El Gobierno promueve la multiplicación de los convenios por empresa, incentivados por la reforma laboral, con el objetivo de descentralizar la negociación colectiva y, en el fondo, quitarle al gremialismo la enorme capacidad de presión que brinda el tradicional unicato sindical.

Por eso en las últimas semanas, a partir del interés de grandes compañías y de pymes, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, mantiene reuniones con empresarios para brindarles más información acerca de la posibilidad de “juntarse con sus empleados y fijar las reglas de la relación laboral en la propia empresa”. “El sindicato no entra, no hay que pagarle peaje a nadie”, como lo destacó el funcionario en el Congreso Nacional de Pymes que se realizó en junio.

“Si un empleado ve un sueldo bruto de un millón y cobra 700.000, tiene que saber que a la pyme le cuesta 1.400.000 -les dijo Sturzenegger-. Siéntense con sus empleados, eliminen esos peajes y armen un convenio mutuo que les sirva a ambas partes”.

Entre quienes colaboran con Sturzenegger para esos contactos empresariales figura la diputada nacional Verónica Razzini, hoy en La Libertad Avanza tras haber llegado a su banca por el PRO, que es toda una especialista en darle pelea al gremialismo: fue la fundadora y presidenta del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), donde agrupó a pymes afectadas por protestas sindicales extorsivas y tuvo un papel clave para fallos judiciales que terminaron con procesamientos y detenciones para quienes bloquearon empresas, e incluso para los cambios en la Ley Bases y en la Ley de Modernización Laboral que penalizan los bloqueos.

Una de las claves de la reforma laboral es que antes un convenio de actividad prevalecía sobre uno de empresa o regional, salvo que el inferior fuera más favorable. Ahora, los convenios colectivos de ámbito menor (como los de empresa o región) prevalecen sobre los convenios de actividad, incluso si resultan menos favorables para el trabajador, quitando poder a los sindicatos.

Para la CGT, esa medida apunta a fragmentar la representación gremial y, además, habilita la negociación de convenios “a la baja”, ya que antes la discusión por actividad establecía un piso que podía mejorarse a nivel de cada empresa, pero ahora se convertirá en un techo que les pondrá limitaciones a los trabajadores.

Lo explicitó el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA), cuando en febrero pasado, antes de sancionarse la Ley 27.802, advirtió que “hay temas que no se negocian: la ultraactividad, la prevalencia de convenios por empresa y el techo del aporte solidario”, ya que buscan “romper el modelo sindical argentino” y “erosionar derechos colectivos”.

A partir de las consultas a Sturzenegger, varias empresas están analizando la posibilidad que brinda la nueva legislación laboral en este rubro, aunque hay mucha cautela por la reacción negativa del sindicalismo y por las eventuales trabas judiciales que puedan aparecer.

El dilema para el Gobierno es que aun los convenios de empresa, como los de actividad, tienen que ser firmados por los sindicatos que tienen personería gremial y delegados del establecimiento, por lo que la aspiración de debilitar al poder sindical tradicional no será sencilla.

Aun así, la Ley 27.802 de Modernización Laboral facilita la creación de sindicatos de empresa, algo que la legislación hasta ahora permitía, pero no se expandió por el predominio fomentado de los sindicatos por actividad. La nueva norma permite que un sindicato obtenga la personería si al menos por 6 meses tiene más afiliados cotizantes en esa empresa que el sindicato con personería preexistente, aunque este último sea un sindicato de actividad, una unión o una asociación de otro grado.

Para eso hacen falta, en principio, trabajadores que decidan crear un sindicato de empresa, desafiando a a la organización gremial con personería y, además, consiguiendo ventajas concretas que antes no tenían. Eso implica, al mismo tiempo, que los empresarios acepten darles beneficios a esos trabajadores que resuelvan romper con el sindicato que hoy los representa.

