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ECONOMIA

Universidades nacionales: el gobierno quiere consolidar el ajuste fiscal a un sistema en el que solo se gradúa 1 de cada 22 estudiantes

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El recorte en las transferencias universitarias (36% con el actual Gobierno) fue menor al de las partidas destinadas a las provincias y a la inversión real directa.

El sostenimiento del equilibrio de las cuentas públicas se ha consolidado como el eje central de la administración nacional actual. En este escenario, el gasto destinado a las universidades nacionales ha ocupado un lugar preponderante en el debate público, no solo por su impacto social sino por su relevancia estadística dentro de la estructura de erogaciones del Estado.

Un informe detallado del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea analiza con precisión técnica cuánto pesan realmente estos fondos sobre los recursos estatales y de qué manera su evolución condiciona la meta del superávit fiscal.

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Desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023, el Poder Ejecutivo implementó un proceso de consolidación fiscal con el objetivo de eliminar el déficit financiero. Este ajuste se manifestó con especial intensidad durante el año 2024, periodo en el cual las erogaciones totales del Sector Público Nacional registraron una caída del 26,3% en términos reales. Al sumar la dinámica proyectada para el año 2025, la reducción acumulada del gasto primario entre 2023 y 2025 alcanza el 27,6%. Dentro de este esquema de contracción generalizada, las transferencias a las universidades nacionales no fueron la excepción, experimentando una reducción real del 36% en el mismo periodo de comparación.

Para comprender el peso relativo de la educación superior en el presupuesto, resulta necesario observar la participación de estas partidas respecto al Producto Interno Bruto (PIB). Según los datos procesados por el Ieral, el financiamiento universitario alcanzó un pico histórico en el año 2015, cuando representó el 0,85% del PIB. Entonces se inició una tendencia decreciente que se acentuó en los últimos dos años. Para el cierre de 2024, el gasto en universidades nacionales se ubicó en el 0,53% del PIB, y las proyecciones para el año 2025 sitúan esta cifra en el 0,51%. Este nivel de inversión guarda similitud con los registros de principios de siglo, marcando un retorno a niveles de participación estatal que habían sido superados hace más de una década.

El informe destaca que, a pesar de la relevancia política del sector, el gasto universitario representa una porción acotada dentro del universo total de gastos del Estado Nacional. Al analizar la composición del ajuste, se observa que otras partidas han sufrido recortes significativamente más profundos en términos porcentuales. Mientras que las transferencias a las universidades cayeron un 36%, las transferencias a las provincias registraron una baja del 77% y la Inversión Real Directa se desplomó un 69%. Esto indica que, si bien el sector universitario contribuye al equilibrio fiscal mediante la reducción de su presupuesto real, el grueso del ajuste fiscal se ha sustentado en otras áreas de la administración central y en las prestaciones de la seguridad social.

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Uno de los puntos centrales del análisis del Ieral radica en la composición interna del gasto universitario. El Estado Nacional destina la gran mayoría de estos recursos al pago de salarios. Específicamente, el 90% de las transferencias enviadas a las casas de estudio se consumen en haberes para el personal docente y no docente. El resto del presupuesto se distribuye en un 7% destinado a gastos de funcionamiento, un 2% para los hospitales universitarios y el resto a otros gastos. Esta estructura de costos implica que cualquier debate sobre el financiamiento universitario es, en esencia, un debate sobre la paritaria salarial del sector.

El informe del Ieral recuerda que la sanción de la Ley 27.795 introdujo mecanismos de indexación que obligan al Estado a ajustar los presupuestos de funcionamiento de las universidades por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de manera bimestral y a recomponer los salarios en función de la inflación. Lógicamente, a indexación genera una rigidez presupuestaria que limita la capacidad de maniobra del Ministerio de Economía ante eventuales caídas en la recaudación, poniendo en riesgo el compromiso de déficit cero.

Desde la perspectiva del equilibrio fiscal, el peso de la educación superior también se analiza bajo la lupa de la eficiencia y la equidad distributiva. El informe señala una brecha significativa entre los recursos invertidos y los resultados académicos obtenidos. En el año 2023, apenas el 4,4% de los estudiantes del sistema universitario nacional lograron graduarse. Esto es, 1 de cada 22, relación notablemente inferior a la de otros países de la región. Mientras que Argentina produce 44 graduados por cada 1.000 estudiantes, Brasil alcanza los 123 y Chile llega a los 194, casi el triple y más del cuádruple, respectivamente.

