INTERNACIONAL
Una llamada, una desaparición y un crimen que conmocionó a México: el femicidio de María Fernanda Contreras
En la noche del 3 de abril de 2022, María Fernanda Contreras Ruiz llamó a su familia para avisar que estaba volviendo a su casa. Tenía 27 años, vivía en Nuevo León y había pasado el día con amigos antes de dirigirse al municipio de Apodaca. Esa fue la última vez que sus seres queridos tuvieron noticias de ella.
Su desaparición activó una búsqueda que se extendió durante varios días y que rápidamente captó la atención de todo México. En un contexto donde crecían las denuncias de mujeres desaparecidas en Nuevo León, el caso generó una fuerte conmoción social.
Finalmente, las autoridades encontraron su cuerpo en una casa de Apodaca y la investigación reveló que había sido asesinada por una persona a la que conocía y en quien confiaba.
La desaparición
María Fernanda Contreras Ruiz era egresada del Instituto Tecnológico de Monterrey y trabajaba en una empresa de logística del sector privado. Sus seres queridos le decían “Marifer” de cariño y todos la destacaban por su bondad y calidez.
El domingo 3 de abril de 2022 pasó parte del día con un grupo de amigos en Monterrey. Según reconstruyeron posteriormente las autoridades y su familia, durante la jornada se dirigió hasta Apodaca para acompañar a un conocido que supuestamente estaba interesado en comprar un auto.
María Fernanda Contreras tenía 27 años cuando fue asesinada. (Foto: El País)
Su padre, Luis Carlos Contreras, confirmó más tarde que la joven efectivamente fue a ese encuentro. Durante la noche, entre las 20 y las 21 horas, María Fernanda se comunicó con su mamá para avisarle que pronto volvería a casa. Pese a ello, fue el último contacto que tuvo con ella.
Al día siguiente, al advertir que no había llegado y que nadie podía comunicarse con ella, la familia denunció su desaparición. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León emitió una ficha de búsqueda y comenzó un operativo para intentar localizarla.
El caso generó una gran movilización social. En aquellos meses, Nuevo León atravesaba una fuerte preocupación por la desaparición de mujeres jóvenes, una situación que había alcanzado notoriedad nacional luego de otros 15 casos ocurridos en la región.
Las primeras pistas
En primer lugar, los investigadores comenzaron a rastrear los movimientos de María Fernanda durante sus últimas horas. Una de las primeras novedades surgió el 6 de abril, cuando fue encontrado su vehículo, un Mazda 3 blanco modelo 2017.
El auto apareció estacionado en una calle cercana al Palacio de Justicia de Nuevo León, en Apodaca. Este hallazgo hizo crecer la esperanza de encontrarla con vida, pero también reforzó la hipótesis de que había sido víctima de un delito.
Mientras avanzaban las tareas de búsqueda, los especialistas analizaron datos de telefonía celular y geolocalización. El GPS del teléfono de la joven permitió identificar zonas de interés para la investigación y orientó una serie de allanamientos en distintos domicilios del municipio.
Las autoridades inspeccionaron varias propiedades relacionadas con las últimas ubicaciones registradas por el celular. Cada procedimiento aumentaba la expectativa de familiares y voluntarios que seguían de cerca el operativo.
El hallazgo del cuerpo
La búsqueda llegó a un desenlace trágico el 7 de abril. En uno de los allanamientos realizados en una casa de la colonia Ex Hacienda Santa Rosa, en Apodaca, los investigadores encontraron el cuerpo de una mujer.
Posteriormente, las pruebas genéticas realizadas por peritos confirmaron que se trataba de María Fernanda Contreras Ruiz. Los padres de la víctima. (Foto: Instagram)
La noticia provocó una profunda conmoción en Nuevo León y en todo México. Durante días, miles de personas habían compartido su foto en redes sociales y participado en campañas para localizarla.
La fiscalía informó que la causa de muerte había sido una contusión profunda de cráneo. El dato revelaba que la joven había sufrido una agresión extremadamente violenta.
Tras comunicar oficialmente el resultado de las pruebas a la familia, las autoridades confirmaron públicamente la identidad de la víctima. El hallazgo transformó la investigación por desaparición en una causa por femicidio.
La investigación
A medida que los investigadores reconstruían las últimas horas de María Fernanda, las sospechas comenzaron a concentrarse sobre una persona que formaba parte de su círculo de confianza.
