POLITICA
Un testigo complicó al exministro Ricardo Jaime en el juicio de los Cuadernos de las Coimas

“Estaba vestido más o menos. Pantalón de un color, el saco de otro. Había venido de Córdoba, creo que en micro. Parecía humilde”. Esa fue la primera imagen que un exfuncionario del Ministerio de Transporte se hizo de Ricardo Jaime cuando lo conoció en 2003, al inicio del gobierno de Néstor Kirchner.
“Fue notorio el cambio. De vestirse más o menos a aparecer con trajes de lujo”, siguió el testigo, que en el organigrama estatal respondía a Jaime. Ante los jueces del Tribunal Oral Federal N°2, el hombre contó que su exjefe pasó de dejarse invitar los almuerzos a ganarse entre sus empleados el apodo de “el señor de los anillos”, por estar “lleno de colgantes y oro”.
Quien recuerda al exministro de esa manera es Ricardo Alberto Cirielli, dirigente histórico de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) y exfuncionario del área de Transporte durante el gobierno de Néstor Kirchner.
En el tramo más relevante de su testimonio, pedido por la fiscal Fabiana León, hizo referencia a una secuencia que, según contó, se repetía aproximadamente cada 15 días: la puerta de uno de los ascensores del Ministerio se trababa, Jaime ingresaba con un bolso en la mano e iba a ver al “malo”, según relataba cuando se le preguntaba a dónde iba.
“Era un bolso de cuero, de 70 u 80 centímetros. Pesado. Se notaba cuando lo apoyaba en el ascensor. Expedientes no creo que llevara, capaz que sí”, dijo Cirielli, un gremialista que fue ladero de Luis Barrionuevo y Hugo Moyano, y crítico de los Kirchner a pesar de haber sido funcionario entre 2003 y 2007, a cargo de una subsecretaría.
El testigo también recordó que la secretaria privada de Jaime le confió en una oportunidad estar “preocupada” porque su jefe la mandaba al banco con un bolso cargado de billetes de baja denominación para cambiarlos por billetes grandes.
“Era un tipo bastante maltratador”, sostuvo Cirielli. Relató la historia de un mozo de nacionalidad peruana que tenía prohibido atender a Jaime por ser “morocho”. “Tenía esas cosas, Jaime”, dijo.
“Los trabajadores se quejaban porque los trataba mal. Por eso, cuando empezó a tener menos poder, los mismos empleados empezaron a contar las cosas que él hacía”, explicó.
Entre ellas mencionó la compra de un yate, a partir de lo que le había relatado una persona que trabajaba a su cargo y que habría hecho el trámite para importar uno de los motores.
La relación de Cirielli con Jaime se quebró cuando al Ministerio llegó una nota anónima que apuntaba contra el entonces secretario por un supuesto pedido de coimas. Por recomendación de alguien del área de legales, Cirielli denunció el hecho ante la SIGEN y la Oficina Anticorrupción, relató.
Entendió que su ciclo en el kirchnerismo estaba terminado cuando, al término del mandato de Néstor Kirchner, Jaime le cambió la cerradura de su despacho. “Yo me voy y queda Jaime. El tránsfuga de Jaime”, recordó.
Jaime acumula condenas en seis causas. En una de ellas, que fue por enriquecimiento ilícito, se secuestró un yate valuado valuado en un 1 millón de dólares, a nombre de una sociedad radicada en Dellaware, Dalia Ventures LL. La embarcación fue recuperada y quedó finalmente en manos de Prefectura.
En el juicio Cuadernos, la acusación contra el exfuncionario es por haber sido una pieza central de la recaudación en el ámbito de su competencia: transporte.
Entre otros señalamientos, la fiscalía le atribuye haber recibido de un empresario entregas anuales de 500.000 dólares en efectivo para garantizar que la firma Hidrovía S.A. mantuviera la concesión de obra pública por peaje.
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La Corte dejó firme una condena contra el Banco Provincia y sus directores por no reportar operaciones sospechosas

