El cardiólogo Martín Andrada y el enfermero Martín P. cumplen prisión preventiva por 90 días tras ser acusados en una causa federal relacionada con el hallazgo de ampollas de fentanilo y morfina en una vivienda de Wheelwright. La decisión fue tomada en una audiencia del Juzgado Federal de Venado Tuerto, a cargo del juez Aurelio Cuello Murua, luego de la imputación formal presentada por los fiscales Federico Reynares Solari y Daniela Ghiorzi.

La investigación continúa en dos frentes: uno centrado en el desvío y uso ilegítimo de medicamentos controlados y otro en el posible fraude a la obra social PAMI. Las autoridades analizan el circuito de adquisición y distribución de los insumos incautados, mientras avanzan con el peritaje de la documentación y los registros electrónicos secuestrados. El caso genera preocupación en el ámbito sanitario de la región, debido al posible impacto en la confianza de los pacientes y en el sistema de control de las prestaciones médicas.

Durante los allanamientos, la Policía Federal incautó 243 ampollas de fentanilo usadas y 50 ampollas de morfina sin utilizar, ocultas en una caja fuerte en la vivienda compartida por los investigados. Junto a estos elementos, los agentes también encontraron material quirúrgico, vacunas inyectables y medicamentos de uso hospitalario, entre ellos diclofenac, ketorolaco, dexametasona, dipirona, metoclopramida, diazepam, difenhidramina, hioscina y penicilina, además de bisturíes y otros insumos médicos.

La variedad y cantidad de fármacos hallados motivó la apertura de un expediente paralelo por presunto suministro y almacenamiento indebido de estupefacientes. La causa que derivó en el allanamiento no se inició por una denuncia vinculada exclusivamente al uso indebido de estupefacientes, sino por una investigación en torno a posibles maniobras fraudulentas en la facturación de prestaciones médicas en perjuicio del Pami, el principal organismo de seguridad social para jubilados y pensionados de Argentina.

Martín Andrada, según los registros oficiales, afirmó haber atendido a más de 5.000 afiliados y realizado más de 50.000 estudios y prácticas médicas en apenas dos años. Los fiscales Soledad García, Andrés Montefeltro y Virginia Sosa detectaron inconsistencias entre esas cifras y la actividad médica verificable, ya que muchos de los beneficiarios residían en otras provincias y negaron haber recibido atención.

El presunto fraude alcanzaría los 700 millones de pesos, de los cuales el Pami habría abonado 580 millones directamente al profesional. Las autoridades sostienen que Andrada registraba en el sistema múltiples atenciones diarias a decenas de pacientes, incluyendo consultas, electrocardiogramas y holter. La Unidad Fiscal de Investigaciones para Delitos Cometidos en el Ámbito de Actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UFI-Pami) inició la pesquisa tras recibir denuncias de afiliados que desconocían los servicios atribuidos a su nombre.

Las pruebas recogidas en la vivienda de Wheelwright permitieron a los investigadores vincular el hallazgo de fentanilo y morfina con la causa principal, que investiga la presunta estafa al Pami. Los fiscales atribuyeron a ambos profesionales el suministro de estupefacientes fuera de los casos terapéuticos autorizados y el ejercicio ilegal de la medicina, cargos que agravan la situación judicial de los imputados. El juez Cuello Murua dispuso la prisión preventiva para garantizar el avance de la investigación y evitar posibles riesgos procesales.

En los próximos días, Andrada deberá comparecer nuevamente ante la justicia en el marco de la causa por la presunta estafa millonaria. Las investigaciones buscan determinar el alcance de las maniobras y la eventual participación de otras personas en la operatoria detectada. El avance de las actuaciones podría derivar en nuevas imputaciones y en la ampliación del objeto procesal, mientras se aguardan definiciones clave sobre la situación de ambos detenidos y el destino de los insumos médicos secuestrados.

En la cultura japonesa, hay una frase que atraviesa generaciones y que hoy cobra más sentido que nunca: “El que se cae y se levanta ha recorrido más camino que el que nunca cayó.”

Estas palabras no forman solo un proverbio, sino una invitación a repensar el valor del error y la importancia de la resiliencia en un mundo que exige resultados inmediatos.

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Lejos de ver la caída como un fracaso, este mensaje popular pone el foco en el aprendizaje. Cada tropiezo suma experiencia, corrige el rumbo y fortalece el carácter. En vez de retroceder, quien se equivoca y vuelve a intentarlo avanza, aunque ese progreso no siempre sea visible para los demás.

Más allá del miedo a fallar: el verdadero camino del crecimiento

El proverbio japonés desafía una idea muy instalada: que el éxito es solo para quienes nunca se equivocan. Quien no se arriesga ni enfrenta desafíos puede evitar caídas, pero también se pierde la oportunidad de crecer y construir un camino propio.