La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres reunió una importante cantidad de pruebas para sostener la acusación. Se incorporaron registros fotográficos, videos, análisis de telefonía celular y distintos elementos obtenidos durante los allanamientos realizados en Apodaca.
La evidencia permitió establecer que el 3 de abril de 2022 María Fernanda había llegado a una casa de la colonia Ex Hacienda Santa Rosa acompañada por Raúl Alfredo “N”, un excompañero de trabajo en quien confiaba. Raúl Alfredo «N» se convirtió en el principal sospechoso por el femicidio de Marifer Contreras. (Foto: Fiscalía de Nueva León)
De acuerdo con la investigación, la joven accedió a acompañarlo porque mantenían una relación de amistad previa. Esa confianza fue un elemento central para comprender cómo terminó en el lugar donde ocurrió el crimen.
El expediente estableció que existía una disputa económica entre ambos, ya que María Fernanda le había prestado dinero y le reclamaba la devolución de la deuda. Los investigadores concluyeron que, ante la presión para pagar lo adeudado, el hombre la atacó violentamente.
La agresión habría consistido en múltiples golpes que terminaron provocándole una contusión profunda de cráneo, lesión que causó su muerte.
El impacto social
El asesinato de María Fernanda ocurrió en un contexto particularmente sensible para la sociedad mexicana.
Durante esas semanas, los casos de mujeres desaparecidas en Nuevo León ocupaban diariamente los titulares de los medios. La desaparición y muerte de María Fernanda coincidió temporalmente con otros episodios que despertaron una enorme preocupación pública, entre ellos los casos de Yolanda Martínez Cadena y Debanhi Escobar.
El femicidio de Debanhi Escobar fue otro de los casos que conmocionó a México. (Foto: Excélsior)
La acumulación de denuncias provocó protestas, reclamos de organizaciones feministas y cuestionamientos sobre la seguridad de las mujeres en el estado.
Datos oficiales de la época mostraban que, solo en los primeros meses de 2022, cientos de mujeres habían sido reportadas como desaparecidas en Nuevo León. Si bien muchas fueron localizadas con vida, varios casos permanecían sin resolver y otros terminaron de manera trágica.
En ese escenario, la familia de María Fernanda impulsó campañas permanentes para exigir justicia y evitar que el crimen quedara impune.
La condena
Después de meses de investigación y del proceso judicial correspondiente, la causa llegó a juicio.
El Ministerio Público presentó el amplio conjunto de pruebas reunidas por la Fiscalía Especializada en Feminicidios, incluyendo declaraciones testimoniales, peritajes científicos, evidencia tecnológica y material audiovisual. Raúl Alfredo «N» fue condenado a 56 años de prisión por el femicidio de María Fernanda Contreras. (Foto: Proceso)
Finalmente, en septiembre de 2023, la Justicia de Nuevo León declaró culpable a Raúl Alfredo “N” por el asesinato de María Fernanda Contreras Ruiz. El tribunal le impuso una condena de 56 años y tres meses de prisión.
Para la familia de María Fernanda, el fallo representó el cierre de una larga búsqueda de justicia iniciada desde el momento en que dejaron de tener noticias de ella. Sin embargo, el caso continúa siendo recordado como uno de los crímenes más impactantes ocurridos en Nuevo León en los últimos años.
México, Femicidio
INTERNACIONAL
Trump scores victory despite growing GOP divide after Senate passes $70B ICE, Border Patrol funding package
Senate scraps border and ICE funding vote
Fox News chief congressional correspondent Chad Pergram reports on the pushback against President Donald Trump’s ‘anti-weaponization fund’ on ‘The Bottom Line.’
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Senate Republicans managed to stitch together a unified front to advance President Donald Trump’s roughly $70 billion immigration enforcement package, but divisions over the president’s agenda were laid bare after a marathon day of votes.
Passage of the budget reconciliation package geared toward funding Immigration and Customs Enforcement (ICE) and Border Patrol for the next three and a half years closes a long, drawn out chapter in the Senate that began during the longest shutdown in history.
It’s a point that Senate Republicans tried to return to throughout the day, reiterating that Senate Minority Leader Chuck Schumer, D-N.Y., and Democrats had forced their hands after refusing to fund immigration operations without a plethora of reforms.
