2026”, tirada fuera del cementerio, junto a listones rotos, pulseras, estatuillas y cerámicas partidas.
Durante el informe además hubo entrevistas a isleños, con reclamos al presidente Javier Milei, en plena escalada de tensión entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago, y el mensaje: “Isleños piden que Milei “los deje tranquilos”, en el graph. Darwin es un destino recurrente de familiares y veteranos, que desde hace unos 20 años viajan a visitar a los caídos y los escenarios de la guerra de 1982.
POLITICA
Siguen los cortocircuitos entre Milei y sus diputados por el proyecto de discapacidad que se consensuó con los aliados
La forma de abordar la discapacidad sigue generando diferencias dentro del Gobierno. Mientras el oficialismo en Diputados negoció con sus aliados un proyecto que recoge reclamos del sector para evitar que la oposición imponga una nueva emergencia, en el Poder Ejecutivo persisten los reparos por su costo fiscal.
La discusión llegará hoy a la mesa política del Gobierno, que se reunirá a las 13 para definir los próximos pasos de una negociación que todavía mantiene un final abierto.
“Desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa”, admitió el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, sobre el dictamen consensuado por los libertarios con la UCR, Pro y bloques provinciales. Lo hizo durante su exposición en Diputados por el presupuesto 2027, donde reconoció que el texto que se debatirá el miércoles en el recinto no responde a una iniciativa impulsada originalmente por el Poder Ejecutivo.
La intención original del Gobierno era endurecer el acceso a las pensiones, recuperar el criterio de invalidez laboral y eliminar el nomenclador de prestaciones para dejar los valores librados a la negociación entre prestadores -de terapias, transporte y acompañamiento, entre otros servicios- y obras sociales y prepagas. Se trata de un cambio que beneficiaría a las grandes empresas de salud.
Pero esa voluntad choca desde el año pasado con los límites que le impone el Congreso. El oficialismo acumula siete votaciones adversas en materia de discapacidad, incluida la revocación de un veto presidencial. También encontró resistencia en la Justicia, que a través de distintos fallos obligó al Gobierno a aplicar la ley de emergencia.
La brecha entre querer y poder todavía no fue saldada dentro del universo libertario. El equipo económico no se resigna a imponer su posición, pese a los esfuerzos del ala política por encontrar una salida intermedia que permita evitar una crisis mayor. Las negociaciones con los aliados son encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de Diputados, Martín Menem; y la diputada Laura Rodríguez Machado.
El dictamen que lograron consensuar incorporó aspectos centrales de la ley de emergencia, como la compatibilidad de la pensión por discapacidad con ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos, la fijación de la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio y el sostenimiento del nomenclador de prestaciones.
Sin embargo, quedaron puntos sensibles sin resolver. El texto no precisa cómo se actualizará el nomenclador, mientras que los aliados exigen garantías de que las prestaciones se ajustarán mensualmente por inflación. La iniciativa establece, no obstante, que los fondos asignados al Ministerio de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.
Tampoco se incorporó un pedido de Pro para fijar un cronograma de pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores por la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, que no quedó contemplada en las actualizaciones de los aranceles.
El proyecto todavía podría sufrir modificaciones en el recinto. Algunos cambios técnicos ya fueron consensuados, como precisar de dónde saldrán los fondos para afrontar los gastos previstos y eliminar el artículo 17, que despertó sospechas entre los aliados por la amplitud de su redacción: “Derógase toda norma que se oponga a la presente”.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal de la propuesta alcanzaría casi $600.000 millones en 2027, equivalentes al 0,04% del PBI, y $1,2 billones en 2028, el 0,07% del PBI, con el padrón completo. La compensación pendiente a los prestadores se estima en $278.323 millones, aunque el organismo aclara que se trata de una obligación existente y no de un gasto adicional.
La discusión política
La conveniencia de avanzar con este proyecto será uno de los temas que se discutirán hoy en la mesa política. “El escenario está abierto. Todavía hay tironeos”, repiten en el bloque libertario, donde reconocen que las diferencias persisten. Nadie descarta, incluso, la posibilidad de un nuevo veto presidencial, aunque se trataría de una salida especialmente compleja para un oficialismo desgastado por el conflicto.