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Este escenario supone un costo de oportunidad para el Estado, que financia trayectorias educativas prolongadas que no siempre culminan en la obtención de un título profesional.

Asimismo, el análisis del Ieral aborda la distribución del gasto según el nivel de ingresos de los beneficiarios. El informe menciona que “el gasto universitario tiene un sesgo pro-rico”, basado en datos que indican que el 20% de los hogares con mayores ingresos de la población absorbe el 27% del presupuesto universitario. En contraste, los sectores de menores ingresos presentan tasas de asistencia y terminalidad mucho más bajas. Desde el punto de vista de las finanzas públicas, esto plantea un interrogante sobre la regresividad del sistema actual y la posibilidad de implementar mecanismos donde los sectores con mayor capacidad contributiva colaboren en el financiamiento de la educación superior.

En cuanto al conflicto normativo actual, el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso un nuevo proyecto de ley en febrero de 2026 que busca reemplazar las cláusulas de indexación vigentes. La propuesta oficial contempla una recomposición de los salarios del 4,1% en tres tramos (marzo, julio y septiembre de 2026). Además, supedita las actualizaciones de los gastos de funcionamiento a que la inflación acumulada supere el 14,6% anual. Este diseño normativo tiene como objetivo explícito subordinar el gasto universitario a la disponibilidad de recursos y a las metas de inflación del presupuesto nacional, evitando que los fondos universitarios se conviertan en un factor de desequilibrio financiero imprevisto.

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De esta manera, se plantean dos escenarios diferentes. Si se aplica la Ley 27.795, las transferencias a universidades en 2026 alcanzarían 6,8 billones de pesos a precios de diciembre 2025, suponiendo inflación prevista en el presupuesto (0,76% del PIB). En cambio, de aplicarse el Proyecto, se alcanzaría un gasto por transferencias a universidades nacionales de 5,5 billones de pesos (0,53% del PIB).

El informe concluye que la solución a la tensión entre el financiamiento universitario y el equilibrio fiscal no debe limitarse únicamente a la cuantía de los fondos, sino a la reforma de su gestión. El documento indica que la actualización de las partidas por inflación puede ser una medida de emergencia, pero no resuelve los problemas estructurales.

Entre las alternativas propuestas para aliviar la carga sobre el Tesoro Nacional, se menciona la creación de alícuotas adicionales en el impuesto a las Ganancias para los graduados de universidades públicas o para las familias de altos ingresos cuyos hijos asisten a estas instituciones. También se sugiere la implementación de un sistema de “retribución diferida”, donde los profesionales contribuyan al sistema una vez que se inserten en el mercado laboral y alcancen un determinado nivel de ingresos.

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En definitiva, el peso de los fondos universitarios sobre los recursos del Estado es significativo en términos de su rol como empleador y formador de capital humano, pero su impacto en el equilibrio fiscal depende en parte de la capacidad de evitar mecanismos de actualización que se disparen de forma autónoma a la recaudación nacional.

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ECONOMIA

La IA se metió en el debate por las tasas en EEUU: el nuevo titular de la Fed cree que ayudará a contener la inflación

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El nuevo presidente de la Reserva Federal de los EEUU, Kevin Warsh (Rueters)

La llegada de Kevin Warsh a la silla más importante de la Reserva Federal como su decimoséptimo presidente promete sacudir las tradicionales discusiones doctrinarias dentro de la autoridad monetaria de los Estados Unidos. El debate abandonó los carriles tradicionales para incorporar una variable disruptiva: el impacto de la Inteligencia Artificial en la productividad general y su capacidad para reconfigurar la dinámica de los precios al consumidor.

Una sugestiva convicción del nuevo titular de la Fed, propuesto por Donald Trump, tiene la capacidad de transformarse en la clave para decidir bajas de tasas en la hiperinfluyente política monetaria de los EEUU por motivos muy distintos a los habituales.