DOZEN GOP REBELS FAIL TO PERMANENTLY KILL TRUMP’S CONTROVERSIAL $2B FUND
President Donald Trump speaks to the press in the Oval Office of the White House in Washington, D.C., on June 3, 2026. (Mandel Ngan/AFP)
«Democrats would not agree to anything, and eventually they walked away altogether, presumably because they thought that it would serve them better to have an issue for November,» Senate Majority Leader John Thune, R-S.D., said.
But the day, and preceding weeks, were dominated by a growing rift between Senate Republicans and the Trump administration that threatened to blow up the process altogether.
First, it was the inclusion of $1 billion in funding for security upgrades to Trump’s ballroom, which was later stripped out.
Then, it was the Department of Justice’s (DOJ) announcement that a nearly $2 billion «anti-weaponization» fund was being launched to allow people who felt targeted by the government to make a claim from the pot of taxpayer money.
GOP ADVANCES ICE FUNDING PACKAGE AFTER FORCING TRUMP’S CONTROVERSIAL $2B FUND INTO RETREAT
Senate Health, Education, Labor and Pensions Committee Chairman Bill Cassidy questions National Institutes of Health Director Jayanta Bhattacharya during a hearing at the Dirksen Senate Office Building on Capitol Hill in Washington, D.C., on Feb. 3, 2026. (Chip Somodevilla/Getty Images)
Several Senate Republicans worried that the money could be accessed by Jan. 6, 2021, rioters who were convicted of assaulting police.
Schumer and Democrats leaned into that open wound and spent much of the marathon, «vote-a-rama» vote series trying to spell a permanent end to the fund, despite acting Attorney General Todd Blanche vowing that the administration would no longer pursue it.
«Do we believe that Donald Trump, who has lied to us day in and day out, do we believe that he will be able to resist getting his sticky fingers in the slush fund when it would benefit himself and his family? No way, no way,» Schumer said.
GOP LEVERAGES ICE FUNDING PACKAGE TO MAKE TRUMP’S CONTROVERSIAL $2B FUND ‘NEVER EXIST’
Many of the amendments pushed by Democrats placed Republicans in tough bids for reelection, Sens. Susan Collins, R-Maine, Jon Husted, R-Ohio, and Dan Sullivan, R-Alaska, into politically challenging positions.
Republicans tried to kill it, too, causing tensions on the Senate floor to rise.
«It’s not that tense,» Sen. John Kennedy, R-La., said. «I mean, I’ve seen worse. Nobody’s stabbed anybody yet.»
Still, the process nearly came to a grinding halt because of the fund at the start of the marathon vote series when Sen. Bill Cassidy, R-La., and others wanted to ensure that GOP attempts to end the fund would get a vote, too.
«I just wanted to optimize the chances of success,» Cassidy said of the delay.
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Ultimately, despite a dozen Republicans voting for Sen. Thom Tillis’, R-N.C., amendment, and X voting for Cassidy’s, all attempts to thwart future bids to revive the fund failed.
The ballroom also came back into the picture when six Republicans joined Senate Democrats to prevent construction on the colossal structure from going forward without congressional approval.
Then there was an attempt by Sen. Lindsey Graham, R-S.C., to attach the SAVE America Act to the reconciliation package, which met Republican resistance and ultimately failed, too.
The package now heads to the House, where Republicans are expected to pass it by the end of the week.
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INTERNACIONAL
Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y más de 200 drones contra varias regiones de Ucrania: al menos cuatro muertos
Al menos cuatro personas murieron en Ucrania tras una nueva serie de ataques de Rusia en distintas regiones tras los informes de las autoridades locales. Las recientes hostilidades de Moscú, desde la noche del jueves hasta la madrugada del viernes, surgen tras la ofensiva de Kiev contra la terminal petrolera de San Petesburgo, ciudad natal del presidente ruso Vladimir Putin.
En la ciudad de Kherson, ubicada en el sur del país, un hombre de 75 años falleció tras un bombardeo con drones durante la noche del jueves, informó Yaroslav Shanko, jefe de la administración militar local. Mientras tanto, en Zaporizhzhia, una mujer murió y otras 16 personas resultaron heridas en un ataque similar, de acuerdo con los servicios de emergencia citados por Reuters.
En el distrito de Pavlograd, en la región de Dnipro, otra mujer murió como consecuencia de ataques combinados de drones y artillería, señaló el gobernador regional Oleksandr Ganzha en un mensaje publicado en Telegram. El ataque dejó además varios daños materiales, según detalló la autoridad.
