POLITICA
Eduardo Barcesat, el abogado acusado por Schoklender de integrar una “usina de denuncias contra Pro” con fondos públicos
Sergio Schoklender, uno de los máximos responsables del programa de viviendas Sueños Compartidos, instrumentado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo con fondos públicos, intentó despegarse de las acusaciones sobre desvíos millonarios. Cuando amplió ayer su indagatoria en el juicio oral de la causa, habló de una presunta “usina de denuncias contra Pro” vinculada al abogado Eduardo Barcesat.
“Se arma como un centro de investigación de la universidad que recibía un subsidio de Aníbal Fernández que iba directo a [Eduardo] Barcesat. La función de Barcesat era hacer todos los meses nuevas denuncias contra algún funcionario de Pro, en Capital, por supuesto”, sostuvo Schoklender durante el juicio oral en el que se investiga un presunto fraude al Estado.
En diálogo con , Barcesat respondió: “Todo eso es una fantasía de este hombre [por Schoklender]“. El abogado reconoció haber tenido contacto con Aníbal Fernández, pero no sobre la fabricación de denuncias contra opositores. “Me pidió que formara un centro de estudios, pero Madres de Plazas de Mayo no tenía nada que ver con eso”. Según dijo, se trata del “Centro de Estudios Políticos sobre Estado y Sociedad”.
Barcesat, que tiene 86 años, mencionó que su vínculo con Madres de Plaza de Mayo fue solo como “asesor ad honorem”, miembro del equipo de abogados de Hebe de Bonafini y como parte de su “compromiso ideológico” con los derechos humanos. Su vínculo con la extitular de la organización no es el único punto de conexión con el kirchnerismo. En 2013, el gobierno de Cristina Kirchner lo propuso como conjuez para la Cámara de Casación.
Años más tarde, y con el avance de causas sobre presunta corrupción contra la expresidenta, entre otros acusados, encabezó un proyecto que proponía crear un «tribunal de ética para el juzgamiento del lawfare“. En aquel momento, cuando trancurría 2020, fuentes de la administración de Alberto Fernández sostvieron que la iniciativa de Barcesat era a título personal. “Siempre fue un desafiante. Esto es una locura de él, que nosotros no impulsamos”, había dicho a una alta fuente del entonces gobierno en referencia al plan de crear un tribunal de ética que juzgue a jueces y periodistas por su actuación en causas contra exfuncionarios políticos. Un dirigente cercano a Cristina Kirchner sostuvo lo mismo. Sin embargo, nadie quiso ponerse al frente de las críticas a la iniciativa.
Más allá de eso, sus inicios lo encuentran como afiliado al Partido Comunista (PC), hace cinco décadas.
En su currículum publicado en la página de Common Action Forum, Barcesat se presentaba como asesor de la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. En el kirchnerismo destacan el vínculo que cosechó con Julián Domínguez, expresidente de la Cámara.
En 2012, en un acto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), expuso sobre la necesidad de una reforma constitucional, en tiempos en que el ultrakirchnerismo postulaba que se habilitara la posibilidad de otro mandato de Cristina Kirchner. Él decía que eso no era “lo importante”, que lo importante era la integración latinoamericana, la tutela de los recursos naturales y los derechos humanos. Pero que habilitar otro mandato no era tampoco “una llamada a las puertas del infierno”. Su plan no prosperó.
Barcesat había participado de la redacción de la última reforma constitucional, en 1994. Fue convencional constituyente en representación del PC, por entonces en alianza con el Frente Grande, antecesor del Frepaso. Graciela Fernández Meijide era una de las principales dirigentes de ese movimiento. Ella y Barcesat se conocían desde hacía años.
“Lo conocí durante la dictadura. Barcesat era abogado en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Fue abogado mío en una querella que llevamos a la Corte contra la Obediencia Debida”, relató Fernández Meijide a en tiempos en los que el abogado impulsaba la idea del tribunal de ética. “Como abogado era muy bueno, tenía un profundo conocimiento de la ley. Por eso, toda su derivación posterior me llamó la atención -dijo entonces-. Por la calidad intelectual que yo le conocí, es un contrasentido total esta aventura de ser jueces éticos”.
