POLITICA
Cuenta regresiva para el año electoral: el Gobierno tropezó en el final del Mundial

Un trapo cambió el contexto. El Gobierno terminó esta semana enredado en un conflicto autogenerado, fue protagonista de una profunda desconexión popular y obvió reparar en la dimensión histórica de lo que estaba ocurriendo. Una ministra quedó en la mira, Javier Milei tuvo que emprender una campaña en soledad para intentar reconducir su no lugar y quedaron expuestas las debilidades de las alianzas que sostienen al gobierno libertario en el Congreso.
El Presidente habló con Gianni Infantino después de que Inglaterra presentara una queja formal ante la FIFA por la bandera improvisada en una sábana de hotel con el reclamo en alto de la soberanía sobre las islas Malvinas. El Gobierno perdió el diálogo con Claudio “Chiqui” Tapia. “Me estoy encargando yo con el plantel”, le dijo Milei a un colaborador para describir que tiene relación más allá de lo institucional. El vínculo formal con la AFA se rompió con la decisión del Gobierno de actuar contra el presidente de la entidad del fútbol argentino hasta buscar la intervención del organismo. Quienes conocen de cerca a Tapia reconocen que sólo una llamada de Karina Milei podría reconducir la relación. Esperan un gesto. Karina es hoy quien define absolutamente todo lo que no sea materia económica. Todas las áreas están sujetas a lo que defina la Secretaria General. Y ella había sido el nexo antes de la pelea.

En el Gobierno reconocen que Victoria Villarruel les terminó corriendo el arco con su pronunciamiento. Eso valió otra queja británica, en ese caso, a la Casa Rosada. Más allá del conflicto diplomático, aquel mensaje malvinero dejó expuesta la incomodidad con la que se movió Milei desde que se confirmó la semifinal, de la que nunca pudo ni quiso salir.
Llegó a decir que era simplemente “válido” que los jugadores levantaran la bandera de Malvinas y a admitir que se deberá pagar una multa de 30.000 dólares, sin chistar. Ni Infantino cree eso. Un día después, el gobierno de Donald Trump terminó reconociendo el gesto de la Selección. Lo hizo a través de Andrew Giuliani, el funcionario que lideró la organización del Mundial, que amparado en la libre expresión, le quitó dramatismo al caso. A esa hora, Trump saludaba efusivamente a Tapia en uno de los eventos finales de la copa del mundo. La foto circuló rápido para marcarle la cancha a Milei.

En la mira quedó Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad. Levantó el tema hasta convertirlo en bandera nacional. “No se entiende por qué se metió si no maneja la seguridad en los estadios de Estados Unidos”, planteó la duda una fuente libertaria que la conoce de cerca. La funcionaria tuvo una conversación con otro integrante del Gabinete que terminó en un abrupto corte de teléfono. Tenía agendadas varias entrevistas, que le cancelaron. De la expresión “mapita” a sugerir “taparle la boca” a los hinchas, lo que hizo Monteoliva fue exponer la línea oficial. Pero en la Casa Rosada salieron a desprenderse de esas declaraciones. Dicen que “se fue de boca” y le ordenaron que no hablara más, por su bien. Lo hizo. Sólo se limitó a promocionar el operativo de seguridad para el regreso de la Selección, que coordina con Ciudad, sin la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Axel Kicillof tiene llegada directa a Tapia y esperan que pase la final para empezar a hablar de la logística.
El contexto mundialista, con la llegada de la Argentina a la final, dejó fortalecido al presidente de la AFA, hoy, el enemigo más visible que eligió Milei. “Demostró liderazgo y conducción”, refuerzan en la entidad y creen que los libertarios se dejaron llevar por el PRO de Mauricio Macri en su embestida hacia el organismo. “Ese acuerdo político les distorsionó la relación”, explica un dirigente cercano a la Selección. La pregunta ahora es si a partir del resultado el Gobierno cambia la relación o no.