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena dictada contra el Banco Provincia de Buenos Aires y sus directivos para que paguen una multa impuesta por la Unidad de Información Financiera (UIF) por no haber reportado como sospechosas determinadas operaciones de clientes.
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó por inadmisibles los argumentos de la entidad y de los funcionarios sancionados.
El Banco Provincia planteaba su inmunidad frente a regulaciones federales amparadas en el Pacto de San José de Flores (PSJF), el acuerdo de paz firmado el 11 de noviembre de 1859 que permitió incorporar a la provincia de Buenos Aires a la estructura constitucional que el resto del país había aprobado en 1853.
Según su mirada, ese pacto brindaba inmunidad contra el poder de policía federal para la prevención del lavado de dinero, que ejerce la UIF en virtud de la Ley 25.246, y por ello el BPBA se encuentra exento de la imposición de cánones y sanciones.
Por Resolución 281/2018, la UIF aplicó multas a los miembros del Consejo de Administración, al oficial de cumplimiento y al Banco de la Provincia de Buenos Aires, por incumplimiento a la normativa antilavado.
Se les imputó no haber reportado operaciones sospechosas ni contar con sistemas de control y monitoreo establecidos por la UIF en su normativa.
A raíz del incumplimiento, que se habría producido entre 2010 y 2013, el organismo del Estado Nacional fijó multas a la entidad y a sus entonces directivos: Diego Rodrigo, José Pampuro (ya fallecido), Javier Mouriño, Omar Galdurralde, Rafael Perelmiter, Daniel Tillard, Gustavo Marangoni, Carlos Rafael Fernández y María Elena Helguera.
La entidad cuestionó la decisión: sostuvo que no había exigido infracción, que la normativa era demasiado indeterminada y que, por su carácter de banco provincial y por las garantías derivadas del Pacto de San José de Flores y de su Carta Orgánica, la normativa nacional no podía desplazar su régimen jurídico propio.
La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó las multas al sostener que el Banco Provincia se encuentra válidamente alcanzado por la Ley 25.246 y su normativa reglamentaria, y que la actuación de la UIF no vulnera el estatus jurídico especial del banco ni las prerrogativas derivadas del Pacto de San José de Flores, por tratarse de normas nacionales destinadas a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Contra ello, el Banco apeló la decisión. Y, tras oír la opinión de la Procuración General, la Corte Suprema desestimó por inadmisible el recurso de la entidad y dejó así firme la sentencia, salvo en el caso de Pampuro tras constatar su fallecimiento.
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Una diputada del PRO cuestionó los cambios en discapacidad: “No era lo que veníamos trabajando”

El PRO cuestionó los cambios sobre discapacidad incluidos por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto 2027 y reclamó un esquema permanente que garantice previsibilidad a las familias y los prestadores. Durante una entrevista en Infobae al Regreso, la diputada nacional Antonela Giampieri sostuvo que el partido continuará acompañando al oficialismo, aunque marcará límites cuando considere que las medidas se apartan de lo acordado.
“El Gobierno Nacional se equivocó al enviar, con el Presupuesto 2027, el texto que abordaba los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó la legisladora. Según explicó, la propuesta oficial se apartaba de un esquema que había sido conversado previamente entre los bloques aliados. “Se equivoca porque va en contra de las personas con discapacidad, va en contra de sus derechos y no era lo que veníamos trabajando”, sostuvo.
Giampieri remarcó que la postura del PRO no implica un quiebre con La Libertad Avanza. “Somos aliados responsables, que acompañamos al Gobierno Nacional en todos los proyectos porque creemos que es así. Y también le marcamos límites cuando no creemos que ese es el camino correcto”, afirmó.
Antonela Giampieri defendió una ley permanente para discapacidad
La diputada cuestionó la continuidad de los esquemas de emergencia y defendió una solución de largo plazo para el sector. “No se puede vivir de emergencia en emergencia ni de parche en parche con la discapacidad”, planteó.
El dictamen de mayoría trabajado en el Congreso incorpora el nomenclador a la ley, de manera que los aranceles que reciben los prestadores tengan un marco establecido. “Lo que hace es que el nomenclador, que es lo que determina el pago de los prestadores y establece un piso, quede en la ley”, explicó.
Además, el proyecto contempla una actualización mensual vinculada con la inflación. “Conseguimos que el nomenclador se actualice todos los meses por inflación para no volver a un sistema que ya lo vimos en el gobierno kirchnerista, donde quedaron desactualizados”, señaló.
Según Giampieri, el proyecto enviado originalmente por el Poder Ejecutivo contemplaba eliminar esa herramienta. “El Gobierno buscaba eliminar el nomenclador”, afirmó.