El Gobierno ya intentó imponer su posición, sin éxito. Primero lo hizo a través de un proyecto presentado en el Senado en abril de este año, que quedó aislado y cuyo debate nunca comenzó. Luego volvió a plasmar sus pretensiones en el proyecto de presupuesto 2027, presentado el 15 de septiembre, que provocó el rechazo inmediato de la oposición, pero también de legisladores propios y aliados que venían negociando una salida intermedia entre la derogación de la emergencia y su continuidad.
Otra alternativa es que la negociación continúe en el Senado, a través del bloque oficialista que conduce Patricia Bullrich. La exministra ya había expresado su malestar cuando el Ejecutivo presentó un proyecto de Presupuesto que contradecía las negociaciones legislativas en marcha. “No me tomen de tonta”, advirtió entonces.
Bullrich también conserva influencia sobre al menos 14 diputados que podrían resistirse a convalidar un nuevo veto de Javier Milei. Los números del oficialismo vuelven así a exhibir los límites de una estrategia que ya cosechó sucesivas derrotas parlamentarias.
“Lo que quiere el Poder Ejecutivo es inviable”, remachó un legislador oficialista acostumbrado a recorrer los pasillos del Congreso en busca de votos. La paradoja es que el oficialismo negoció una salida para evitar otra derrota parlamentaria, pero todavía no está claro que el propio Gobierno esté dispuesto a aceptarla.
diferencias dentro del Gobierno,September 23, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a
POLITICA
Intensas negociaciones del Gobierno por las PASO: aún sin los votos, crece la idea de convocar a extraordinarias
El Gobierno tendrá este martes una jornada de reuniones para intentar destrabar la eliminación o suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una de las principales prioridades legislativas del Gobierno que todavía no cuenta con los votos necesarios para ser aprobada en el Congreso y cuyo tratamiento podría extenderse hasta las sesiones extraordinarias si el oficialismo no consigue acuerdos antes de que termine el período ordinario.
A lo largo de la jornada, la cúpula libertaria se reunirá en el marco de la mesa política y luego recibirá a los representantes del PRO, con la reforma electoral en el centro de la escena en ambos casos.
Una vez más, la secretaria general, Karina Milei, no se sumó a la comitiva presidencial que, en esta oportunidad, viajó a España y se quedó en Buenos Aires para seguir de cerca los acontecimientos.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, continuará en los próximos días con las conversaciones que viene teniendo con las provincias y que, por el momento, no se transformaron en respaldos concretos para eliminar las PASO.
De hecho, según pudo saber Infobae, la mesa política del oficialismo todavía no definió el cronograma que pretende para la aprobación de esta iniciativa, qué tiempo atrás buscaban sancionar entre finales de octubre y principios de noviembre.
El texto se encuentra trabado en el Senado, donde la jefa del bloque violeta, Patricia Bullrich, espera todavía que se planteen las nuevas metas de plazos para retomar las negociaciones con los otros espacios.
Asimismo, la ex ministra de Seguridad aguarda aún que “El Colo” le confirme si tiene el apoyo explícito de los gobernadores, actores clave para que la medida avance.
El funcionario habría dado varios pasos ese sentido en Francia, cuando juntó a 13 mandatarios locales que habían viajado al Argentina Week para tratar de cerrar en París los acuerdos electorales que no pudo alcanzar en Buenos Aires, pero continúan las desconfianzas.
En este contexto, en las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional comenzó a tomar fuerza la idea de dejar el debate sobre las primarias para el verano y así no solo ganar más tiempo para las negociaciones electorales, sino también concentrarse en otros proyectos pendientes.
“No sé si es solo por la falta de votos, entre nosotros también hay divergencias en el timing para los cierres”, explicó a este medio uno de los integrantes de la mesa política.
La estrategia, si se posterga la discusión por las PASO, es especular con la fecha en la que se van a empezar confirmar los acuerdos con aliados para, de esa manera, “obtener el mejor resultado posible“ para La Libertad Avanza.
“Además, nosotros vamos a estar más competitivos entrando el año electoral. Igual, todo esto es la foto de hoy y cualquier cosa puede terminar ocurriendo”, aclaran en eL entorno de Karina Milei.
