POLITICA
Valentina Bassi advirtió por el impacto de los cambios en discapacidad: “Cada obra social va a poder fijar qué terapias aceptar”
La discusión por la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad quedó atravesada por el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso. La iniciativa propone modificar aspectos centrales del sistema de prestaciones, entre ellos el funcionamiento del nomenclador y el régimen de pensiones.
En ese contexto, Valentina Bassi, actriz y madre de un adolescente con autismo, cuestionó los cambios durante una entrevista en Infobae al Regreso. La actriz sostuvo que la discusión excede la continuidad de la emergencia y alcanza normas que, según explicó, resultan centrales para garantizar el acceso a tratamientos, escuelas especiales, transporte y otros apoyos.
“Estamos tratando de que se prorrogue la ley de emergencia en discapacidad y en la ley de Presupuesto derogan muchísimos artículos muy importantes”, afirmó.
Uno de los principales puntos de su planteo está relacionado con la Ley 24.901, que desde 1997 establece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad. El proyecto de Presupuesto 2027 propone modificar artículos de ese régimen y alterar el esquema mediante el cual se determinan los aranceles.
El nomenclador, el principal eje del reclamo
El Nomenclador de Prestaciones Básicas establece los valores de referencia para servicios que reciben las personas con discapacidad. El proyecto oficial plantea que deje de incluir valores universales y reemplaza ese criterio por un esquema en el que cada financiador pueda establecer condiciones y valores diferenciados.
Para Bassi, esa modificación puede generar diferencias en el acceso según la cobertura médica de cada persona.
“El nomenclador único es fundamental”, remarcó. Y planteó cuál sería, desde su perspectiva, una de las consecuencias del cambio: “Cada obra social y cada prepaga va a poder fijar qué valor y qué terapias van a querer ofrecerte y aprobarte para tu hijo”.
La actriz explicó que el nomenclador funciona como una referencia común para prestaciones como escuelas especiales, centros de atención, transporte y tratamientos. “El Estado fija qué tiene que cobrar una escuela para mantener la escuela, los sueldos, la comida de los chicos; qué tiene que cobrar el transporte, qué tienen que cobrar los terapeutas”, detalló.
Actualmente, el Gobierno sostiene que el sistema necesita una actualización y un esquema que permita garantizar las prestaciones de manera sostenible. En septiembre, funcionarios de la Secretaría Nacional de Discapacidad defendieron ante el Congreso las medidas implementadas para actualizar el nomenclador y ordenar el sistema.
El proyecto, sin embargo, propone modificar el mecanismo vigente. También elimina la referencia a valores universales y cambia la modalidad de actualización de los aranceles.
Bassi advirtió que ese escenario puede repercutir sobre los prestadores y, en consecuencia, sobre las familias. Durante la entrevista, sostuvo que los valores actuales tampoco alcanzan para cubrir los costos del sistema y reclamó una actualización de la base del nomenclador.
La preocupación por la continuidad de los servicios también alcanza al transporte. “Se están yendo a trabajar a otros rubros y las personas con discapacidad se quedan sin movilidad para ir a las terapias. Y las familias nos enloquecemos”, afirmó.
El problema del financiamiento y las demoras en los pagos ya forma parte del debate parlamentario. Un informe reciente de Infobae señaló que prestadores, transportistas y familias vienen advirtiendo por el desfasaje entre aranceles y costos, con reducción de servicios e interrupciones de tratamientos.
Qué cambios plantea el Presupuesto para las pensiones
Otro de los puntos cuestionados por Bassi está relacionado con las pensiones no contributivas por discapacidad. El proyecto de Presupuesto propone modificar el régimen vigente y volver a un esquema denominado de pensión por invalidez laboral. Además, establece que el beneficio sea incompatible con un empleo formal o con la inscripción en determinados regímenes tributarios.
La propuesta también modifica el papel del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso al beneficio y deja parte de los requisitos en manos de la reglamentación.
Bassi cuestionó especialmente la incompatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado. “Las personas con discapacidad quieren trabajar. En vez de pelear porque se cumpla el cupo laboral en trabajo del Estado o porque los privados acepten a personas con discapacidad, dice: ‘Si trabajás no tenés derecho a una pensión’”, planteó.