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En noviembre del año pasado, en un artículo de opinión en The Wall Street Journal Wwarsh expuso su visión. En esa oportunidad, calificó a la tecnología emergente como una fuerza desinflacionaria de carácter estructural y cuestionó los modelos de proyección que utilizaba el personal técnico del organismo. Según su mirada, la incorporación de herramientas digitales avanzadas inyectó ganancias de eficiencia que las ecuaciones tradicionales omitieron de forma sistemática en sus cálculos de inflación. “La IA será una fuerza desinflacionaria significativa”, sostuvo.

Kevin Warsh, durante la audiencia de confirmación ante el Comité de Banca del Senado de los EEUU
Kevin Warsh, durante la audiencia de confirmación ante el Comité de Banca del Senado de los EEUU

La defensa formal de esta visión ocurrió durante la audiencia de confirmación ante el Comité de Banca del Senado, que tuvo lugar el 22 de abril de este año. Ante los legisladores, la autoridad nominada ratificó su diagnóstico y definió a la nueva tecnología como la mayor ola de mejora de productividad de las vidas humanas. Para respaldar su propuesta de reformas, recurrió a una cita de Milton Friedman vinculada a la tiranía del statu quo, con la intención de ilustrar la inercia institucional y la resistencia a revisar supuestos metodológicos arraigados en las grandes corporaciones y organismos públicos.

“La IA representa la ola de mayor mejora de productividad de nuestras vidas: pasada, presente y futura“, dijo Warsh ante legisladores.

Sus ideas asimilan las condiciones económicas actuales con el comportamiento que registró el aparato productivo estadounidense durante la década de noventa, bajo la conducción de Alan Greenspan. En aquel período, la irrupción de Internet funcionó como un amortiguador de los costos de producción, lo que permitió sostener un ritmo de expansión elevado sin la necesidad de aplicar una política contractiva de tasas de interés. La conducción actual pretendió replicar ese marco interpretativo para justificar una postura monetaria flexible, bajo la premisa de que la mayor eficiencia expandió el límite del crecimiento potencial de la economía sin acelerar la suba de precios.

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Sin embargo, esta caracterización del escenario macroeconómico encontró fuertes resistencias internas y externas. Miembros destacados del comité de política monetaria de la Fed, entre quienes se alinearon Michael Barr y Philip Jefferson, plantearon objeciones centradas en la dimensión temporal del fenómeno. Los funcionarios advirtieron que la fase inicial del despliegue tecnológico requirió un monumental gasto de capital por parte de las corporaciones. La demanda masiva de procesadores, la construcción de centros de infraestructura de datos y el consecuente consumo energético operaron, en el corto plazo, como un shock de demanda que presionó sobre el mercado de capitales y elevó el nivel de la tasa de interés neutral.

Las discrepancias técnicas impactaron de forma directa en el mercado de renta fija. Las dudas en torno a la viabilidad de la teoría desinflacionaria coincidieron con un incremento persistente en los rendimientos de los bonos del Tesoro de largo plazo. El instrumento de referencia a diez años alcanzó una tasa del 4,6% en el transcurso del mes de mayo, lo que reflejó la inquietud de los inversores ante las necesidades de financiamiento del sector tecnológico y las restricciones en la cadena de provisión de hardware especializado.

Wall Street dará su respuesta sobre el efecto de la IA en los precios y las tasas de interés 
EFE/SARAH YENESEL
Wall Street dará su respuesta sobre el efecto de la IA en los precios y las tasas de interés
EFE/SARAH YENESEL

Por fuera de la estructura de la banca central, los analistas económicos manifestaron un marcado escepticismo frente a las promesas de prosperidad tecnológica. Relevamientos recientes indicaron que aproximadamente el sesenta por ciento de los especialistas privados consideró que el impacto real de estas innovaciones sobre las variables de inflación y tasas de interés resultará insignificante durante el horizonte de los próximos dos años. Este colectivo de expertos tomó distancia del optimismo oficial y remarcó que las distorsiones del boom inversor inmediato poseen un peso superior a las hipotéticas ganancias de eficiencia futuras.

La formalización institucional del recambio de autoridades se completó el pasado viernes veintidós de mayo, mediante una ceremonia de jura celebrada en la Casa Blanca que contó con la alocución del mandatario Donald Trump. El discurso de asunción de la nueva conducción se caracterizó por su brevedad y un estricto carácter protocolar, sin espacio para alusiones técnicas directas a la Inteligencia Artificial. En esa intervención, el jefe del organismo central se comprometió a guiar una gestión orientada a las reformas estructurales y a abandonar las metodologías estáticas, con el propósito de alcanzar metas combinadas de menor inflación y mayor dinamismo salarial real.

