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Una llamada, una desaparición y un crimen que conmocionó a México: el femicidio de María Fernanda Contreras

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En la noche del 3 de abril de 2022, María Fernanda Contreras Ruiz llamó a su familia para avisar que estaba volviendo a su casa. Tenía 27 años, vivía en Nuevo León y había pasado el día con amigos antes de dirigirse al municipio de Apodaca. Esa fue la última vez que sus seres queridos tuvieron noticias de ella.

Su desaparición activó una búsqueda que se extendió durante varios días y que rápidamente captó la atención de todo México. En un contexto donde crecían las denuncias de mujeres desaparecidas en Nuevo León, el caso generó una fuerte conmoción social.

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Finalmente, las autoridades encontraron su cuerpo en una casa de Apodaca y la investigación reveló que había sido asesinada por una persona a la que conocía y en quien confiaba.

La desaparición

María Fernanda Contreras Ruiz era egresada del Instituto Tecnológico de Monterrey y trabajaba en una empresa de logística del sector privado. Sus seres queridos le decían “Marifer” de cariño y todos la destacaban por su bondad y calidez.

El domingo 3 de abril de 2022 pasó parte del día con un grupo de amigos en Monterrey. Según reconstruyeron posteriormente las autoridades y su familia, durante la jornada se dirigió hasta Apodaca para acompañar a un conocido que supuestamente estaba interesado en comprar un auto.

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María Fernanda Contreras tenía 27 años cuando fue asesinada. (Foto: El País)

Su padre, Luis Carlos Contreras, confirmó más tarde que la joven efectivamente fue a ese encuentro. Durante la noche, entre las 20 y las 21 horas, María Fernanda se comunicó con su mamá para avisarle que pronto volvería a casa. Pese a ello, fue el último contacto que tuvo con ella.

Al día siguiente, al advertir que no había llegado y que nadie podía comunicarse con ella, la familia denunció su desaparición. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León emitió una ficha de búsqueda y comenzó un operativo para intentar localizarla.

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El caso generó una gran movilización social. En aquellos meses, Nuevo León atravesaba una fuerte preocupación por la desaparición de mujeres jóvenes, una situación que había alcanzado notoriedad nacional luego de otros 15 casos ocurridos en la región.

Las primeras pistas

En primer lugar, los investigadores comenzaron a rastrear los movimientos de María Fernanda durante sus últimas horas. Una de las primeras novedades surgió el 6 de abril, cuando fue encontrado su vehículo, un Mazda 3 blanco modelo 2017.

El auto apareció estacionado en una calle cercana al Palacio de Justicia de Nuevo León, en Apodaca. Este hallazgo hizo crecer la esperanza de encontrarla con vida, pero también reforzó la hipótesis de que había sido víctima de un delito.

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Mientras avanzaban las tareas de búsqueda, los especialistas analizaron datos de telefonía celular y geolocalización. El GPS del teléfono de la joven permitió identificar zonas de interés para la investigación y orientó una serie de allanamientos en distintos domicilios del municipio.

Las autoridades inspeccionaron varias propiedades relacionadas con las últimas ubicaciones registradas por el celular. Cada procedimiento aumentaba la expectativa de familiares y voluntarios que seguían de cerca el operativo.

El hallazgo del cuerpo

La búsqueda llegó a un desenlace trágico el 7 de abril. En uno de los allanamientos realizados en una casa de la colonia Ex Hacienda Santa Rosa, en Apodaca, los investigadores encontraron el cuerpo de una mujer.

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Posteriormente, las pruebas genéticas realizadas por peritos confirmaron que se trataba de María Fernanda Contreras Ruiz.

Los padres de la víctima. (Foto: Instagram)

Los padres de la víctima. (Foto: Instagram)

La noticia provocó una profunda conmoción en Nuevo León y en todo México. Durante días, miles de personas habían compartido su foto en redes sociales y participado en campañas para localizarla.

La fiscalía informó que la causa de muerte había sido una contusión profunda de cráneo. El dato revelaba que la joven había sufrido una agresión extremadamente violenta.

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Tras comunicar oficialmente el resultado de las pruebas a la familia, las autoridades confirmaron públicamente la identidad de la víctima. El hallazgo transformó la investigación por desaparición en una causa por femicidio.