Barcesat se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires, de la que fue también docente desde que era estudiante. Su carrera como profesor se interrumpió durante la dictadura militar. En ese momento, Barcesat era adjunto de Filosofía del Derecho en la cátedra de Jorge Rébori. Con el regreso de la democracia volvió a las aulas.
Siempre ejerció como abogado. Su primer estudio lo tuvo en Uruguay al 600 junto con Beinusz Szmukler, exconsejero de la Magistratura y presidente consultivo de la Asociación Americana de Juristas. “Trabajamos hasta que la dictadura nos obligó a separarnos como una medida de protección. Compartimos varios años de militancia común”, recordó hace unos años Szmukler, que militaba en el PC desde antes que Barcesat.
Muchos años más tarde, Barcesat encabezó otra aventura de voltaje político: fue abogado de Marta Holgado en su reclamo fracasado para ser reconocida como hija de Juan Domingo Perón.
amplió ayer su indagatoria,punto de conexión con el kirchnerismo,@CoronelGonorrea,https://t.co/4VrVqfASWG,pic.twitter.com/oNanJbfZyl,May 27, 2026,Sueños compartidos,Sergio Schoklender,Conforme a,,Fútbol y política. El Gobierno quiere evitar que los ministros viajen al Mundial,,»En mora». El Gobierno apeló la cautelar para postergar las deudas con los prestadores de discapacidad de PAMI,,Análisis. Un poder inesperado cubre la ausencia opositora,Sueños compartidos,,En el juicio. Schoklender declaró que Aníbal Fernández financió una “usina de denuncias contra Pro” y que Chávez aportó fondos a las Madres,,In memoriam,,»Hubo incumplimientos». Sergio Massa declaró como testigo en el juicio de Sueños Compartidos
POLITICA
La Justicia ordenó que Cristina Kirchner continúe cobrando su pensión de más de $15 millones mensuales por viudez
Cristina Kirchner volverá a cobrar desde agosto la pensión por viudez, por un monto de $15.683.154,06 brutos mensuales tras la decisión de la Cámara Federal de la Seguridad Socialque ordenó pagarle el beneficio a pesar de estar condenada en la causa Vialidad.
Así lo notificó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a la Justicia. El organismo adelantó que procederá al pago para cumplir con la sentencia, aunque continuará cuestionando la decisión en instancias superiores.
La prestación corresponde a una de las dos asignaciones reguladas por la ley 24.018, derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner, que habían sido dadas de baja en noviembre de 2024 tras la condena. La otra asignación, la correspondiente a su condición de expresidenta, permanece suspendida en virtud de esa misma sentencia.
En febrero pasado, la Cámara, integrada por Sebastián Russo y Juan Fantini, hizo lugar al pedido de restitución provisoria formulado por la expresidenta, tras revocar la decisión de primera instancia de la jueza Karina Alonso Candis, quien había denegado la medida cautelar.
Los camaristas consideraron aspectos de carácter alimentario para habilitar el pago mientras se resuelve el fondo de la demanda iniciada por CFK contra la resolución que dispuso las bajas.
Según la notificación enviada por la ANSES a la justicia previsional, el organismo procederá al restablecimiento del beneficio identificado con el número 47-6-8085213-0 a partir de agosto de 2026. Del monto bruto se descontarán los conceptos correspondientes a obra social e impuesto a las ganancias.
La prestación no incluye el adicional por zona austral que la expresidenta percibía hasta 2024, cuando declaraba domicilio en Santa Cruz pese a residir en la Ciudad de Buenos Aires.
Para acceder al pago provisorio, Cristina Kirchner prestó una caución juratoria, comprometiéndose a reparar el eventual daño al patrimonio público si la sentencia definitiva le resultara desfavorable. La ANSES había solicitado una caución real como condición para liquidar el beneficio, pero la justicia consideró cumplido el requisito con la garantía juratoria.
La batalla judicial por la pensión
La condena en la causa Vialidad, confirmada por la Corte Suprema, incluye seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En noviembre de 2024, la ANSES —dependiente del Ministerio de Capital Humano— dispuso la baja de los beneficios especiales que Cristina Kirchner percibía bajo el régimen de la Ley 24.018, tanto la asignación vitalicia por haber ejercido la Presidencia como la pensión por viudez.
La expresidenta promovió una acción judicial de nulidad contra esa resolución administrativa y solicitó la cautelar que finalmente le fue concedida.