El grupo volverá a reunirse este martes, a las 13:00 en la Casa Rosada, con el objetivo de revisar el estado de las tratativas parlamentarias, principalmente en torno a este punto.
Además de la secretaria general de la Presidencia, Santilli y Bullrich, participarán el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; su primo y armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el secretario de Prensa y Comunicación, Fabián Fernández.
En este escenario, el Ejecutivo podría verse obligado a convocar eventualmente a extraordinarias, algo que era resistido en la cúpula libertaria hace tan solo unos días, cuando estaba concentrada en que todos los proyectos se sancionen este año.
Por ese motivo, el equipo primero buscará definir si cuenta con las voluntades necesarias para avanzar con una eliminación definitiva o si debe aceptar una suspensión de las primarias limitada a las elecciones de 2027.
Entre quienes mantienen una mirada más optimista está el propio Santilli, que en los últimos días aseguró que la reforma electoral será aprobada y continúa al frente de las gestiones con las provincias.
La estrategia, sin embargo, tiene límites. Los mismos espacios que resultaron decisivos para impedir que la oposición consiguiera quórum la semana pasada y tratara la derogación del mega decreto 70/2023 mantienen reparos sobre distintos aspectos de la agenda oficial. El PRO es uno de ellos y vuelve a ser clave en la discusión por las PASO.
Este martes, después de la mesa política, Santilli y los Menem recibirán en la Casa Rosada a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, los representantes del partido que fundó Mauricio Macri.
“Vamos a ir al encuentro con una variedad amplia de temas a discutir”, anticiparon en el entorno de los dirigentes amarillos, quienes se mantienen firme en su postura de hacer las primarias optativas, solamente para aquellas fuerzas que necesiten resolver sus internas, pero no eliminarlas ni suspenderlas.
Será el primer encuentro formal desde el 24 de septiembre, luego de varias semanas de diferencias por las modificaciones vinculadas a discapacidad, la coordinación parlamentaria y el armado electoral rumbo a 2027.
Aunque hay quienes confían en que “todavía están en plazo” para eliminar las PASO, en otra parte del oficialismo admiten que el margen se achica y que las prioridades cambiaron.
Del otro lado, el peronismo ya ratificó su rechazo a la iniciativa. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó la intención de eliminar o suspender las PASO y sostuvo que el objetivo del Gobierno es impedir que la oposición pueda organizarse para enfrentar una eventual reelección de Milei.
La lectura libertaria es diferente. En la cúpula oficialista repiten que las primarias no son una herramienta que les “quite el sueño” y que el desempeño del Presidente en las próximas elecciones dependerá, principalmente, de la evolución de la economía y de la gestión.
De todos modos, en los despachos más importantes de Balcarce 50 consideran que la eliminación de las PASO permitiría evitar un calendario de múltiples votaciones y reducir los costos asociados a esa instancia.
La reunión con el PRO y los contactos que Santilli mantenga con los gobernadores terminarán de definir si el Gobierno puede insistir con un tratamiento inmediato o si deberá trasladar la discusión de la reforma electoral a un llamado a sesiones extraordinarias.
Además, la discusión por la reforma electoral se dará en una semana marcada por la mega sesión que La Libertad Avanza convocó para este miércoles en la Cámara de Diputados.
Con el Presidente en España, el oficialismo buscará aprovechar esa jornada para ordenar parte de su agenda legislativa, blindar definitivamente el DNU 70 y consolidar los acuerdos con los mismos sectores que necesita para avanzar más adelante con las PASO y el Presupuesto 2027.
La sesión incluirá el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al que se le incorporó un capítulo para restituir límites a la venta de tierras rurales a extranjeros. Con esa modificación, el Gobierno apunta a dejar sin efecto el artículo del Decreto que había eliminado esas restricciones y preservar el resto de la norma.
El temario también contempla los proyectos oficiales sobre discapacidad y endeudamiento familiar o morosidad, elaborados como respuesta a las iniciativas que impulsaba la oposición, y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone ampliar las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y otros territorios del Atlántico Sur.
En el oficialismo anticipaban que el debate podría extenderse durante al menos 22 horas y convertirse en una de las sesiones más largas de la historia de la Cámara.
Javier Milei,Patricia Bullrich,La Libertad Avanza
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