La investigación

A medida que los investigadores reconstruían las últimas horas de María Fernanda, las sospechas comenzaron a concentrarse sobre una persona que formaba parte de su círculo de confianza.

La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres reunió una importante cantidad de pruebas para sostener la acusación. Se incorporaron registros fotográficos, videos, análisis de telefonía celular y distintos elementos obtenidos durante los allanamientos realizados en Apodaca.

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La evidencia permitió establecer que el 3 de abril de 2022 María Fernanda había llegado a una casa de la colonia Ex Hacienda Santa Rosa acompañada por Raúl Alfredo “N”, un excompañero de trabajo en quien confiaba.

Raúl Alfredo "N" se convirtió en el principal sospechoso por el femicidio de Marifer Contreras. (Foto: Fiscalía de Nueva León)

Raúl Alfredo «N» se convirtió en el principal sospechoso por el femicidio de Marifer Contreras. (Foto: Fiscalía de Nueva León)

De acuerdo con la investigación, la joven accedió a acompañarlo porque mantenían una relación de amistad previa. Esa confianza fue un elemento central para comprender cómo terminó en el lugar donde ocurrió el crimen.

El expediente estableció que existía una disputa económica entre ambos, ya que María Fernanda le había prestado dinero y le reclamaba la devolución de la deuda. Los investigadores concluyeron que, ante la presión para pagar lo adeudado, el hombre la atacó violentamente.

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La agresión habría consistido en múltiples golpes que terminaron provocándole una contusión profunda de cráneo, lesión que causó su muerte.

El impacto social

El asesinato de María Fernanda ocurrió en un contexto particularmente sensible para la sociedad mexicana.

Durante esas semanas, los casos de mujeres desaparecidas en Nuevo León ocupaban diariamente los titulares de los medios. La desaparición y muerte de María Fernanda coincidió temporalmente con otros episodios que despertaron una enorme preocupación pública, entre ellos los casos de Yolanda Martínez Cadena y Debanhi Escobar.

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El femicidio de Debanhi Escobar fue otro de los casos que conmocionó a México. (Foto: Excélsior)

El femicidio de Debanhi Escobar fue otro de los casos que conmocionó a México. (Foto: Excélsior)

La acumulación de denuncias provocó protestas, reclamos de organizaciones feministas y cuestionamientos sobre la seguridad de las mujeres en el estado.

Datos oficiales de la época mostraban que, solo en los primeros meses de 2022, cientos de mujeres habían sido reportadas como desaparecidas en Nuevo León. Si bien muchas fueron localizadas con vida, varios casos permanecían sin resolver y otros terminaron de manera trágica.

En ese escenario, la familia de María Fernanda impulsó campañas permanentes para exigir justicia y evitar que el crimen quedara impune.

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La condena

Después de meses de investigación y del proceso judicial correspondiente, la causa llegó a juicio.

El Ministerio Público presentó el amplio conjunto de pruebas reunidas por la Fiscalía Especializada en Feminicidios, incluyendo declaraciones testimoniales, peritajes científicos, evidencia tecnológica y material audiovisual.

Raúl Alfredo "N" fue condenado a 56 años de prisión por el femicidio de María Fernanda Contreras. (Foto: Proceso)

Raúl Alfredo «N» fue condenado a 56 años de prisión por el femicidio de María Fernanda Contreras. (Foto: Proceso)

Finalmente, en septiembre de 2023, la Justicia de Nuevo León declaró culpable a Raúl Alfredo “N” por el asesinato de María Fernanda Contreras Ruiz. El tribunal le impuso una condena de 56 años y tres meses de prisión.

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Para la familia de María Fernanda, el fallo representó el cierre de una larga búsqueda de justicia iniciada desde el momento en que dejaron de tener noticias de ella. Sin embargo, el caso continúa siendo recordado como uno de los crímenes más impactantes ocurridos en Nuevo León en los últimos años.

México, Femicidio

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Trump admin fires US attorney in Seattle minutes after he was appointed

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

The Trump administration took the fight over who controls U.S. attorney appointments to a whole new level, firing a Seattle-based prosecutor less than an hour after he was picked for the job without the blessing of the administration.