En Japón, la perseverancia y la disciplina son valores centrales. La constancia pesa más que la perfección. El mérito no está en no caer, sino en levantarse cada vez que la vida golpea.

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Además, en un contexto donde la inmediatez y la presión por mostrar resultados rápidos son moneda corriente, este proverbio funciona como un recordatorio necesario: el crecimiento personal es irregular, lleno de avances y retrocesos, pero siempre significativo si hay continuidad.

La enseñanza es clara y directa: no llega más lejos quien nunca cae, sino quien aprende a levantarse una y otra vez. Una lección simple, pero poderosa, para aplicar en cualquier momento de la vida.

Lo que enseña este proverbio

Este proverbio deja varios aprendizajes clave que pueden aplicarse a la vida cotidiana:

• La experiencia nace del error: cada caída suma aprendizaje real que no se obtiene en la teoría.
• La resiliencia es más valiosa que la perfección: seguir adelante después de fallar fortalece el carácter.
• El progreso no es lineal: avanzar también implica retroceder, ajustar y volver a intentar.
• El intento vale más que la inacción: quien lo intenta, incluso fallando, recorre más camino que quien no lo hace.
• El crecimiento personal requiere constancia: levantarse una y otra vez es parte esencial del desarrollo.

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Durante la madrugada del viernes, un incendio en la Unidad Penitenciaria N°1 del barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy dejó en estado crítico a uno de los internos más notorios del penal. Raúl Abad, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Iara Rueda, resultó gravemente herido junto a otro recluso tras el siniestro que afectó una celda del pabellón 5. Las autoridades provinciales confirmaron que el incidente tuvo origen presuntamente intencional.

De acuerdo con Somos Jujuy, el secretario de Seguridad de la provincia, Carlos Ariel Gil Urquiola, detalló que las llamas comenzaron cerca de las 2.30 de la madrugada. El fuego alcanzó directamente la celda donde se encontraban Abad y otro interno de apellido Enríquez, ambos cumpliendo condenas firmes. La emergencia obligó a trasladar de urgencia a Abad al hospital Pablo Soria, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado. Según el funcionario, el recluso sufrió quemaduras en el rostro y complicaciones pulmonares debido a la inhalación de monóxido de carbono.

La rápida intervención del personal penitenciario evitó que el incendio se propagara a otras áreas del pabellón, limitando los daños materiales y personales. “El personal del servicio penitenciario intervino y evitó obviamente que las lesiones y los daños fueran mayores”, señaló Gil Urquiola. Hasta el momento, las autoridades no han determinado de manera concluyente el motivo del incendio, aunque existen hipótesis ligadas a reclamos internos entre los detenidos. La fiscalía de turno continúa la investigación para esclarecer las circunstancias y responsabilidades del suceso.

Este episodio adquiere relevancia pública por el perfil del principal afectado. Raúl Abad fue condenado a prisión perpetua en 2023 junto a Raúl Arnaldo Cachizumba por el femicidio de Iara Rueda. El juicio oral y público comenzó el 13 de abril y finalizó el 3 de mayo, cuando el Tribunal en lo Criminal N° 3, presidido por la jueza María Margarita Nallar, condenó a Abad y Cachizumba como responsables de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser cometido contra una mujer”.

El femicidio de Iara Rueda

Iara Rueda tenía 16 años cuando desapareció el 23 de septiembre de 2020 en la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy. La adolescente salió de su casa en bicicleta y no regresó, lo que motivó una denuncia inmediata por parte de su familia. La respuesta policial resultó insuficiente y la búsqueda formal se activó con demoras, mientras vecinos y allegados realizaron rastrillajes por la zona. Cinco días después, el cuerpo de Iara fue hallado en un descampado, atado de pies y manos y con signos de haber sido estrangulada.

La investigación judicial determinó que Iara fue abordada por Raúl Abad, Raúl Arnaldo Cachizumba y un menor de edad, con quien mantenía una relación sentimental. Los tres la subieron por la fuerza a un vehículo, la trasladaron a un área alejada y la sometieron a violencia física y psicológica. Tras inmovilizarla, la estrangularon con un lazo y, ya sin vida, intentaron quemar su cuerpo para borrar rastros del crimen, antes de enterrarlo en el descampado donde fue encontrada.

El femicidio de Iara Rueda impulsó la sanción de la llamada Ley Iara N° 6.186, que declaró la emergencia pública en violencia de género en la provincia y generó cambios en los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas.

Este juicio paralelo se centra en la presunta responsabilidad de varios efectivos policiales que, según la acusación, omitieron activar de inmediato el protocolo general de búsqueda de personas desaparecidas, lo que pudo haber influido en el desenlace fatal del caso. La familia impulsó una causa paralela por incumplimiento de los deberes de funcionario público, que fue elevada a juicio oral y público y cuenta con el acompañamiento del Ministerio.