La crisis de Lácteos Verónica sumó un nuevo capítulo con la presentación de la empresa en concurso preventivo de acreedores, después de meses marcados por la parálisis productiva, la falta de pago de salarios y el crecimiento de las deudas. La histórica compañía, que cuenta con tres plantas de procesamiento en Santa Fe, declaró un pasivo de $15.945 millones y recurrió a la Justicia comercial con el objetivo de evitar la quiebra.

La presentación tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 17, Secretaría N° 34, en la ciudad de Buenos Aires, con el patrocinio del Estudio Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo. La firma, administrada por la familia Espiñeira, expuso un cuadro financiero que incluye obligaciones bancarias por $4.745 millones y más de 2.900 cheques rechazados por un saldo superior a $11.200 millones.

Los compromisos con entidades financieras involucran a Catalinas Cooperativa de Crédito, Credibel, Banco Galicia, Banco Santander, Banco Provincia, Banco Ciudad, Banco Industrial, Banco Nación y Banco Macro. A esa deuda se agregó el volumen de documentos rechazados, que creció durante el conflicto y alcanzó a una extensa red de proveedores y acreedores vinculados con la operatoria de la compañía.

El deterioro financiero se desarrolló en paralelo con una crisis productiva y laboral que afectó a las tres plantas que Lácteos Verónica posee en territorio santafesino: Clason, Lehmann y Suardi. La empresa cesó la producción y dejó de pagar salarios, mientras los trabajadores reclamaron respuestas sobre la continuidad de las fuentes laborales y el cobro de los haberes adeudados.

La situación también impactó sobre unos 150 productores tamberos que suministraron materia prima a la compañía y reclamaron acreencias acumuladas. Las estimaciones ubicaron esa deuda en alrededor de USD 60 millones. De esta manera, la crisis alcanzó no sólo al personal de las fábricas, sino también a una parte de la cadena de proveedores que abastecía de leche a la empresa.

Antes de recurrir al concurso preventivo, Verónica intentó avanzar con un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que contemplaba la desvinculación de alrededor de 200 empleados. La iniciativa no logró resolver el conflicto y la situación continuó con dificultades financieras, interrupciones en la actividad y reclamos de trabajadores y proveedores.

El escenario laboral se agravó con el cese del pago de salarios. Frente a esa situación, el gobierno de Santa Fe otorgó asistencia económica y alimentaria a las familias afectadas y la Municipalidad de Suardi continuó durante un período con el aporte de alimentos. Los trabajadores de las tres plantas también acudieron a legisladores provinciales cuando aumentó el conflicto y persistió la falta de respuestas empresarias.

La presentación judicial no sorprendió a las autoridades santafesinas. Desde el Ministerio de Trabajo provincial, que encabeza Roald Báscolo, señalaron que “era sabido que podría ocurrir”. La provincia siguió la evolución del conflicto durante los meses de parálisis y participó en la asistencia destinada a los operarios afectados por la falta de haberes.

En Lehmann, el delegado del gremio Atilra, Domingo Possetto, describió la incertidumbre que atravesaron los empleados ante la ausencia de definiciones de la empresa. “No sabemos qué puede ocurrir. Los trabajadores no quieren confrontar sino trabajar y cobrar, algo que hace mucho tiempo no pueden hacer”, expresó. La falta de respuestas directas del directorio se mantuvo mientras avanzó la instancia judicial.

El concurso preventivo constituye una instancia con la que la empresa busca evitar la quiebra definitiva en medio de un pasivo que se acercó a los $16.000 millones. La presentación concentró un cuadro de obligaciones compuesto principalmente por deuda bancaria y cheques rechazados, además de los reclamos vinculados con productores tamberos y trabajadores.

En paralelo con el proceso judicial, surgió una alternativa para recuperar parcialmente la actividad en una de las tres instalaciones. La cooperativa cordobesa Copalac, radicada en Morteros e integrada por productores tamberos, acordó con Verónica operar a fasón la planta de Suardi, ubicada en el departamento San Cristóbal.

El esquema contempla el ingreso de leche cruda a la planta para realizar el secado y la posterior elaboración de leche en polvo. La operatoria permite una ocupación provisoria para alrededor de 30 trabajadores, aunque el alcance es parcial frente a la dimensión del conflicto que atraviesa la compañía y a la situación de las otras instalaciones.

Atilra precisó las condiciones laborales vinculadas con esa operatoria. “Copalac asumirá la responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social de los empleados que se incorporen a prestar tareas en el marco de este acuerdo”, señaló el gremio al referirse al entendimiento para utilizar las instalaciones de Suardi.

El acuerdo interrumpió de manera parcial la parálisis de una compañía con una extensa trayectoria en la industria láctea. Históricamente, la producción de Verónica se orientó a quesos, manteca y leche en polvo, con una parte de sus productos destinada a mercados internacionales. La empresa exportó a Argelia y a otros destinos de África y Medio Oriente.

Entre enero de 2020 y abril de 2025, las ventas externas de la firma superaron los USD 102 millones. Ese antecedente exportador precedió al período en el que la empresa cesó operaciones bajo el argumento de insolvencia financiera y económica, dejó de abonar salarios y otros beneficios y enfrentó protestas en las localidades santafesinas donde funcionan sus plantas.

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