La actriz también vinculó el beneficio con el acceso a la atención sanitaria. “Muchas personas con discapacidad no tienen obra social ni prepaga. Entonces, con la pensión te viene el beneficio de incluir salud para que tengas acceso a los tratamientos”, sostuvo.
El proyecto también propone derogar disposiciones de la Ley de Emergencia en Discapacidad vinculadas con la cobertura médica obligatoria para titulares de pensiones y con el traspaso de beneficios al nuevo esquema.
Para Bassi, la discusión tiene un efecto concreto en las familias que dependen de las prestaciones para sostener tratamientos y apoyos. “Le quitan las pensiones a los niños. Muchas personas que no tienen obra social y tienen un niño con discapacidad acceden a la pensión para que ese niño tenga terapias”, afirmó.
La emergencia y el debate en el Congreso
La Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad fue sancionada para establecer medidas específicas destinadas a sostener el sistema y afrontar la situación de los prestadores. La discusión actual está centrada en su prórroga, mientras el Presupuesto 2027 incorpora modificaciones que afectan distintos aspectos del régimen.
Bassi aseguró que el reclamo por la continuidad de la emergencia atraviesa distintos espacios políticos. “Hablo con muchísimos diputados, gobernadores y doy fe de que esto es completamente transversal”, afirmó.
También expresó expectativas sobre el tratamiento parlamentario de la prórroga. “Yo creo que la prórroga de la ley de emergencia va a salir. Tengo fe en eso, lucho por eso”, señaló.
Durante la entrevista, además, diferenció la vigencia temporal de la emergencia de las normas permanentes que regulan las prestaciones. “Lo que vence es la emergencia, los artículos de la ley no vencen”, sostuvo.
El Gobierno, por su parte, defendió ante el Congreso su política en materia de discapacidad y aseguró que busca garantizar las prestaciones, actualizar el nomenclador y ordenar el sistema de pensiones.
Bassi también respaldó la realización de controles sobre las pensiones y planteó que el objetivo debe ser identificar irregularidades sin afectar a quienes necesitan el beneficio. “Todos los que estamos relacionados con discapacidad queremos que cobren las personas que lo necesitan, no que cobre alguno que no”, afirmó.
Al final de la entrevista, la actriz habló además de su actividad artística. Actualmente participa de Salvajada, obra de Mauricio Kartun basada en un cuento de Horacio Quiroga, junto a Pablo Mariuzzi y bajo la dirección de Luis Rivera López. La puesta aborda cuestiones vinculadas con la discriminación y el bullying y se presenta los martes a las 20 en el Teatro Astros.
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POLITICA
El proyecto kicillofista para la reelección de intendentes permanece sin avance en una comisión del Senado provincial
El objetivo político de intendentes bonaerenses y del gobierno provincial de Axel Kicillof de restablecer la posibilidad de la reelección indefinida para jefes comunales y legisladores provinciales y municipales, está paralizado en una comisión del Senado de Buenos Aires.
La iniciativa lleva más de un año de presentada, pero nunca logró avanzar, afectada por la interna peronista y, ahora, por una inmovilidad que impide su paso desde una comisión (la de Legislación General), controlada por el kicillofismo, a otra (Reforma Política y Régimen Electoral), que maneja el massismo.
El proyecto para rehabilitar las reelecciones sin límites de los intendentes, legisladores provinciales y concejales se presentó el año pasado, con la firma de la senadora Ayelén Durán. Sin avances desde ese momento, está entre los expedientes de la Comisión de Legislación General, que preside Germán Lago, senador alineado con Kicillof y exintendente de Alberti, distrito del noroeste bonaerense. Hace casi dos meses, el 29 de julio, se lo solicitó la titular de la Comisión de Reforma Política, Malena Galmarini, del Frente Renovador. Pero el proyecto no se giró.