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«District court judges can appoint a temporary U.S. Attorney, and POTUS can fire them,» acting Attorney General Todd Blanche wrote Wednesday on X as he was testifying before the Senate in his confirmation hearing, calling out a U.S. District Court for the Western District of Washington state panel for elevating Judge Roger Rogoff to be the top federal prosecutor in Seattle.

«WDWA judges abandoned the time-honored process of consultation with the administration so that the selected U.S. Attorney is qualified to serve in the administration,» Blanche said. «Roger Rogoff has been fired by the President.»

That post came after Rogoff, 57, a former King County Superior Court judge and longtime state and federal prosecutor, was sworn in before 8 a.m. local time at the federal courthouse in downtown Seattle as U.S. attorney for the Western District of Washington.

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TRUMP’S AG NOMINEE RACKS UP MASSIVE SUPPORT AHEAD OF CONFIRMATION HEARING: ‘REAL RESULTS’

Judge Roger Rogoff spent 20 years as a state prosecutor and six as a federal prosecutor before becoming a state judge, and admitted he knew the administration might fire him immediately but did not reject taking on «the best job there is.» (Ted S. Warren/AP)

He then went to the U.S. Attorney’s Office and asked to meet with Charles Neil Floyd, the Trump administration’s preferred choice for the job, whose 120-day interim term expired in February.

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While Rogoff waited in the lobby, he received an email notifying him that Trump had removed him from office.

Rogoff’s situation was not mentioned in Blanche’s Senate confirmation hearing Wednesday, but Blanche is back before the Senate again Thursday and Rogoff now might be a notable topic of discussion during his confirmation process.

BIDEN JUDGE REJECTS TRUMP’S SANCTUARY CITIES LAWSUIT, SAYS EVEN A WIN WOULDN’T SOLVE DOJ’S PROBLEM

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The quick dismissal came after all 17 active and senior federal judges in the deep-blue district appointed Rogoff to the vacancy. The judges, appointed by five presidents (10 by Democrats and seven by Republicans), had opened an application process after the administration did not send Floyd’s nomination to the Senate and instead kept him in place by making him first assistant U.S. attorney while leaving the top job vacant.

U.S. attorneys, who serve as the Justice Department’s chief federal prosecutors in each district, are normally nominated by the president and confirmed by the Senate. Federal law allows the attorney general to name an interim U.S. attorney for 120 days. If that period expires without a confirmed nominee, district judges may appoint someone to serve until the vacancy is filled.

Because of obstruction by Democrats in the narrowly held Senate, the Trump administration has resorted to using acting titles and other personnel moves to keep its prosecutors in place. Courts have pushed back in several Democrat-heavy districts like Seattle and New Jersey, issuing legal challenges to the Justice Department and White House authority.

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«I don’t think it’s the way to run the Department of Justice,» Rogoff told The New York Times. «When you have this sort of made up way of putting people in these positions, the process breaks down.»

Sen. Patty Murray, D-Wash., opposed Floyd for the U.S. attorney job and blasted Rogoff’s quick firing.

«Throughout his career, he has demonstrated an outstanding commitment to public service, and he was appointed legally by the federal judges in the Western District of Washington,» Murray wrote in a statement. «This administration doesn’t want to deal with advice and consent — they just want to install cronies to carry out a corrupt political agenda.»

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LEGAL WAR ON TRUMP’S AGENDA GAINS FIREPOWER AS FEDERAL LAWYERS DEFECT TO DEMOCRATS

Trump administration officials have long noted that the «advise and consent» role of the Senate does not grant Democrats against Trump’s administrative priorities to be a hard block on his agenda and nominees, though.

Rogoff has retained an employment law firm and is considering a legal challenge to his firing.

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Fox News Digital reached out to Rogoff for comment.

The Seattle clash follows similar disputes elsewhere. In New Jersey, Alina Habba resigned as the top federal prosecutor after an appeals court said she had been serving unlawfully. In Virginia, Lindsey Halligan left an acting U.S. attorney post after a judge found her appointment unlawful and dismissed indictments she had brought against New York Attorney General Letitia James and former FBI Director James Comey.

The administration has also fired court-appointed U.S. attorneys in other districts.