Viaje a Londres y quejas
El trasfondo de la reacción errática del Gobierno por la malvinización del partido se explica en parte por el viaje a Londres que tiene en carpeta Milei para octubre próximo. Se había anunciado para el primer cuatrimestre del año pero se postergó. Gran Bretaña ya se había quejado del incumplimiento por parte de la Argentina del acuerdo firmado por la entonces canciller Diana Mondino con su par David Lammy. Londres viene marcando que el Gobierno no facilitó la información en materia pesquera a la que se había comprometido en aquella firma del año 2024. La última queja fue en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA). Allí Estados Unidos viene votando a favor del diálogo, algo que había comenzado en la gestión argentina anterior y que se mantuvo en las presidencias de Trump y Milei sin cambios.

El Presidente resaltó que su Gobierno está avanzando en la vía diplomática pero hasta ahora no se produjeron hechos concretos. Quienes siguen de cerca el tema destacan como un logro que Milei haya podido mantener el apoyo a la Argentina en el comité de descolonización de las Naciones Unidas a pesar de sus críticas al organismos y a los países promotores del reclamo. Sucede que el procedimiento para el tratamiento y aprobación requiere de la presentación de varios países. Como todos los años, el proyecto lo presenta el representante de Chile en nombre de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, la mayoría de ellos, fuertemente criticados por la gestión libertaria.
En este contexto, la Cancillería recién hizo pública una hora después del triunfo de la Selección, y cuando todos los jugadores se habían expresado sobre la cuestión Malvinas, una queja que había presentado ante Gran Bretaña por la violación del espacio martítimo argentino por parte del buque británico HMS Medway. Otro dato inquietante es que el Gobierno no informó queja alguna ante Chile después de que se conociera, el 10 de julio, que miembros de la armada del país vecino habían celebrado la recalada del patrullero en el muelle Arturo Prat de Punta Arenas, hecho que fue destacado como la primera visita a un puerto chileno de un buque británico.
Sin votos y con amenaza de veto
La mala praxis del Gobierno tuvo su consecuencia más significativa con la caída de la sesión en el Senado para tratar el proyecto llamado de inviolabilidad de la propiedad privada, en el que el capítulo 3 busca derogar la actual ley de tierras que limita la venta a extranjeros en un 15% del territorio nacional. Los votos estaban muy ajustados incluso antes del partido contra Inglaterra, pero la actuación de la Selección de Lionel Messi pesó a la hora de las definiciones finales.
La primera en jugar para que cayera la sesión fue Villarruel. La filtración del chat con Patricia Bullrich pidiéndole darla de baja generó el clima propicio para el desenlace que ya se precipitaba desde la noche anterior. Ningún espacio político se mostraba más agradecido con la Scaloneta que el bloque peronista en la Cámara alta. El tema ya venía complicado para el oficialismo. Esta es la tercera postergación del tratamiento, que sufrió los primeros traspiés en medio del estallido de la crisis de Manuel Adorni. La traba con la que se encuentran varios proyectos en el Congreso dan cuenta de las débiles alianzas oficiales. La primera vez que se cayó el tratamiento, el proyecto volvió a comisión. Los libertarios llegaron a la sesión del jueves con la versión número 15 del borrador. Más allá de los cambios, el Gobierno no alcanzaba a conseguir los votos, aunque estaba cerca. Esta vez, el partido fue clave.
Bullrich estaba obligada a hacer sesión porque debía aprobar este mes el pliego del juez Víctor Pesino, el camarista laboral que el 27 de julio cumple 75 años. Por haber fallado a favor de la reforma laboral se ganó su continuidad por parte de Milei. La senadora consiguió con los justo los 37 legisladores para abrir sesión, con quienes ya había acordado que sólo trataría los pliegos. No se podía permitir una derrota en el contexto interno en el que está, por lo que decidió no arriesgar.
El oficialismo consiguió el quórum con los diez integrantes de la UCR, dos del PRO, los dos senadores de Misiones, una por Neuquén, y otra por Salta. No se sumaron, además del peronismo, el bloque Convicción Federal, que son tres con Carolina Moisés a la cabeza; Carlos Camau Espínola se ausentó y tampoco dio quórum Alejandra Vigo; a ellos se sumaron los dos santacruceños y una senadora por Chubut.