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ECONOMIA

Impacto en reservas: este lunes se pagan USD 1.000 millones por el bono con importadores

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El Banco Central concreta este lunes el abono de USD 1.028 millones por el Bopreal Serie 3

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) enfrenta este lunes el vencimiento de USD 1.028 millones correspondiente a la Serie 3 2026 del Bono para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal), un título diseñado durante la gestión de Javier Milei para reducir el atraso en los pagos a importadores que dejó el gobierno anterior. Esto impactará sobre las reservas internacionales brutas, que la semana pasada llegaron al nivel más alto desde octubre de 2019.

Esta operación se produce en un contexto en el que la entidad monetaria acumula una secuencia de 97 jornadas con saldo cambiario positivo. El jueves anterior, el BCRA concretó una adquisición de USD 447 millones, la segunda cifra diaria más alta registrada en el año, solo superada por los 457 millones obtenidos el 10 de abril.

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Esta dinámica permitió que el acumulado anual de compras supere los USD 9.600 millones, 96% de la meta de USD 10.000 millones establecida para todo el año. Desde la implementación del nuevo esquema monetario, en enero, el BCRA incorporó 9.751 millones de dólares a sus activos brutos.

A su vez, a semana pasada, la autoridad monetaria también recibió un desembolso de USD 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que contribuyó a que las reservas internacionales brutas cerraran la semana en USD 48.191 millones. Este nivel representa el valor más alto alcanzado desde el inicio de la gestión de Javier Milei. No se observaba un registro similar desde octubre de 2019.

Sin embargo, el pago del Bopreal no implica que las reservas internacionales brutas vayan a caer USD 1.000 millones este lunes. Todo dependerá de cuánto de ese pago sea en el sistema financiero local (esta parte afecta menos las reservas porque parte queda por encaje) y cuánto en el exterior. La consulta a fuentes del BCRA sobre el efecto neto no tuvo respuesta al cierre de este nota.

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“Hoy por ahí no nos acordamos lo que recibimos de Alberto, Cristina, Massa y Kicilof. Este es otro ejemplo: una deuda comercial de más de USD 25.000 millones con importadores, Argentina no podía importar un tornillo”, escribió en la red X el canciller y ex secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Durante abril, el mes de mayor actividad, el BCRA adquirió USD 2.769 millones, cifra que evidenció una aceleración en las operaciones vinculadas al ingreso de divisas. Solo el 2 de enero no hubo operaciones cambiarias, lo que refuerza la continuidad de la estrategia oficial para fortalecer la posición externa.

En los primeros días de mayo se encendieron alertas en el mercado porque las compras del BCRA estuvieron por debajo de los USD 100 millones diarios. Lo que generó la versión de que la entidad que conduce Santiago Bausili lo haya hecho para no generar presión sobre el tipo de cambio y con ello ayudar a la desaceleración de la inflación. Una teoría que con las compras de la última semana perdió sustento.

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Las reservas internacionales alcanzaron el nivel más alto en la gestión de Javier Milei y desde 2019
Las reservas internacionales alcanzaron el nivel más alto en la gestión de Javier Milei y desde 2019

El pago del Bopreal Serie 3 se inscribe en este contexto de mejora patrimonial, en el que la autoridad monetaria busca consolidar la acumulación de reservas y atender las obligaciones del sector privado. Sin embargo, toda la expectativa esta en lo que pueda suceder a partir de julio cuando se den a conocer los mecanismo de financiamiento para el vencimiento por USD 4.200 millones.

Es que si bien el mercado festeja las compras de reservas por parte del BCRA, hasta el momento no pudo acumular gran parte de ellas. Y para fines de 2026 el equipo económico acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tener reservas internacional netas por USD 8.000 millones.

En el staff report, el FMI reveló que reveló que para este año se concretarán garantías con instituciones internacionales por USD 3.000 millones, que luego aumentarán a USD 4.000 millones y se complementarán con colocaciones de bonos en dólares en el mercado local por hasta USD 5.000 millones como un puente para lograr salir al mercado internacional.