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Rogoff, who spent 20 years as a state prosecutor and six as a federal prosecutor before becoming a state judge, said he knew the administration might fire him immediately. Despite this, he said he had no qualms about the potential conflict he was walking into, because being U.S. attorney is «the best job there is.»

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«I’m really proud of my career,» Rogoff said. «The fact that the judges of this district — most of whom I’ve spent my career appearing in front of, or trying cases against, or working with — believed that I was the right person to do this work is just really humbling and amazing.»

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The Associated Press contributed to this report.

justice department, todd blanche, politics, federal judges, white house

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Editoriales de The Times: El mundo debe despertar ante el horror que se vive en Sudán

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Cinco meses después de que las Naciones Unidas informaran sobre actos de genocidio en Sudán, otra catástrofe de derechos humanos podría ser inminente.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo rebelde que controla partes del país y tiene un historial de atrocidades, se han concentrado en las afueras de El Obeid, una ciudad de importancia estratégica, y casi la han rodeado.

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Cerca de 600.000 personas sufren una grave escasez de alimentos, agua y medicinas, y las RSF ya han matado a algunos civiles mediante ataques con drones.

«Las señales en El Obeid son claras e inequívocas:

otra catástrofe de derechos humanos se está desarrollando en Sudán», declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

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Existen muchas razones por las que la guerra de Sudán suele pasarse por alto, a pesar de ser más sangrienta que conflictos que reciben mucha más atención.

Sudán no encaja en los debates políticos mundiales de la misma manera que las guerras en Ucrania y Oriente Medio.

África es ignorada con demasiada frecuencia por quienes viven en otros continentes, lo que refleja un doble standard racial y económico.

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Sudán ha sido devastado por la guerra durante tanto tiempo que los esfuerzos por lograr la paz pueden parecer inútiles.

Ninguna de estas explicaciones es aceptable y alimentan los terribles costos del conflicto en curso.

La guerra en Sudán es una de las más letales del mundo, con un número de muertos estimado por observadores independientes entre 150.000 y 400.000. Más allá de las muertes y el sufrimiento de inocentes en el propio Sudán, cuanto más se prolonguen los combates, mayor será la probabilidad de que se extienda la inestabilidad regional.

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El mundo debe redoblar sus esfuerzos para detener la matanza y el desplazamiento masivo en Sudán, y la amenaza a El Obeid debería impulsar acciones urgentes.

Estados Unidos se encuentra en una posición privilegiada para presionar a las potencias regionales a intervenir para detener la amenaza actual y poner fin a la guerra.

La influencia de Estados Unidos sobre Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, naciones que han apoyado a las partes en conflicto, puede reactivar las conversaciones de paz e iniciar un alto el fuego.

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La administración Trump debería reafirmar urgentemente su compromiso con la paz en Sudán y proteger a los numerosos civiles inocentes que se enfrentan a la amenaza de agresión sexual, tortura y muerte.

Lograr la paz en Sudán no será fácil.

Desde su independencia de Gran Bretaña y Egipto en 1956, Sudán ha sufrido décadas de inestabilidad, incluyendo golpes de Estado, largas guerras civiles y el genocidio de Darfur a principios de la década de 2000.

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La principal división es étnica, más que religiosa.

Más del 90% de la población de Sudán es musulmana, pero se divide entre una mayoría árabe y varios grupos étnicos negros no árabes.

En el genocidio de Darfur, milicias árabes respaldadas por el gobierno sudanés asesinaron a cientos de miles de civiles negros.

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El conflicto actual comenzó después de que Omar al-Bashir, dictador que gobernó el país durante tres décadas, recortara los subsidios al combustible y al trigo en 2018, lo que provocó protestas.

Al año siguiente, el ejército y las milicias privadas que durante mucho tiempo dominaron partes de Sudán se unieron para derrocar al gobierno.

Pero su alianza resultó ser temporal, y pronto el ejército y las milicias comenzaron a luchar entre sí, lo que derivó en la guerra civil.

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Además de luchar por el territorio, ambos bandos intentan controlar los recursos naturales, incluidos el oro, el petróleo y los productos agrícolas.

Ambos han cometido atrocidades.

Por un lado están las Fuerzas Armadas Sudanesas, lideradas por el general Abdel-Fattah Burhan, a quien muchos países reconocen como jefe de Estado.