Una de las frases que trascendió de los representantes libertarios para promocionar los convenios por empresa, por ejemplo, es: “Depende mucho de las ganas que tengan los trabajadores porque son ellos los que van a tener el poder. Esto no se trata de quitarles el poder a ellos. Por el contrario, esto es empoderarlos a ellos y al empleador, y correr a las cámaras y a los sindicatos”.

La jugada del Gobierno, en realidad, no puede generalizarse ni aplicarse de manera automática en todas las empresas: se podrá intentar en aquellas compañías que tengan una reducida sindicalización ya que la resistencia del gremio con personería a perder su poder dará lugar a un conflicto prolongado.

Si efectivamente se incrementan los sindicatos de empresa será un duro golpe para la dirigencia que lidera los sindicatos por actividad, que son el corazón del modelo sindical argentino acuñado en 1945 por Juan Domingo Perón porque los más representativos reciben por parte del Estado la personería gremial, esa llave decisiva que les otorga derechos exclusivos como firmar los convenios colectivos y administrar las obras sociales.

De todas formas, un asesor legal de empresas advirtió a Infobae sobre un riesgo de esta apuesta de Sturzenegger: “El Gobierno parte de la premisa de que con sindicatos de empresa se debilitan las grandes concentraciones de poder que tienen los sindicatos nacionales, pero no se dan cuenta que eso también generaría un sobrecosto para las empresas. La conducción de un sindicato de empresa van a ser empleados de la misma empresa y, por ende, toda la conducción, comisión directiva más los delegados que pueden llegar a tener, van a tener tutela sindical en la misma empresa y ante un conflicto de lo que puede llegar a ser lograr la representación de ese sindicato de empresa, el conflicto va a ser dentro de los establecimientos de la empresa, no en la actividad, como pasa hoy con la UOM, por ejemplo».

En una frecuencia similar, como anticipó Infobae, la reforma laboral derivó en que cámaras empresariales de unas 10 provincias resolvieran “desengancharse” del convenio colectivo de trabajo que rige en el transporte automotor de cargas a nivel nacional y firmar convenios regionales según la realidad económica de cada zona.

Se trata de una rebelión que afecta a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), una de las tres cámaras del sector, y que pondrá en crisis a esta entidad y también al poder centralizado del Sindicato de Camioneros.

En la CGT interpretan que la ofensiva del Gobierno apunta a quebrar el viejo unicato gremial mediante el incentivo a los convenios de empresa y sindicatos de empresa, con una medida complementaria: jaquear el financiamiento sindical a través de los límites a las cuotas solidarias y aportes especiales. Entre los sindicalistas crece cada vez más la sensación de que la reforma laboral desatará una batalla que, por ahora, es de resultado impredecible.

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El oficialismo volvió a fallar el jueves pasado en el Senado tras posponer, una vez más, la aprobación de la ya multi manoseada iniciativa de propiedad privada que empuja la Casa Rosada. Dicha jornada confirmó un asunto que se presiente desde hace un tiempo considerable: ni siquiera el adiós del tapón que significó el indefendible ex jefe de Gabinete Manuel Adorni logró destrabar la agenda legislativa, y el nuevo traspié implicó el hartazgo de una oposición dialoguista clave para la aprobación de proyectos y que advirtió al Gobierno que, de no ajustar con rigurosidad varias tuercas, será complejo convivir.

“No se trabaja así”, sentenció a Infobae un referente en la Cámara alta. Antes, era con desazón; ahora, con bronca. Desde otro despacho top, en tanto, señalaron: “Llegamos a casi 15 o 16 borradores, si no me equivoco, para un dictamen firmado en mayo pasado. Había ausentes que avisaron con tiempo que no venían y los votos estaban muy ajustados. Lo sabían todos. Nosotros, ustedes y, sobre todo, la propia -jefa oficialista, Patricia– Bullrich. Casi nos hace pasar vergüenza y no somos sus empleados“.