Por las declaraciones del el viceministro de Economía, José Luis Daza, se sabe que la Argentina va a emitir préstamos con garantías del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y, potencialmente, laCorporación Andina de Fomento (CAF). Daza precisó que,-hasta el momento-MIGA y el Banco Mundial otorgarán una garantía equivalente aUSD 2.000 millones.

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“Originalmente, nosotros habíamos pedido la garantía al BID, que tiene cierta limitación en los recursos, y por decisión de ellos decidieron subirse a esto con MIGA. Ellos tenían una restricción de solo dar una garantía a países que tuvieran una calificación de B- o más. Nunca en la historia dio garantías a países cuya calificación, de las tres agencias, fuera C. Por primera vez, por iniciativa de ellos, deciden romper con la historia”, sostuvo.



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ECONOMIA

El FMI recomienda un dólar más caro: cuál sería el costo social y el efecto pobreza en la Argentina

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Los técnicos del FMI manifiestan de manera habitual su recomendación de tender a una paridad alta para asegurar la solvencia externa

En Argentina, los economistas no se ocuparon directamente de analizar la relación entre la variación del Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (Itcrm) y la pobreza, sino que lo observaron como un efecto “colateral”, pese a su alta sensibilidad. Tampoco el tema fue tratado en profundidad en los documentos del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero los técnicos del organismo manifestaron de manera habitual su recomendación de tender a una paridad alta para asegurar la solvencia externa, porque incentiva las exportaciones y desalienta la demanda de importaciones y el ahorro.

El último reporte del directorio del FMI, tras analizar el desempeño de la economía argentina en el último trimestre de 2025 y datos preliminares del primer cuarto de 2026 y su relación con las metas comprometidas en el Acuerdo de Préstamo de Facilidades Extendidas (abril de 2025), remarcó la “necesidad de que la política monetaria evolucione hacia un esquema en el que la tasa de interés gane protagonismo y el tipo de cambio tenga mayor flexibilidad, en detrimento del actual enfoque basado en agregados monetarios, para lograr una acumulación más acelerada de reservas”. Al mismo tiempo, el documento recomendó en otro apartado: “Mantener o profundizar los programas de asistencia a los sectores más vulnerables”.

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Los economistas Daniel Heymann, José María Fanelli y Mario Damill, al analizar a comienzos de siglo la salida traumática de la convertibilidad tras la crisis de 2001, con devaluación, pesificación asimétrica y default de la deuda pública, concluyeron que “el TCR competitivo impulsa la actividad agregada y el empleo, pero la inflación resultante deteriora ingresos reales, afectando pobreza en el corto plazo”.

A pesar del récord de crecimiento de las exportaciones y contracción de las importaciones en los primeros 29 meses de gobierno de Javier Milei el debate sobre el nivel del tipo de cambio real se mantuvo presente

A pesar del récord de crecimiento de las exportaciones y contracción de las importaciones en los primeros 29 meses de gobierno de Javier Milei -en particular en el primer cuatrimestre de 2026 cuando maduraron los efectos de la baja y eliminación, en varios casos, de las retenciones y aranceles al comercio exterior, junto a otros impuestos y desregulaciones-, la preocupación de la mayor parte de las consultoras locales e internacionales por el nivel del tipo de cambio real, al que consideran “atrasado”, se mantuvo entre los indicadores más debatidos por su influencia sobre el comercio exterior y la cuenta corriente de la balanza de pagos, mientras no contemplaron los efectos sobre las condiciones socioeconómicas del país.

Este indicador es considerado esencial para los economistas porque su nivel determina la capacidad de acumulación o pérdida de reservas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y, consecuentemente, la vulnerabilidad del sector externo, al afectar el movimiento de divisas por el intercambio comercial y por servicios como turismo internacional, ahorro o desahorro en activos externos, fletes, seguros y dividendos de filiales nacionales o extranjeras.

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La serie de 30 años del Itcrm y de pobreza, muestra que la devaluación -en particular cuando es significativa (más de 5% real en corto plazo)- impacta en general negativamente en las finanzas personales y las condiciones de vida de la población por el efecto inmediatamente alcista sobre el precio de los alimentos. Eso ocurre porque Argentina tiene la particularidad de que los productos del agro explican casi dos tercios de las exportaciones del año.

Los economistas indios Raghuram Govind Rajan y Arvind Subramanian detectaron en un estudio para el FMI en 2006: “Las devaluaciones pueden mejorar el empleo industrial, pero los efectos regresivos sobre el ingreso real dominan en el corto plazo”.