Rusia también atacó la región de Odesa con vehículos aéreos no tripulados durante la madrugada. Varias viviendas e infraestructura crítica resultaron afectadas y, como consecuencia de los ataques, se produjeron incendios que los bomberos extinguieron rápidamente. Psicólogos del Servicio Estatal de Emergencias trabajaron en el lugar, brindando apoyo a los residentes afectados por el bombardeo.
Según el servicio de emergencias de la región, una persona resultó herida. Las labores de rescate, en las cuales se vieron involucrados 56 rescatistas y 13 unidades de equipo, fueron dificultadas por las repetidas alarmas aéreas.
La Fuerza Aérea de Ucrania reportó que durante la noche del 4 al 5 de junio, las defensas aéreas lograron derribar o neutralizar 198 drones enemigos de los modelos Shahed, Gerbera, Italmas, así como otros tipos de vehículos aéreos no tripulados, en las regiones norte, sur y este del país. El ataque incluyó el lanzamiento de dos misiles aéreos guiados J-59/69 desde la región ocupada de Zaporizhzhia y el despliegue de 216 drones kamikaze y modelos de imitación desde varias direcciones, entre ellas Orel, Kursk, Briansk, Primorsko-Ajtarsk en Rusia y Chaudá en Crimea ocupada.
Las operaciones de defensa involucraron aviación, unidades antiaéreas, sistemas de guerra electrónica y equipos móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania. Según el informe, hasta las 07:30 de este viernes se registraron impactos de 16 drones en 13 ubicaciones, además de la caída de restos de aparatos derribados en 12 lugares. Las autoridades indicaron que los misiles aéreos guiados no alcanzaron sus objetivos. El parte oficial advirtió que la ofensiva continuaba con drones enemigos todavía presentes en el espacio aéreo e instó a la población a respetar las normas de seguridad.
Vladimir Putin aseguró el jueves que su país está dispuesto a alcanzar un acuerdo pacífico para poner fin a la guerra contra Ucrania. Según la oficina del mandatario, declaró: “Sin duda, estamos listos y dispuestos a llegar a un acuerdo con Ucrania por medios pacíficos, basándonos en lo que discutimos en la reunión con el presidente (Donald) Trump en Anchorage. En esa reunión, se plantearon ciertas cuestiones a Rusia para que pudiéramos acordar ciertas concesiones”.
Sin embargo, Moscú solicitó a Estados Unidos, país mediador entre las partes, que presionara a Ucrania para retirarse del Donbás, territorio que abarca las regiones de Lugansk y Donetsk, una acción que Kiev reiteradamente descarta realizar durante las conversaciones para poner fin a la invasión.
A pesar de la falta de avances significativos en las conversaciones de paz, el mandatario ruso cambió su postura firme hacia el diálogo en paralelo al aumento de los ataques ucranianos contra infraestructuras militares y energéticas rusas en los últimos meses. El 9 de mayo, durante una conferencia de prensa en el Kremlin tras las celebraciones del Día de la Victoria, Putin afirmó: “Creo que la guerra (en Ucrania) está llegando a su fin”.
(Con información de )
Business,Domestic Politics,Corporate Events,Europe,Government / Politics
INTERNACIONAL
SEE IT: Lavish $35M mansion bought by tech CEO accused of feeding US gear to Iran’s nuclear machine
Dan Hoffman on tech CEO accused of sending secret shipments to Iran
Former CIA station chief Dan Hoffman weighs in on the alleged decade-long scheme where tech CEO Jamshid Ghomi sold U.S. computer networking parts to Iran. Hoffman emphasizes the counter-intelligence success by the FBI in exposing the tech scheme. He discusses the potential damage to U.S. national security and Iran’s ability to augment its nuclear program with U.S. technology.
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A dual U.S.-Iranian citizen accused of helping Iran’s military and nuclear program obtain sensitive American technology used millions of dollars in illicit proceeds from the scheme to fund the construction of his Newport Beach mansion, federal prosecutors said Wednesday.
Jamshid Ghomi, 63, an Iranian-American businessman who lives in Newport Coast, California, was charged with conspiracy to violate U.S. sanctions laws by supplying export-restricted American networking, security and encryption equipment to customers in Iran, including entities tied to the country’s military and nuclear enrichment programs.
