Una llamada telefónica de un supuesto empleado de Andreani, un código de verificación y cuatro préstamos por más de $7 millones que nunca había solicitado. Así comenzó la pesadilla de un policía de 34 años que fue víctima de una estafa virtual mientras se encontraba trabajando en Formosa. Los delincuentes consiguieron acceder a sus cuentas y, en menos de dos horas, transfirieron el dinero a un mismo destinatario.

El episodio ocurrió el 20 de agosto de 2025 y derivó en una demanda judicial contra el Banco de Formosa y la empresa responsable de su billetera virtual. Más de un año después, la Justicia provincial responsabilizó al banco por no haber detectado las operaciones sospechosas y le ordenó anular los cuatro créditos y devolver las cuotas descontadas al damnificado.

La decisión fue adoptada el 5 de octubre pasado por la jueza María Lourdes Leliur, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 6 de Formosa. En la sentencia, a la que accedió Infobae, la magistrada consideró que, aunque la víctima había proporcionado voluntariamente un código de seguridad, esa conducta no liberaba a la entidad financiera de su obligación de proteger el dinero de sus clientes.

La llamada y los préstamos millonarios

Según consta en el fallo, Fabio —nombre ficticio utilizado para preservar la identidad de la víctima— recibió una llamada el 20 de agosto de 2025, a las 12.28, desde un número con característica de Formosa. Del otro lado de la línea, un hombre con una tonada que describió como “no local” se presentó como empleado de Andreani y le aseguró que tenía un paquete para entregarle.

Para completar el supuesto trámite, le pidió que le proporcionara un código de verificación que recibiría por mensaje de texto. El policía accedió. El desconocido le aseguró entonces que el envío llegaría a su domicilio y que recibiría los datos de seguimiento por correo electrónico.

La conversación terminó allí, pero apenas 16 minutos después del inicio de la llamada ya se había acreditado el primero de los préstamos fraudulentos.

Fabio recién descubrió lo ocurrido dos días más tarde, cuando ingresó a su home banking para realizar un pago. Allí encontró cuatro préstamos que no había solicitado: uno de $6.000.000, otro de $1.000.000, un tercero de $141.570 y el último de $19.800. También advirtió movimientos de dinero hacia una billetera virtual y transferencias a una cuenta que desconocía.

Ante esa situación, presentó una denuncia policial, acudió a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y posteriormente inició una acción judicial para conseguir la anulación de los créditos y la devolución de las cuotas que el banco había comenzado a descontarle.

La reconstrucción de las operaciones permitió establecer cómo se había ejecutado la maniobra a través de ONDA, la billetera virtual vinculada al Banco de Formosa y administrada por Movilcash S.A.

De acuerdo con los registros incorporados al expediente, a las 12.44 del día de la estafa se acreditaron $5.938.980 provenientes del primer préstamo. Apenas un minuto después comenzó una sucesión de transferencias hacia una misma cuenta, cuyo titular aparece identificado en la causa.

Entre las 12.45 y las 12.56 se registraron 14 transferencias consecutivas, trece de ellas por $400.000 y una última por $330.000. A las 12.58 ingresaron otros $988.980, correspondientes al segundo préstamo, y los movimientos continuaron.

La secuencia se extendió hasta después de las 14, cuando se acreditaron otros dos préstamos, por $140.550 y $18.780, cuyos fondos también fueron transferidos.

Para la Justicia, la velocidad de las operaciones, los montos involucrados y la reiteración de transferencias a una misma cuenta constituyeron señales de alarma que el banco debería haber detectado.

¿Por qué la Justicia responsabilizó al banco?

Durante el proceso, el Banco de Formosa rechazó su responsabilidad y sostuvo que el fraude había sido posible por la conducta “imprudente” del propio cliente, quien había entregado códigos de verificación a un desconocido.

La entidad aseguró que no existieron fallas técnicas ni incumplimientos de sus obligaciones de seguridad y argumentó que el resguardo de claves y datos personales era responsabilidad del usuario. Movilcash S.A. presentó una defensa similar y negó que hubiera existido una falla en su plataforma.

Sin embargo, la jueza consideró que esas explicaciones eran insuficientes para desligar a las empresas de responsabilidad.

En la sentencia, señaló que las empresas demandadas no habían aportado información suficiente sobre el comportamiento bancario habitual del cliente ni demostrado que los movimientos cuestionados fueran compatibles con sus operaciones anteriores.

La magistrada enumeró cinco circunstancias que debieron activar mecanismos de prevención: la contratación de cuatro préstamos en aproximadamente una hora y media, el elevado monto del primero, las 14 transferencias inmediatas a un mismo destinatario, la rapidez de los movimientos posteriores y la ausencia de antecedentes acreditados de transferencias habituales a esa cuenta.

Frente a ese escenario, sostuvo que deberían haberse implementado medidas adicionales de seguridad, como comunicaciones o pedidos de confirmación por vías distintas de las utilizadas para realizar las operaciones.

“No resulta suficiente que el Banco y Movilcash S.A., para desligarse de responsabilidad, hayan afirmado que las operaciones fueron realizadas por el propio actor, efectuando todas las validaciones, ignorando los recaudos de seguridad”, señaló la jueza.

También incorporó una reflexión tomada de otro precedente judicial: “Prácticamente toda estafa presupone un descuido de la víctima, y que ello es en definitiva lo que hace posible que tenga éxito el engaño”.

El vishing y un fallo que puso el foco en la seguridad bancaria

El fallo encuadró la maniobra dentro de una modalidad de fraude conocida como vishing, una variante del phishing en la que los delincuentes utilizan llamadas telefónicas para hacerse pasar por empresas u organismos confiables y obtener información sensible.