En el kicillofismo del Senado hay poca información sobre la suerte de la iniciativa, que beneficiaría a 63 intendentes de distintos partidos políticos con la posibilidad de volver a presentarse como candidatos en sus municipios. Una calificada fuente de ese sector dijo no saber los motivos por los cuales no se giró el expediente todavía a la Comisión de Reforma Política. Lago no respondió las consultas de .
El massismo tiene una postura contraria a las reelecciones indefinidas. El Frente Renovador, junto a la exgobernadora María Eugenia Vidal (Pro), impulsó la restricción de dos mandatos que (con una modificación en 2021, que habilitó un período más) está vigente. Desde las filas del cristinismo, en tanto, una fuente de la Legislatura bonaerense aventuró que podrían votar el proyecto kicillofista.
La distribución de poder en las bancas del Senado es, al igual que en la Cámara de Diputados, negativa para las aspiraciones del gobernador de hacer avanzar iniciativas como la de la reelección indefinida de los jefes comunales. El proyecto necesitaría 23 votos en la Cámara de Senadores (que tiene 46 escaños), un número al que el mandatario provincial solo puede llegar con apoyos por fuera del peronismo (tiene un bloque de 24, pero tres senadores son massistas, contrarios a la iniciativa).
En la nota de Galmarini dirigida a Lago, a la que accedió , se solicita el pase a la Comisión de Reforma Política de siete proyectos de ley vinculados a cambios en el régimen electoral. Algunos de esos pedidos se hicieron dos veces, ya que hubo una nota previa de Galmarini a Lago para solicitar las iniciativas, el 8 de julio (que no incluía el del expediente de reelecciones, que solo consta en la última solicitud).
“Erróneamente girados”
“Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de presidenta de la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral de esta misma Cámara, a fin de reiterarle la nota del 8 de julio del corriente y tenga a bien arbitrar los medios para remitir a la comisión que presido, para su tratamiento en primer término, los siguientes expedientes, cuya materia es propia y específica del régimen electoral y conciernen a la misma conforme el artículo 181 del reglamento interno, por lo cual entiendo han sido erróneamente girados a la comisión a su cargo”, escribió Galmarini en su nota a Lago.
Entre los expedientes que Galmarini pidió que le envíen está el “E 136/25-26″, de autoría de la senadora Durán, que elimina los límites a las reelecciones. Su artículo Nº1 establece: “Modifícase el Artículo 3º del Decreto-Ley N° 6769/1958, que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 3°: El Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro (4) años y podrán ser reelectos. El Concejo se renovará por mitades cada dos (2) años”. Además, la extitular de AySA reclamó otros seis expedientes, vinculados a boleta única, PASO, partidos políticos y cronograma electoral.
El derrotero de la iniciativa por la reelección indefinida de los intendentes está marcado por la interna peronista entre el grupo alineado con Cristina Kirchner y los leales a Kicillof. En paralelo al proyecto de Durán, el cristinismo presentó, el año pasado, una iniciativa que no incluía la reelección de intendentes, pero habilitaba la de legisladores, concejales y consejeros escolares. En las filas de Kicillof se interpretó ese proyecto como un castigo para los intendentes que apoyan al gobernador.
Luego de un intento fracasado de sesionar un mes antes, el 25 de junio de 2025 el Senado dio media sanción al proyecto kirchnerista de reelección de legisladores, concejales y consejeros escolares. La votación salió empatada 22 a 22 y la definió la presidenta del senado, la vicegobernadora Verónica Magario, con su voto positivo. La iniciativa, luego, no tuvo avances en la Cámara de Diputados provincial, por lo que no se convirtió en ley. Con el avance del año 2025, el peronismo entró en modo electoral y quedó al borde de la ruptura en la definición de las listas para los comicios provinciales.
El proyecto de reelecciones propuesto por Durán no tuvo dictamen de comisiones y no llegó al recinto del Senado. Permanece en la Comisión de Legislación, que preside Lago y el giro a Reforma Política se mantiene como un tema espinoso, aún sin resolución y atravesado por la interna del peronismo.
La iniciativa,Javier Fuego Simondet,Provincia de Buenos Aires,Elecciones 2027,Conforme a
POLITICA
Diputados: el oficialismo busca bajar la tensión por Discapacidad mientras avanzan los dictámenes
El plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los libertarios Gerardo Huesen y Bertie Benegas Lynch, firmará este miércoles los dictámenes sobre la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, el tema que motivó el emplazamiento de ambos cuerpos legislativos.