La primera señal de otra chance tirada a la basura germinó la semana pasada cuando, en Labor Parlamentaria, se anunció la sesión del reciente jueves y otra para el 6 de agosto, una vez terminadas las merecidas vacaciones para el 80% de los senadores, quienes dejaron la piel en la primera mitad del corriente año. Podrían auto entregarse la mención de Honor Sarmiento, el máximo reconocimiento que otorga la Cámara alta. En la mencionada fecha del mes próximo se continuará el convite tras el cuarto intermedio votado días atrás, la única vía que halló Bullrich -una de las principales figuras de la gestión mileísta- para frenar a tiempo un mega papelón.

No arrancó bien la jornada el jueves. Un par de dialoguistas le sugirieron a la porteña que no arriesgara y devolviera la iniciativa al plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General, para emprolijar el asunto desde cero. Ni los oyó. En paralelo, la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel, taladró teléfonos con mensajes para que nadie se prestara a la “venta” del país. Se refería, en particular, al capítulo de tierras a extranjeros.

El cortocircuito entre ambas era evidente y terminó aún peor, con la filtración de chats personales. En el Senado, la mayoría de los consultados apuntó, sin dudar, a la misma quinta. “Muy asqueroso lo que hizo. Después hablan de instituciones y república”, aseguró un radical. Celebró mucho la Casa Rosada, que miró de lejos una pelea doméstica en modo farándula de dos personas que estarían, en principio, interesadas en el poder. Curioso.

También fueron notorios los dardos -disfrazados de información- que recibió una de las involucradas, vía Diputados. En especial, desde el despacho de un controvertido legislador defendido por el mileísmo. Una chanchada marginal y con responsable detectado. Importante: los niveles de resentimiento y venganza están elevados. Y, en general, hoy paga más traicionar -común en la política- que tolerar, si es que existe ese término. “Una locura lo de estos días”, resumió una de las fuentes que validó el trasfondo de la semana que tuvo el Congreso antes del ansiado receso. Ni hablar del enternecedor intercambio entre dos agentes, con homofobia en el medio -síntoma de cobardía- y una eventual denuncia en puerta.

Sobre la noche del jueves, los más experimentados bajaron algunos decibeles y, con más calma, reconocieron que el regreso de tres aliados para agosto saldaría el embrollo de la ley de propiedad privada. Los antecedentes son aceitosos, aunque el oficialismo mantiene la fe. Además, en la sesión del 6 quedaría sancionada la denominada iniciativa “Hojarasca”, que elimina normas vetustas. Y se piensa en el texto para aplicar cárcel en “falsas denuncias” por el que pelea hace bastante la radical Carolina Losada (Santa Fe), que dinamitaría el recinto por la polémica que siembra. Un exquisito timing.

Al menos, Bullrich, que volvió a ceder parte de un monopolio que disfrutó por poco tiempo, se llevó a casa el salvataje del pliego del camarista laboral Víctor Pesino -guiño a la reforma laboral-, que estaba al filo de la jubilación por acercarse a los 75 años y continuará por un lustro; y la luz verde de demorados ascensos diplomáticos que generaron un caos en la Cancillería, que maneja Pablo Quirno.

En cómoda siesta siguen cerca de diez proyectos que desea Balcarce 50. Y falta que aterrice el Presupuesto 2027, a mitad de septiembre, en Diputados. Todo lo contrario a lo que suplicaron aliados: el período para sacar leyes era el primer semestre. Ahora, irán también por los suyos. Más las pre-campañas electorales en las provincias. El mejor de los augurios. Eso sí: el viernes, en la paritaria se aumentó el valor del módulo para empleados y, con ello, la dieta -atada- de los senadores. Justo cuando se frena la actividad por 15 días y, con ello, la circulación de noticias legislativas. Felices vacaciones.

Un trapo cambió el contexto. El Gobierno terminó esta semana enredado en un conflicto autogenerado, fue protagonista de una profunda desconexión popular y obvió reparar en la dimensión histórica de lo que estaba ocurriendo. Una ministra quedó en la mira, Javier Milei tuvo que emprender una campaña en soledad para intentar reconducir su no lugar y quedaron expuestas las debilidades de las alianzas que sostienen al gobierno libertario en el Congreso.