El otro que jugó un rol clave fue Federico Sturzenegger. El ministro y autor de la ley, que estaba de viaje, presionó por teléfono para dar marcha atrás con las modificaciones y amenazó con la posibilidad de vetar, por parte del Presidente, algunos de los cambios que se habían acordado con la oposición. Si lo hacían, Bullrich perdería toda capacidad de diálogo a futuro.
El anticipo de la pelea por Whatsapp de Villarruel y Bullrich se había vivido la semana pasada en la reunión de labor parlamentaria, en la que la senadora le advirtió que ella no votaba, tal como contó Infobae. ¿Podría tocarle desempatar en una futura sesión? Los radicales llegan a ese capítulo divididos. Los 37 que dieron el quórum no estaban para votar a favor. El peronismo estuvo de acuerdo con el cuarto intermedio pedido por Bullrich porque tenía algunas bajas imprevistas, por cuestiones de salud. El poroteo estaba ajustado. Y el contexto sembró la duda necesaria para que Bullrich no se permitiera una derrota.
El factor Villarruel y la PAS peronista
Villarruel aceleró su plan de candidata a algo estas últimas dos semanas. Puso primera el 9 de Julio, con su incursión en Tucumán y su claro diferenciamiento del Gobierno al advertir por la situación de la industria. Promovió el debate por la ley de tierras para abrir espacios críticos al proyecto y emprendió la cruzada malvinera del partido del Mundial que descolocó a la Casa Rosada. Aunque se le noten las jugadas, pretende ocupar el lugar que quedó vacante tras la salida de Adorni, que terminó desactivando a Bullrich, la dirigente con mejor imagen del oficialismo y que era vista por el establishment como una alternativa a Milei. En ese camino intenta meterse Villarruel.
El problema con el que se encuentra la Vicepresidenta es que su imagen positiva alcanza sólo al 18,1% según el último sondeo de Management & Fit, con una negativa del 42,2%. Llegó a tener en febrero del año pasado 34%. Para esta misma consultora, Bullrich alcanza el 32,9% de imagen positiva, con una baja a prestarle atención de mayo a junio de 3,4%.
El peronismo mira con simpatía los números de Villarruel, que alcanzan para hacer daño a los libertarios. Pero el foco está puesto en una posible candidatura en la provincia de Buenos Aires. Sucede que a nivel nacional, con escenario de segunda vuelta, el efecto de una postulación de diseño se diluye. En territorio bonaerense, sin balotaje, podría ser un experimento más acertado, como el de Carolina Píparo, que en 2023 sacó 13% de votos y ayudó a la reelección de Kicillof.
A pesar de que el Gobierno no pudo hasta ahora presentar una proyecto de reforma electoral para eliminar las PASO, el peronismo diseña una interna que le permita llegar ordenado y competitivo a la elección. En el PJ proyectan la idea de una interna abierta, con padrones nacionales, no obligatoria, con uso de la boleta única papel (BUP) en la que sólo se elija el candidato a presidente. El vice quedará para una negociación posterior de alianzas electorales. Se imaginan como fecha de realización entre abril y mayo, que deje el escenario acomodado para la presentación de listas, en agosto.

Diego Santilli tiene como prioridad la eliminación o suspensión de las internas. El peronismo trabaja por evitarlo, pero arma un plan B ante la posibilidad de que el Gobierno termine consiguiendo los votos.
Marcos Juárez, ensayo para los gobernadores
Los gobernadores miran lo que sucedió esta semana en Marcos Juárez, ciudad que va a elecciones en septiembre. En 2014 fue el “kilómetro 0” de Juntos por el Cambio. La novedad es que a último momento, La Libertad Avanza decidió no presentarse como marca. Es lo que pretenden los mandatarios provinciales para garantizar sus respectivas reelecciones: que el Gobierno no les plante candidatos propios ante el solapamiento de los electorados. Aunque tiene una lectura vecinal, el caso de la ciudad cordobesa podría ser un ensayo para Karina Milei y Lule Menem, a cargo del armado nacional.