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Mantienen estrechos vínculos con los Hermanos Musulmanes, el grupo islámico radical con casi un siglo de antigüedad, y han recibido ayuda de Irán y Egipto.

La ONU ha acusado a las fuerzas armadas de cometer crímenes de guerra, incluyendo tortura y violencia sexual.

Organizaciones de derechos humanos las han acusado de usar armas químicas.

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Por otro lado, se encuentran las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo predominantemente árabe liderado por el general Mohammed Hamdan Dagalo.

La ONU afirma que sus fuerzas han cometido actos de genocidio en los últimos años, masacrando a miembros de grupos étnicos no árabes en el oeste de Sudán desde 2023.

Dagalo también lideró grupos que cometieron atrocidades en Darfur hace dos décadas.

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Las Fuerzas de Apoyo Rápido se autodenominan antiislámicas y, según funcionarios estadounidenses, han recibido ayuda de los Emiratos Árabes Unidos.

El resultado es una guerra de una brutalidad excepcional que, con demasiada frecuencia, pasa desapercibida.

Si incluso la cifra más baja estimada de muertos en Sudán es correcta —150.000 personas—, duplica la cifra oficial en la Franja de Gaza y es comparable a la de soldados y civiles ucranianos.

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Millones de sudaneses también han sido expulsados ​​de sus hogares, algunos de ellos huyendo a países vecinos.

¿Qué podría hacer el mundo para detener el derramamiento de sangre?

El papel más importante lo desempeñan los países de Oriente Medio que han apoyado a uno de los dos bandos.

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Arabia Saudita, oficialmente neutral, ha ayudado a las Fuerzas Armadas Sudanesas.

Los Emiratos Árabes Unidos proporcionan armas y otro tipo de ayuda a las Fuerzas de Apoyo Rápido.

En lugar de avivar el conflicto, ambos países deberían usar su influencia para detenerlo.

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Estados Unidos también tiene un papel crucial que desempeñar. La administración Trump, al igual que la administración Biden antes que ella, intentó poner fin a la guerra, sin éxito.

En septiembre, Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos propusieron una hoja de ruta hacia la paz, que comenzaría con una tregua de tres meses seguida de negociaciones para la formación de un gobierno civil de transición.

Las Fuerzas Armadas Sudanesas rechazaron el plan.

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Las Fuerzas de Apoyo Rápido fingieron acogerlo con beneplácito, pero pronto lanzaron un ataque despiadado contra El Fasher, capital regional del oeste de Sudán, que incluyó la matanza de 6.000 civiles en tres días tras la caída de la ciudad, según constató la ONU.

Funcionarios de la ONU afirmaron que el ataque presentaba «las características definitorias de un genocidio».

Ante el casi cerco de El Obeid, el mundo debe tomar medidas urgentes.

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La administración Trump debería retomar el diálogo, al igual que los líderes europeos que afirman querer desempeñar un papel más importante en los asuntos globales en respuesta al aislacionismo esporádico del presidente Donald Trump.

Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos deberían cesar su miope disputa por la influencia en Sudán y priorizar el fin de las masacres.

La década de 2020 marcó un hito sombrío.

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Las muertes en conflictos armados a nivel mundial alcanzaron su nivel más alto desde el genocidio de Ruanda en 1994, poniendo fin a un largo período de relativa paz.

La continua tragedia en Sudán ha sido uno de los principales factores que han contribuido a esta nueva era de derramamiento de sangre.

El resto del mundo debe actuar para prevenir el creciente peligro para la población civil y para poner fin a la guerra en Sudán de una vez por todas.

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c.2026 The New York Times Company

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Estados Unidos extendió sus ataques en el norte de Irán y Teherán respondió con misiles y drones

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La escalada entre Estados Unidos e Irán alcanzó un nuevo pico de tensión en la madrugada del jueves, cuando las fuerzas estadounidenses intensificaron sus ataques y golpearon objetivos más al norte, incluso en las inmediaciones de Teherán.

Además, la Marina de EE.UU. disparó contra un barco que, según Washington, intentó romper el bloqueo naval impuesto sobre la República Islámica.

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La respuesta iraní no tardó en llegar: el régimen lanzó misiles y drones contra Bahréin, Jordania y Kuwait antes del amanecer, en una serie de ataques que involucraron a países que albergan bases estadounidenses.