La devaluación -en particular cuando es significativa (más de 5% real en corto plazo)- impacta en general negativamente en las finanzas personales y las condiciones de vida de la población

Infobae realizó en noviembre de 2025 un análisis detallado de las series del tipo de cambio real multilateral (Itcrm) del BCRA y su relación con el desempeño del Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado por el Indec, y detectó que existían otros factores más relevantes que el nivel del Itcrm, como la inflación, la productividad de los factores y la apertura de la economía al resto del mundo, principalmente.

Ahora, mientras el Indec avanza con el relevamiento de campo para elaborar los índices de pobreza e indigencia del primer semestre de 2026 -prevé difundirlos en septiembre-, y la economía muestra señales de retomar el camino de la reactivación y la desinflación, y el BCRA acumula reservas, economistas recomiendan “no atrasar el tipo de cambio real”. Los primeros cinco meses de 2026, con desinflación y recuperación de la actividad, anticipan, según estimaciones privadas, una baja de la pobreza en el próximo dato oficial del Indec.

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En un período que abarcó desde enero de 1997 hasta mayo de 2026 para el Itcrm (base 100 el 17 de diciembre de 2015) y la pobreza en porcentaje de la población, con los datos agrupados por semestre, Infobae dividió la serie en cuatro instancias:

1) Itcrm mayor a 95 puntos y pobreza superior a 30%: ocurrió en 35% del período. En ese lapso, en el 37% del tiempo, los dos indicadores subieron en simultáneo; en el 26% bajaron ambos; mientras que en el 37% restante se movieron de manera inversa.

2) Itcrm mayor a 95 puntos y pobreza menor a 30%: se observó en casi 30% de la serie. En ese lapso, en el 69% del período ambos se movieron a la baja en forma sincronizada; en el 6% subieron en simultáneo; y un cuarto del tiempo se movió en forma asintótica.

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3) Itcrm menor a 90 puntos y pobreza menor a 30%: tuvo lugar en 20% de la serie. En el 64% de ese tramo, los indicadores se comportaron en descenso de manera sincrónica y en el 18%, al alza.

4) Itcrm menor a 90 puntos y pobreza mayor a 30%: Esa instancia se registró en 15% de las últimas tres décadas (ocho semestres), en el que ambos bajaron en tres ocasiones y subieron en dos.

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De ello se desprende que, en 15 de los últimos 30 años, excluidos los cinco semestres comprendidos entre el segundo de 2013 y el mismo período de 2015 por el “apagón estadístico” implementado por el gobierno de Mauricio Macri -al considerar que las series no reflejaban la realidad-, la pobreza se ubicó por debajo de 30% de la población cuando el tipo de cambio real, con base 100 al 17 de diciembre de 2015, fue inferior a 95 puntos, como ocurre en la actualidad, en un contexto de desregulación de la economía, baja de la inflación a menos de 30% anual y aumento de la actividad económica superior a 3% anual.

La evidencia internacional coincide en tres puntos:

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  1. Las devaluaciones aumentan la pobreza en el corto plazo por la caída del salario real.
  2. El efecto puede revertirse solo si el tipo de cambio real competitivo impulsa empleo en sectores transables.
  3. El impacto negativo es mayor en países con alta informalidad, baja productividad y una canasta alimentaria dolarizada, tres características que describen a Argentina.

En Argentina la pobreza llegó a superar el 40% de la población cuando el Itcrm fue muy superior al promedio de la serie de 30 años (113,4 puntos)

Los movimientos del Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral tienen en Argentina un impacto social más rápido y más profundo que en otros países de la región, y reflejan que la paridad pesos por dólar no solo es un precio macroeconómico, sino un determinante directo del bienestar social del país, y por tanto el ministro Luis Caputo enfatiza a menudo en entrevistas periodísticas que la política del Gobierno está focalizada en no repetir los ciclos de crisis y deterioro social del pasado.

En Argentina, la pobreza llegó a superar el 40% de la población cuando el Itcrm fue muy superior al promedio de la serie de 30 años (113,4 puntos), entender el vínculo con las condiciones de vida ya no es un ejercicio académico: es una necesidad para diseñar políticas económicas que no repitan los ciclos de crisis y deterioro social.

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