Tanto la ANSES como el fiscal interpusieron recursos y, tras la denegación del recurso extraordinario, presentaron queja ante la Corte Suprema.
Días atrás, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, emitió un dictamen donde consideró que la Corte Suprema de Justicia debe intervenir en la causa.
Para el representante del MPF, la Corte debería apartarse de su criterio habitual de no intervenir en medidas precautorias no definitivas y declarar la inadmisibilidad de la orden de pago. “Esa condena por corrupción implica la imposibilidad de cobro de pensiones como las que el pronunciamiento apelado ordena pagar”, señaló al respecto.
Leé también: El Gobierno analiza limitar el mandato del Procurador General y acelera el plan para cubrir vacantes en la Justicia
Permitir que la expresidenta continúe con “el cobro de la asignación mensual vitalicia en su carácter de causahabiente del doctor Néstor Carlos Kirchner, lesiona de manera irremediable el principio de cosa juzgada, que constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional”, destacó Casal.
En esa línea, el procurador recordó que la condena penal firme dictada “implica la imposibilidad de cobro de pensiones como las que el pronunciamiento apelado ordena pagar“.
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POLITICA
Los gremios docentes aceptaron la oferta salarial de Axel Kicillof y se destraba el conflicto en Buenos Aires
LA PLATA.- Los docentes de la provincia de Buenos Aires aceptaron hoy la propuesta de suba salarial del gobierno bonaerense y se destraba el conflicto con el gobierno de Axel Kicillof, que este año ya enfrentó dos jornadas de paro.
La propuesta de una suba escalonada del 5% en julio, más un 2% en agosto fue aceptada por los congresos de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), que son mayoría en el Frente de Unidad Docente.
Suteba endureció su posición con el gobierno de Kicillof tras el reemplazo de Roberto Baradel por María Laura Torres como secretaria general. De modo que la aceptación de la propuesta salarial es un alivio para la gestión peronista de esta provincia.
Los docentes de este territorio suman 354.000 y son más de la mitad del total de los trabajadores públicos bonaerenses, que suman 530.000
Esta paritaria marca, en general, el ritmo del resto de las negociaciones gremiales.
La misma propuesta de los docentes se realizó a la Asociación de Trabajadores del Estado para los empleados enrolados en la ley 10.430 que rige a los empleados administrativos. Estos trabajadores también aceptaron un alza escalonada en dos meses.
Los empleados judiciales enrolados en la Asociación Judicial Bonaerense acordaron una suba con el gobierno para el primer trimestre y ahora esperan que se cierre una oferta para el segundo trimestre, al igual que los trabajadores de la sanidad.
Estos gremios serían convocados la semana que viene a negociar con el ministro de Economía de Buenos Aires, Pablo López.
La aceptación de la propuesta por parte de los docentes despeja la tensión con los gremios que han sido la mayor base de sustentación del gobierno de Kicillof desde que llegó al poder en 2019.
“Estamos muy satisfechos por haber llegado una vez más a un acuerdo salarial con los representantes gremiales”, remarcó López, funcionario de Kicillof.
El titular de la cartera económica dijo que valoran la labor de aquellos trabajadores que “garantizan la seguridad, la educación, la salud y todos los derechos y servicios que el Estado provincial provee” a los ciudadanos. Por esa razón, dijo López, el Ejecutivo bonaerense hizo “un enorme esfuerzo en materia salarial”.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Walter Correa, afirmó: “Este acuerdo tiene un fuerte valor político porque fue una propuesta integral. No solo dio respuesta a las condiciones salariales, sino que también incorporó avances fundamentales para las y los docentes y las y los estatales en materia de derechos y condiciones laborales”.
Enseguida agregó: “Demuestra que, con diálogo, negociación colectiva y decisión política, es posible ampliar derechos”.
Los acuerdos también incluyen, en el caso docente, la incorporación de una adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso a los trabajadores docentes, con el objeto de fortalecer las herramientas de prevención, resguardo y abordaje de estas situaciones, incorporando el tratamiento de los casos graves o complejos en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad y reforzando las acciones que corresponden al Estado provincial. Adicionalmente, el gobierno de Kicillof anunció que se creará la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”, con materiales gráficos, videos y de difusión. El programa incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, como así también acuerdos de convivencia y corresponsabilidad escuela-familia.