Al analizar las obligaciones de las entidades financieras, la magistrada recordó que el Banco Central establece mecanismos de control para prevenir operaciones sospechosas y consideró que el Banco de Formosa había incumplido su deber de seguridad, previsto en la Ley de Defensa del Consumidor.

En ese sentido, citó jurisprudencia según la cual “la seguridad del sistema no debe fundarse en la suspicacia del cliente ni en su conocimiento o experiencia en medios electrónicos”. El mismo precedente advierte que las entidades no pueden trasladar a los usuarios las consecuencias de riesgos que deberían haber prevenido.

Por ese motivo, hizo lugar a la medida presentada por el policía y ordenó dejar sin efecto los cuatro préstamos otorgados el 20 de agosto de 2025.

También dispuso que, dentro de las 48 horas posteriores a la notificación de la sentencia, el banco devolviera todas las sumas descontadas al cliente en concepto de cuotas de esos créditos y presentara un detalle pormenorizado de los débitos realizados.

En un contexto en el que préstamos y transferencias pueden concretarse en cuestión de minutos desde un celular, el fallo refuerza un criterio: la ciberseguridad no puede depender únicamente de la precaución de los usuarios, sino también de los mecanismos de prevención y control que deben implementar los bancos.

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Como en España hay muchos pueblos pequeños distribuidos por todo el país, los distintos gobiernos de las comunidades buscan iniciativas para atraer nuevos habitantes. Entre ellas, destaca una anunciada por Extremadura, que prevé ofrecer hasta 15.000 euros a quienes se muden a la región y trabajen a distancia.

Esta iniciativa se presentó en octubre de 2026 y contempla un presupuesto de 4,5 millones de euros para 2026 y 2027. Con este proyecto, se busca incentivar a los nómadas digitales, es decir, las personas que realizan sus actividades laborales de manera remota, a mudarse a la región.

De todas maneras, no se trata de una propuesta completamente nueva, sino que continúa un programa que comenzó en 2024 y que, de acuerdo con la Junta de Extremadura, atrajo a más de 400 trabajadores que se establecieron en distintos puntos de la comunidad.

TNS

La Policía de Misiones busca dos teléfonos celulares de la pareja hallada muerta a puñaladas en un camino rural en las afueras de la localidad de Los Helechos. En ese contexto, una de las pistas sitúa a uno de los dispositivos en Candelaria, a unos 100 kilómetros del lugar donde fueron encontrados los cuerpos. Mientras tanto, continúan los rastrillajes y las pericias sobre dos armas blancas secuestradas en la escena.

Sergio Adrián Schulz, de 39 años, y Griselda Yamila Gritzmacher, de 29, fueron encontrados muertos el jueves en un camino rural de Picada Sargento Cabral, a unos cinco kilómetros del casco urbano de Los Helechos. El cadáver del hombre estaba dentro de un Ford Kinetic negro, en el sector del acompañante, arrodillado y apoyado sobre el freno de mano. Mientras que el de la mujer yacía junto al vehículo, sobre el pastizal y boca abajo.

En el asiento trasero dormía el hijo de ambos, de 2 años. El menor fue rescatado por trabajadores municipales que se encontraron con la situación cuando pasaban por el lugar con un camión de residuos.

El jefe de la Policía de Misiones, Sandro Martínez, explicó que uno de los teléfonos registró impacto en la zona donde fue hallado el auto. Por eso, este viernes se realizaban rastrillajes en los alrededores, con la participación de 50 efectivos. El lugar representa cierta complejidad para la búsqueda al ser un camino de tierra rodeado de vegetación y con escasa iluminación.

En la zona, la Policía Científica secuestró ayer dos armas blancas que podrían estar vinculadas con las heridas que presentaban Schulz y Gritzmacher. Ambos elementos serán sometidos a peritajes para establecer si fueron utilizados durante el hecho y si contienen rastros que arrojen datos de interés para la causa.

Al margen, la fuerza también intenta ubicar un segundo aparato que, según precisó Martínez, habría tenido conexión con una antena de Candelaria. “Creemos que pertenecía a una de las víctimas”, indicó el funcionario a Misiones Online.

La búsqueda de los dispositivos forma parte de las medidas destinadas a reconstruir los movimientos previos de la pareja. En paralelo, los investigadores revisan cámaras de seguridad, comunicaciones telefónicas y documentación comercial incautada durante dos allanamientos, uno de ellos en la vivienda que las víctimas tenían en Oberá. Trabajan en el caso equipos de Homicidios, Cibercrimen y Operaciones Complejas.

La investigación está a cargo del Juzgado de Instrucción Nº1 de Oberá, conducido por el juez Diego Lafatta. De acuerdo con las averiguaciones realizadas hasta ahora, la pareja se dedicaba a la comercialización de electrodomésticos, con ventas financiadas mediante cuotas y pagarés. Esa actividad es una de las líneas que analiza la Justicia, junto con el entorno personal y los vínculos que mantenían.

Martínez descartó que existieran denuncias previas por amenazas, conflictos intrafamiliares o violencia de género que involucraran a la pareja. “Desde el Comando Regional y Comisaría de la Mujer no existe ninguna denuncia que los involucre”, sostuvo.

El jefe policial amplió: “Tenemos un equipo trabajando exclusivamente en reconstruir la vida de estas personas, el contexto social donde se movía, son testimonios importantes para la causa para establecer qué hicieron antes, a qué se dedicaban y cuál era la relación con sus vecinos. Por ahora en los testimonios no encontramos ninguna situación anormal”.

Hasta este viernes se esperaban los resultados de las autopsias.