Tampoco medía quien se presentaba como el candidato violeta, Gerardo Pasquali, que terminó en alianza con la UCR y el partido demócrata. Y el favorito a volver a la intendencia, Pedro Dellarossa, rechazó el sello libertario. Sabe que comparte electorado con Milei, pero mantiene aún su cercanía con el gobernador Martín Llaryora, de quien fue ministro. Irá con sello propio. La novedad es que Karina no se arriesgó a perder en la única elección que podría haber sido “nacionalizable” este año. Y los gobernadores leen el gesto para provincializarlo.
Reorganización interna
Santilli ganó peso esta semana con el rediseño institucional de la jefatura de Gabinete, en fusión con Interior. Se quedó con ENACOM, bajo control de Juan Martín Ozores, cercano a Santiago Caputo y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). Arsat y el Correo Argentino quedaron a su cargo en la estructura que maneja su mano derecha, Gustavo Coria. Por ahora no hizo movimientos de funcionarios, pero a su lado anticipan que son áreas que controlará y que es probable que haya cambios de nombres.
Esta última semana se empezó a hablar con más fuerza de la posibilidad de que Santilli juegue en territorio porteño en un hipotético acuerdo entre Karina y Mauricio Macri. Es el funcionario que salió mejor posicionado de la interna. Supo leer a tiempo que el poder estaba en la hermana presidencial, y se acomodó con facilidad al discurso libertario sin titubeos ni diferenciaciones.

El otro cambio es la unificación comunicacional en manos de Fabián Fernández, el nuevo secretario de Medios, que coordinará la pauta publicitaria de los organismos descentralizados como Banco Nación, ARCA y Correo Argentino, y mantendrá influencia en YPF, de donde viene. Incluso fue incorporado por Karina Milei a las reuniones de la mesa política para darle forma en los medios a las decisiones que se tomen. Una suerte de profesionalización de un área en la que pesaba la espontaneidad de Milei, atributo que fue perdiendo.
Cuenta regresiva, telefóno para Caputo
El año electoral comienza mañana. Para la Casa Rosada arranca la cuenta regresiva para la reelección y el gran eje será el económico. La baja de la inflación, que marcó 1,9% en su última medición, no resuelve el problema de los ingresos y el empleo formal. Este último cumplió en abril doce meses de caída ininterrumpida. Desde noviembre de 2023 perdieron su trabajo 329.667 asalariados registrados, según datos del SIPA. Se explica básicamente por el sector privado, que eliminó en abril casi 12.000 puestos de trabajo formal, sobre todo en la industria manufacturera (-4,4%) y el comercio (-2,6%). Pero la situación se agravó ante la perspectiva de que no hay sectores que compensen esas caídas. El agro (-0,3%), la minería (-5,1%) y la intermediación financiera (-4,6%) también destruyeron empleo. Ni siquiera estos últimos rubros muestran números positivos en la comparación abril 2026 y abril 2025.
La consultora 1816 destacó la baja de la inflación pero puso una luz amarilla por el reinicio de la guerra en medio oriente que podría romper la inercia a la desaceleración vía suba del costo del petróleo.
Junio cerró con déficit primario. Según Luis Caputo, fue porque el Gobierno corrió el vencimiento de Ganancias de personas humanas de junio a julio, pero incluso así le podría haber dado un resultado deficitario. Hay otro tema preocupante, que son los gastos devengados pero no pagados, dato que se conocerá esta semana.
“Dado el vínculo del Gobierno con el organismo, los logros en materia fiscal y el monto (pequeño) del incumplimiento, no esperamos castigo alguno por parte del Fondo Monetario Internacional, pero el dato obliga a mirar de cerca recaudación y gasto en el segundo semestre”, advierte 1816. Otro segundo semestre complicado. Para entonces, ya será en la incipiente campaña electoral.