En el caso de la Ley 10.430, el acuerdo contempla también el pase a planta permanente para el personal ingresado entre 2024 y 2025, la modificación de los procesos de selección para cargos jerárquicos y la conformación de mesas técnicas para dar continuidad a la discusión de los convenios colectivos de trabajo, la carrera administrativa, entre otros temas.
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Con Karina Milei a la cabeza, la nueva mesa política se reunió en Casa Rosada para ordenar la agenda legislativa
“Yo me ocupo de la gestión y de la batalla cultural. ¿Quiere hablar de la política? Hable con mi hermana. Hable con la mesa política, con los que están remando en ese barco“, sostuvo esta mañana el presidente Javier Milei cuando le preguntaron respecto al armado electoral de La Libertad Avanza. Horas más tarde, el selecto grupo se reunió en las oficinas del Ministerio del Interior, ubicadas en la planta baja de Casa Rosada, para ordenó la agenda legislativa que iniciará con el tratamiento de las modificaciones en el proyecto de Inocencia Fiscal.
Una fuente asistente reveló a Infobae que el oficialismo intentará discutir la normativa la próxima semana en la Cámara de Diputados.
Se trató del primer encuentro de Diego Santilli en calidad de jefe de Gabinete, ya que hasta entonces había participado como titular de la cartera del Interior. Además, fue el debut del flamante secretario de Comunicación, Fabián Fernández, que participará por primera vez desde su designación.
El Gobierno trabaja en ajustar la hoja de ruta de las prioridades que contempla la reforma electoral, las modificaciones del régimen de zonas frías y los cambios en el articulado de Inocencia Fiscal. Lo hacen en pleno Mundial y en la antesala del receso invernal del Congreso.
Tras la salida de Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, logró sobreponerse al golpe, ordenar las piezas y ampliar su poder interno con el empoderamiento de Ignacio Devitt, el ascenso de Santilli y la incorporación de Fabián Fernández.
Si bien el intercambio estuvo previsto para las 17, la administración libertaria logró anticiparlo y se reunió dos horas y media, desde las 14, bajo la conducción de Karina Milei. Participaron Santilli, Fernández; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
En la previa a la reunión, un miembro del círculo contó ante este medio, el complejo escenario que supone la reforma electoral, en particular la idea de eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en función de los acuerdos con los aliados.
Entre “colectoras” y advertencias a los gobernadores, en el oficialismo reina la incertidumbre respecto a los apoyos con los que cuentan para la sanción de la normativa. “Hay tiempo. Hasta diciembre tenemos margen”, planteó un importante funcionario involucrado en el tema.
No obstante, algunos interlocutores violetas anticiparon ante este medio que la estrategia electoral se instrumentará en función de los apoyos legislativos. Aún con el cronograma por definir, el mensaje es claro: los aliados que no estén dispuestos a acompañar “no serán tenidos en cuenta para el armado”.
“Impulsamos una reforma electoral que es importante. Los que no la quieren tratar, está bien, pero lógicamente vamos a tener una consideración distinta con los que quieran”, planteó una fuente violeta. “Los acuerdos y la reforma están ligados. Naturalmente son temas que van de la mano en muchos casos”, coincidió otra voz del Poder Ejecutivo.
Todos los alfiles están comprometidos con la tarea, pero son Santilli y “Lule” Menem los que tienen a cargo las negociaciones con los gobernadores para destrabar el objetivo. Esta tarde, escoltarán al mandatario a la provincia de Tucumán para participar de la vigilia del Día de la Independencia.
Como contó este medio, serán de la partida más de una docena de mandatarios provinciales y se evalúa un potencial encuentro exprés en la previa a la ceremonia conmemorativa. Confirmaron asistencia Osvaldo Jaldo (Tucumán); Alfredo Cornejo (Mendoza); Juan Pablo Valdés (Corrientes); Marcelo Orrego (San Juan); Gustavo Sáenz (Salta); Raúl Jalil (Catamarca); Carlos Sadir (Jujuy); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Rolando Figueroa (Neuquén); Ignacio Torres (Chubut); Claudio Vidal (Santa Cruz); Leandro Zdero (Chaco) y Elias Suárez (Santiago del Estero).
Se espera además una fuerte presencia de ministros y legisladores libertarios, a excepción de la senadora Patricia Bullrich, quien fue invitada, pero por motivos personales no asistirá.
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