El Presidente habló con Gianni Infantino después de que Inglaterra presentara una queja formal ante la FIFA por la bandera improvisada en una sábana de hotel con el reclamo en alto de la soberanía sobre las islas Malvinas. El Gobierno perdió el diálogo con Claudio “Chiqui” Tapia. “Me estoy encargando yo con el plantel”, le dijo Milei a un colaborador para describir que tiene relación más allá de lo institucional. El vínculo formal con la AFA se rompió con la decisión del Gobierno de actuar contra el presidente de la entidad del fútbol argentino hasta buscar la intervención del organismo. Quienes conocen de cerca a Tapia reconocen que sólo una llamada de Karina Milei podría reconducir la relación. Esperan un gesto. Karina es hoy quien define absolutamente todo lo que no sea materia económica. Todas las áreas están sujetas a lo que defina la Secretaria General. Y ella había sido el nexo antes de la pelea.

En el Gobierno reconocen que Victoria Villarruel les terminó corriendo el arco con su pronunciamiento. Eso valió otra queja británica, en ese caso, a la Casa Rosada. Más allá del conflicto diplomático, aquel mensaje malvinero dejó expuesta la incomodidad con la que se movió Milei desde que se confirmó la semifinal, de la que nunca pudo ni quiso salir.

Llegó a decir que era simplemente “válido” que los jugadores levantaran la bandera de Malvinas y a admitir que se deberá pagar una multa de 30.000 dólares, sin chistar. Ni Infantino cree eso. Un día después, el gobierno de Donald Trump terminó reconociendo el gesto de la Selección. Lo hizo a través de Andrew Giuliani, el funcionario que lideró la organización del Mundial, que amparado en la libre expresión, le quitó dramatismo al caso. A esa hora, Trump saludaba efusivamente a Tapia en uno de los eventos finales de la copa del mundo. La foto circuló rápido para marcarle la cancha a Milei.

En la mira quedó Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad. Levantó el tema hasta convertirlo en bandera nacional. “No se entiende por qué se metió si no maneja la seguridad en los estadios de Estados Unidos”, planteó la duda una fuente libertaria que la conoce de cerca. La funcionaria tuvo una conversación con otro integrante del Gabinete que terminó en un abrupto corte de teléfono. Tenía agendadas varias entrevistas, que le cancelaron. De la expresión “mapita” a sugerir “taparle la boca” a los hinchas, lo que hizo Monteoliva fue exponer la línea oficial. Pero en la Casa Rosada salieron a desprenderse de esas declaraciones. Dicen que “se fue de boca” y le ordenaron que no hablara más, por su bien. Lo hizo. Sólo se limitó a promocionar el operativo de seguridad para el regreso de la Selección, que coordina con Ciudad, sin la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Axel Kicillof tiene llegada directa a Tapia y esperan que pase la final para empezar a hablar de la logística.

El contexto mundialista, con la llegada de la Argentina a la final, dejó fortalecido al presidente de la AFA, hoy, el enemigo más visible que eligió Milei. “Demostró liderazgo y conducción”, refuerzan en la entidad y creen que los libertarios se dejaron llevar por el PRO de Mauricio Macri en su embestida hacia el organismo. “Ese acuerdo político les distorsionó la relación”, explica un dirigente cercano a la Selección. La pregunta ahora es si a partir del resultado el Gobierno cambia la relación o no.