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POLITICA
El Gobierno denunció a Itaí Hagman, diputado de Grabois, y a otras cuatro personas por la toma del Palacio Pizzurno

El Gobierno presentó una denuncia penal contra el diputado nacional de Unión por la Patria Itaí Hagman, dirigente del espacio político de Juan Grabois, por los incidentes ocurridos durante la toma del Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación. La información fue confirmada a Infobae por fuentes oficiales, que precisaron que la presentación fue realizada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, e incluyó a otras cuatro personas identificadas por las autoridades. Los delitos denunciados fueron usurpación, resistencia a la autoridad, lesiones y daño.
La denuncia fue presentada este miércoles, después de que un grupo de estudiantes universitarios ingresara al edificio ubicado en Pizzurno 935, en Buenos Aires, para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta comenzó con una sentada frente a la sede educativa y derivó en la ocupación del hall central, pese a la intervención de efectivos de la Policía Federal Argentina que intentaron impedir el ingreso.
El episodio provocó un enfrentamiento político entre el Gobierno y dirigentes opositores. El presidente Javier Milei cuestionó públicamente a Hagman, quien apareció en las inmediaciones del edificio durante el operativo policial. El diputado rechazó los cuestionamientos y explicó en sus redes sociales: “Me acerqué cuando me avisaron que estaban por reprimir a los estudiantes”.
La presencia de Hagman adquirió especial relevancia por sus antecedentes en otra ocupación de un edificio público. El 7 de junio de 2025, el legislador había participado, junto con Grabois y otros dirigentes del Frente Patria Grande, de la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ubicado en Austria 2601, en Recoleta. Aquella protesta había sido organizada para rechazar el cierre del organismo dispuesto por la administración de Milei.
En esa oportunidad, unas 50 personas ingresaron al inmueble, donde funcionaban un museo y un centro de estudios dedicado a la historia del peronismo. Entre los participantes estuvieron también la diputada Natalia Zaracho y otros dirigentes del espacio. El operativo de desalojo terminó con la detención de Grabois, quien recuperó su libertad al día siguiente. Hagman había acompañado aquella medida y ahora volvió a quedar involucrado en una controversia por la ocupación de una dependencia estatal.
En el caso del Palacio Pizzurno, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que durante la manifestación se produjeron daños al patrimonio público y que la ocupación se desarrolló mediante acciones violentas. “Por la fuerza, nada”, escribió Pettovello después de los incidentes. La cartera afirmó que el derecho a manifestarse debía ejercerse dentro de la ley y con respeto por las instituciones democráticas.
Los estudiantes, por su parte, aseguraron que habían organizado una protesta pacífica para reclamar respuestas sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales. Participaron alumnos de la Universidad de Buenos Aires y de las universidades nacionales de La Plata, Quilmes y San Martín. Además del financiamiento universitario, reclamaron una actualización de las becas Progresar y solicitaron una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
En el Gobierno sostuvieron que la discusión sobre el financiamiento universitario se encontraba actualmente en el ámbito del Poder Judicial, donde tramitaba una causa con múltiples incidentes y presentaciones de las partes. Según la posición oficial, correspondía esperar una decisión definitiva de la Justicia sobre los alcances y la implementación de la legislación vigente.

La administración nacional también destacó que el proyecto de Presupuesto 2027 había incluido aumentos en las partidas destinadas al sistema universitario, que consideraba alineados con la normativa vigente. Ese argumento formaba parte de la posición oficial frente a los reclamos presupuestarios y salariales de las universidades, que cuestionaban los recursos asignados y exigían la aplicación integral de la ley.
El conflicto judicial había sumado un nuevo capítulo el 6 de octubre, cuando el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025, mediante la cual el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la definición de sus fuentes de financiamiento. El magistrado ordenó avanzar con su implementación inmediata y el Gobierno apeló la resolución.
La protesta ocurrió además en vísperas de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. En el Ministerio de Capital Humano interpretaron la ocupación como una acción de contenido político vinculada con esa movilización. La denuncia contra Hagman y las otras cuatro personas abrió así un nuevo frente judicial en medio de la disputa entre la administración nacional, los dirigentes opositores y el movimiento estudiantil.