En paralelo, el oficialismo redactará una propuesta alternativa que, según sostienen en La Libertad Avanza, superará el esquema de emergencia y será contemplada en el Presupuesto 2027.
De esa manera, buscará cerrar la polémica que se desató en las filas libertarias en torno al capítulo sexto y a los artículos 39, 40 y 41 del proyecto de Presupuesto 2027 que el ministro de Economía, Luis Caputo, envió al Congreso el pasado 15 de septiembre. Esos puntos planteaban una propuesta que quedó desalineada del trabajo que venían realizando La Libertad Avanza y sus aliados en la Cámara de Diputados.
El proyecto de Presupuesto deroga varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Entre ellos, el artículo 8°, que establece: “Protección de la salud. Las personas con discapacidad titulares de la pensión no contributiva por discapacidad para protección social tienen derecho a un programa médico de atención y cobertura de salud que garantice las prestaciones básicas”.
Además, dispone la derogación del artículo 9 de la ley de 1948 que regula las pensiones no contributivas por invalidez y vejez. Esa norma faculta al Poder Ejecutivo a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin recursos suficientes, no amparada por un régimen previsional y mayor de 70 años o imposibilitada para trabajar.
“Buscamos un dictamen superador que quite el estigma de una emergencia y vuelvan estos beneficios permanentes. Nos interesa discutir las necesidades del sector vulnerable que son las personas con discapacidad. Hay división de poderes en nuestro país, y creemos que este Congreso tiene un tiempo suficiente largo como para tratar luego el presupuesto y debatir cuáles serán las mejores condiciones”, dijo la diputada Silvana Giudici.
Desde el oficialismo agregaron que durante el tratamiento del proyecto de Presupuesto se establecerá un cronograma para que los funcionarios expongan y defiendan las partidas de cada área.
La propuesta original, que ahora sería reemplazada en su totalidad, planteaba la eliminación del Nomenclador Nacional Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. De esa manera, dejaba sin efecto un valor uniforme y obligatorio para todo el país, aplicable al Estado nacional, las obras sociales, las prepagas y el PAMI.
En ese contexto, una de las principales modificaciones en análisis sería mantener la actualización periódica del nomenclador. Sin embargo, el nuevo esquema no sería idéntico al vigente. La propuesta que discuten oficialistas y aliados contempla ajustes automáticos vinculados a la inflación, aunque con una periodicidad más espaciada que la actual.
POLITICA
El gobernador de Córdoba rechazó los recortes en discapacidad del Presupuesto 2027: “No vamos a acompañar”
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó este domingo los recortes en los fondos para discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 del oficialismo y anticipó que su provincia no los va a acompañar en el Congreso.
“Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto Nacional que afecte estos derechos”, sentenció en su cuenta de X.
En el mismo mensaje, Llaryora sostuvo que en su provincia el área “es una prioridad” y que “no es beneficencia ni caridad”. Agregó que las prestaciones, los traslados y las terapias “no pueden depender de la condición social ni del rincón de la provincia en el que nos tocó nacer”.
Llaryora también se dirigió a sus legisladores en ambas cámaras y al Congreso en general que no permitan la aprobación de lo que las personas afectadas viven como “un acto de crueldad”. El gobernador también advirtió que el esfuerzo que hace la provincia junto a casi 350 organizaciones y a los gobiernos locales “no alcanza si el Estado nacional continúa retirándose de sus responsabilidades”. Y sumó: “Esa retirada nos pone a las puertas de un colapso prestacional”.
“Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco. Detrás de cada política de discapacidad hay personas, familias y realidades que necesitan acompañamiento. Por eso, las medidas integrales y el compromiso del Estado con las personas con discapacidad son indispensables”, finalizó el mandatario.
El posicionamiento de Llaryora llega luego de que el Ejecutivo enviara al Congreso una Ley de Presupuesto que contemplaba en uno de sus apartados una modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por la oposición el año pasado.
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