Viaje a Londres y quejas

El trasfondo de la reacción errática del Gobierno por la malvinización del partido se explica en parte por el viaje a Londres que tiene en carpeta Milei para octubre próximo. Se había anunciado para el primer cuatrimestre del año pero se postergó. Gran Bretaña ya se había quejado del incumplimiento por parte de la Argentina del acuerdo firmado por la entonces canciller Diana Mondino con su par David Lammy. Londres viene marcando que el Gobierno no facilitó la información en materia pesquera a la que se había comprometido en aquella firma del año 2024. La última queja fue en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA). Allí Estados Unidos viene votando a favor del diálogo, algo que había comenzado en la gestión argentina anterior y que se mantuvo en las presidencias de Trump y Milei sin cambios.

El Presidente resaltó que su Gobierno está avanzando en la vía diplomática pero hasta ahora no se produjeron hechos concretos. Quienes siguen de cerca el tema destacan como un logro que Milei haya podido mantener el apoyo a la Argentina en el comité de descolonización de las Naciones Unidas a pesar de sus críticas al organismos y a los países promotores del reclamo. Sucede que el procedimiento para el tratamiento y aprobación requiere de la presentación de varios países. Como todos los años, el proyecto lo presenta el representante de Chile en nombre de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, la mayoría de ellos, fuertemente criticados por la gestión libertaria.

En este contexto, la Cancillería recién hizo pública una hora después del triunfo de la Selección, y cuando todos los jugadores se habían expresado sobre la cuestión Malvinas, una queja que había presentado ante Gran Bretaña por la violación del espacio martítimo argentino por parte del buque británico HMS Medway. Otro dato inquietante es que el Gobierno no informó queja alguna ante Chile después de que se conociera, el 10 de julio, que miembros de la armada del país vecino habían celebrado la recalada del patrullero en el muelle Arturo Prat de Punta Arenas, hecho que fue destacado como la primera visita a un puerto chileno de un buque británico.

Sin votos y con amenaza de veto

La mala praxis del Gobierno tuvo su consecuencia más significativa con la caída de la sesión en el Senado para tratar el proyecto llamado de inviolabilidad de la propiedad privada, en el que el capítulo 3 busca derogar la actual ley de tierras que limita la venta a extranjeros en un 15% del territorio nacional. Los votos estaban muy ajustados incluso antes del partido contra Inglaterra, pero la actuación de la Selección de Lionel Messi pesó a la hora de las definiciones finales.

La primera en jugar para que cayera la sesión fue Villarruel. La filtración del chat con Patricia Bullrich pidiéndole darla de baja generó el clima propicio para el desenlace que ya se precipitaba desde la noche anterior. Ningún espacio político se mostraba más agradecido con la Scaloneta que el bloque peronista en la Cámara alta. El tema ya venía complicado para el oficialismo. Esta es la tercera postergación del tratamiento, que sufrió los primeros traspiés en medio del estallido de la crisis de Manuel Adorni. La traba con la que se encuentran varios proyectos en el Congreso dan cuenta de las débiles alianzas oficiales. La primera vez que se cayó el tratamiento, el proyecto volvió a comisión. Los libertarios llegaron a la sesión del jueves con la versión número 15 del borrador. Más allá de los cambios, el Gobierno no alcanzaba a conseguir los votos, aunque estaba cerca. Esta vez, el partido fue clave.

Bullrich estaba obligada a hacer sesión porque debía aprobar este mes el pliego del juez Víctor Pesino, el camarista laboral que el 27 de julio cumple 75 años. Por haber fallado a favor de la reforma laboral se ganó su continuidad por parte de Milei. La senadora consiguió con los justo los 37 legisladores para abrir sesión, con quienes ya había acordado que sólo trataría los pliegos. No se podía permitir una derrota en el contexto interno en el que está, por lo que decidió no arriesgar.

El oficialismo consiguió el quórum con los diez integrantes de la UCR, dos del PRO, los dos senadores de Misiones, una por Neuquén, y otra por Salta. No se sumaron, además del peronismo, el bloque Convicción Federal, que son tres con Carolina Moisés a la cabeza; Carlos Camau Espínola se ausentó y tampoco dio quórum Alejandra Vigo; a ellos se sumaron los dos santacruceños y una senadora por Chubut.