POLITICA
Iniciativas populares: lanzan una plataforma digital que permite verificar la autenticidad de las firmas

La Cámara Nacional Electoral (CNE) lanzó una plataforma digital encaminada reunir adhesiones para iniciativas legislativas populares, donde se colectarán apoyos ciudadanos mediante una firma electrónica.
La nueva herramienta, creada por una acordada de la CNE, estará disponible para cualquier persona, agrupación política u organización de la sociedad civil que promueva una iniciativa legislativa popular y funcionará de manera complementaria a la recolección de firmas en papel en apoyo de esa propuesta.
La decisión se adopta luego de la experiencia piloto autorizada por el tribunal en mayo de 2026. Las verificaciones realizadas permitieron comprobar la viabilidad técnica de vincular de manera segura la identidad de cada firmante con el documento firmado, así como garantizar la autenticidad de las firmas, la integridad de los documentos y la preservación de los datos personales.
La plataforma será administrada, mantenida y operada por la propia Cámara Nacional Electoral, a través de su Oficina de Coordinación General de Sistemas Informáticos Electorales, que también realizará el seguimiento técnico y el control periódico de los estándares de seguridad y autenticidad.
Los promotores de una iniciativa que quieran utilizarla deberán solicitar previamente su habilitación, sin costo alguno. La implementación de esta herramienta busca facilitar la participación ciudadana y modernizar el procedimiento de iniciativa popular, manteniendo las garantías de autenticidad y verificación previstas por la legislación vigente.
La decisión fue firmada por los camaristas Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas.
La idea es facilitar lo que establece la ley 24.747, reglamentaria de esa modalidad de participación ciudadana, que establece como condición para la presentación de iniciativas populares, la recolección de firmas de “un número de ciudadanos no inferior al 1,5% del padrón electoral utilizado para la última elección de diputados nacionales”, representativas de por lo menos seis distritos electorales.
La ley encomienda a la Justicia nacional electoral verificar la autenticidad de las firmas en un plazo no mayor a 20 días.
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La Cámara de Casación declaró prescripta una causa contra Petrobras por supuestos balances falsos

La Cámara Federal de Casación Penal declaró prescripta por el paso del tiempo una causa contra la empresa Petrobras y sus directivos que estaban acusados por supuestos balances falsos y el ofrecimiento de acciones de manera supuestamente fraudulenta.
La Sala III del tribunal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, confirmó por unanimidad la resolución de la Cámara en lo Penal Económico que había dispuesto, al igual que el juez de primera instancia, el sobreseimiento.
La decisión afecta a la firma Petróleo Brasileiro SA, más conocida como Petrobras, y a algunas de sus autoridades.
Los jueces rechazaron en forma unánime el recurso de casación que había interpuesto el representante de Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa, que era querellante en el caso.
En esta causa se investiga la oferta pública de acciones ordinarias y acciones preferidas de Petroleo Brasileiro SA que se habría efectuado en el mercado de capitales nacional, entre 2006 y diciembre de 2014.
Allí presuntamente había afirmado, según la querella, circunstancias falsas al público inversor, consistentes en la tenencia de activos fijos por un valor supuestamente superior al real, a través de la consignación de datos de los balances de la empresa, supuestamente apócrifos.
La presunta maniobra habría consistido en que los estados contables presentados ante la Comisión Nacional de Valores habrían exhibido una sobrevaluación del rubro del activo denominado “propiedad, planta y equipo”.
Se habrían computado como costos de aquellos los sobreprecios o gastos adicionales pagados a contratistas y proveedores, con lo que aparecía distorsionada la imagen económica de la empresa frente a los accionistas y el público inversor.
Las conductas objeto del proceso habían sido calificadas como constitutivas de los supuestos delitos de ofrecimiento fraudulento de valores negociables y consignación de datos falsos en los balances contables, cuya pena máxima es de 6 años de prisión, que es el límite temporal que se analizó a los fines de la prescripción.