Las autoridades de esos Estados confirmaron la ofensiva, aunque no reportaron daños ni víctimas de inmediato.

Amenazas cruzadas y advertencias sobre una guerra total

El mando militar conjunto de Irán endureció su postura y advirtió que, si el presidente estadounidense Donald Trump cumple su amenaza de atacar plantas de energía y puentes en territorio iraní, la respuesta será devastadora.

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Toda la infraestructura en la región será aplastada bajo los golpes de acero de las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica de Irán”, aseguró el coronel Ebrahim Zolfaghari, vocero del Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya.

Un buque en el estrecho de Ormuz. (Foto: REUTERS).

Zolfaghari también remarcó que Irán no permitirá bajo ningún concepto la injerencia de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, al que definió como “la invencible línea roja de Irán”.

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La tensión en la región se disparó tras días de ataques cruzados, que hicieron añicos el acuerdo para poner fin a la guerra y reavivaron el temor a un conflicto a gran escala.

Funcionarios iraníes denunciaron que los bombardeos estadounidenses causaron más de 35 muertos y 300 heridos, y que por primera vez los ataques alcanzaron zonas cercanas a la capital.

El bloqueo naval y el impacto en el precio del petróleo

El conflicto se agravó cuando, tras el inicio de la guerra el 28 de febrero, Irán cerró de facto el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo, lo que disparó el precio del petróleo y fertilizantes a nivel global.

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Estados Unidos, que busca reabrir la vía marítima, reimpuso el bloqueo naval el miércoles, pero hasta ahora no logró restablecer el flujo normal de barcos.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió que Irán está listo para una confrontación militar más amplia si Washington no respeta los términos del acuerdo.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria amenazó con detener todas las exportaciones de energía desde Oriente Medio: “La exportación de petróleo y gas de la región será o para todos o para nadie”, sentenció.

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Mientras tanto, el precio del crudo Brent superó los 85 dólares por barril, un 15% más que antes del conflicto, aunque lejos del pico de 120 dólares.

Nuevos ataques y liberación de una ciudadana estadounidense

En la última oleada de violencia, los bombardeos estadounidenses alcanzaron zonas de la provincia de Semnan, donde Irán desarrolla misiles balísticos y su programa espacial, y también la isla Gran Tunb, un punto estratégico en el estrecho de Ormuz. Además, un ataque contra la 388ª Brigada de Infantería Mecanizada en Sistán y Baluchistán dejó al menos siete muertos y varios heridos, según la televisión estatal iraní.

Washington bombardeó objetivos cerca de Teherán. (Foto: US CENTCOM).

Washington bombardeó objetivos cerca de Teherán. (Foto: US CENTCOM).

En paralelo, la Marina de EE.UU. abrió fuego contra el petrolero Belma, con bandera de Curazao, que se dirigía a la isla de Kharg, principal terminal de exportación de Irán. Tras ignorar las advertencias, una aeronave estadounidense inutilizó el buque disparando un misil a la chimenea.

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En medio de la escalada, el presidente Trump afirmó que Irán hizo un gesto de buena voluntad al liberar a una ciudadana estadounidense detenida desde 2024, identificada como Dena Karari por su abogado Jared Genser. Irán no confirmó la liberación y el caso no era público hasta el momento.

El estrecho de Ormuz, epicentro de la disputa

La reapertura del estrecho de Ormuz se convirtió en el principal desafío para Estados Unidos desde que Irán impuso restricciones al inicio de la guerra. Durante la vigencia del acuerdo provisional, algunos barcos lograron cruzar por una ruta cercana a Omán, bajo supervisión militar estadounidense y fuera del control de Teherán.

Sin embargo, en los últimos días, Irán atacó embarcaciones que utilizaban esa vía, lo que derivó en nuevos enfrentamientos.

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Washington amenazó con reabrir el paso por la fuerza, aunque expertos advierten que eso requeriría una operación militar de gran escala.

Mientras tanto, la región sigue en vilo y el precio del petróleo continúa en alza, en medio de amenazas cruzadas y sin señales de una solución diplomática cercana.

Estados Unidos, Irán, Medio Oriente

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