El otro que jugó un rol clave fue Federico Sturzenegger. El ministro y autor de la ley, que estaba de viaje, presionó por teléfono para dar marcha atrás con las modificaciones y amenazó con la posibilidad de vetar, por parte del Presidente, algunos de los cambios que se habían acordado con la oposición. Si lo hacían, Bullrich perdería toda capacidad de diálogo a futuro.

El anticipo de la pelea por Whatsapp de Villarruel y Bullrich se había vivido la semana pasada en la reunión de labor parlamentaria, en la que la senadora le advirtió que ella no votaba, tal como contó Infobae. ¿Podría tocarle desempatar en una futura sesión? Los radicales llegan a ese capítulo divididos. Los 37 que dieron el quórum no estaban para votar a favor. El peronismo estuvo de acuerdo con el cuarto intermedio pedido por Bullrich porque tenía algunas bajas imprevistas, por cuestiones de salud. El poroteo estaba ajustado. Y el contexto sembró la duda necesaria para que Bullrich no se permitiera una derrota.

El factor Villarruel y la PAS peronista

Villarruel aceleró su plan de candidata a algo estas últimas dos semanas. Puso primera el 9 de Julio, con su incursión en Tucumán y su claro diferenciamiento del Gobierno al advertir por la situación de la industria. Promovió el debate por la ley de tierras para abrir espacios críticos al proyecto y emprendió la cruzada malvinera del partido del Mundial que descolocó a la Casa Rosada. Aunque se le noten las jugadas, pretende ocupar el lugar que quedó vacante tras la salida de Adorni, que terminó desactivando a Bullrich, la dirigente con mejor imagen del oficialismo y que era vista por el establishment como una alternativa a Milei. En ese camino intenta meterse Villarruel.

El problema con el que se encuentra la Vicepresidenta es que su imagen positiva alcanza sólo al 18,1% según el último sondeo de Management & Fit, con una negativa del 42,2%. Llegó a tener en febrero del año pasado 34%. Para esta misma consultora, Bullrich alcanza el 32,9% de imagen positiva, con una baja a prestarle atención de mayo a junio de 3,4%.

El peronismo mira con simpatía los números de Villarruel, que alcanzan para hacer daño a los libertarios. Pero el foco está puesto en una posible candidatura en la provincia de Buenos Aires. Sucede que a nivel nacional, con escenario de segunda vuelta, el efecto de una postulación de diseño se diluye. En territorio bonaerense, sin balotaje, podría ser un experimento más acertado, como el de Carolina Píparo, que en 2023 sacó 13% de votos y ayudó a la reelección de Kicillof.

A pesar de que el Gobierno no pudo hasta ahora presentar una proyecto de reforma electoral para eliminar las PASO, el peronismo diseña una interna que le permita llegar ordenado y competitivo a la elección. En el PJ proyectan la idea de una interna abierta, con padrones nacionales, no obligatoria, con uso de la boleta única papel (BUP) en la que sólo se elija el candidato a presidente. El vice quedará para una negociación posterior de alianzas electorales. Se imaginan como fecha de realización entre abril y mayo, que deje el escenario acomodado para la presentación de listas, en agosto.

Diego Santilli tiene como prioridad la eliminación o suspensión de las internas. El peronismo trabaja por evitarlo, pero arma un plan B ante la posibilidad de que el Gobierno termine consiguiendo los votos.

Marcos Juárez, ensayo para los gobernadores

Los gobernadores miran lo que sucedió esta semana en Marcos Juárez, ciudad que va a elecciones en septiembre. En 2014 fue el “kilómetro 0” de Juntos por el Cambio. La novedad es que a último momento, La Libertad Avanza decidió no presentarse como marca. Es lo que pretenden los mandatarios provinciales para garantizar sus respectivas reelecciones: que el Gobierno no les plante candidatos propios ante el solapamiento de los electorados. Aunque tiene una lectura vecinal, el caso de la ciudad cordobesa podría ser un ensayo para Karina Milei y Lule Menem, a cargo del armado nacional.