«As alleged, Ghomi enriched himself by supplying U.S. technology to the Atomic Energy Organization of Iran and other sanctioned entities responsible for Iran’s nuclear program,» Assistant Attorney General for National Security John A. Eisenberg said in a statement.
The arrest comes amid a broader federal crackdown on Iranian procurement networks and intelligence operations. In recent years, federal authorities have charged multiple Iranian nationals and operatives accused of obtaining U.S. technology for military purposes and acting on behalf of the Iranian government.
US SANCTIONS MONEY LAUNDERING NETWORK AIDING IRAN AS REGIME FACES NUCLEAR REPRIMAND AT IAEA
Ghomi’s $35 million mansion, reportedly financed in part with proceeds from the illicit sale of American technology to the Iranian government. (Justice Department)
Ghomi is the founder and CEO of Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR), a Tehran-based technology company that, according to court documents, spent more than a decade acquiring sophisticated U.S. equipment and funneling it to Iranian government entities through intermediaries in the United Arab Emirates.
Investigators say the alleged sanctions-evasion scheme generated millions of dollars for Ghomi, who then took steps to disguise the money’s origin before moving it into the United States.
He laundered proceeds from his Iran-based business through a network of offshore companies and exchange houses located in the British Virgin Islands, Hong Kong, Turkey and the UAE, according to the complaint.
Prosecutors contend that over a 13-year period, more than $15 million tied to Ghomi’s Iran-based business flowed into American financial accounts, including accounts used to finance construction of his Newport Coast residence.
Authorities say many of the transfers contained false descriptions such as «Buying Goods» and «For Consulting Fees.» Prosecutors further allege Ghomi falsely reported the incoming funds to the IRS as a foreign inheritance while reporting little income on his federal tax returns.
‘NEPO BABIES OF IRAN’S REGIME’ EXPOSES LAVISH LIVES OF IRANIAN LEADERS’ CHILDREN LIVING IN THE WEST
Jamshid Ghomi is accused by federal prosecutors of helping Iranian military and nuclear-linked entities obtain sensitive U.S. technology and using proceeds from the scheme to fund the construction of his Newport Beach mansion. (DOJ District of California)
Court documents show his highest reported annual income was approximately $20,684. Authorities also say he claimed the Earned Income Tax Credit, a tax benefit intended for low- and moderate-income workers, in multiple tax years.
Meanwhile, investigators say Ghomi was building and residing in a 14,000-square-foot Newport Coast mansion valued at roughly $35 million. Ghomi purchased a vacant lot in 2010 for roughly $4.5 million and spent more than $10 million constructing the residence. Federal authorities allege more than $7 million in foreign-source wire transfers linked to the sanctions-evasion scheme flowed into escrow accounts used to finance his mansion construction.
«Ghomi is accused of aiding our declared enemies by selling U.S.-origin computer networking parts to Iran and earning millions of dollars in violation of U.S. sanction laws,» First Assistant U.S. Attorney Bill Essayli said. «Our nation’s laws prohibiting doing business with one of the world’s largest state sponsors of terrorism must be enforced and obeyed.»
Investigators allege FPR supplied American-made networking, security and encryption products to some of the Iranian regime’s most sensitive organizations, including the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), the Ministry of Defense and Armed Forces Logistics, Iran Computer Industries and other military-affiliated entities.
An aerial shot of the mansion belonging to Ghomi. Federal prosecutors allege that it was financed in part with proceeds from a scheme to illegally export U.S. technology to Iran. (Justice Department)
According to prosecutors, FPR supplied U.S.-origin networking equipment to the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) from 2017 through 2023. The agency oversees Iran’s nuclear program, including uranium enrichment and centrifuge operations, and was sanctioned by the U.S. State Department in 2020.
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Ghomi is also accused of supplying more than 250 metric tons of networking and computer equipment to Iran between 2014 and 2018 alone. Prosecutors say he made hundreds of purchases of restricted American technology and knowingly violated U.S. sanctions while taking deliberate steps to conceal the operation.
Investigators say Ghomi worked to ensure shipments were routed through UAE-based front companies to conceal their true destination and instructed associates to keep his name off invoices and shipping documents.
If convicted, he could face up to 20 years in prison.
nuclear proliferation, fbi, cybercrime, iran, sanctions, politics
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