El 17 de abril de 2019 el Juzgado Penal Económico 2 había dispuesto la citación a prestar declaración indagatoria de la firma y algunas autoridades.
Posteriormente se dictaron los autos de procesamiento de Silvia Foster de Barbassa y Petróleo Brasileiro SA y, de otro lado, fueron sobreseídos José Alcides Santoro Martins, José Carlos Cosenza, Ronaldo Batista Assuncao, José Antonio de Fuguiredo, José Miranda Fomigli Filho, Iván de Souza Monteiro, Roberto Motro, Jorge Celestino Ramos, Alberto Da Fonseca Guimaraes y Raúl Adalberto de Campos. Posteriormente fue sobreseído Mauro Gentile Rodrigues da Cunha en 2024.
La defensa de Foster de Barbassa y Petroleo Brasileiro apelaron y, en 2025, la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico revocó los procesamientos.
Consideró que las decisiones eran prematuras y que no se había acreditado el delito ni se había completado la investigación sobre la idoneidad de los programas de control interno, y encomendó profundizar la investigación.
Previo a que la Cámara revocara los procesamientos y durante la tramitación de los recursos de apelación, el juzgado había dado intervención a los querellantes que habían requerido elevar el caso a juicio.
Sin embargo, en el caso se consideró que ese pedido no interrumpió la prescripción, porque la Cámara Penal Económico revocó los procesamientos.
Por ello, el 3 de septiembre de 2025 el Juzgado Penal Económico 2 declaró extinguidas las acciones penales contra Petróleo Brasileiro SA y todas las autoridades denunciadas.
Dijo que el plazo de prescripción aplicable era de seis años, correspondiente al máximo de la escala penal mayor prevista por los tipos penales involucrados y que ya se había cumplido.
Si bien el curso de la prescripción se interrumpió el 17 de abril de 2019 con el llamado a prestar declaración indagatoria de los imputados, desde aquel acto hasta la actualidad transcurrió el plazo máximo de 6 años.
La decisión del juez de primera instancia fue confirmada por la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y ahora por los jueces de Casación, que intervinieron ante el recurso de los querellantes, Consumidores Financieros.
El juez Carlos Mahiques consideró que lo resuelto en la Cámara Penal Económico se encontraba debidamente fundamentado.
Entendió que no corresponde considerar aquí la imprescriptibilidad de los casos de corrupción, pues los tratados internacionales suscriptos por nuestro país en punto a la corrupción no habilitan por sí mismos a considerar imprescriptibles maniobras que se puedan vincular ya sea directa o indirectamente con ese fenómeno.
Finalmente, y frente a los reclamos de la parte querellante sobre supuestas dilaciones atribuidas a las defensas, Mahiques explicó que la extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del tiempo.
En un voto concurrente, el juez Borinsky comenzó recordando que, para computar el término de la prescripción de la acción en un proceso penal, debe estarse a la pena del delito más severamente reprimido de los atribuidos al imputado y a la posible calificación más gravosa.
Destacó que la penalidad máxima para los delitos atribuidos era de 6 años de prisión y que, teniendo en cuenta que el único acto interruptivo del curso de la prescripción fue el llamado a indagatoria del 17 de abril de 2019, transcurrió el plazo correspondiente.
Destacó asimismo que las referencias de la querella al delito de lavado de activos o a un delito continuado más allá de la fecha de cese fijada en autos, esgrimidas sin fundamentos ni pruebas que las avalen y al solo efecto de mantener vigente la acción penal, no encontraban sustento en alguna de las constancias de la causa.
Por otra parte, Borinsky coincidió con el juez Mahiques en que el requerimiento de elevación a juicio presentado por la querella no tiene capacidad para interrumpir el curso de la prescripción, pues esta pieza fue presentada antes de que la Cámara Penal Económico revocara los procesamientos de los imputados.
Por su parte, el doctor Yacobucci compartió los argumentos de sus colegas y acompañó el rechazo del recurso de casación de la querella.
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