Tampoco medía quien se presentaba como el candidato violeta, Gerardo Pasquali, que terminó en alianza con la UCR y el partido demócrata. Y el favorito a volver a la intendencia, Pedro Dellarossa, rechazó el sello libertario. Sabe que comparte electorado con Milei, pero mantiene aún su cercanía con el gobernador Martín Llaryora, de quien fue ministro. Irá con sello propio. La novedad es que Karina no se arriesgó a perder en la única elección que podría haber sido “nacionalizable” este año. Y los gobernadores leen el gesto para provincializarlo.

Reorganización interna

Santilli ganó peso esta semana con el rediseño institucional de la jefatura de Gabinete, en fusión con Interior. Se quedó con ENACOM, bajo control de Juan Martín Ozores, cercano a Santiago Caputo y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). Arsat y el Correo Argentino quedaron a su cargo en la estructura que maneja su mano derecha, Gustavo Coria. Por ahora no hizo movimientos de funcionarios, pero a su lado anticipan que son áreas que controlará y que es probable que haya cambios de nombres.

Esta última semana se empezó a hablar con más fuerza de la posibilidad de que Santilli juegue en territorio porteño en un hipotético acuerdo entre Karina y Mauricio Macri. Es el funcionario que salió mejor posicionado de la interna. Supo leer a tiempo que el poder estaba en la hermana presidencial, y se acomodó con facilidad al discurso libertario sin titubeos ni diferenciaciones.

El otro cambio es la unificación comunicacional en manos de Fabián Fernández, el nuevo secretario de Medios, que coordinará la pauta publicitaria de los organismos descentralizados como Banco Nación, ARCA y Correo Argentino, y mantendrá influencia en YPF, de donde viene. Incluso fue incorporado por Karina Milei a las reuniones de la mesa política para darle forma en los medios a las decisiones que se tomen. Una suerte de profesionalización de un área en la que pesaba la espontaneidad de Milei, atributo que fue perdiendo.

Cuenta regresiva, telefóno para Caputo

El año electoral comienza mañana. Para la Casa Rosada arranca la cuenta regresiva para la reelección y el gran eje será el económico. La baja de la inflación, que marcó 1,9% en su última medición, no resuelve el problema de los ingresos y el empleo formal. Este último cumplió en abril doce meses de caída ininterrumpida. Desde noviembre de 2023 perdieron su trabajo 329.667 asalariados registrados, según datos del SIPA. Se explica básicamente por el sector privado, que eliminó en abril casi 12.000 puestos de trabajo formal, sobre todo en la industria manufacturera (-4,4%) y el comercio (-2,6%). Pero la situación se agravó ante la perspectiva de que no hay sectores que compensen esas caídas. El agro (-0,3%), la minería (-5,1%) y la intermediación financiera (-4,6%) también destruyeron empleo. Ni siquiera estos últimos rubros muestran números positivos en la comparación abril 2026 y abril 2025.

La consultora 1816 destacó la baja de la inflación pero puso una luz amarilla por el reinicio de la guerra en medio oriente que podría romper la inercia a la desaceleración vía suba del costo del petróleo.

Junio cerró con déficit primario. Según Luis Caputo, fue porque el Gobierno corrió el vencimiento de Ganancias de personas humanas de junio a julio, pero incluso así le podría haber dado un resultado deficitario. Hay otro tema preocupante, que son los gastos devengados pero no pagados, dato que se conocerá esta semana.

“Dado el vínculo del Gobierno con el organismo, los logros en materia fiscal y el monto (pequeño) del incumplimiento, no esperamos castigo alguno por parte del Fondo Monetario Internacional, pero el dato obliga a mirar de cerca recaudación y gasto en el segundo semestre”, advierte 1816. Otro segundo semestre complicado. Para entonces, ya será en la incipiente campaña electoral.

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