La iniciativa también mantiene la prestación y el arancel único y establece, para quienes trabajan, un límite de ingresos equivalente a dos salarios mínimos para acceder a las pensiones. A su vez, incorpora capacitaciones para el personal de los prestadores.
El PRO pidió eliminar el capítulo seis del Presupuesto 2027
Giampieri sostuvo que el bloque del PRO comenzó a trabajar sobre las modificaciones apenas conoció el contenido del Presupuesto y que el dictamen fue construido junto con legisladores de distintos espacios.
“Esto lo construimos entre todos, no es que volvió el Gobierno Nacional a enviar un nuevo proyecto”, sostuvo.
La legisladora señaló que el oficialismo aceptaría eliminar el capítulo seis, que contenía las derogaciones cuestionadas por el PRO. “El capítulo seis, sí, exacto”, respondió al ser consultada sobre ese punto.
Para Giampieri, las diferencias sobre discapacidad no deberían afectar el vínculo general entre los bloques. “Es una interna de ellos que no queremos que salpique a la gente con discapacidad”, afirmó.

El debate general sobre el Presupuesto 2027 continuará en la Cámara de Diputados y, según anticipó la legisladora, las rondas de discusión comenzarán el 13 de octubre.
Giampieri también pidió a los bloques que no acompañaron el dictamen de mayoría que reconsideren su posición. “Le pido a la oposición que hoy no firmó el dictamen de mayoría que pueda ver el cambio y que lo vote”, expresó.
Finalmente, aseguró que el PRO seguirá el cumplimiento de las medidas si el proyecto avanza: “El PRO va a seguir de cerca que el nomenclador se siga actualizando por IPC, que los pagos lleguen y que el cronograma de pagos a los prestadores por la compensación se cumpla”.
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Elecciones en la Argentina 2027: fechas, cargos que se renuevan y todo lo que hay que saber

En 2027 se desarrollarán las próximas elecciones presidenciales en la Argentina. En dicho acto democrático se deciden los distintos cargos políticos como presidente, vicepresidente y gobernador, entre otros.
La importancia de este suceso es de tal relevancia que los ciudadanos buscan saber cuándo se vota en la Argentina y qué se elige.
En caso de continuar la instancia de elecciones primarias, las PASO serían el 8 de agosto de 2027. Así está establecida por la ley 26.571, que indica que esta votación debe hacerse el segundo domingo de agosto.
La elección general presidencial, o primera vuelta, se debe efectuar dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Por lo tanto, la votación presidencial de 2027 se debe realizar el domingo 24 de octubre.
En caso de requerirse un balotaje o segunda vuelta electoral, este evento debe darse dentro de los 30 días de celebrada la anterior. Eso significa que el balotaje se haría en noviembre de ser necesario.
Qué se elige y qué cargo se renuevan en las elecciones 2027
En las próximas elecciones se elegirán presidente, vicepresidente y distintas cantidades de bancas del Congreso Nacional (130 diputados y 24 senadores).
Sin embargo, la jornada electoral de 2027 no se limitará únicamente a las autoridades nacionales. Los votantes elegirán al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, 21 provincias de Argentina definirán a sus próximos gobernadores. A ello se sumará la elección de intendentes y diversas autoridades locales, completando un amplio espectro de cargos.
Las jurisdicciones que eligen a sus máximas autoridades ejecutivas en 2027 son:
Cuándo se vota para presidente en la Argentina
Según la legislación vigente, el día de las elecciones generales debe llevarse a cabo el cuarto domingo de octubre, asegurando una fecha preestablecida para el electorado. De esta manera, las elecciones serían el domingo 24 de octubre de 2027.
El Título III del Código Electoral Nacional, sobre los actos preelectorales establece las normas sobre la convocatoria y fecha de elecciones. “La elección de cargos nacionales se realizará el cuarto domingo de octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos, sin perjuicio de las previsiones del artículo 148″, remarca la normativa.
A su vez, la legislación detalla sobre los plazos y la forma. “La convocatoria deberá hacerse con 90 días, por lo menos, de anticipación” y expresará:
Qué pasará con las PASO
El oficialismo busca una reforma electoral que termine con las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). Para ello la Constitución Nacional exige el apoyo de la mayoría absoluta en el Congreso, es decir la mitad más uno de la totalidad de sus miembros. En el caso del Senado, implica el voto afirmativo de 37 senadores.
Al momento, el oficialismo cuenta con 21 legisladores afines para eliminar las elecciones primarias; esto significa que le falta convencer a 16 senadores de otros espacios políticos.
Cuáles son las condiciones para evitar el balotaje
Según los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional, para que un candidato se imponga en primera vuelta debe sumar el 45% de los votos totales u obtener al menos el 40% y superar al contrincante más cercano por más de diez puntos porcentuales de diferencia.
De no cumplirse estas condiciones, se lleva a cabo una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados en los comicios generales. El ganador del balotaje será quien ocupe el sillón de Rivadavia, sin importar la diferencia de votos entre ambos postulantes.
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